FLEXIGURIDAD APLAZADA

Hay muchos mitos en torno del modelo económico orientado a la exportación que, sin embargo, han tenido efectos reales devastadores. Uno de ellos es que abaratar la fuerza de trabajo y debilitar la fuerza organizada de los trabajadores, ayuda a un mejor modelo de gobernanza en la empresa y de gobernabilidad en el régimen económico y político. Por el lado de la racionalidad económica se argumenta que gracias a una “mano de obra barata”, llega más Inversión Extranjera Directa y que la baja de costos relativos al trabajo propicia mayor competitividad en las industrias y servicios. El caso chino ilustra las falacias económicas planteadas. Si bien ese país tiene los más bajos costos del planeta en lo que se refiere al pago del trabajador, el hecho de que sea desde hace unos tres años el mayor receptor de inversión extranjera es gracias a que la economía china cuenta con una política industrial que ha convertido a ese país en una fabrica unificada, mediante encadenamientos productivos cuya combinación configura una fuerza productiva colosal, capaz de atraer empresas que pueden disminuir sus costos de producción, por la complementación ofrecida por otras empresas. Asimismo, el modelo maquilador por el que apuestan gobierno y empresas poderosas en México, muestra su fragilidad por su dependencia de empresas que mueven sus capitales en función de esa lógica de complementariedad industrial. China, fue la principal responsable de que se perdieran más de 250 mil empleos entre 2002 y 2003 en México, pues para aquella economía le era más rentable regresar esas firmas a su país y desde allá exportar a Estados Unidos y Latinoamérica, ya que el costo del transporte se podía justificar por los ahorros que aporta un país fábrica que ofrece conglomerados productivos. La llamada flexibilidad laboral, concibe a los trabajadores como un simple medio de acumulación pero a su organización sindical como un obstáculo para el crecimiento y la competitividad. El caso de los países nórdicos y especialmente el danés, reconoció a los trabajadores como interlocutores válidos para llegar a un acuerdo con los empresarios en el que se acepta la necesaria flexibilización laboral, pero en el que se negociaron reciprocidades, que obligarían al sector patronal a no abandonar la seguridad social al mercado, a asumir inversiones responsables en educación y capacitación para el trabajo y a contribuir al financiamiento de investigación en ciencia y tecnología. Un modelo de flexiseguridad como el descrito, se tendrá que aplazar en el caso mexicano. A falta de negociaciones y pactos con base en reciprocidades, se impuso una versión que quiere actualizar la legislación laboral bajo el sesgo de la competitividad para la exportación, sin tomar en cuenta que la economía informal representa más de la mitad de la actividad “productiva”, de servicios y sobre todo de empleos. Sin considerar los respaldos fiscales para fondear medidas anunciadas en la campaña electoral, como el seguro contra el desempleo, o la inversión en innovación científica y tecnológica. Un pronunciamiento reciente de legisladores estadounidenses, que comunica las preocupaciones relativas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a Hilary Clinton, Secretaria del Departamento de Estado, reconoce el carácter antilaboral de la reforma propuesta en la Iniciativa Preferente enviada por Felipe Calderón, que aprobarán los diputados: “En vez de abordar las debilidades de la ley laboral mexicana existentes, la legislación propuesta debilitaría aún más la situación de los trabajadores. La propuesta ampliaría el sistema de contratos de protección firmados entre los empleadores y los sindicatos dominados por los empleadores, crearía impedimentos adicionales al ejercicio del derecho a huelga, debilitaría las protecciones laborales, promovería el trabajo precario y violaría la autonomía sindical.”