MOVER A LA SOCIEDAD

En solidaridad con Carmen Aristegui y su equipo de periodistas

Frente al eslogan gubernamental “Mover a México”, existen otros impulsos que mueven a la sociedad. Las direcciones son contrarias. Al gobierno federal, así como a los gobiernos locales, sin importar al partido al que pertenezcan, les interesa mostrar un dinamismo que haga ver al país caminando hacia objetivos como el progreso, la prosperidad, narrativas difusas, hechos postergados, inciertos. Mientras, las expresiones sociales de descontento aumentan, se radicalizan, pero sobre evidencias en las que se identifican hechos tangibles o preocupaciones sobre el futuro fundadas en tendencias previsibles. Sujetas a los imperativos de una gobernabilidad pragmática, las autoridades constituidas subyugan los valores democráticos en que se inspiraron sus campañas para ser electas, sin importarles cerrar las brechas que encontraron entre representantes y representados, las cuales se amplían conforme se implantan sus políticas públicas.

En contraste, la sociedad es movilizada frente a diversas amenazas sentidas en carne propia por grupos diferenciados, en función de injusticias que sufren, por desapariciones, violencia, impunidad; del grado de exclusión al que son sometidos por la mercantilización de la vida: el desempleo, las carencias y los bajos salarios, la pobreza endémica o estructural; el descontento frente al sentido elitista que toman los programas de gobierno y sus reformas legislativas en distintos niveles: energético, laboral, educativo, fiscal… las once reformas de Peña Nieto. La defensa de los derechos humanos en ámbitos que se expanden más allá de la economía, como los derechos culturales y sociales, por el reconocimiento de las diferencias que, paradójicamente, se unen en la interculturalidad y la aceptación del otro. Mover a la sociedad es una consecuencia del autoritarismo. A diferencia de Mover a México, la movilización social es cada vez más resultado de formas de autogestión que (con)mueven, no de una mano externa que la manipula.

Vivimos momentos cruciales manifiestos en la creación de espacios públicos antiautoritarios: aumentan y se extienden por todo el país formas de impedimento de cara a decisiones políticas excluyentes. Actores sociales dejan la apatía y, a pesar de condenas y amenazas de poderosos conquistan la calle, las redes sociales, todos aquellos espacios que no son colonizados por un mercado empecinado en autodefinirse como espacio único de la libertad. La hegemonía mercantil también se enfrenta a resistencias de lo más diversas: frente a la coyuntura mundial que apuesta por extraer materias primas sin procesar, sin importar el daño ambiental, se exacerba la acumulación por despojo de territorios que poseen agua, energéticos, recursos minerales; a lo cual se contraponen las resistencias de los afectados por esa explotación. O, frente a las migraciones internacionales –forzadas- crecen resistencias y defensas mediante estrategias sociales transnacionalizadas.

Impedimentos y resistencias antiautoritarias apuntan hacia la creación de imaginarios juiciosos y críticos, portadores de ideales participativos fundadores de otra democracia, distinta de la elitista y minimalista, clientelar y corporativa que conocemos, la cual se presenta como única, sin alternativas posibles. Sin embargo, por ahora esos imaginarios están dispersos; aquí residen fortalezas y debilidades de la sociedad movilizada. Ello marca un abismo entre esos movimientos juiciosos y críticos, los (pocos) partidos y gobiernos sensibles a sus demandas. Cierto, los partidos perdieron la calle, se alejan de los movimientos sociales. No obstante, en las manifestaciones de repudio de la reforma energética este 18 de marzo, convergieron desde pequeños poblados con luchas comunes por el agua, hasta las concentraciones “nacionales”, que apelan a fundar también otro Estado, el de los comunes. Igualmente, la sociedad se mueve concertadamente en apoyo a Carmen Aristegui y su equipo de periodistas, porque el derecho a la información es un bien común, no solo mercancía.

LEGISLACIÓN DEL AGUA FALLIDA

Aún no alcanzamos criterios de calidad democrática en el proceso de legislación. Hay variados factores que impiden una representación de calidad, tales como la falta de consulta entre expertos, la marginación de los usuarios o destinatarios de la legislación en proceso de debate, o la generación de un espacio público que enriquezca la deliberación mediante la exposición de razones y enfoques diferentes o complementarios respecto de la legislación que se discute. Lo que pasó con la ley anticorrupción, o muy recientemente con la reforma de la ley del IFAI, muestra que la labor de los legisladores no se puede encerrar dentro del rígido espacio del Congreso de la Unión, sino que se necesitan nuevos procedimientos de consulta, de discusión, de apertura de espacios de escucha para todas aquellas voces cuyos intereses no se ven tomados en cuenta en los contenidos de la legislación respectiva.

De las legislaciones contra la corrupción y de la reforma al IFAI, recientemente aprobadas, quedan algunas lecciones importantes a considerar. Ambas, registraron una coalición legislativa entre partidos opositores al PRI que si bien es coyuntural, deja abiertas posibilidades de replicar la experiencia. También, las dos nuevas leyes contaron con una posición activa de organismos sociales que se veían concernidos con esas legislaciones. Su convocatoria hacia la opinión pública, ayudó a una mejor representación del interés general, el cual ya no es una función exclusiva de los políticos profesionales que ocupan un cargo electo. Sin embargo, la Ley General de Aguas, está pasando por un proceso que parece no reflejar estos aprendizajes. Un proyecto de ley que suscitó reservas y críticas de expertos en la materia, unidos con organizaciones sociales atentas a la privatización de un bien estratégico para los derechos de ciudadanía, tuvo que ser aplazado en su discusión en San Lázaro.

Académicos de la UNAM y miembros de las organizaciones Agua para Todos, Red de Acción por el Derecho al Agua en México, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), la Alianza Mexicana contra el Fracking, dieron a conocer su diagnóstico sobre las afectaciones ambientales y sociales que derivarían de la aprobación de la Ley General de Aguas, en la versión enviada a los legisladores. Defensores del interés general, estos organismos se preocupan por las intenciones privatizadoras de un bien público cuya gestión corresponde al Estado, además de objetivos no explícitos para favorecer la reforma energética, particularmente en el uso de recursos hidráulicos para el desarrollo industrial, atraer así la inversión privada y dotar toda el agua que, en su momento, demandaría el fracking o fracturación hidráulica, para la obtención de gas y petróleo. Una tecnología muy cara, en proporción a los precios bajos de esos energéticos, pero a la que no se puede dejar espacio legal para su futura explotación.

Las críticas planteadas por académicos y organismos sociales alertan que: “En el artículo 116 de la ley se refiere al trasvase como la explotación de ‘aguas nacionales’ trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta”. Sin que operen criterios de racionalidad pública sino de rentabilidad privada. En el artículo 9, la legislación propone requisitos laxos para que las mineras usen y exploten el agua. Lo cual significa que las empresas mineras van más allá de una concesión, pues tendrán el derecho a usar todo el agua que quieran sin condicionantes, pues se libran de evaluaciones y análisis de impacto ambiental. Además, el establecimiento de tarifas de cobro garantiza a los inversionistas ante cualquier presión social o política. Académicos y organismos civiles tienen una iniciativa que debe de ser tomada en cuenta, para que la legislación del agua no sea fallida.

VÍSPERA ELECTORAL DECEPCIONANTE

Estas elecciones intermedias no servirán para agregar intereses otros que no sean los de la partidocracia. Algunas excepciones no modifican el cuadro general. La mayoría de partidos y candidatos hacen como si el drama de Ayotzinapa no existiera. Las candidaturas independientes no trascienden la personalización de la política y tienden a crear liderazgos carismáticos caudillistas con apoyo mediático, salvo la experiencia de Wiki Política, que quisiera trascender hacia una interlocución distinta entre representantes y representados, por la vía de diálogos y consultas apoyados en redes informáticas. El árbitro electoral, duramente cuestionado por la mayoría de los partidos presentes en su estructura organizativa, no despierta la confianza que necesita el Instituto Nacional Electoral, la instancia encargada de organizar las elecciones, que se ve agobiada por un exceso de atribuciones, frente a las cuales no ha podido responder con sustentos legítimos en su actuación.

Existe, además, una parroquianización de las elecciones de diputados federales que no deja ver el proyecto nacional que está detrás de partidos supuestamente nacionales, y algo similar sucede con las elecciones de congresos locales, donde no aparece un imaginario orientado hacia el estado desde los distritos que lo conforman. El PRI, está obligado a hacer campaña sin su presidente de la República, dada la caída de aceptación de Peña Nieto, pero simultáneamente necesita de las reformas estructurales que promueve el Ejecutivo Federal, para mantener cierta esperanza de beneficios futuros para el país. El PAN, cuya intención de voto es la que más crece, no logra sin embargo desprenderse de miedos y desconfianzas causados por el calderonismo, ni trasmite unidad interna por las pugnas entre sus fracciones. El PRD va tras las regiones donde gobierna, pero se ve incapaz para frenar el deterioro causado por el conflicto de Iguala-Ayotzinapa. Los verdes, al igual que el PANAL, en su pragmatismo, aprovechan su cerrada e incondicional alianza con el PRI. Los pequeños partidos no repuntan.

Mención aparte merece MORENA, pues su creciente ascenso en la intención del voto expresa buenas perspectivas de triunfo en algunos distritos federales y, aún con mejores expectativas, en a Asamblea Local del DF. Con una marcada intención de democratizar la elección de sus candidatos, en cada uno de los 300 distritos sus militantes eligieron a mano alzada a sus representantes. Simultáneamente, MORENA retoma las demandas contra la corrupción, la impunidad y por darle peso a la justicia para detener la violencia, pero sin que ello signifique darle voz a los familiares de los normalistas desaparecidos. MORENA y Acción Nacional son los partidos que más se acercan a las elecciones primarias; el primero, entre militantes, mientras que el segundo se propone elecciones abiertas, pero según lo decidan los comités estatales del blanquiazul.

La dominante en el resto de los partidos son las designaciones por los organismos políticos internos y, en el caso del PRI, las candidaturas únicas, producto del dedazo, que usan las precampañas para insertarse prematuramente en la competencia electoral. Sin democracia interna en la mayoría de partidos, estas elecciones intermedias verán crecer las coaliciones: 250 distritos donde PRI y PVEM se alían; 130 distritos donde PRD y PT se coaligan en la “Izquierda Progresista”. PRD y PAN van juntos en pocos distritos y en casos puntuales, probablemente en las gubernaturas de Sonora y Colima. Habremos de ver si surge una coalición legislativa que potencie iniciativas contra la corrupción, como ya se inició, contra la impunidad política, o por la reforma judicial contra la violencia. El gobierno de Peña Nieto ya comanda una coalición PRI-PVEM-PANAL, además impone una Procuradora afín, y pretende controlar la Suprema Corte de la Nación. Elementos en suma para contener los anhelos de paz, justicia y dignidad.