Una de las bondades del estudio del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, es el resituar el rol activo que juegan las percepciones ciudadanas sobre lo que está mejor y peor en nuestras vidas cotidianas. Ellas no se pueden disociar de los ideales surgidos en torno del progreso, o del muy amplio y debatido concepto del desarrollo, ni del concepto de calidad de vida. Otro estudio, encargado por el Foro Consultivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): La medición del progreso y del bienestar. Propuestas desde América Latina, complementa la información necesaria para poder dimensionar el desafío que enfrentamos, cuando hablamos de la tensión que acompaña nuestra condición humana, entre el mejorar nuestra calidad de vida y bienestar, y la realización de nuestros ideales personales, colectivos, comunitarios. La manera como acoplamos realidad material y sentimientos, emociones, percepciones de felicidad.
Siempre presente, esa tensión ha querido solucionarse mediante diversos modos bajo los que opera nuestra organización socioeconómica y política, y la jerarquía que concede a los valores que estructuran su cultura. Ahí es donde está el drama de la supremacía del mercado en nuestra época, que vale mucho más la libertad de especular en la bolsa de valores que la muerte por hambre impuesta a millones de seres humanos. Hay miles de indicadores que pueden mostrar este drama, pero las discusiones suscitadas en la actualidad, gracias a estudios que revalorizan la agencia humana, la capacidad de individuos y colectividades para modificar su entorno, están mostrando que los deseos y las opciones buscadas para satisfacerlos cuentan. Que no bastan ofrecimientos de futuro progreso, siempre postergados, sino que la realidad existencial del aquí y ahora, manifestada en el deseo de bienestar material y subjetivo, se convierte en la prueba de fuego de la organización socioeconómica que domina nuestras vidas, y del sistema sociopolítico que la sustenta y la pretende legitimar.
Estamos hasta la madre también porque el Producto Interno Bruto se convierta en la medida del progreso, pues la economía de mercado no significa bienestar para todos-as. Quedamos igualmente hartos de las promesas no cumplidas por los regímenes socialistas burocráticos. Pero, Latinoamérica está mostrando vitalidad y otros sentidos de futuro que animan a repensar ese par conflictivo entre progreso y bienestar. Ya no nos contentamos con evaluaciones de indicadores sociales que terminaron sometidos por el mercado al apostar por la posesión y acceso a bienes y servicios, tantas teles, tantos coches, tanto dinero, tan buena vivienda, tan buena educación… Tampoco nos satisface el enfoque por competencias y funcionalidades que propone adaptaciones paulatinas del capital humano al capitalismo, donde el ascenso social depende de adquirir capacidades y destrezas en la medida que las premie el mercado.
Medir el progreso y el bienestar pasa actualmente por dos consideraciones mayores antes no tomadas en cuenta: la sustentabilidad ambiental del desarrollo y el bienestar subjetivo: la satisfacción con la calidad de vida, el mundo afectivo satisfecho, la aceptación del otro y de la otra; aquello que no es medido en términos de crecimiento económico pero que genera, como en algunos países latinoamericanos, el Estado del Buen Vivir, sin discriminaciones, sin exclusiones legitimadas por el sistema social vigente. Medir y pensar de otra manera el progreso y el bienestar tiene consecuencias positivas: cuestiona el modelo dominante y potencia la imaginación de un mundo mejor, aprende de prácticas sociales innovadoras que adaptan desde lo local al conocimiento global, orienta nuevas políticas públicas y cambios en actitudes hacia una cultura de derechos ciudadanos. Bienestar, equidad y progreso, condicionan el valor que emerge con mayor fuerza: la felicidad, esa rara ave azul hoy asesinada por la violencia y el mercantilismo capitalista.
viernes, 22 de julio de 2011
viernes, 15 de julio de 2011
PARCHES POSPONEN REFORMAS
Con los resultados de las elecciones locales en cuatro entidades del país el pasado domingo, que reinstauraron el exitoso carro completo a favor del PRI, se pavimenta el camino para el regreso de un régimen de partido predominante en México. Más allá de la evaluación de las estrategias electorales que favorecieron ampliamente al Revolucionario Institucional, hay que incluir conflictos y contradicciones que aporta en general el sistema de partidos, la vinculación del gobierno federal y local con los organismos encargados del proceso electoral, incluido el Poder Judicial y muy particularmente, la mercantilización de la cultura política entre el electorado a través de los medios electrónicos de comunicación que se han convertido en el gran elector. Malos presagios, pues un partido predominante profundiza la democracia elitista, el gobierno de las minorías activas y su subordinación a los intereses de los poderes fácticos, incluido el crimen organizado.
El incremento del abstencionismo es un mal presagio. Ni el PRI ni el conjunto de partidos acusaron recibo del desencanto representado frente a la partidocracia por la ausencia mayoritaria del electorado en los comicios de 2009, y por la emergencia de un movimiento por anular concientemente el voto como demanda para empoderar al elector. Lejos de registrar los sentimientos de desconfianza e incredulidad en las elecciones, el régimen de partido predominante que está en vías de restituirse ahondará la brecha entre representantes y representados. Máxime que tampoco creció el movimiento anulista en las elecciones locales recientes. En el Estado de México, el voto nulo apenas creció tres décimas porcentuales y en Coahuila, sólo quedó el testimonio del Obispo Raúl Vera, quien llamó a votar razonadamente, incluyendo la posibilidad de anular el voto si ninguna de las opciones convencía al elector.
Otro mal presagio es la contundente falta de equidad del proceso electoral mostrada antes, durante y en los conflictos postelectorales detonados en los comicios recientes, pues la reforma política urgente necesaria antes de las elecciones presidenciales sigue secuestrada por el PRI. Partido que torpedeó la iniciativa presidencial de reforma política, posteriormente enriquecida con propuestas partidarias y de organismos ciudadanos. Aunque la dirigencia de ese partido mostró disposición para rediscutir las reformas estructurales pendientes, principalmente la política, luego de sentirse el triunfador en las cuatro elecciones locales recientes, sus propuestas apuntan justamente al fortalecimiento del régimen de partido predominante, con el respectivo fortalecimiento de su hegemonía dentro de la partidocracia reinante. Seguirá la complicidad interpartidaria para el uso sesgado de recursos públicos con fines electorales, la subordinación del Poder Judicial Federal en materia electoral a las alianzas entre partidos gobernantes, autoridades electorales locales y medios electrónicos.
Con el PRI como partido predominante en el Congreso de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, se bloqueará todo lo que signifique empoderar al electorado. No habrá contrapesos a la democracia elitista con gobierno de minorías activas, lo cual limita la calidad democrática que sustentan formatos participativos ciudadanos. Se cancelan así posibilidades de candidaturas independientes, de impulso a plebiscitos, referéndum o revocación de mandato en los poderes ejecutivos. Seguirá el financiamiento desproporcionado a partidos políticos sin que haya reelección consecutiva una vez para algunos puestos de elección popular; no se reducirá el tamaño de las Cámaras, ni se definirán mecanismos para la definición técnica salarial de los mandos públicos. Mientras que Acción Nacional y el PRD no resuelvan la falsa disyuntiva que plantea una alianza que sólo se propone derrotar al PRI y no aparezca la necesidad de un programa electoral para un gobierno de amplia participación, la coalición político-partidaria que encabeza el PRI avanzará sobre alfombra roja hacia el régimen de partido predominante que tan bien sabe usufructuar.
El incremento del abstencionismo es un mal presagio. Ni el PRI ni el conjunto de partidos acusaron recibo del desencanto representado frente a la partidocracia por la ausencia mayoritaria del electorado en los comicios de 2009, y por la emergencia de un movimiento por anular concientemente el voto como demanda para empoderar al elector. Lejos de registrar los sentimientos de desconfianza e incredulidad en las elecciones, el régimen de partido predominante que está en vías de restituirse ahondará la brecha entre representantes y representados. Máxime que tampoco creció el movimiento anulista en las elecciones locales recientes. En el Estado de México, el voto nulo apenas creció tres décimas porcentuales y en Coahuila, sólo quedó el testimonio del Obispo Raúl Vera, quien llamó a votar razonadamente, incluyendo la posibilidad de anular el voto si ninguna de las opciones convencía al elector.
Otro mal presagio es la contundente falta de equidad del proceso electoral mostrada antes, durante y en los conflictos postelectorales detonados en los comicios recientes, pues la reforma política urgente necesaria antes de las elecciones presidenciales sigue secuestrada por el PRI. Partido que torpedeó la iniciativa presidencial de reforma política, posteriormente enriquecida con propuestas partidarias y de organismos ciudadanos. Aunque la dirigencia de ese partido mostró disposición para rediscutir las reformas estructurales pendientes, principalmente la política, luego de sentirse el triunfador en las cuatro elecciones locales recientes, sus propuestas apuntan justamente al fortalecimiento del régimen de partido predominante, con el respectivo fortalecimiento de su hegemonía dentro de la partidocracia reinante. Seguirá la complicidad interpartidaria para el uso sesgado de recursos públicos con fines electorales, la subordinación del Poder Judicial Federal en materia electoral a las alianzas entre partidos gobernantes, autoridades electorales locales y medios electrónicos.
Con el PRI como partido predominante en el Congreso de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, se bloqueará todo lo que signifique empoderar al electorado. No habrá contrapesos a la democracia elitista con gobierno de minorías activas, lo cual limita la calidad democrática que sustentan formatos participativos ciudadanos. Se cancelan así posibilidades de candidaturas independientes, de impulso a plebiscitos, referéndum o revocación de mandato en los poderes ejecutivos. Seguirá el financiamiento desproporcionado a partidos políticos sin que haya reelección consecutiva una vez para algunos puestos de elección popular; no se reducirá el tamaño de las Cámaras, ni se definirán mecanismos para la definición técnica salarial de los mandos públicos. Mientras que Acción Nacional y el PRD no resuelvan la falsa disyuntiva que plantea una alianza que sólo se propone derrotar al PRI y no aparezca la necesidad de un programa electoral para un gobierno de amplia participación, la coalición político-partidaria que encabeza el PRI avanzará sobre alfombra roja hacia el régimen de partido predominante que tan bien sabe usufructuar.
viernes, 8 de julio de 2011
2012, MALOS PRESAGIOS
Con los resultados de las elecciones locales en cuatro entidades del país el pasado domingo, que reinstauraron el exitoso carro completo a favor del PRI, se pavimenta el camino para el regreso de un régimen de partido predominante en México. Más allá de la evaluación de las estrategias electorales que favorecieron ampliamente al Revolucionario Institucional, hay que incluir conflictos y contradicciones que aporta en general el sistema de partidos, la vinculación del gobierno federal y local con los organismos encargados del proceso electoral, incluido el Poder Judicial y muy particularmente, la mercantilización de la cultura política entre el electorado a través de los medios electrónicos de comunicación que se han convertido en el gran elector. Malos presagios, pues un partido predominante profundiza la democracia elitista, el gobierno de las minorías activas y su subordinación a los intereses de los poderes fácticos, incluido el crimen organizado.
El incremento del abstencionismo es un mal presagio. Ni el PRI ni el conjunto de partidos acusaron recibo del desencanto representado frente a la partidocracia por la ausencia mayoritaria del electorado en los comicios de 2009, y por la emergencia de un movimiento por anular concientemente el voto como demanda para empoderar al elector. Lejos de registrar los sentimientos de desconfianza e incredulidad en las elecciones, el régimen de partido predominante que está en vías de restituirse ahondará la brecha entre representantes y representados. Máxime que tampoco creció el movimiento anulista en las elecciones locales recientes. En el Estado de México, el voto nulo apenas creció tres décimas porcentuales y en Coahuila, sólo quedó el testimonio del Obispo Raúl Vera, quien llamó a votar razonadamente, incluyendo la posibilidad de anular el voto si ninguna de las opciones convencía al elector.
Otro mal presagio es la contundente falta de equidad del proceso electoral mostrada antes, durante y en los conflictos postelectorales detonados en los comicios recientes, pues la reforma política urgente necesaria antes de las elecciones presidenciales sigue secuestrada por el PRI. Partido que torpedeó la iniciativa presidencial de reforma política, posteriormente enriquecida con propuestas partidarias y de organismos ciudadanos. Aunque la dirigencia de ese partido mostró disposición para rediscutir las reformas estructurales pendientes, principalmente la política, luego de sentirse el triunfador en las cuatro elecciones locales recientes, sus propuestas apuntan justamente al fortalecimiento del régimen de partido predominante, con el respectivo fortalecimiento de su hegemonía dentro de la partidocracia reinante. Seguirá la complicidad interpartidaria para el uso sesgado de recursos públicos con fines electorales, la subordinación del Poder Judicial Federal en materia electoral a las alianzas entre partidos gobernantes, autoridades electorales locales y medios electrónicos.
Con el PRI como partido predominante en el Congreso de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, se bloqueará todo lo que signifique empoderar al electorado. No habrá contrapesos a la democracia elitista con gobierno de minorías activas, lo cual limita la calidad democrática que sustentan formatos participativos ciudadanos. Se cancelan así posibilidades de candidaturas independientes, de impulso a plebiscitos, referéndum o revocación de mandato en los poderes ejecutivos. Seguirá el financiamiento desproporcionado a partidos políticos sin que haya reelección consecutiva una vez para algunos puestos de elección popular; no se reducirá el tamaño de las Cámaras, ni se definirán mecanismos para la definición técnica salarial de los mandos públicos. Mientras que Acción Nacional y el PRD no resuelvan la falsa disyuntiva que plantea una alianza que sólo se propone derrotar al PRI y no aparezca la necesidad de un programa electoral para un gobierno de amplia participación, la coalición político-partidaria que encabeza el PRI avanzará sobre alfombra roja hacia el régimen de partido predominante que tan bien sabe usufructuar.
El incremento del abstencionismo es un mal presagio. Ni el PRI ni el conjunto de partidos acusaron recibo del desencanto representado frente a la partidocracia por la ausencia mayoritaria del electorado en los comicios de 2009, y por la emergencia de un movimiento por anular concientemente el voto como demanda para empoderar al elector. Lejos de registrar los sentimientos de desconfianza e incredulidad en las elecciones, el régimen de partido predominante que está en vías de restituirse ahondará la brecha entre representantes y representados. Máxime que tampoco creció el movimiento anulista en las elecciones locales recientes. En el Estado de México, el voto nulo apenas creció tres décimas porcentuales y en Coahuila, sólo quedó el testimonio del Obispo Raúl Vera, quien llamó a votar razonadamente, incluyendo la posibilidad de anular el voto si ninguna de las opciones convencía al elector.
Otro mal presagio es la contundente falta de equidad del proceso electoral mostrada antes, durante y en los conflictos postelectorales detonados en los comicios recientes, pues la reforma política urgente necesaria antes de las elecciones presidenciales sigue secuestrada por el PRI. Partido que torpedeó la iniciativa presidencial de reforma política, posteriormente enriquecida con propuestas partidarias y de organismos ciudadanos. Aunque la dirigencia de ese partido mostró disposición para rediscutir las reformas estructurales pendientes, principalmente la política, luego de sentirse el triunfador en las cuatro elecciones locales recientes, sus propuestas apuntan justamente al fortalecimiento del régimen de partido predominante, con el respectivo fortalecimiento de su hegemonía dentro de la partidocracia reinante. Seguirá la complicidad interpartidaria para el uso sesgado de recursos públicos con fines electorales, la subordinación del Poder Judicial Federal en materia electoral a las alianzas entre partidos gobernantes, autoridades electorales locales y medios electrónicos.
Con el PRI como partido predominante en el Congreso de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, se bloqueará todo lo que signifique empoderar al electorado. No habrá contrapesos a la democracia elitista con gobierno de minorías activas, lo cual limita la calidad democrática que sustentan formatos participativos ciudadanos. Se cancelan así posibilidades de candidaturas independientes, de impulso a plebiscitos, referéndum o revocación de mandato en los poderes ejecutivos. Seguirá el financiamiento desproporcionado a partidos políticos sin que haya reelección consecutiva una vez para algunos puestos de elección popular; no se reducirá el tamaño de las Cámaras, ni se definirán mecanismos para la definición técnica salarial de los mandos públicos. Mientras que Acción Nacional y el PRD no resuelvan la falsa disyuntiva que plantea una alianza que sólo se propone derrotar al PRI y no aparezca la necesidad de un programa electoral para un gobierno de amplia participación, la coalición político-partidaria que encabeza el PRI avanzará sobre alfombra roja hacia el régimen de partido predominante que tan bien sabe usufructuar.
viernes, 1 de julio de 2011
IMPUNIDAD, COMPLICIDAD Y CORRUPCIÓN
Tres jinetes del Apocalipsis político, que sientan malos precedentes frente a la democratización urgente que necesita nuestro país, nuestras regiones, nuestra vida local. Se deterioran las instituciones de justicia por sujetos obligados de respetarlas, a la par que se debilitan los contrapesos creados para vigilar el desempeño de los servidores públicos, debido al intercambio de complicidades para protegerse frente al escrutinio público. Las vísperas electorales nacionales y en algunos estados del país, expresan las limitaciones impuestas a la rendición de cuentas en los gobiernos locales, por la complicidad entre el Poder Judicial y los organismos electorales. Asimismo, la arbitrariedad con la que se auto-adjudican sus salarios y prestaciones la inmensa mayoría de funcionarios públicos, vinculados con la organización del proceso electoral, muestran esta dinámica perversa entre impunidad y corrupción que lleva directo a la corrupción de los valores democráticos.
Desde las precampañas de los precandidatos a la presidencia del país, hasta las campañas en las elecciones locales en Coahuila y el Estado de México, ya se dejan ver las complicidades entre la parte judicial, los candidatos y los poderes fácticos ligados con los medios de difusión. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en lugar de sancionar a Enrique Peña Nieto por pasar spots publicitarios de su informe de gobierno fuera del Estado de México, y a las cadenas televisivas que aceptaron difundirlos, sólo fincó responsabilidades a éstas últimas. El Tribunal Electoral revocó la resolución del IFE del 18 de enero de 2011 que sancionaba a Peña Nieto por violar los artículos 134 de la Constitución y 5 del Cofipe. Tres días antes de las elecciones en ese estado, el TEPJF da a conocer que el candidato de la coalición “Unidos por Ti” realizó actos anticipados de campaña y ordena al Instituto Electoral de la entidad que aplique la sanción correspondiente. En Coahuila, se denuncian malos manejos del anterior gobernador, Humberto Moreira, actualmente Presidente del tricolor, las cuales son solapadas por el gobierno en turno con la ayuda del candidato actual a gobernador, a más señas hermano del Presidente del PRI.
Uno de los casos más agudos de esta trilogía perversa entre impunidad, complicidad y corrupción, es el de Alonso Godoy, Auditor Superior del Estado de Jalisco, quien, paradojas de la política, en un proceso desaseado limpió las cuentas del Congreso local durante 2009. Milenio-Jalisco informó (29-06-2011) que el 30 por ciento de las observaciones a esa cuenta, hechas por una auditoría privada fueron rasuradas por Godoy. El pago por este intercambio de protección criminal es su permanencia en el cargo. Se echan por la borda evidencias de corrupción del Auditor tanto como de varios Diputados de la Legislatura anterior. El Instituto de Transparencia jalisciense se invisibiliza, mientras que la inconformidad ciudadana se desprecia por los legisladores locales.
Otro botón de muestra es la manera como se manejan los aumentos de salarios por los propios funcionarios beneficiados. Ante la inexistencia práctica de la Comisión Técnica de Valoración Salarial y la complicidad del Poder Legislativo, por su incapacidad para generar contrapesos que moderen apetitos salariales desmedidos, crece la impunidad y se debilita la rendición de cuentas. Desde 2008, el Presidente y los Consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, ganan lo mismo que un Magistrado. En junio de este año, esos funcionarios conquistaron un aumento que supera inclusive el monto de impuestos que ahora están obligados a pagar. Sus gastos menores, viáticos y prestaciones, son fijados y sancionados por ellos mismos. Ahí tampoco vemos avances ni en la rendición de cuentas, ni de contrapesos institucionales encargados de evaluar el desempeño público del organismo electoral. Se nutre el triángulo perverso.
Desde las precampañas de los precandidatos a la presidencia del país, hasta las campañas en las elecciones locales en Coahuila y el Estado de México, ya se dejan ver las complicidades entre la parte judicial, los candidatos y los poderes fácticos ligados con los medios de difusión. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en lugar de sancionar a Enrique Peña Nieto por pasar spots publicitarios de su informe de gobierno fuera del Estado de México, y a las cadenas televisivas que aceptaron difundirlos, sólo fincó responsabilidades a éstas últimas. El Tribunal Electoral revocó la resolución del IFE del 18 de enero de 2011 que sancionaba a Peña Nieto por violar los artículos 134 de la Constitución y 5 del Cofipe. Tres días antes de las elecciones en ese estado, el TEPJF da a conocer que el candidato de la coalición “Unidos por Ti” realizó actos anticipados de campaña y ordena al Instituto Electoral de la entidad que aplique la sanción correspondiente. En Coahuila, se denuncian malos manejos del anterior gobernador, Humberto Moreira, actualmente Presidente del tricolor, las cuales son solapadas por el gobierno en turno con la ayuda del candidato actual a gobernador, a más señas hermano del Presidente del PRI.
Uno de los casos más agudos de esta trilogía perversa entre impunidad, complicidad y corrupción, es el de Alonso Godoy, Auditor Superior del Estado de Jalisco, quien, paradojas de la política, en un proceso desaseado limpió las cuentas del Congreso local durante 2009. Milenio-Jalisco informó (29-06-2011) que el 30 por ciento de las observaciones a esa cuenta, hechas por una auditoría privada fueron rasuradas por Godoy. El pago por este intercambio de protección criminal es su permanencia en el cargo. Se echan por la borda evidencias de corrupción del Auditor tanto como de varios Diputados de la Legislatura anterior. El Instituto de Transparencia jalisciense se invisibiliza, mientras que la inconformidad ciudadana se desprecia por los legisladores locales.
Otro botón de muestra es la manera como se manejan los aumentos de salarios por los propios funcionarios beneficiados. Ante la inexistencia práctica de la Comisión Técnica de Valoración Salarial y la complicidad del Poder Legislativo, por su incapacidad para generar contrapesos que moderen apetitos salariales desmedidos, crece la impunidad y se debilita la rendición de cuentas. Desde 2008, el Presidente y los Consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, ganan lo mismo que un Magistrado. En junio de este año, esos funcionarios conquistaron un aumento que supera inclusive el monto de impuestos que ahora están obligados a pagar. Sus gastos menores, viáticos y prestaciones, son fijados y sancionados por ellos mismos. Ahí tampoco vemos avances ni en la rendición de cuentas, ni de contrapesos institucionales encargados de evaluar el desempeño público del organismo electoral. Se nutre el triángulo perverso.
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