viernes, 26 de septiembre de 2014

A FALTA DE ESTADISTAS, MERCACHIFLES




Aunque al mercachifle lo vistan de premios, mercachifle se queda. Hay una batalla por la opinión pública, después de la andanada de reformas de mercado lanzadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que le está permitiendo al Presidente remontar los índices de aprobación sobre los alcances y aparentes beneficios implicados en las “reformas estructurales”. Parte de las estrategias del marketing político encuentran respaldo en las instituciones internacionales. El premio como Estadista Mundial 2014 que le otorgó recientemente el organismo Appeal of Conscience Foundation, al mandatario mexicano, está bendecido por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, instituciones que entregarán otro premio al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como Ministro de Finanzas del Año 2014, en “reconocimiento a su participación en el logro e implementación de las reformas estructurales que se llevan a cabo en México.” A los impulsores de reformas enfocadas en el mercado ahora se les llama Estadistas.

Vaya confusión. Se premia a quienes ofrecen supuestas alternativas de crecimiento económico a los países emergentes, sin cuestionar si efectivamente esas reformas de mercado están transformando de un modo democrático al Estado, que somos todos-as. Por más esfuerzos que hace el aparato publicitario gubernamental, acompañado por los medios electrónicos más poderosos de aquí y de otras partes, no se logra obscurecer del todo el relativo fracaso de un modelo socioeconómico que no crece a las tasas prometidas, que no redistribuye el ingreso sino que lo concentra, que niega cualquier posibilidad de beneficiar a los asalariados, como lo mostró el debate originado por el gobierno del Distrito Federal en torno de posibles mejoras al salario mínimo. Tanques pensantes estadounidenses como el Council of Foreign Affairs, que han ofrecido una amplia difusión en sus medios de alcance global sobre las oportunidades abiertas por la privatización y la liberalización mercantil del país, publicitan al mercado pero borran al mundo de los excluidos.

Si algo no se plantearon las reformas estructurales de Peña Nieto, incluida la reforma electoral, fue justamente la transformación del Estado mexicano. A pesar del ímpetu reformista del Ejecutivo federal que configuró prácticamente una nueva Constitución General de la República, dada la cantidad de cambios constitucionales y de la legislación secundaria, como no lo había hecho presidente alguno, no podemos encontrar un sentido político orientador de espacios públicos fortalecidos que le den poder al ciudadano, ni una búsqueda auténtica de un pacto social ordenador del manejo de conflictos causados por nuestra convivencia y por proyectos divergentes de sociedad. Un Estadista, supone una vocación que vincula transformaciones económicas, políticas y culturales, que fortalezcan derechos de ciudadanía, autonomía de las personas que formamos al Estado nacional. Siempre y cuando estemos hablando de un Estado social garante del estado de derecho con aspiraciones universalistas incluyentes.

Cuando el mercado opaca al Estado y la economía concentradora favorecedora del monopolio se torna el eje vertebral del gobierno, nos enfrentamos a la imposición del mundo de los mercachifles. Así, la democracia, la del estadista de inspiración democrática, se somete a los imperativos de la eficiencia, de la productividad, de la competencia desenfrenada, de la orientación principal a la exportación. Por ello, la reforma con énfasis electoral, sin visión de estadista, se reduce a un modelo elitista, de pocos para pocos y de conducción tecnocrática, en la que los expertos se adueñan de los saberes especializados, sobre todo en la simulación democrática. A eso se redujeron los acuerdos del Pacto por México, abrazados por las elites partidistas que pretendieron suplantar a la nación y al Estado. El Presidente estadista y su arquitecto financiero bien se merecen y mejor el premio a los mercachifles que están derrumbando al Estado mexicano. 

viernes, 19 de septiembre de 2014

CONSULTAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA



Es ambigua la diferencia entre la democracia directa y la participativa, pues mientras la primera se refiere a la máxima inclusión del elector en la toma de decisiones, sin mediación alguna, la segunda aspira al ejercicio directo del poder de decisión, pero sus caminos pueden incluir además formatos de democracia “semidirecta”, o incluso formatos progresivamente más incluyentes de la democracia representativa, en la que se delega el poder de decisión en los representantes. Aquí es donde cobran su valor algunos de los mecanismos para decidir si se refrenda una ley en la que no necesariamente hubo previamente un proceso de calidad en la participación, como es el referéndum; o, una ley que requiere de la aprobación popular, de la plebe, como puede ser un plebiscito. Otro formato democrático “semidirecto” es la consulta, a la que se le puede añadir el adjetivo popular o nacional, que a su vez puede desembocar en un referéndum o en un plebiscito.

Lo que la Ley Federal de Consulta Popular, del 14 de marzo de 2014 establece, es un conjunto de procedimientos para definir quién y bajo qué circunstancias puede promover una consulta para participar en una decisión de trascendencia nacional, como lo establece el “Artículo 4. La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.” Realizar una Consulta Popular, requiere de un Aviso de Petición, que pueden emprender: el Presidente de la República; el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

La trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para consulta popular, será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez calificada la trascendencia con carácter nacional, la consulta se incluye en las mesas de votación electoral federal. Estas consultas tienen poder vinculante, por lo que están y estarán sometidas a presiones políticas mediadas por los partidos y los poderes gubernamentales. Aunque, en el caso de consultas promovidas por ciudadanos, el requisito para su validez es que el día de la jornada electoral participe al menos el 40 por ciento de empadronados. Estos mecanismos de participación ciudadana indirecta se acotan al voto sobre el Si o el No, motivo de la consulta y dependen del sentido con el que se redacte la pregunta.

Actualmente, hay dos avisos de petición de consulta: uno, encabezado por el PRD sobre la inconstitucionalidad de la reforma energética, para lo cual se entregaron más de 3 millones de firmas, cantidad que supera casi dos veces al 2 por ciento del padrón electoral exigido. Aunque el 15 de septiembre pasado venció el plazo legal para pedir una consulta, Andrés Manuel López Obrador hará otro tipo de consulta popular: el de la movilización social, o el “plebiscito de la plaza”. Sin quererlo, ambas actividades, la del PRD y la de Morena, serán complementarias; políticamente, esa consulta será obstaculizada por argumentos legaloides. La Ley de Consulta Popular, impide que se consulten decisiones que afecten ingresos o egresos fiscales. Otra consulta, sobre la eliminación de las diputaciones proporcionales la promueve el PRI. Haciendo gala de su poder corporativo, el tricolor presentó más de 6 millones de firmas ante la Cámara de Diputados federales. Montado sobre una demanda ciudadana aceptada, el PRI lleva a consulta una medida que le beneficiará como partido mayoritario ¿Ambas consultas significan democracia participativa?