viernes, 30 de agosto de 2013

CRIMINALIZAR EXACERBA CONFLICTOS




Nos quejamos de la despolitización por la falta de atención a los asuntos públicos, como igual nos inquieta la sobre politización en tanto ella enmascara los reales intereses que están en juego. Sin embargo, nuestra capacidad de lectura y de raciocinio frente a los conflictos sociales nacionales que llaman nuestra atención, cotidianamente, se ve deteriorada tanto por la pasividad social mayoritaria que deja en manos de políticos, no siempre tan profesionales en su oficio, el manejo del conflicto; como por el desinterés que causa la falta de comprensión alrededor de los intereses que están en pugna. Apatía y desinterés desembocan, por su indolencia, en el rechazo automático de los actores que cuestionan al gobierno, sólo por el hecho de manifestar su inconformidad. Entre temor y desconfianza, condimentados con flojera omisa, crece la criminalización de toda forma de disidencia.

Esa indiferencia frente a problemas causados por distintas maneras de entender y actuar en torno de nuestra convivencia, empobrece la comunicación pública y deja el camino a la impunidad de quienes toman las decisiones y de quienes no las acatan. Por su parte, la sobre politización termina también por despolitizar pues, la desconfianza en las artes de la política para resolver nuestras diferencias mediante argumentaciones y razonamientos convincentes, nos lleva a encerrarnos en la comodidad del no le muevan, del resígnense a aceptar lo que viene de los técnicos y de los que supuestamente saben lo que se necesita hacer. Y, aunque esa mayoría pasiva no esté convencida y permanezca en la duda, se acoge a la certidumbre que le da imaginar que quienes se inconforman en las calles son delincuentes comunes. A ese expediente irresponsable recurren quienes sin miramiento alguno piden mano dura, cierre de diálogo, fin de la capacidad de escucha.

Criminalizar exacerba el conflicto porque se impide llegar a la raíz de los problemas, porque se degradan los derechos a disentir, lo cual exacerba los ánimos sociales, aplaza y desplaza potenciales campos de entendimiento. Despolitización y sobre politización, llevan a uno de los problemas contemporáneos más candentes: el reino de lo impolítico, como lo entiende Pierre Rosanvallon, politólogo francés: como la falta de aprehensión-comprensión global de los problemas ligados con la organización de un mundo común; como la disolución de las expresiones relacionadas con la pertenencia común. Lo impolítico es la negación de visibilidad de opositores y disidentes; entre los medios y los discursos del PRI y de Acción Nacional, se les opaca, se les descalifica y se les condena, hasta con el decreto de su ilegalidad. No hay lectura de otras razones ni escucha posible para quienes supuestamente transgreden la ley e impiden las reformas.

Memoria y coherencia son antídotos contra lo impolítico. Encarrilar los movimientos hacia la represión, ha sido la ruleta rusa que juegan políticos aferrados al poder por los medios que sean. ¿Quién cree en la coherencia del PRI para impulsar la reforma energética o la educativa cuando el corporativismo sindical representa serios obstáculos para ellas? Aunque Elba Esther permanezca encarcelada, la estructura del SNTE, fiel apoyo para la reforma educativa, sigue intocada. La corrupción del sindicato petrolero tampoco abona coherencia a la reforma energética. Acción Nacional, dentro de cuyas filas hay voces que criminalizan a maestros opositores, encumbró a Elba Esther y se sirvió de sus prácticas corporativas, para jamás hacer una reforma de calidad educativa, lo mismo que ordeñó la renta petrolera dejando a PEMEX con el mayor déficit de su historia. ¿Quién cree que ambos partidos impulsarán una reforma fiscal sin privilegios que asegure la viabilidad de tales reformas? Criminalizar al disidente exacerba lo impolítico, destruye nuestra confianza en políticas comunes.

viernes, 23 de agosto de 2013

REFORMAS FRAGMENTARIAS



Hacienda reduce a 1.8% el pronóstico de crecimiento del PIB en 2013. Dramática noticia que incrementa la decepción de un modelo cuya divisa es exporta, liberaliza, privatiza para crecer y que, sin embargo, se nos sigue presentando como la única vía posible para desarrollarnos. No se trata del triunfo de los argumentos tecnocráticos que se proponen el control de la estabilidad macroeconómica cueste lo que cueste. Si de por si es criticable hacer un parangón entre crecimiento y desarrollo, pues no necesariamente uno significa lo otro, el recetario de más de lo mismo se impone en México. Las fuentes para el descontento social están al orden del día, pues este modelo no genera empleos, salarios estables, seguridad social, sino privilegios desmedidos para la esfera financiera por encima de la productiva, concentración del ingreso en las corporaciones transnacionales, pobreza y hambre que nunca terminan.

A pesar del fracaso del modelo neoliberal, gobierno y poderes dominantes siguen apelando a su doctrina. De una u otra forma, los partidos más votados no se alejan de esos principios económicos, o no encuentran alternativas viables a un modelo que ya lleva 40 años de imposiciones en Latinoamérica. En esta región, algunos países han logrado salirse de las líneas neoliberales dominantes, pero siguen enfrentando los dilemas entre crecimiento y desarrollo. No obstante avances indiscutibles en materia de redistribución del ingreso, por la vía del fortalecimiento de la capacidad adquisitiva del salario, o mediante la generación de bienes públicos que evitan la mercantilización de servicios como la salud o la educación, o mediante dispositivos financieros que privilegian la producción por encima de la especulación con una política industrial, todos esos países enfrentan la voraz demanda de materias primas sin procesar y apuestan por obtener una renta de las minas, del petróleo o del gas.


Aún los críticos del neoliberalismo que impulsaron sendas reformas constitucionales, e incluso Constituyentes pacíficas, como Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela, hoy chocan contra el muro que representa el retorno a economías primarias exportadoras que no añaden valor alguno a los recursos que le son extraídos por antiguas y nuevas potencias emergentes: la exportación petrolera y gasífera mexicana va en poco más del 90% hacia Estados Unidos, vía grandes complejos transnacionales; Canadá posee cerca del 80% de las mineras que explotan recursos en México. Alrededor del 87% del comercio latinoamericano con países del Pacífico asiático, incluida China, consiste en materia prima sin procesar. Neo-extractivismo y renta nacional sobre recursos primarios, siguen dominando la mayor parte de las economías que están más allá del neoliberalismo, no digamos en economías como la mexicana que sigue ortodoxamente todos los principios de ese (contra)modelo de (no)desarrollo.


En el debate sobre reforma energética se incluye la reforma fiscal. Es notoria la apuesta por hacer crecer la renta petrolera y por abrir un espacio de negociación para redistribuir su apropiación por parte de ese conglomerado corporativo que representan las transnacionales. Se abren discusiones estratégicas para pensar en la viabilidad del país; hay puntos clave que pueden hacer avanzar a PEMEX como el pivote del crecimiento y por lo tanto del supuesto desarrollo mexicano, tales como su autonomía fiscal y su inserción en una racionalidad empresarial más exigente, pero la locomotora que jala a la paraestatal no es la del desarrollo social, sino la del productivismo privatizado y la terca idea de que sólo la exportación es el motor del crecimiento. Problemas que no son por cierto únicamente económicos sino esencialmente políticos, pues la seudo democracia mexicana no admite que se vinculen las reformas con un proyecto de país abierto a las alternativas que la política participativa podría propiciar.


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