REFORMAS; DILEMAS Y DESENCUENTROS

A diferencia de 2006, la existencia del recurso para anular las elecciones si estas no se apegaban al espíritu constitucional que establece la equidad y la libertad de sufragar, prometía acercar legalidad y legitimidad del proceso electoral. No fue así. El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), mostró que la posibilidad de cuantificar las violaciones es virtualmente imposible; las hizo recaer sobre la parte acusatoria. Desde una concepción cuantitativa atomizada de cada irregularidad, resulta muy difícil documentar un criterio jurídico que dé cuenta de la irregularidad que sólo se ve dentro del conjunto. Falta sincronizar leyes y reformas, el TEPJF validó la elección presidencial sin contar con la información concluyente sobre los reportes de campañas, que serán entregados hasta octubre, y sin contar con el ejercicio de fiscalización del IFE que concluirá en enero del 2013. Las reformas legislativas en general no se preocupan de una coherencia constitucional que asegure concatenaciones que debe de haber entre las leyes para que se relacionen entre sí. Esta es una parte del drama político actual. La otra parte, es la desconfianza creada por la incapacidad de las reformas para potenciar la vida democrática y para generar una mejor convivencia mediante soluciones políticas y constitucionales de fondo para resolver nuestros conflictos. Aquí es donde se repiten los dilemas y desencuentros de 2006: la ilegitimidad de la elección presidencial, que cuestiona al conjunto de leyes y autoridades ligadas con el proceso electoral y, simultáneamente, la necesidad de reconocer que hay una fuerza progresista actuante en gobiernos locales y en el Congreso de la Unión, que están obligadas a cumplir con el mandato legítimo del electorado. Entre la desobediencia civil convocada por López Obrador y las reformas a debatir, hay un desgarre político aparentemente irreconciliable. Para superar ese dilema, se necesitan acuerdos políticos entre los partidos del Movimiento Progresista y el conjunto de cargos electos, en el sentido de reforzar posiciones comunes sobre las reformas a emprender, los contenidos adversos a resistir y el acercamiento con los movimientos y organismos sociales que son portadores de propuestas de solución frente a distintos órdenes de la crisis sistémica actual: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, muestra la indisociable lucha contra la violencia en Estados Unidos y en México, países donde se requieren sendos debates nacionales sobre la integralidad de la lucha contra el crimen organizado; #yosoy132, convoca también a una movilización nacional en torno de una Asamblea Constituyente pacífica, que necesariamente cuestionará las reformas que discuta la legislatura recientemente instalada; y en el movimiento por la Regeneración Nacional, convergen luchas locales y demandas globales sobre el campo de los derechos humanos. Las reformas son amenazantes. No se pueden dejar a la deriva las reformas discutidas en el Congreso de la Unión. Hay que oponerse y construir consensos en torno de las contrarreformas que están por venir; las reformas estructurales ya asoman ambiciones que perjudicarán a la mayoría. La partidocracia sacará al vapor la reforma laboral, a fines de septiembre, mediante un texto que facilita despidos, restringe el derecho de huelga, impone contratos de prueba, pagos por hora y medidas que flexibilizan a favor de patrones la sumisión de los trabajadores. La contrarreforma energética ya se prefigura en el equipo anunciado por Peña Nieto. Luis Videgaray, su Coordinador General, fue asesor del Secretario de Energía, y son conocidas sus estrategias privatizadoras en ese ámbito. No hay visos de una reforma política que reestructure las demandas democratizadoras desde una visión de Estado. El desencuentro que hubo en 2006 entre la Presidencia Legítima y los cargos electos fue pernicioso; repetirlo debilitaría el potencial progresista que ambos representan.