LA POLÍTICA DEL ESTADO SOCIAL

No se trata solamente de esa política social del Estado, cada vez más reducida a ser la ambulancia que recoge algunos de los afectados por el desastre de la política económica, sino de un cuestionamiento pertinente: cómo y por qué medios se puede revalorizar la política para refundar el Estado social. La marca del presente neoliberal es la desigualdad. Esa que niega la posibilidad de ser similares y equivalentes, de valer lo mismo, de obtener oportunidades y resultados equitativos sin que esto sea una homogeneización contraria a la libertad. En la desigualdad no podemos ser personas igualmente autónomas, no subordinadas ni avasalladas por carencias. Fuente principal de la desigualdad es la negación de derechos de ciudadanía; la imposibilidad de transformar palabras y deseos constitucionales en hechos constatables. Ahí está lo político: en igualar la participación; en promover comunidades de valores cívicos dispuestos a combatir la desigualdad. Las políticas sociales de gobiernos nacionales y locales, cada vez se parecen más en todo el mundo. Democracia y equidad son conceptos infaltables en toda política pública que se precie de contribuir a la “gobernabilidad”. Pero, administrar la crisis sin combatir sus raíces lleva irremediablemente al aplazamiento de la justicia, ideal filosófico del Estado social, planteado por la izquierda en el siglo XIX, que cada vez está más rezagado en el baúl de supuestas utopías inalcanzables. Margaret Thatcher, recientemente fallecida, es el icono de la derrota de esos ideales libertarios de equidad con justicia y, el Estado social, lejos de ser construido-constituido para lograr esos ideales, es opacado por políticas asistencialistas, diseñadas para disminuir las presiones sociales, antes que para generar bienestar. El secretario de Desarrollo e Integración Social, Salvador Rizo, instaló recientemente la Comisión Estatal de Desarrollo Social del Estado de Jalisco, que está integrada por trece dependencias del Gobierno estatal, de acuerdo con su nueva estructura orgánica. Su apuesta son políticas de resultados: lo práctico-posible, la coordinación intergubernamental como garantía de eficiencia, para el logro de programas “realistas”: reducción de la pobreza y la desigualdad, inclusión social de grupos vulnerables, desarrollo de pueblos indígenas y el fortalecimiento de la cohesión social. La política de lo posible-deseable, para una democracia con justicia y equidad no aparece. Más allá de la política, ceñida al manejo razonado pero fragmentado de conflictos y de la gerencia pragmática de una crisis “administrada”, están esos factores sistémicos complejos que desafían una política democrática: la regulación del mercado mediante creación de empleos dignos y estables; recuperación del poder adquisitivo del salario; ampliación del mercado interno; políticas redistributivas que eviten la concentración excesiva del ingreso; universalización de derechos exigibles y alcanzables. No es un disco rayado, sino reacción a descalificaciones premeditadas del Estado social. Negativas a romper con el modelo orientado a la exportación, que no genera desarrollo con equidad y que atenta contra la sustentabilidad. Dignificar la política, es convertirla en una palanca de inclusión social con justicia y equidad. No se pueden menospreciar esfuerzos por innovar políticas públicas. Los gobiernos locales, particularmente desde la izquierda latinoamericana, influyen sobre los gobiernos nacionales y sobre nuevos ministerios orientados a políticas sociales integrales, redefiniendo los límites estructurales de las respectivas políticas económicas. Asimismo, desde lo local se abren espacios de interlocución con movimientos sociales demandantes de derechos de ciudadanía. Cuando democracia, economía y mercado se interrelacionan en la esfera local, paralelamente se fortalecen procesos supranacionales de integración autónoma y se acuerdan convergencias políticas para transformar el escenario global. Fortalecen equidad y justicia social, por encima del egoísmo individualista y del uso instrumental de las políticas públicas para administrar electoralmente la crisis.