CAMPAÑAS, PREGUNTAS Y PROCLAMA

Se nos viene encima la spotización de la política, debido a un modelo de comunicación social que, aparte de las buenas intenciones desmercantilizadoras de la reforma, no ha logrado ser aceptado ni por los destinatarios de los mensajes ni por los poderes mediáticos que ven disminuidos sus negocios. Desencuentro que es la punta del iceberg del maltrecho sistema político que tenemos. Es diferente difundir y comunicar, pero lamentablemente, la política se concibe como operación para implantar una verdad que se impone-difunde de arriba hacia abajo, que impide una comunicación de ida y vuelta. Es empobrecedor quedarnos tan sólo con la libertad del off, del apágale si no te gusta el mensaje.

Un modelo de comunicación política inspirado en el apechuga y vota, está cerrado a consultas, es impermeable frente a una participación ciudadana esperanzada en dar a conocer sus sensibilidades, emociones, temores fundados, lógicas originales de razonamiento individuales y colectivas que si acaso registra la mercadotecnia electoral con fines utilitaristas. Hoy que arrancan las campañas, tenemos enfrente otras demandas de participación comunicativa; se construyen argumentos, formas de razonar, sobre todo preguntas que quisieran una interlocución inteligente entre las figuras públicas a elegir y la ciudadanía. Es el caso de los intelectuales preguntones, quienes en un desplegado recientemente publicado llaman a una comunicación razonada en torno a posibles respuestas que merecen las inquietudes más relevantes y trascendentes que se agitan en la nación.

Desde la izquierda social se interpela al mundo político-electoral bajo otras premisas comunicativas. Se escoge una categoría de población abierta como pueblo o ciudadanía, como interlocutor privilegiado. Argumentos y razones se perfilan como transformadoras de instituciones y desigualdades cuya solución depende de cambios estructurales mayores que desafortunadamente no ofrecen las elecciones. Otro grupo de intelectuales, organizaciones de la sociedad civil, sacerdotes y cristianos por la teología de la liberación, lanzaron una Proclama por el Rescate de la Nación, cuyo diagnóstico muestra la urgencia de medidas que sean sobre todo producto de acuerdos entre distintas fuerzas que apuesten, principalmente, por fortalecer capacidades y potencialidades ya existentes en la diversidad de movimientos sociales. Se Proclama que: “El tejido social se fractura. La convivencia social se anula. Se amedrenta e inhibe la participación ciudadana y los medios de comunicación alimentan el miedo.”

Aunque no se niega que hay un proceso electoral que demanda una posición crítica, la Proclama quiere revalorizar la palabra y su fuerza comunicativa: “queremos alzar la voz y denunciar, en medio del proceso electoral, lo que aflige a la Patria. Ser voz de los que no son escuchados, o son silenciados por demandar justicia. Darle a la palabra su verdadero valor y significado frente a los discursos de políticos que sin escrúpulo alguno, mienten y ocultan sus verdaderas intenciones y los compromisos que han adquirido en su lucha por el poder.” En suma, se concibe la política como medio de transformación que no se somete al momento electoral: “buscamos ser parte de los procesos políticos desde la sociedad civil y exigir todo cuanto sea necesario para terminar con los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, las injusticias, y sobre todo, con la guerra en territorio nacional.” Se respeta la decisión personal de votar, pero se alerta que independientemente de cuál sea el resultado electoral, la participación de la sociedad civil será necesaria: “si gana la opción de cambio serán importantes la organización y la movilización para demandar y apoyar los cambios de estrategia y de política de los gobiernos precedentes.” La Proclama llama, en cualquier caso, a un gran movimiento de resistencia civil y pacífica que empuje el cambio de rumbo.

SALDOS ROJOS DEL PROCESO ELECTORAL

A Alfonso Alfaro Barreto, Doctor Honoris Causa del Sistema Universitario Jesuita

A escasas dos semanas que finalice la veda electoral, se impone un balance sobre aportes y retrocesos en la democratización mexicana. En el entendido que si las elecciones son libres, equitativas y justas ganamos todos en la construcción pública de la democracia. Me decía un amigo: Si así está la veda ¿cómo estará la cacería? Tiene razón, el periodo de intercampañas anuncia el derrotero preocupante de la contienda electoral. No se avizoran mejoras en la comunicación entre partidos y sociedad, pues hay variados motivos que incrementan el desencanto; son escasos los planteamientos electorales con visión de Estado a la altura de la crisis civilizatoria que padecemos y el ideario ciudadano de paz con justicia y equidad no logra implantarse en una arena pública en la que se compartan valores transformadores.

En la apertura de los partidos a la sociedad, más allá de su militancia, hubo aciertos: encuestas orientadoras para seleccionar precandidatos; votaciones abiertas para elegirles; cierta libertad y tiempo suficiente para debatir propuestas y para organizar los respaldos. Sin embargo, se reprodujeron prácticas clientelares que incidieron en la spotización de la política, compra y coacción del voto, acarreos, ratones locos, prácticas supuestamente desterradas en partidos que se reclaman democráticos. Además, imperó la verticalidad de poderes en cascada; los de más arriba se eligieron buscando cierta pulcritud, pero los puestos “inferiores” a elegir, fueron secuestrados por el reparto de cuotas entre precandidatos y grupos internos de poder. Aunque Acción Nacional llevó precandidaturas “menores” a elecciones partidarias, ni ese partido ni la coalición de izquierdas se abrieron al voto ciudadano ni a encuestas “orientadoras” que permitieran compartir la decisión para seleccionar a los precandidatos respectivos. En lugar de consultas ciudadanas, los puestos “inferiores” se negociaron bajo opacas tradiciones partidocráticas.

Partidos y coaliciones terminarán la veda con descalabros de distinta magnitud. Los mecanismos “eleccionarios” internos del Revolucionario Institucional, fundados sobre el control vertical del grupo de su candidato presidencial, imperaron en toda la estructura-maquinaria electoral. Así, se produjeron disidencias y trasvases de inconformes y sus grupos principalmente hacia el PRD. Acción Nacional, muestra heridas causadas por la reproducción de prácticas clientelares y corporativistas, antes denunciadas como patrimonio exclusivo del priismo y corrientes neopopulistas también presentes en la izquierda. Descalabros que llevaron a cuestionar capacidades y legitimidades de las comisiones electorales panistas en algunos estados. En Chihuahua, hay pronunciamientos públicos críticos, y en el proceso electoral jalisciense, Alfonso Petersen documentó irregularidades. La coalición de izquierdas jalisciense fracasó, pues la lucha por posiciones a elegir confrontó al precandidato a gobernador con el PRD y lejos de abrir las decisiones a consultas ciudadanas, ambas partes recurrieron a prácticas que critican: el madruguete, el poder corporativo, la descalificación mutua.

La reforma política de 2007 evitó la mercantilización mediática de campañas, pero evadió el debate, lo que propició campañas mediocres, ambiguas, falsamente pulcras. Los poderes fácticos torpedean el privilegio al uso del tiempo público estatal en sus medios y seguirá insistiendo en homologar libertad de expresión y mercado publicitario. Bien por la integración de distinguidas personalidades en el IFE para completar su Consejo General, pero mal por la falta de una reforma política de fondo como parte de negociaciones propicias durante el periodo electoral. La muestra más perversa de ese déficit lo representan las candidaturas plurinominales, cuyas listas y prioridades definen exclusivamente los partidos. Eso fortalece la partidocracia y es la principal responsable de las fisuras partidarias, pues impera la codicia sobre puestos casi seguros para los que no se trabaja ni comprometen a reciprocidad alguna con el electorado.

DEMOCRATIZACIÓN CUESTIONADA

Hacer elecciones libres y justas es tan solo uno de los indicadores que se usan para medir el grado de democratización de un país. Aunque la metodología de medición está inspirada en la evolución de regímenes y gobiernos occidentales con un enfoque anglo-euro-céntrico, actualmente se cuestionan las categorías originales y se introducen nuevas variables antes no contempladas. Robert Dahl acuñó el concepto de Poliarquía, como un “tipo moderno de gobierno democrático de gran escala”, el cual sirvió de base para definir los rasgos democratizadores relativos a los arreglos institucionales que, aún como aproximación imperfecta al ideal democrático, permiten medir comparativamente, la democratización de cada país. Dos instituciones destacan por sus mediciones: Freedom House Index (FHI), y Polity; ambas se vinculan con la visión y financiamiento del gobierno estadounidense sobre derechos humanos, manejo de los conflictos, negociaciones de paz e inestabilidad política en el mundo.

En el número correspondiente a enero de 2012, la Revista Internacional de Ciencia Política, incluye dos artículos que se preguntan sobre la vigencia y desafíos que presentan las mediciones sobre la democratización. Amy Alexander, Christian Welzel y Ronald Inglehart, director de la Encuesta Mundial de Valores, defienden el Índice de Democracia Efectiva, porque éste enfatiza las cualidades que condicionan la democracia, más que los meros indicadores que la expresan. Manipular las cualidades que condicionan la democracia, como la ley, el sistema educativo, la capacidad de comunicar valores, muestra aquellas deficiencias que aparecen incluso en regímenes electorales abiertos. En otro artículo, Thomas Denk (Finlandia) y Daniel Silander (Suecia), constatan que el “paraíso” democrático necesita profundizar su democratización, pues la mayoría de países, muestran déficits a llenar, particularmente, en las funciones de gobierno, el imperio de la ley, autonomía personal y derechos individuales.

Además, hay nuevos desafíos asociados con las tecnologías de la información y la comunicación, globalizadas e internacionalizadas, para armonizar los ideales democráticos. Denk y Silander, citan variadas innovaciones del sistema democrático dentro del proceso electoral mismo, consultas, deliberaciones públicas (encuestas “deliberativas”, que complementan plebiscitos o referéndums), cogobierno, democracia directa participativa, formatos de consejos o jurados ciudadanos, entre otras. Aunque recientemente proliferan estudios sobre calidad de la democracia, todavía no existen mediciones adecuadas para esas innovaciones. No obstante, los autores incluyen el Índice de Democratización del Freedom House en 91 países, el cual incorpora siete variables relacionadas con los derechos políticos y las libertades civiles. Aún sin incluir variables relativas a la calidad democrática y sin tomar en cuenta otras aproximaciones más adecuadas a la realidad latinoamericana y de los países del llamado Sur Global, como los derechos culturales y la “democracia comunitaria”, es lamentable constatar que el caso mexicano representa el sexto país más alejado del ideal democrático occidental.

Entre Perú, quinto lugar y El Salvador, séptimo lugar, México muestra índices preocupantes en lo que hace al imperio de la ley, pues junto con Indonesia registra el peor indicador de los 91 países estudiados. Se cuestiona la independencia del Poder Judicial, la prevalencia de la ley en materia civil y criminal, el control civil de la policía. Falla la protección contra el terror policial, contra la prisión injustificada, el exilio y la tortura. Persiste la guerra y no toda la población es tratada equitativamente frente a la ley. Otros aspectos que distancian a México del ideal democrático occidental se refieren a la autonomía personal y los derechos individuales, en lo tocante a la influencia de fuerzas de seguridad y crimen organizado, así como la inequidad de género y la falta de oportunidades equitativas. Derechos asociativos y organizacionales limitados; corrupción y falta de rendición de cuentas, coronan el cuestionamiento a la democratización mexicana.

ENCUESTAS, GOBIERNO Y ELECCIONES

Protagonistas de elecciones “primarias”, pues por un lado los partidos se muestran incapaces para contar con un padrón propio confiable y por otro lado la necesidad de superar su autismo y tradicional desapego de la sociedad que dicen representar, las encuestas son ya reconocidas como un elemento fundamental de consulta para la toma de decisiones partidarias y como apoyo para acercar las políticas públicas a las demandas y necesidades de la gente. Los riesgos son que se crea en ellas a pie juntillas, o que sustituyan transformaciones políticas asociadas con la democracia participativa, la cual significa mucho más que una consulta al azar. Sondeos, encuestas y estudios de opinión también muestran límites si se hace una lectura vertical y sesgada de sus resultados, por el uso instrumental que de ellos puedan hacer quienes las encargan.

Proliferan casas encuestadoras y asesores para quienes estos instrumentos son la punta de lanza de la mercantilización política, pues cualquier (pre)candidato o funcionario gubernamental con capacidad de pago puede mandar hacerse un traje a la medida y forzar los resultados buscados. Sin desconocer su valía, estos instrumentos de investigación tienen sus limites. Cada elección constatamos su imprecisión, pues son raras las encuestas con capacidad certera de predicción de resultados. Encuestar no da certidumbre respecto del voto, pues entre la intención manifiesta y el compromiso para ir a votar, aguantar largas colas o perderse alguna evasión-diversión que se atraviese en el camino, hay una amplia brecha; hubo varias sorpresas de candidatos que no iban en primer lugar y sin embargo ganaron la contienda. Ello demostró que importa más la maquinaria electoral y sus operadores políticos, que la intención de voto. Así, las encuestas pueden engañar a los punteros y también acicatear a quienes no encabezan las preferencias electorales.

Como bien mostraron las encuestas encargadas por Marcelo Ebrard y por AMLO, para definir la precandidatura de las izquierdas, más que una pregunta referida a la intención del voto, se necesita contrastar dicha intención con elementos que midan la consistencia de la opinión para convertirse en decisión. De las cinco preguntas incluidas en esas encuestas, AMLO ganó en tres de ellas: preferencia electoral general; el voto entre seis aspirantes y el voto entre Ebrard y él. Marcelo, ganó la opinión positiva mayoritaria y fue el candidato con menos rechazo. Al menos en el discurso, estas cinco preguntas facilitaron la decisión para elegir al candidato con mejores posibilidades y ofrecieron pistas de respuesta para avanzar en la unidad entre los contendientes. Otro ejemplo lo tenemos en la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica de Milenio, que incluyó unas ocho preguntas en el sondeo para medir intención del voto en las elecciones jaliscienses: por quién nunca votaría; si estaría dispuesto a obtener su credencial del IFE para votar por su candidato, o si aportaría dinero para la campaña de su favorito; si le importa más el candidato, la coalición o el partido político.

En el reciente foro “Laboratorio Político 2012”, organizado por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI), se celebró que encuestas, sondeos y estudios de opinión en torno del voto y de las políticas gubernamentales, estén marcando las agendas respectivas. Cada precandidato presidencial alabó esos instrumentos y los hizo parte indisociable de sus campañas y de sus futuras acciones de gobierno en caso de ganar. Se reconocieron los aciertos del IFE en materia de regulación de encuestas y su evaluación metodológica. Tales sondeos serán parte de nuestra vida cotidiana hasta antes de las elecciones, cuando la legislación lo permita. Habrá que estar atentos frente a mercantilismos y guerras de encuestas.