ARTICULAR REFORMAS LOCALES Y NACIONALES

A la memoria de José María Pérez Gay

El Congreso de Jalisco está por nombrar Presidente y Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Perderemos, una vez más, la oportunidad de enmarcar el cambio de la autoridad electoral pensado dentro de la necesaria reforma política de Estado. Localismo e inmediatez invaden a partidos y legisladores locales: nombrar consejeros a modo, bajo la negociación de cuotas de poder, significa cancelar la búsqueda de una democracia de calidad. Reproducir más de lo mismo, en donde predomine la idea de ajustes electorales por encima de nuevas relaciones entre Estado, gobierno y sociedad, que combatan desencantos y desapegos ciudadanos frente al sistema político y de partidos. Seguiremos sin criterios orientadores para acortar la brecha entre representantes y representados; tampoco habrá medios para empoderar el voto, mejorar las coaliciones políticas y de gobierno, ni para incrementar la participación ciudadana en las decisiones públicas, de manera de profundizar en la capacidad de supervisión, de impedimento sobre lo que nos perjudica, ni de favorecer la capacidad juiciosa y crítica de la ciudadanía. Crece la partidocracia en alianza con poderes locales que se sienten amenazados por la democracia participativa.


El nombramiento de la autoridad electoral estatal no se articula con los debates sobre reforma político electoral que se discuten en el país, particularmente en la transformación del IFE en un Instituto Nacional Electoral. Se piensa en el IEPC como un organismo cuya sobrevivencia asegura la correa de transmisión de intereses locales partidistas y poderes fácticos sobre la dinámica electoral, que terminará por oponerse al poder de una autoridad nacional electoral. La distribución de cuotas de poder importa más que las consideraciones propias de una reforma política. Así, el IEPC devendrá en obstáculo para sincronizar lo local y lo nacional, para articular lo electoral con la política. Si se trata de empoderar al elector y de fomentar la participación ciudadana, el IEPC debería de concebirse como un organismo con carácter interino, mientras se negocia y aprueba la reforma político-electoral nacional. Una espera activa, pues tenemos que pensarnos dentro de lo nacional como actores capaces de influir en esa dinámica y no como espectadores pasivos que simplemente aprueban sin aportar. Ello implica que ni la nueva autoridad electoral nacional, ni las autoridades locales, se elijan bajo distribución de cuotas partidistas.

En los temas que se discuten actualmente sobre la reforma político-electoral nacional, deberán articularse las experiencias locales ¿por qué no pensar en un Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana? El concepto de una democracia de “segundo piso”, que relacione la dimensión representativa con mecanismos de participación ciudadana y de cultura política democrática, es un acierto del actual IEPC, el cual podría contribuir a una reforma que no se acote al mero tema electoral sino que active y dinamice formatos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, que hacen falta a escala nacional y en varios estados del país. Igualmente, actividades que tanto el IEPC como el IFE ya realizan, como conferencias, seminarios, publicación de revistas y libros, tienen que ser reconocidas como actividades sustantivas de la autoridad electoral, que deben de operar bajo estrategias descentralizadoras.

De ahí que las autoridades electorales locales del nuevo Instituto, deban gozar de la autonomía suficiente para profesionalizar una organización que fomente la democracia participativa. Además, hay organismos sociales nacionales y locales cuyas aportaciones para la democratización no cuentan con espacios de escucha, como el Comité Conciudadano, a escala nacional, o como la propuesta de reforma político-electoral de Unidad Democrática. Espacio Ciudadano, que cuentan con una visión de reforma integral local-nacional.