IMPUNIDAD, COMPLICIDAD Y CORRUPCIÓN

Tres jinetes del Apocalipsis político, que sientan malos precedentes frente a la democratización urgente que necesita nuestro país, nuestras regiones, nuestra vida local. Se deterioran las instituciones de justicia por sujetos obligados de respetarlas, a la par que se debilitan los contrapesos creados para vigilar el desempeño de los servidores públicos, debido al intercambio de complicidades para protegerse frente al escrutinio público. Las vísperas electorales nacionales y en algunos estados del país, expresan las limitaciones impuestas a la rendición de cuentas en los gobiernos locales, por la complicidad entre el Poder Judicial y los organismos electorales. Asimismo, la arbitrariedad con la que se auto-adjudican sus salarios y prestaciones la inmensa mayoría de funcionarios públicos, vinculados con la organización del proceso electoral, muestran esta dinámica perversa entre impunidad y corrupción que lleva directo a la corrupción de los valores democráticos.

Desde las precampañas de los precandidatos a la presidencia del país, hasta las campañas en las elecciones locales en Coahuila y el Estado de México, ya se dejan ver las complicidades entre la parte judicial, los candidatos y los poderes fácticos ligados con los medios de difusión. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en lugar de sancionar a Enrique Peña Nieto por pasar spots publicitarios de su informe de gobierno fuera del Estado de México, y a las cadenas televisivas que aceptaron difundirlos, sólo fincó responsabilidades a éstas últimas. El Tribunal Electoral revocó la resolución del IFE del 18 de enero de 2011 que sancionaba a Peña Nieto por violar los artículos 134 de la Constitución y 5 del Cofipe. Tres días antes de las elecciones en ese estado, el TEPJF da a conocer que el candidato de la coalición “Unidos por Ti” realizó actos anticipados de campaña y ordena al Instituto Electoral de la entidad que aplique la sanción correspondiente. En Coahuila, se denuncian malos manejos del anterior gobernador, Humberto Moreira, actualmente Presidente del tricolor, las cuales son solapadas por el gobierno en turno con la ayuda del candidato actual a gobernador, a más señas hermano del Presidente del PRI.
Uno de los casos más agudos de esta trilogía perversa entre impunidad, complicidad y corrupción, es el de Alonso Godoy, Auditor Superior del Estado de Jalisco, quien, paradojas de la política, en un proceso desaseado limpió las cuentas del Congreso local durante 2009. Milenio-Jalisco informó (29-06-2011) que el 30 por ciento de las observaciones a esa cuenta, hechas por una auditoría privada fueron rasuradas por Godoy. El pago por este intercambio de protección criminal es su permanencia en el cargo. Se echan por la borda evidencias de corrupción del Auditor tanto como de varios Diputados de la Legislatura anterior. El Instituto de Transparencia jalisciense se invisibiliza, mientras que la inconformidad ciudadana se desprecia por los legisladores locales.

Otro botón de muestra es la manera como se manejan los aumentos de salarios por los propios funcionarios beneficiados. Ante la inexistencia práctica de la Comisión Técnica de Valoración Salarial y la complicidad del Poder Legislativo, por su incapacidad para generar contrapesos que moderen apetitos salariales desmedidos, crece la impunidad y se debilita la rendición de cuentas. Desde 2008, el Presidente y los Consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, ganan lo mismo que un Magistrado. En junio de este año, esos funcionarios conquistaron un aumento que supera inclusive el monto de impuestos que ahora están obligados a pagar. Sus gastos menores, viáticos y prestaciones, son fijados y sancionados por ellos mismos. Ahí tampoco vemos avances ni en la rendición de cuentas, ni de contrapesos institucionales encargados de evaluar el desempeño público del organismo electoral. Se nutre el triángulo perverso.