Aún no
alcanzamos criterios de calidad democrática en el proceso de legislación. Hay
variados factores que impiden una representación de calidad, tales como la
falta de consulta entre expertos, la marginación de los usuarios o
destinatarios de la legislación en proceso de debate, o la generación de un
espacio público que enriquezca la deliberación mediante la exposición de
razones y enfoques diferentes o complementarios respecto de la legislación que
se discute. Lo que pasó con la ley anticorrupción, o muy recientemente con la
reforma de la ley del IFAI, muestra que la labor de los legisladores no se
puede encerrar dentro del rígido espacio del Congreso de la Unión, sino que se
necesitan nuevos procedimientos de consulta, de discusión, de apertura de
espacios de escucha para todas aquellas voces cuyos intereses no se ven tomados
en cuenta en los contenidos de la legislación respectiva.
De las
legislaciones contra la corrupción y de la reforma al IFAI, recientemente
aprobadas, quedan algunas lecciones importantes a considerar. Ambas,
registraron una coalición legislativa entre partidos opositores al PRI que si
bien es coyuntural, deja abiertas posibilidades de replicar la experiencia.
También, las dos nuevas leyes contaron con una posición activa de organismos
sociales que se veían concernidos con esas legislaciones. Su convocatoria hacia
la opinión pública, ayudó a una mejor representación del interés general, el
cual ya no es una función exclusiva de los políticos profesionales que ocupan
un cargo electo. Sin embargo, la Ley General de Aguas, está pasando por un
proceso que parece no reflejar estos aprendizajes. Un proyecto de ley que
suscitó reservas y críticas de expertos en la materia, unidos con organizaciones
sociales atentas a la privatización de un bien estratégico para los derechos de
ciudadanía, tuvo que ser aplazado en su discusión en San Lázaro.
Académicos de
la UNAM y miembros de las organizaciones Agua para Todos, Red de Acción por el
Derecho al Agua en México, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el
Derecho al Agua (COMDA), la Alianza Mexicana contra el Fracking, dieron a
conocer su diagnóstico sobre las afectaciones ambientales y sociales que
derivarían de la aprobación de la Ley General de Aguas, en la versión enviada a
los legisladores. Defensores del interés general, estos organismos se preocupan
por las intenciones privatizadoras de un bien público cuya gestión corresponde
al Estado, además de objetivos no explícitos para favorecer la reforma
energética, particularmente en el uso de recursos hidráulicos para el
desarrollo industrial, atraer así la inversión privada y dotar toda el agua
que, en su momento, demandaría el fracking o fracturación hidráulica, para la
obtención de gas y petróleo. Una tecnología muy cara, en proporción a los
precios bajos de esos energéticos, pero a la que no se puede dejar espacio
legal para su futura explotación.
Las críticas
planteadas por académicos y organismos sociales alertan que: “En el artículo
116 de la ley se refiere al trasvase como la explotación de ‘aguas nacionales’ trasladadas
de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta”. Sin que operen
criterios de racionalidad pública sino de rentabilidad privada. En el artículo
9, la legislación propone requisitos laxos para que las mineras usen y exploten
el agua. Lo cual significa que las empresas mineras van más allá de una
concesión, pues tendrán el derecho a usar todo el agua que quieran sin
condicionantes, pues se libran de evaluaciones y análisis de impacto ambiental.
Además, el establecimiento de tarifas de cobro garantiza a los inversionistas
ante cualquier presión social o política. Académicos y organismos civiles
tienen una iniciativa que debe de ser tomada en cuenta, para que la legislación
del agua no sea fallida.
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