DESPISTES POLÍTICOS

Ya desde finales de 2008, el PRI había propuesto la revocación de mandato como una de las formas de la llamada democracia semidirecta. Ahora, otra vez, se propone revocar el mandato al presidente, secretarios de Estado, legisladores, gobernadores, ediles, así como a asambleístas y jefes delegacionales del DF, cuando hayan cometido ilícitos, actos deshonestos o de negligencia. Propuesta hecha a contrapelo del “decálogo” de reforma política presentado por Felipe Calderón, suena a despiste en varios sentidos. Al igual que la iniciativa de reforma político-electoral presidencial, la revocación de mandato no aparece estructurada con otras reformas que garanticen articulación y coherencia en términos de una reforma constitucional integrada. Los priistas tampoco incluyen un paquete que contenga los otros formatos típicos de esa democracia semidirecta: el Plebiscito, el Referendo y la Iniciativa Popular. Además, la propuesta priista se acota a una suerte de juicio político adelantado, o de suspensión del fuero, para los funcionarios electos, pues no hay la posibilidad de empoderar el voto por falta de rendición de cuentas, o por falta de calidad del desempeño gubernamental.

Esta iniciativa priista suena a despiste, porque en el fondo responde a dos factores perversos: empoderar al Poder Legislativo a costa de debilitar al Ejecutivo federal, pues la mayoría con que cuenta el tricolor en el Congreso de la Unión le garantiza que sus legisladores no se tiren a los pies y que defiendan también sus posiciones mayoritarias en estados y municipios, y por otra parte, presentar en esta coyuntura la revocación de mandato suena a reacción contra la propuesta calderonista en general y de reelección en lo particular, ya que el PRI teme que su maquinaria electoral se anquilose si las diversas fracciones copan los puestos a elegir, lo cual frenaría la circulación de sus cuadros jóvenes; al fin que la llamada reelección cruzada, conocida coloquialmente como el fenómeno chapulín -candidatos que brincan de una posición a otra en cada elección-, asegura que la burocracia dirigente del partido se mantenga en los puestos clave. Mañosamente, el PRI quisiera eliminar del debate parlamentario las propuestas de Calderón referidas a la Iniciativa Ciudadana, al Referendo o al fortalecimiento del poder de veto del Ejecutivo, o su refuerzo mediante la presentación de iniciativas presidenciales legislativas preferentes al inicio del periodo legislativo ordinario. Como todavía no reconquistan la presidencia, se dan el lujo de torpedearla.

Inspirada en la Common Law, (recall o deposición), la revocación es un mecanismo que permite a los votantes despedir y reemplazar a un servidor público. Ésta medida podría revalorizar el Artículo 39 Constitucional, en el cual se le reconoce al pueblo su derecho de separar a los funcionarios públicos cuando éstos dejen de inspirarle confianza. La revocación podría tener nobles alcances si ella no se redujera a la judicialización de la política, pues existe el riesgo de balcanización si da cabida a demandas de destitución que escondieran juicios políticos sesgados; y una condición ineludible para la eficacia democrática de la revocación, es que tanto esta medida como cualquier reforma política de fondo que se proponga, no puede dejar de lado la regulación de los poderes fácticos del dinero (incluido el narco), los medios de comunicación y las jerarquías eclesiales, que tienen el poder de convocatoria y eventualmente de manipulación del electorado para orientar el sentido de la legislación, esto es si no se hace una reforma adecuada de la ley de partidos, el fortalecimiento del carácter laico del Estado y a la ley de medios, principalmente, para impedir que haya sesgos antidemocráticos. Esos poderes cuentan con recursos para reunir el 15 por ciento de votantes del padrón electoral que requeriría la revocación del mandato. Para despistarlo.