FLEXIGURIDAD APLAZADA

Hay muchos mitos en torno del modelo económico orientado a la exportación que, sin embargo, han tenido efectos reales devastadores. Uno de ellos es que abaratar la fuerza de trabajo y debilitar la fuerza organizada de los trabajadores, ayuda a un mejor modelo de gobernanza en la empresa y de gobernabilidad en el régimen económico y político. Por el lado de la racionalidad económica se argumenta que gracias a una “mano de obra barata”, llega más Inversión Extranjera Directa y que la baja de costos relativos al trabajo propicia mayor competitividad en las industrias y servicios. El caso chino ilustra las falacias económicas planteadas. Si bien ese país tiene los más bajos costos del planeta en lo que se refiere al pago del trabajador, el hecho de que sea desde hace unos tres años el mayor receptor de inversión extranjera es gracias a que la economía china cuenta con una política industrial que ha convertido a ese país en una fabrica unificada, mediante encadenamientos productivos cuya combinación configura una fuerza productiva colosal, capaz de atraer empresas que pueden disminuir sus costos de producción, por la complementación ofrecida por otras empresas. Asimismo, el modelo maquilador por el que apuestan gobierno y empresas poderosas en México, muestra su fragilidad por su dependencia de empresas que mueven sus capitales en función de esa lógica de complementariedad industrial. China, fue la principal responsable de que se perdieran más de 250 mil empleos entre 2002 y 2003 en México, pues para aquella economía le era más rentable regresar esas firmas a su país y desde allá exportar a Estados Unidos y Latinoamérica, ya que el costo del transporte se podía justificar por los ahorros que aporta un país fábrica que ofrece conglomerados productivos. La llamada flexibilidad laboral, concibe a los trabajadores como un simple medio de acumulación pero a su organización sindical como un obstáculo para el crecimiento y la competitividad. El caso de los países nórdicos y especialmente el danés, reconoció a los trabajadores como interlocutores válidos para llegar a un acuerdo con los empresarios en el que se acepta la necesaria flexibilización laboral, pero en el que se negociaron reciprocidades, que obligarían al sector patronal a no abandonar la seguridad social al mercado, a asumir inversiones responsables en educación y capacitación para el trabajo y a contribuir al financiamiento de investigación en ciencia y tecnología. Un modelo de flexiseguridad como el descrito, se tendrá que aplazar en el caso mexicano. A falta de negociaciones y pactos con base en reciprocidades, se impuso una versión que quiere actualizar la legislación laboral bajo el sesgo de la competitividad para la exportación, sin tomar en cuenta que la economía informal representa más de la mitad de la actividad “productiva”, de servicios y sobre todo de empleos. Sin considerar los respaldos fiscales para fondear medidas anunciadas en la campaña electoral, como el seguro contra el desempleo, o la inversión en innovación científica y tecnológica. Un pronunciamiento reciente de legisladores estadounidenses, que comunica las preocupaciones relativas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a Hilary Clinton, Secretaria del Departamento de Estado, reconoce el carácter antilaboral de la reforma propuesta en la Iniciativa Preferente enviada por Felipe Calderón, que aprobarán los diputados: “En vez de abordar las debilidades de la ley laboral mexicana existentes, la legislación propuesta debilitaría aún más la situación de los trabajadores. La propuesta ampliaría el sistema de contratos de protección firmados entre los empleadores y los sindicatos dominados por los empleadores, crearía impedimentos adicionales al ejercicio del derecho a huelga, debilitaría las protecciones laborales, promovería el trabajo precario y violaría la autonomía sindical.”

PODER Y REGIÓN A MÚLTIPLES VELOCIDADES

El PRI, maquinaria electoral al servicio de los poderes fácticos. En la perniciosa combinación de votos obtenidos mediante sofisticados y costosos sistemas de compra y coacción del voto, de la reorganización del voto duro a través de medios corporativizados y la generación de una base social cohesionada por una ideología cada vez más inspirada en el pragmatismo, se anidan resabios autoritarios que llevarán la batuta en el ejercicio de gobierno y en la factura de políticas públicas. El PRI, es primera fuerza en el Congreso de la Unión, gobierna en 20 entidades federadas, en 24 capitales estatales y es el partido mayoritario en 25 congresos locales. Además, gobierna en mil 510 de los dos mil 440 municipios del país. Desde las reformas constitucionales hasta las reformas por mayoría simple, dependerán de los arreglos políticos que impulse el tricolor. Acción Nacional, se desdibuja como gobierno; la autocrítica en debate. Aunque el PAN está en vías de asumir las derrotas electorales sufridas en julio pasado, se pueden constatar las brechas que abrió su desgaste como gobierno por el retiro del voto en Jalisco y Morelos en 2012, y en Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, después de 2006. Asimismo, perdió la mayoría de capitales estatales que antes gobernaba y, como en el caso de Jalisco, los municipios urbanos más poblados. El blanquiazul gobernará 4 entidades a finales de 2012 y seguirá participando en tres gobiernos de coalición con el PRD. Esos siete estados reafirman la influencia regional panista en el noreste, el Bajío y el centro sur de país. Gobernará en cinco capitales estatales, de las cuales sólo Hermosillo y Puebla coinciden con estados que gobierna. Entre la dispersión regional de sus gobiernos y la división entre partido y gobierno federal, Acción Nacional batallará por reconstruirse como opción nacional de poder. El Movimiento Progresista representa disyuntivas estratégicas para el futuro de la izquierda mexicana. El anuncio dado por Andrés Manuel López Obrador sobre la transformación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cimbró a todas las estructuras partidarias que se aliaron en esa candidatura presidencial. Si bien AMLO tiene estructuras de Morena en todos los municipios del país y cuenta con la mayoría de sus simpatizantes en el Distrito Federal, Tabasco y la mayoría de estados del sureste mexicano, el reto será avanzar simultáneamente en la construcción organizativa partidaria, la resistencia mediante acciones de desobediencia civil, rehacer los vínculos con los gobiernos de los cuatro estados en manos del PRD y contrapuntear las acciones del gobierno federal y de los gobiernos locales. En 2013, habrá elecciones en catorce entidades, incluidas las tres que ganó la coalición PRD-PAN. ¿Podrán lograr influencia nacional paralelamente Morena, refractaria a las alianzas, y el PRD? Regiones y nación representan un desafío para construir un poder horizontal que contrapese a una federación históricamente centralizadora, desde una legitimidad por proximidad donde el locus de la violencia, de los problemas derivados de la convivencia cotidiana, de la geografía material sobre la que reposa la nación, pintan la política como experiencia local de lo vivido. En la escala local se cimientan poderes oligárquicos, tanto como contrapoderes demandantes de formatos democráticos directos, participativos, que repercuten en la nación. Más allá de las elecciones locales y del enraizamiento de los partidos, operan múltiples velocidades en las que el poder se erige y se ejerce. Las siempre precoces candidaturas presidenciales ya despuntan: ser Secretario del gobierno federal, o gobernante de alguno de los estados más poblados del país, no bastarán para ofrecer un proyecto de país. Combinar pretensiones electorales con experiencias y deseos democráticos vividos localmente, es una clave mayor para hacer la nación.

REFORMAS; DILEMAS Y DESENCUENTROS

A diferencia de 2006, la existencia del recurso para anular las elecciones si estas no se apegaban al espíritu constitucional que establece la equidad y la libertad de sufragar, prometía acercar legalidad y legitimidad del proceso electoral. No fue así. El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), mostró que la posibilidad de cuantificar las violaciones es virtualmente imposible; las hizo recaer sobre la parte acusatoria. Desde una concepción cuantitativa atomizada de cada irregularidad, resulta muy difícil documentar un criterio jurídico que dé cuenta de la irregularidad que sólo se ve dentro del conjunto. Falta sincronizar leyes y reformas, el TEPJF validó la elección presidencial sin contar con la información concluyente sobre los reportes de campañas, que serán entregados hasta octubre, y sin contar con el ejercicio de fiscalización del IFE que concluirá en enero del 2013. Las reformas legislativas en general no se preocupan de una coherencia constitucional que asegure concatenaciones que debe de haber entre las leyes para que se relacionen entre sí. Esta es una parte del drama político actual. La otra parte, es la desconfianza creada por la incapacidad de las reformas para potenciar la vida democrática y para generar una mejor convivencia mediante soluciones políticas y constitucionales de fondo para resolver nuestros conflictos. Aquí es donde se repiten los dilemas y desencuentros de 2006: la ilegitimidad de la elección presidencial, que cuestiona al conjunto de leyes y autoridades ligadas con el proceso electoral y, simultáneamente, la necesidad de reconocer que hay una fuerza progresista actuante en gobiernos locales y en el Congreso de la Unión, que están obligadas a cumplir con el mandato legítimo del electorado. Entre la desobediencia civil convocada por López Obrador y las reformas a debatir, hay un desgarre político aparentemente irreconciliable. Para superar ese dilema, se necesitan acuerdos políticos entre los partidos del Movimiento Progresista y el conjunto de cargos electos, en el sentido de reforzar posiciones comunes sobre las reformas a emprender, los contenidos adversos a resistir y el acercamiento con los movimientos y organismos sociales que son portadores de propuestas de solución frente a distintos órdenes de la crisis sistémica actual: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, muestra la indisociable lucha contra la violencia en Estados Unidos y en México, países donde se requieren sendos debates nacionales sobre la integralidad de la lucha contra el crimen organizado; #yosoy132, convoca también a una movilización nacional en torno de una Asamblea Constituyente pacífica, que necesariamente cuestionará las reformas que discuta la legislatura recientemente instalada; y en el movimiento por la Regeneración Nacional, convergen luchas locales y demandas globales sobre el campo de los derechos humanos. Las reformas son amenazantes. No se pueden dejar a la deriva las reformas discutidas en el Congreso de la Unión. Hay que oponerse y construir consensos en torno de las contrarreformas que están por venir; las reformas estructurales ya asoman ambiciones que perjudicarán a la mayoría. La partidocracia sacará al vapor la reforma laboral, a fines de septiembre, mediante un texto que facilita despidos, restringe el derecho de huelga, impone contratos de prueba, pagos por hora y medidas que flexibilizan a favor de patrones la sumisión de los trabajadores. La contrarreforma energética ya se prefigura en el equipo anunciado por Peña Nieto. Luis Videgaray, su Coordinador General, fue asesor del Secretario de Energía, y son conocidas sus estrategias privatizadoras en ese ámbito. No hay visos de una reforma política que reestructure las demandas democratizadoras desde una visión de Estado. El desencuentro que hubo en 2006 entre la Presidencia Legítima y los cargos electos fue pernicioso; repetirlo debilitaría el potencial progresista que ambos representan.