VOCES CONTRA REFORMAS FALLIDAS

Ante el entrampamiento de las reformas política y de la Ley de Seguridad, causado por un diseño obsoleto del sistema político y por prácticas patrimonialistas y clientelares que sustentan a la partidocracia, se alzan voces que demandan urgentemente retomar un sentido de transformación estructural del Estado. Son voces críticas del atorón legislativo, que emanan de un cada vez más amplio tejido de organizaciones sociales, muchas de ellas emergidas al calor de la violencia e inseguridad que nos agobia. También hay voces críticas en el Congreso de la Unión, que son sensibles a los reclamos de reformas profundas en materia de política y seguridad. Esas voces revalorizan la política como eje de actuación colectiva razonada frente al conflicto y como medio para ganar calidad democrática: apego al Estado de derecho; rendición de cuentas; exigencia de responsabilidades del poder público. Corrupción e impunidad torpedean cualquier intento reformador.

Aunque abortaron las maniobras políticas de una fracción del PRI por reformar la Ley de Seguridad aprobada en 2005, ese proyecto de reforma expresa varios contenidos esperados por un electorado ávido de reforzar un Estado autoritario que comparta, entre un presidencialismo reforzado y las Fuerzas Armadas, las llaves de solución contra violencia e inseguridad. La militarización del combate al crimen organizado, sin una estrategia integral para enfrentarlo, daría argumentos para mantener al Ejército en las calles, minimizar el impacto sobre derechos humanos, someter las garantías individuales a los imperativos de escenarios de guerra, o a criminalizar los movimientos sociales al endilgarles ser fuente de violencia y de alteración del orden establecido. Además, la doctrina de seguridad que subyacía en ese proyecto de reforma, se sometía al diseño norteamericano de estrategias militarizadas nacionales conducidas desde Estados Unidos contra el terrorismo y el crimen organizado, de acuerdo con la Patriotic Act, decretada después del 11 de septiembre de 2001.

Un amplio conjunto de manifestaciones públicas asociadas con la marcha convocada por el escritor Javier Sicilia, levantarán voces que articulan el malestar con la propuesta de sentidos civilizatorios nuevos, que reclaman transformaciones estructurales del Estado: una estrategia integrada y coherente de combate a la delincuencia organizada; hacernos visibles como víctimas con rostro tanto de los desaciertos de la política gubernamental como de los criminales; exigir comunicación entre representantes y representados para lograr paz y justicia con derechos humanos garantizados y calidad democrática. Gracias a las gestiones del Diputado Javier Corral, Presidente de la Comisión de Gobernación, habrá un plazo de 90 días para realizar consultas en torno a la Ley de Seguridad. Para que haya un trabajo coordinado entre todas las comisiones del Congreso de la Unión involucradas con esta reforma, se necesitará también receptividad en todos los poderes frente a las demandas planteadas por la movilización nacional que toma nuevos bríos.

En torno de la torpedeada reforma política, hay voces ciudadanas que insisten en retomar públicamente esta discusión. Ciertamente, el Senado aprobó varias medidas que contribuyen a un mejor desempeño del sistema político y de partidos, como las candidaturas independientes, la reelección de Diputados y Senadores, la iniciativa ciudadana para presentar proyectos de ley, la preferencia de iniciativas legislativas presidenciales, sin embargo se dejaron de lado medidas que proponían una transformación profunda del sistema político, como el mandato revocatorio, la integración de formas de consulta participativa o la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Frente a la congeladora priista, hay voces que proponen ampliar el periodo de discusión de la Cámara baja. Para lograrlo, se hacen llegar estas voces mediante Twiter a todos los diputados federales, presión personalizada a esos diputados en cada entidad del país, así como a los Congresos locales. Son voces nacionales portadoras de reformas estructurales.