ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS AMENAZADOS

Esos organismos representan avances importantes en la democratización mexicana, pues regulan la relación entre Estado y ciudadanía, generan prácticas y cultura de rendición de cuentas, configuran contrapresos al ejercicio sesgado del poder público y de sus relaciones con los poderes privados. En el plano nacional destacan el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Que recientemente se autonomiza, gracias a una de las propuestas ciudadanas contenidas en los "20 Compromisos por la Democracia" de 1994, lograda apenas en 2008.

Aunque la contribución de movimientos democratizadores han influido en esta ciudadanización-despartidización de los OPA, esas instituciones son permanentemente asediadas por partidos políticos y gobiernos, quienes traicionan el papel independiente, autónomo, atribuido a esos organismos originalmente. Del IFE “ciudadanizado” de 1995-96, al IFE del 2000 que contribuyó a la alternancia aterciopelada en la presidencia de la República y luego al IFE de Ugalde, hay un abismo entre ellos que el IFE de Valdéz no ha librado. Así lo muestra el mal manejo del asunto de los spots con las televisoras y ahora el reciente aumento que se autoconcedieron los consejeros electorales hasta 300 mil pesos mensuales, igual a lo que gana un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Un acuerdo transparente que cínicamente aducen los consejeros beneficiados, diciendo que su salario será público y consultable. Transparencia y ética no se relacionan gratuitamente ni automáticamente.

En noviembre próximo, el Senado elegirá titulares de dos OPA: el Gobernador del Banco de México y el de la CNDH, además de dos magistrados de la Suprema Corte. Cuatro consejeros de La CNDH no cuentan actualmente con nombramiento porque los partidos presentes en el Senado no se han puesto de acuerdo; para dos consejeros su periodo terminó hace más de un año. Esos consejeros ya mostraron su debilidad con el expediente que entregó la CNDH a la SCJN, que tiene inconsistencia en sus investigaciones. El Gobernador del Banco de México, por su parte, no hace gala de autonomía frente a la errática política económica gubernamental. La amenaza de partidización y subordinación de esos organismos y de la SCJN debe de poner en guardia a los movimientos democráticos apartidistas; exigir ya coherencia en el perfil de cada puesto por méritos en trayectorias públicas personales, una selección pulcra, transparente, generadora de certidumbre.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), deja ver el potencial democrático de consejeros ciudadanos apartidistas-autónomos. Francisco Pérez Chagollán, Imelda Orozco, Paola Lazo, Alberto Bayardo y Emma Valadez, formaron una Comisión Temporal encargada de dar seguimiento a una queja contra varias personas, destacadamente el Procurador de Justicia jalisciense, por prácticas de corrupción de menores, pornografía y prostitución infantiles. En las conclusiones de esta Comisión, los consejeros se deslindan de la recomendación elaborada por el titular de la CEDHJ, pues su contenido fue clasificado como “reservado y confidencial”, contraviniendo así los reglamentos de este organismo; único caso en el país que se hace secreta una recomendación. Además de que el Consejo Ciudadano de la CEDHJ no fue consultado por el titular para emitir esa recomendación, el Comité Temporal señaló públicamente que esa Recomendación no se sustenta en investigaciones de la Visitaduría y que se obstaculiza el acceso de los consejeros ciudadanos a esa información “reservada y confidencial”.

Toca a la ciudadanía el tratar de influir para que los OPA se formen con base en criterios autónomos que den certidumbre electoral, en derechos humanos, en la impartición de justicia, en la información, en la política económica.

ABSTENCIONISMO ACTIVO RAZONADO

Son tantos los ingredientes que se acumulan en torno del desencanto político, que se antoja la opción del abstencionismo activo. Impotencia frente al deterioro de la representación-delegación de la gestión del interés público por irresponsabilidad mayoritaria de los cargos públicos que “elegimos”; incapacidad manifiesta de influir sobre las decisiones públicas que afectan desde nuestra vida cotidiana, hasta nuestra capacidad de prevención del futuro personal y colectivo. Sentimos agotada nuestra capacidad para reformar la ley, particularmente la electoral, conforme a nuestras aspiraciones de convivencia democrática. Sufrimos la soberbia de la partidocracia, su insensibilidad frente al impacto social y las urgencias que impone la crisis. Renegamos del absurdo encarecimiento de la función pública por los ingresos millonarios de cargos electos y funcionarios de confianza. Como ciudadanos(as) Nos vemos subyugados por los poderes fácticos, principalmente los mediáticos que sospechosamente llaman al abstencionismo.

Sin un árbitro electoral que asegure dignamente equidad, transparencia, destreza para conducir con apego al ordenamiento electoral a todos los actores, vale preguntarse ¿para qué sirven las elecciones? Hasta ahora, nuestro voto afianza a una casta de funcionarios(as) que se sirven del erario para asegurarse ingresos y prestaciones exorbitados. Nuestro voto sirve para que los partidos políticos reciclen sus burocracias en diferentes puestos de elección popular, o para copar puestos en los gobiernos, o para retribuir alianzas con empresarios o líderes que les aporten capital político, de ello resulta en los hechos una reelección cruzada. Las elecciones se perciben caras, inútiles y alejadas cada vez más de las preocupaciones diarias; es alarmante que las previsiones sobre abstencionismo en estas elecciones intermedias rocen ¡el 65%! en promedio nacional. Aunque en Jalisco el abstencionismo puede ser menor a causa del arrastre que todavía tienen las elecciones municipales, es posible que también sea menor la participación ciudadana en comparación con otros años.

Quienes deberían tener autoridad moral para propiciar la participación ciudadana, los árbitros electorales, han perdido credibilidad por su errática actuación, efecto de la subordinación a las cuotas partidistas con que se configuran los organismos electorales. Ante las elecciones campean los poderes fácticos; entre el Instituto Federal Electoral que se autolimitó en la sanción a las televisoras por boicotear el uso público de sus espacios para impulsar al voto, y las declaraciones del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, que reconoció la posible conquista del narco de la presidencia de la República, se evidencia la vulnerabilidad electoral, pues el voto se puede comprar o corromper. En Jalisco, es difícil revertir el desprestigio heredado de anteriores organismos electorales. El actual Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, no cuenta con un equipo de consejeros que esté sintonizado con la revalorización del voto que podría disminuir el abstencionismo.

En su Ensayo sobre la lucidez, José Saramago plantea una ficción abstencionista generalizada, pero participativa, que al anular su voto en la casilla durante la jornada electoral descalifica en su conjunto al sistema electoral. Algo así se antoja, un abstencionismo activo con el poder suficiente para desmantelar el ritual vacío, que termina por perjudicarnos, en que se han convertido las elecciones. Crecen las voces que llaman a abstenerse activamente, anulando el voto en la casilla el próximo 5 de julio. Pero no tenemos un movimiento social que recoja el descontento y revalorice la política. Los Piqueteros argentinos acuñaron la consigna hoy antojadiza: “que se vayan todos” y algo cambió en las elecciones de ese país; la Otra Campaña de los zapatistas nació abstencionista, pero su ampliación y capacidad de réplica no alcanza a toda la nación, a pesar de su llamado a largo plazo de una Constituyente democrática. No vemos cómo canalizar entonces este abstencionismo activo razonado.

DE LAS CRISIS A LA CATÁSTROFE

Más allá del debate entre Carlos Slim, Felipe Calderón y personeros del Ejecutivo Federal, hay que ver si la convergencia de crisis con distinta naturaleza pueden llevar a la catástrofe. Si nos atenemos a una definición de diccionario, la catástrofe es un “Suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas”. Estamos, ciertamente, ante un riesgo de catástrofe global, pues por primera vez en la historia de la humanidad hoy se combinan tres crisis simultáneas: la financiera, la ecológico-alimentaria y la energética. Tres pilares del desarrollo que el capitalismo contemporáneo ha llevado a extremos insostenibles, pues la alteración del “orden regular de las cosas” aparece como algo inherente al sistema mismo. Las crisis financieras son cada vez más agudas y no tienen visos de solución; el daño ambiental es irreversible y prácticamente inmanejable; hambre y carestía aparecen como jinetes apocalípticos y el modelo energético depredador es insostenible.

Los riesgos de crisis-catástrofe acechan al modelo “civilizatorio” implicado en el capitalismo, a sus ideales libertarios, igualitarios y de convivencia, inspirados en una modernidad nunca cumplida. Su ofrecimiento de una línea ascendente de progreso-desarrollo, descansa en la mano ya no invisible –en la que pobreza y riqueza extrema son tan tangibles como la fortuna de Slim- sino providencial de la utopía del mercado. Tanto Slim como Calderón invocan ese providencialismo; el primero pidiendo que se refuerce el mercado interno y el segundo insistiendo tercamente en las potenciales bondades del libre comercio abierto al mercado mundial. Pero la catástrofe que se avecina no tiene solamente una matriz económica y financiera, sino un origen múltiple y complejo que amenaza la supervivencia humana. El impacto de las tres crisis aludidas acota libertades, atenta contra el Estado de derecho, deteriora tejidos sociales abiertos a la solidaridad y conspira contra la convivencia pacífica incluyente.

Las actitudes para enfrentar la posible crisis-catástrofe del capitalismo pueden ser optimistas-constructoras: entender la crisis como oportunidad para adaptar o para mejorar la reproducción del status quo; o pueden ser pesimistas-derrumbistas. Desde la derecha, esta es una oportunidad para comprobar que el capitalismo pasa por una fase de “destrucción creativa”, sobre la que se erige la renovación capitalista; o desde la izquierda, el derrumbe-catástrofe muestra la inviabilidad capitalista de un modelo derrotado por sus contradicciones internas. Al iniciar 2009, se buscaron respuestas adaptativas frente a las crisis citadas en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, pero no se alcanzaron a consensuar medidas prácticas para enfrentarlas. Mientras que el Foro Social Mundial, en Belem, Brasil, fue capaz de prefigurar y ofrecer alternativas de salida desde el llamado Sur Global, frente al escenario catastrófico amenazante; salidas que están, sin embargo, condicionadas a la transformación del Norte Global en sus inequitativas relaciones con el Sur.

Un frente privilegiado para enfrentar la posible catástrofe lo representan los Estados nacionales. Es loable que el Senado mexicano haya convocado a un foro económico que desembocará el próximo lunes en un “Acuerdo nacional contra la crisis”. Ahí se presentaron ponencias con propuestas concretas que pueden generar consensos para enfrentar la dimensión económica de la crisis, pero percibo dos riesgos que pueden limitar los alcances de ese acuerdo: uno, la falta de vínculos con las otras dimensiones de la crisis, relativas a la soberanía alimentaria, a la defensa-preservación de la biodiversidad y la crisis energética cuya reforma legislativa acaba de aprobarse y, dos, la necesaria sincronización entre los acuerdos nacionales y la transformación del entorno internacional, donde se encuadran las tres crisis que pueden converger en catástrofe; es decir, las propuestas de reorganización financiera, ecológica y energética mundiales. Necesitamos un acuerdo nacional-global contra la convergencia crisis-catástrofe.

LAS ALTERNATIVAS DEL FORO SOCIAL MUNDIAL

En la novena edición de este Foro, realizada en Belem, Brasil, del 27 de enero al 1 de febrero pasados, se reafirmaron resistencias sociales contra los efectos devastadores del capitalismo: guerra, combinación explosiva, única en la historia humana, de tres crisis simultáneas: energética, financiera y ambiental, que han llevado a la polarización económica, al empobrecimiento mayoritario, desigualdades y exclusiones sociales sistemáticas. También se afinó una agenda social alternativa, producida mediante reflexión y diálogo entre quienes cotidianamente construyen esa otra manera de actuar y convivir, de procesar paralelamente demandas y propuestas de solución.

Se definieron alternativas sectoriales mediante modelos de gestión colectiva democrática del agua, tierra, vivienda y crédito, una carta laboral, así como movilizaciones mundiales por otro sistema financiero, por la paz mundial, la cooperación y un desarrollo sustentable “antiimperialista, feminista, ecológico…” En una actitud convergente, los movimientos sociales identificaron su quehacer común; los indígenas llamaron a una Movilización Global en defensa de la Madre Tierra; organismos planetarios como Vía Campesina o la Asamblea de Movimientos Sociales, comunicaron sus conclusiones que precisan acciones y sueños a realizar. Se reivindicó la diversidad intercultural e interreligiosa con críticas a la dominación neocolonial. Una teología de la liberación revalorizada cree que “otra iglesia es posible”.

La riqueza del FSM para entrelazar escalas socioespaciales es manifiesta. Por la ubicación estratégica de Belem, el Foro Panamazónico ocupo todo un día de actividades. Siete países aportan partes para la Amazonía, territorio emblemático de la biodiversidad asediada. En más de 100 localidades de una treintena de países “Belem Ampliada” le dio densidad mundial al Foro; incluido Jalisco, donde hubo actividades en esa semana de acción global. El FSM reunió mas de 100 mil asistentes de 132 países.

Destacó la discusión sobre Lo Alternativo, pues el diagnóstico sobre la dimensión de la crisis mundial del capitalismo es heterogénea ¿crisis terminal o eficiencia adaptativa? No es lo mismo ser anti-neoliberal que anticapitalista. Y, el significado del Post-neoliberalismo confronta la disyuntiva entre cambio y reproducción capitalista. Lo realmente alternativo para el FSM, es entonces el socialismo del siglo XXI, concepto en el que compiten gobiernos y pueblos: consensos de abajo hacia arriba o decretos verticales estatistas. Los discursos de cinco presidentes (Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela) en Belem, evidenciaron un nuevo protagonismo del Estado-nación, en su contribución a la agenda mundial alternativa. Frente al hiperrealismo del estado-centrismo neoliberal –su máxima expresión Estados Unidos-, asoma la alternativa del Estado social nacional.

Ese Estado social con programa nacional-global, deja interrogantes. Si los movimientos sociales son antisistémicos ¿cómo se pueden relacionar con el mundo instituido heredado? Particularmente con el complejo entramado de procesos electorales, gobierno y régimen político ¿Cómo se formulan nuevas Constituciones nacionales, en tanto pactos sociopolíticos incluyentes, pluralistas? ¿Qué significa construir actores con nuevas formas de ciudadanía en este marco nacional-global? Los migrantes, o los ciudadanos de los bloques comunitarios regionales ¿tienen derecho a doble ciudadanía, a una ciudadanía supranacional, a una ciudadanía mundial? Dispersar el poder, más que descentralizarlo ¿contribuye a la autonomía étnica y regional, al protagonismo local? ¿Cómo derrotar las reacciones oligárquicas regionales y de poderes fácticos contra ese poder local-global democrático? ¿Quién lleva la mano en la generación de relaciones Sur-Sur, los gobiernos, los pueblos, la “sociedad civil”?
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales cobraron centralidad en el FSM. Su vulnerabilidad, tanto como su promoción y activa defensa mostraron su vigencia como alternativa para la convivencia, sin inseguridad pública, sin diversas manifestaciones de violencia guerrera o invasora y agresiones contra mujeres, viejos desvalidos; sin militarización de la seguridad pública que criminaliza la protesta pública; con derecho a manifestarse contra el malestar, la desigualdad y la exclusión.