"Estoy triste por todo lo que está sucediendo en Brasil.
Siempre tuve fe en que no sería necesario llegar al punto de salir a la calle
para exigir mejores condiciones de transporte, salud, educación y seguridad.
Todo eso es obligación del gobierno", declaró el astro futbolista Neymar
da Silva, en solidaridad con las movilizaciones de protesta social que sacuden
a Brasil desde hace varias semanas. Desde otra posición, Pelé, ha sido abucheado
en las redes sociales por su permanente llamado a que los jóvenes abandonen las
protestas y se concentren en apoyar a su selección en la Copa Mundial en curso.
Neymar quiere “un Brasil más justo, más seguro, más saludable y más honesto”.
Pelé llama a guardar la conciencia detrás de la televisión. Hace tiempo que los
futbolistas no se pronunciaban sobre los problemas sociales.
Actualmente, los estadios del balompié son el centro simbólico de
la ira despertada por el alza del transporte urbano, por el deterioro de los
servicios sociales de salud, educación y seguridad, lo cual contrasta con las
faraónicas inversiones en estadios e instalaciones que albergarán el Mundial de
Futbol y luego la Olimpiada. Empresas y gobierno hacen su agosto mientras la calidad de vida de la inmensa mayoría
se deteriora. Una vez más, los jóvenes detonan la conciencia que une el
descontento, la desconfianza y la desilusión. Pero también gracias a esos
movimientos se democratiza la democracia. Se imaginan nuevas políticas sociales
que atiendan el malestar, se plantean exigencias de mayor calidad democrática
en la representación y la escucha, se combate la impunidad de la función
pública, se cimbran las instituciones relacionadas con nuestra convivencia, en
la búsqueda del bienestar, y con nuestros conflictos, sobre seguridad y
garantías para expresar pacíficamente demandas.
Mercado, gobierno y sociedad, son tres ámbitos cuyas
intersecciones son complejas. La disputa por mercantilizar lo más posible de
nuestras vidas como consumidores, encuentra un espacio privilegiado en los
bienes públicos, lo cual es inversamente proporcional a la capacidad reguladora
del Estado. Es desde la resistencia social contra la mercantilización que se
ponen los límites. Por ello, el aumento del costo del transporte urbano fue el
detonante de problemas sociales mayores, todos ellos vinculados con la
capacidad pública del Estado para frenar las ambiciones mercantiles y en
contraparte, la capacidad estatal para sustentar las políticas sociales que
atiendan a las demandas de justicia, seguridad, educación y particularmente de
honestidad, pues desconfianza y desencanto torpedean cualquier intento
generalmente mediocre, siempre mediatizador, por contener o desviar las
demandas sociales expresadas en las calles.
Está por verse si las protestas surgidas en Brasil, bajo la égida
del gobierno progresista del Partido
del Trabajo, con más de diez años en el gobierno federal, desembocarán en la
democratización de la democracia. Desde la visión simplificadora de medios
masivos de comunicación interesados en desacreditar la resistencia social
frente al mercado y la perversión democrática, no se puede entender lo que está
en juego. El gobierno del PT no es equivalente al Estado brasileño. De 26
estados federados, el PT gobierna en apenas 3 entidades; de los 5 mil 570
municipios brasileiros, el PT apenas gobierna en unos 500. Cierto, ese partido
gobierna las ciudades más populosas, pero las demandas por planes de movilidad
urbana del Movimiento Pase Libre, que encabeza las manifestaciones tiene que
lidiar con una gama de interlocutores amplísima. La Policía Militar depende de
los gobiernos estatales, no del Federal. Dilma Roussef tuvo que abortar su
propuesta de pacto social constituyente, porque la reforma política puede
afrontar los actuales problemas. El Estado recorta sus barbas; el mercado, tan
campante.
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