Se están
mostrando los límites del Pacto por México, pues en su origen reside su falta
de viabilidad como instrumento para establecer consensos practicables, creíbles
y con mecanismos de seguimiento y evaluación de los acuerdos alcanzados. No
podía ser de otra manera, pues la concepción política que le dio nacimiento
apostó por un acuerdo entre las elites partidistas y el Ejecutivo federal, cuya
representatividad y vínculos con el abigarrado mosaico nacional que es México
son de dudosa calidad. Si bien el regreso del PRI al gobierno federal ayuda y
es ayudado por el refuerzo del presidencialismo, donde se centraliza la
dirección de partido y gobierno, la expresión de los poderes regionales en los
gobernadores estatales no dejan de manifestarse en los cabildeos que se hacen
en torno de los detalles de las reformas.
Las
contradicciones internas del Pacto por México se encuentran en diversos órdenes
y escalas del ejercicio democrático. No es un pacto nacional; la sociedad, la
idea de ciudadanía está sólo en el discurso retórico. Además, ni el gobierno
federal, ni su partido, consultan a los gobernados ni a sus militantes
afiliados; tampoco lo hacen Acción Nacional, ni el PRD. Por ello, el Pacto se
circunscribe a la narrativa que son capaces de articular las cúpulas
partidistas en consonancia con las propuestas del Presidente Peña Nieto.
Afloran cada vez con mayor fuerza las divisiones entre Senadores y Diputados
federales de los dos partidos de oposición, quienes convocan a salirse lo más
pronto posible del Pacto. Se están agotando las negociaciones de cuotas de
poder entre los partidos alrededor de lo que se ofrece a cambio de apoyar tal o
cual reforma, y actualmente peligran la reforma electoral y la reforma
energética.
Paradójicamente,
en la partidocracia está el origen de los males que empantanan al Pacto. Entre
los 95 acuerdos que lo conforman, el relativo al Instituto Nacional Electoral
ilustra la dificultad para consensuar una reforma siquiera electoral y no
digamos política. Mientras que el Presidente de la República y los tres
partidos firmantes del Pacto acordaron la creación del INE, algunos de los
legisladores, encabezados por Ernesto Cordero del PAN y Manuel Camacho del PRD,
lo desecharon (15-05-2013) y en cambio propusieron 40 modificaciones de
carácter político-electoral, que no
están del todo contenidas en el Pacto por México. Fue una sublevación
contra sus respectivas dirigencias partidarias y un reclamo de autonomía para
sus legisladores, porque el Pacto los considera simples escribanos de los
acuerdos cupulares que toma. Sin embargo, ni partidos ni legisladores
consultaron a sus bases o a sus representados, para modelar su propuesta. Con
Pacto o sin él, las reformas se conciben como cotos de poder partidocrático.
Recientemente,
hay otros actores que cobran fuerza y reclaman participar en la orientación de
las reformas: los gobernadores estatales. Primero el del Estado de México,
Eruviel Ávila, luego el del DF, Miguel Ángel Mancera, después el de Jalisco,
Aristóteles Sandoval, han “endurecido el cabildeo para aplicar ajustes al
modelo del Instituto Nacional Electoral, el cual ya no suprimirá los órganos
locales en la materia, aunque sí los renovará y designará a sus relevos, además
de apoyar la fiscalización de los procesos comiciales. [Así] Los líderes
partidistas en el Senado parecen haber encontrado la cuadratura al círculo para
sacar adelante el tema.” (El Universal, 07-11-2013) Es muy probable que la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se reúna la próxima semana para
reforzar su cabildeo. No obstante, si las reformas permanecen como letras de
cambio entre la partidocracia, queda la pregunta si estos cabildeos incluyen
concesiones frente a la reforma energética.
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