ELECCIONES Y LEGISLACIÓN ¿INCOMPATIBLES?

Contrariamente a los propósitos de un sistema político del que se esperan leyes adecuadas para el interés general, las jerarquías partidarias entorpecen aquellas iniciativas de legislación que puedan alterar sus estrategias electorales. Así, las dirigencias partidistas de Acción Nacional, del PRI y del Partido Verde, hacen incompatibles las coyunturas electorales, que son particularmente intensas en los estados del país este año, con procesos legislativos que puedan cuestionar o significar un desgaste en su búsqueda de alianzas con los poderes fácticos regionales o nacionales; entre éstos últimos, particularmente los poderes mediáticos. Sinsentidos de la política partidaria que abonan su desprestigio y alientan al desapego ciudadano, ya no solamente del momento de la votación sino que también, y ahí está otro gran riesgo de retroceso antidemocrático, que apagan o decepcionan el interés general por participar en los asuntos públicos.

De la manera más incongruente, se están aplazando reformas legislativas cuya resolución podría incidir directamente, de forma inmediata, en una mayor democratización del país; un conjunto de reformas: política, fiscal y la ley de medios recientemente, están congeladas al ser sometidas a vergonzosas alianzas y capitulaciones dentro de un sistema político que podríamos calificar de timorato y oportunista. Ni el PRI pone su mayoría al servicio de las causas generales, ni el PAN está a la altura de su condición de partido en el gobierno, ni el Partido Verde ejerce responsablemente sus alianzas, pues somete su capital político a los intereses familiares de sus fundadores y del duopolio televisivo que oxigena sus campañas propagandísticas. Sin embargo, dentro de esos partidos hay críticos de esa incongruencia que hoy cuestionan a sus dirigencias, su dramática autocensura y sus alianzas espurias.

Son frecuentes los desencuentros entre fracciones parlamentarias y sus dirigencias, así como entre militantes partidistas de Acción Nacional y la dupla Presidente de la nación-Presidente del PAN, justamente fortalecida ante la coyuntura electoral. Pero esas tensiones han propiciado ciertos avances legislativos en la aprobación de leyes y dictámenes, como la legislación ya aprobada relativa a las “Asociaciones Colectivas”, o la Ley Anti-monopolios. Particularmente creativa fue la iniciativa que lograron casi 200 diputados y 56 senadores del PAN y del PRD, el pasado 8 de abril, para reformar la Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales; ella puso al día un marco legal para ejercer las libertades individuales y colectivas, implicadas en el derecho a la información, en uno de los sectores económicos más dinámicos, pero con el mayor poder concentrado en unas cuantas empresas y familias. Grupos privilegiados en el trato que les dan desde el Presidente de la república hasta las dirigencias de los partidos dependientes, por no decir serviles, de su influencia mediática.

Fue particularmente grave que la dupla Calderón-Nava, obligara al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a retirar la iniciativa de la ley de medios por considerar que aún no estaba suficientemente discutida, pues según ellos hacía falta el punto de vista de los empresarios, es decir de los consorcios que dominan dentro de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, así como de los intereses preponderantes en la telefonía, como lo hace notar la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Presumiblemente, ni Felipe Calderón ni Cesar Nava leyeron la iniciativa presentada el pasado 8 de abril, pues ella contiene un conjunto de medidas que favorecen la competencia en el sector de telecomunicaciones, garantiza mayor equidad en la competencia, al evitar que las concesiones de frecuencias para el radio sean renovadas automáticamente y se imponga la licitación. Calderón menospreció así la iniciativa por una ley de medios que haría mucho más compatibles las elecciones con el poder legislar.

LEY DE MEDIOS: IMPULSAR LA REFORMA

Las comisiones legislativas en el Congreso de la Unión, debaten el proyecto para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, y el dictamen podrá ser votado próximamente en ambas cámaras. Culmina así un largo proceso de consulta y debates públicos que se intensificó durante los dos últimos años, cuyos resultados constituyen legítimas aspiraciones para democratizar las relaciones entre sociedad y Estado en México. Una feliz combinación entre un trabajo legislativo que fue capaz de recoger las opiniones de técnicos y profesionales del ramo, así como producto de los aportes de organismos sociales, amplios y especializados, que están interesados en contar con una legislación adecuada a las necesidades de comunicación y producción audiovisual en el marco del Estado de Derecho.

En contraste con esa amplia actividad, los propietarios de los medios de comunicación jugaron papeles desiguales. El duopolio televisivo, acostumbrado a imponer sus normas mediante el cabildeo ante los poderes constituidos, impuso compromisos políticos con algunos representantes “populares”, cuyas campañas apoyó en las elecciones legislativas de julio de 2009, con quienes conformó la llamada “telebancada”. Simultáneamente, ejerció su poder de chantaje frente al conjunto del Poder Legislativo, al que amenazó con subterfugios de no dar visibilidad a sus futuras campañas electorales y de boicotear las aspiraciones individuales a candidaturas futuras; chantaje que surtió efecto entre las filas de varios partidos, pues quienes pretendían un futuro electoral visible y difundido por el duopolio televisivo, y sus cadenas mediáticas, se plegaron a defender esos intereses.

Entre la multiplicidad de medios de comunicación que están emergiendo, y en buena parte entre la prensa escrita, se registraron también posiciones muy favorables al contenido de las reformas que incluye este proyecto, aunque sin el entusiasmo necesario requerido por un proyecto de ley que no está suficientemente apuntalado en una clara mayoría legislativa. Particularmente el PRI y algunos legisladores de otros partidos, comprometidos con los poderes mediáticos, han sido renuentes a aprobar el conjunto de la iniciativa de ley. Por ello, la Asociación Mexicana de derecho a la Información (AMEDI), presidida por Raúl Trejo Delarbre, destacado profesional investigador de los medios, está insistiendo por todas las vías posibles que estemos alertas como ciudadanos/as ante los debates legislativos y el dictamen de ley que resulte. Se han difundido los pronunciamientos de la AMEDI, apoyados por su propia membresía, un amplio grupo de profesionales de la comunicación y por organizaciones sociales que se sienten involucradas o que tienen demandas democratizadoras generales.

Esta nueva ley es un factor básico para que la reforma política propicie mayores condiciones de equidad en la competencia electoral, al regular la influencia de los poderes fácticos y al concebir la comunicación política en el marco del fortalecimiento del derecho a la información. Así, habría mayores exigencias de calidad en la utilización de los sesenta minutos diarios que corresponden al Estado en los medios. Esta ley, garantizaría la transparencia en la administración pública de los recursos audiovisuales y del espacio radioeléctrico, mediante licitaciones obligadas para la renovación y obtención de concesiones privadas, la regulación de la inversión extranjera, el fomento de radios comunitarias y concesiones de medios públicos; fortalece la Ley de “acciones colectivas”, al reconocer la organización y defensa de consumidores; reglamenta los servicios audiovisuales combinados; racionaliza tarifas acabando con el redondeo; crea un organismo público autónomo, capaz de regular mercados e iniciativas ciudadanas. Además, esta iniciativa complementaría la ley antimonopolio, cuyas pretendidas reformas el Artículo 28 Constitucional, propician equidad en la competencia privada. Este proyecto, haría medios permeables de cara al ciudadano, al garantizar el derecho de réplica. Como Público-Milenio, único medio en México que desde su origen cuenta con un defensor del lector, que es ejemplar.

LEY DE MEDIOS: ENCAUZAR EL DEBATE

Es alentador que el Congreso de la Unión esté retomando el debate sobre una iniciativa de ley en materia de medios y telecomunicaciones, pues en consultas realizadas entre 2007 y 2008, se comprometió con los actores involucrados a elaborar un proyecto de iniciativa que incorporara los criterios de la Corte en la sentencia contra la inconstitucionalidad de la denominada “ley Televisa”. Aunque han pasado casi dos años, recientemente surgieron dos iniciativas que pretenden una legislación integral en esa materia, que es condición para la democratización de la información y la comunicación, para un justo y equitativo desarrollo de las empresas que intervienen en ese ramo, en un contexto de libertad y diversidad cultural, y para una sana convivencia entre intereses públicos, representados en el Estado, e intereses privados. En la Legislatura federal pasada, Acción Nacional no aprovechó su mayoría para aprobar una legislación integral en medios y telecomunicaciones.

Carlos Sotelo, senador perredista, presentó en diciembre de 2008, el proyecto original de la reforma, el cual retiró por la falta de acuerdo en el PRD, pues su propuesta contenía modificaciones en el tema de competencia, que contravenían las disposiciones de la Suprema Corte. Un año después, el 8 de diciembre de 2009, el senador Sotelo, en acuerdo con el PRI, formuló una nueva propuesta que retomaba aspectos de la reforma original, como el fortalecimiento de los medios públicos y los medios comunitarios, pero se dejo seducir entonces por el Senador Manlio Fabio Beltrones y la “telebancada” (legisladores afines a los poderes mediáticos), que defendían las prórrogas de concesiones sin licitación alguna y el otorgamiento de canales de FM a operadores de AM (las “combos”). Este 8 de abril, diferencias interpartidarias impidieron que la iniciativa se discutiera en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados por falta de quórum.

Simultáneamente, en esta misma fecha, fue presentada otra iniciativa por el diputado Javier Corral y, en la Cámara de Senadores, por el senador Gustavo Madero, ambos de Acción Nacional, pero con el respaldo de 56 senadores y 180 diputados de cuatro partidos políticos, sin el PRI, que ahora tiene mayoría en ambas Cámaras. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), anteriormente presidida por Javier Corral, participó en la ideación de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que sustituiría a las actuales leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones. Según la AMEDI: “Con esa iniciativa se pretende impulsar la pluralidad, la competencia, la calidad y la transparencia en los medios de comunicación y en los servicios de telecomunicaciones que recibe la sociedad.”

En 252 artículos agrupados en 13 títulos, esa iniciativa propone sustituir a la actual Cofetel por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, asegurándole mayor independencia y capacidad profesional. Crearía Registros Público de Telecomunicaciones y de Usuarios, con reglas precisas para la inversión extranjera (autorizando hasta el 25% en radiodifusión), regularía la interconexión entre empresas que prestan el mismo servicio. Reforzaría la licitación pública para otorgar concesiones del espectro radioeléctrico, añadiendo la figura de concesiones de uso público para los medios públicos o de Estado y reconocería el interés social de los medios comunitarios. Regularía ingresos por venta de publicidad en medios públicos, así como la oferta de difusión de otros servicios de telecomunicaciones. Se propone que en la televisión y la radio haya al menos 50% de contenidos de producción nacional. Al menos 20% de ellos deberían ser producciones independientes. Habría fondos estatales para estimular la producción audiovisual. El tiempo del Estado en las estaciones concesionadas de radio y televisión queda en 60 minutos diarios. Los medios concesionados tendrían la obligación de difundir sus códigos de ética, atender requerimientos de sus audiencias, y garantizar derecho de réplica. Entre lo más destacable.

Carlos Sotelo y Javier Corral decidieron, atinadamente, trasladar el debate público que habían convenido, de sus respectivas iniciativas, hacia las comisiones del Congreso de la Unión. Esperemos que el PRI sea sensible al interés general y no al de la “telebancada”.