TRANSPARENTAR LA TRANSPARENCIA

Nos conviene fortalecer la transparencia pues es mucho más que un bien público. Ella es condición para ganar eficiencia económica y también para obtener legitimidad pública en la actuación y desempeño gubernamental, pues contribuye para una mejor toma de decisiones colectivas y robustece la rendición responsable de cuentas. Nacida desde el campo de los negocios, la demanda por transparentar las operaciones financieras del sector público transitó, posteriormente, hacia la esfera de intereses ciudadanos. Si en un primer momento la lucha contra la corrupción gubernamental atrajo la atención pública, la idea sobre la transparencia trascendió más allá de licitaciones o concursos por obras públicas, hacia el derecho a la información y consecuentemente a la decisión razonada en temas trascendentales, tanto como en los asuntos cotidianos de ciudadanos y gobiernos. Así, la transparencia adquirió mayor autenticidad.

Transparentar la actuación del gobierno, primero sirvió como antídoto contra la corrupción; aunque no se evidenció que para corromper se requieren corruptores, pues el sector privado no asume su parte en ese fenómeno y es manifiesta su opacidad en lo que toca a su responsabilidad social. Tendría que emerger mayor conciencia ciudadana para que la transparencia se enmarcara en la exigencia de derechos. Y, mientras esos derechos sean más visibles será mas exigible su cumplimiento. No podemos imaginar que haya justicia o promoción y respeto de derechos humanos, particularmente el derecho a la información, sin que la transparencia haga su aporte decisivo; ello tiene consecuencias educativas, pues hay un ejercicio colectivo de razonamiento fundado en información que se comparte y se hace accesible a las/los demás. Pero, también la transparencia ayuda a la mejor comprensión del proceso público seguido, cuando nos afecta en el ámbito privado personal.

Podemos controlar mejor a los médicos que nos curan, los jueces que nos juzgan, los policías o funcionarios públicos que vulneran nuestros derechos humanos, tanto como podemos saber cuánto gana cualquier funcionario, si y sólo si hay buenas instituciones encargadas de hacer eficaz y legítima la demanda por transparencia. Ello contribuye a una mejor calidad democrática, un bien que hoy vemos mermado en nuestro país. Paradójicamente, la transparencia está opacada por algunos organismos que se suponían sus garantes, pero sobre todo por legisladores e integrantes del poder Ejecutivo que se sienten amenazados si transparentan su actuación. El caso del Instituto de Transparencia e Información pública de Jalisco (ITEI) es aleccionador. Su papel polémico, y particularmente el de su Presidente, despierta posiciones encontradas entre quienes se han visto afectados por sus recomendaciones y demandas, y entre organismos ciudadanos interesados en la contribución democrática de la transparencia.

La demanda ciudadana por transparentar la transparencia en la ratificación o nueva designación del Presidente del ITEI, está encaminada a la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana del Congreso local, pues la legislación en la materia establece que con tres meses de anticipación a que finalice el periodo del actual Presidente debe de considerar su ratificación o en caso contrario debe de convocar públicamente a candidatos a ocupar ese puesto. Aunque esa Comisión Legislativa decidió ayer jueves no ratificarlo, tiene la obligación moral de argumentar su decisión, pues la gestión de Augusto Valencia tiene un balance contrastado del que se puede aprender. Se confirmaron así temores sobre el sesgo que tomó esa discusión, pues los diputados locales se sienten amenazados por un ITEI independiente que les exija información que les obligue a rendir cuentas. Temores reiterados, ahora que el Congreso local convoque a candidatos a Presidente del ITEI, porque los legisladores no cumplan cabalmente con los requisitos de la legislación, pues la división por cuotas de poder entre la partidocracia domina la constitución de organismos públicos, supuestamente autónomos.