PARADIGMAS SOBRE DESARROLLO ANTE LA CRISIS

Por primera vez en la historia de la humanidad, estamos ante una conjunción y simultaneidad de varias crisis en una. A la par de la crisis financiera originada en mantener la estabilidad macroeconómica financiera a toda costa, persiste una crisis ambiental que se origina en un modelo depredador de recursos renovables y no renovables, principalmente energéticos de origen fósil; se amplían las amenazas de hambruna en países y regiones con economías y agriculturas vulnerables, y los riesgos naturales y urbano-industriales impactan mortalmente a sectores y zonas pobres tanto del norte como del sur del mundo.

Esa triple crisis: financiera, ambiental, energética, que tiene un carácter global y sistémico, representa una crisis de civilización que desvaloriza a la persona y que impide asegurar una estrategia de desarrollo viable, equitativa, incluyente y justa para la humanidad toda. La guerra, el complejo militar-industrial, la violencia generada por el crimen organizado y las estrategias unilaterales militarizadas para combatirlo, se reafirman como dinámicos negocios para los países centrales, las trasnacionales de la muerte y sus aliados nacionales. El caos, la destrucción y muerte que crean produce una era de incertidumbre para el futuro de la humanidad.

Ésta compleja crisis ha golpeado también a los paradigmas socioeconómicos y políticos dominantes, frente a su mostrada incapacidad de generar desarrollo con calidad de vida sustentable, con educación, trabajo, seguridad social y bienestar. Ciertamente, hay una crisis de paradigmas de los modelos de desarrollo, desde una doble perspectiva: por el déficit social que constatamos en su historia y por su incapacidad para dar respuestas viables, confiables, convincentes, para salir o siquiera para enfrentar mínimamente esta crisis global y sistémica.

Desde el origen de la crisis bursátil-financiera de 1994 hasta la triple macro crisis combinada de 2008, se registra una debacle de las propuestas económicas neoclásicas que identificamos con el neoliberalismo. A la par que las estrategias para enfrentar la crisis abren registros contradictorios; por una parte, el pensamiento único trata de imponer sus recetas de “más de lo mismo” y por otra se hacen intentos de reformas al modelo de desarrollo, pero que son insuficientes ante la dimensión estructural de la crisis.

México es un ejemplo de la ortodoxia neoliberal para gestionar la crisis. En este caso, la continuidad con los paradigmas del Consenso de Washington, tanto en su versión original de 1989, como en la versión recargada diez años después, ofrece supuestamente, la mejor manera de enfrentar la época crítica que vive la humanidad. Una buena parte de Latinoamérica sigue esas recetas, pero simultáneamente desde ella emergen críticas a los paradigmas dominantes; algunos intelectuales críticos ubican en esta región el nacimiento de paradigmas de corte post-neoliberal, dado el refuerzo de las capacidades reguladoras del Estado, la recuperación de la agenda de justicia, redistribución del ingreso y de transformaciones radicales en el modelo de desarrollo.

Hay también intentos por construir paradigmas diametralmente opuestos al dominante. Desde la ecología política se propone una crítica demoledora del capitalismo mediante el paradigma de “crecimiento cero”, o de decremento razonado de la producción; “vivir mejor con menos”, una suerte de contra-modelo de desarrollo que es divisa del movimiento ecologista. Sin embargo, en los países periféricos ese paradigma puede significar la legitimación de su atraso y la mistificación de la pobreza.

Otros paradigmas alternativos emergen desde el movimiento social altermundialista. En sus resistencias contra la depredación capitalista, el calentamiento global, la imposición del modelo minero-extractivista, la construcción de represas para la generación de electricidad, o la dotación privilegiada de agua para la creciente industrialización y la agricultura. Evidentemente, necesitamos urgentemente otro paradigma de desarrollo que transforme la crisis en un Estado social del buen vivir.

Dos pruebas a la democracia

Optimismo intuitivo es lo que siento frente a dos pruebas a las que se somete la democratización mexicana. Un desafío es profundizar los aspectos positivos que hicieron posible la caída de la llamada licitación 21, que entregaba una fracción importante del espectro radioeléctrico al consorcio coyuntural entre Televisa y Nextel, al cual le fue entregada esa franja en una cantidad casi treinta veces menor que lo pagado en otra licitación por una franja equivalente, por la empresa Telcel-Telmex. Se trata de concesiones de espacios radioeléctricos públicos, que son estratégicos para la trasmisión de datos, televisión digital y telefonía, ramas de actividad empresarial de punta en la constitución de todo el campo de la informática, del cual depende la puesta al día del país en lo tocante a la sociedad de la información.

La otra prueba que enfrenta la democracia mexicana es el relevo de tres Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), cuyo proceso de selección promete ser más adecuado que en anteriores ocasiones, en que la partidocracia se distribuía por cuotas de poder –basadas supuestamente sobre la fuerza electoral- tantos consejeros electorales como fuera posible negociar entre el PRI y Acción Nacional. Está en juego la calidad democrática que requiere el país, en hacer avanzar las discusiones pendientes sobre la reforma política y electoral, que en mucho pueden incidir en la estructuración de la autoridad electoral, el IFE, en su relación con el poder Judicial, con los poderes Ejecutivos federal y de los Estados federados, así como con los poderes mediáticos que no dejan de estar en el centro del interés por reformar las campañas electorales y por su potencial para hacer exigible el derecho a la información en materia electoral. Tres consejeros electorales que participarán en dos elecciones presidenciales nacionales: 2012 y 2018.

Ambas pruebas cuentan con activos positivos en las voces y demandas, que se han levantado desde la sociedad civil, las cuales se han coordinado con algunos representantes electos y con asociaciones profesionales especializadas en el campo de la información y la comunicación. Mi intuición optimista se fundamenta en el trabajo que hace la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), en la documentación del complejo entramado técnico, social, político y cultural vinculado con los derechos que están en juego en torno a la comunicación, la informática, el papel regulador del Estado en asuntos de interés público, la transparencia en las licitaciones y la exigencia de cuentas al gobierno, que es responsable de administrar y otorgar las concesiones del espacio radioeléctrico. Una vez rota la alianza Televisa-Nextel, la AMEDI seguirá responsablemente el proceso de licitación que se reponga para otorgar la nueva concesión.

Merece un reconocimiento especial el papel de bisagra jugado por el Diputado de la Nación –subrayo su carácter nacional, porque supera su pertenencia partidaria- Javier Corral, quien fue el Presidente fundador de la AMEDI, asociación hoy presidida por el destacado investigador Raúl Trejo Delarbre, y hoy preside la Comisión de gobernación que será la encargada del proceso de selección de los tres nuevos consejeros del IFE. En este proceso, Javier Corral prometió encabezar los esfuerzos por hacer de esta selección de consejeros una muestra de calidad democrática. En ello coinciden varias organizaciones sociales entre las que destacan el Comité Conciudadano y el Colectivo por la Transparencia, quienes plantean 10 puntos concretos que se necesitan para que, habiendo perfiles de personas que podrían cumplir con el papel de árbitros electorales independientes, sensibles a las demandas democratizadoras del país, la Comisión de Gobernación y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, realice un proceso transparente, incluyente y abierto a la sociedad.

LEGALIDAD, LEGITIMIDAD Y ALTERNANCIA EN 2012

Carlos Salinas llegó al gobierno en medio de una doble crisis, de legalidad, pues no sustentó su triunfo en la imparcialidad que caracteriza a las instituciones del Estado de derecho, recordemos la quema del material electoral para evitar que se comprobara el fraude en su elección. También su gobierno nació sumido en una crisis de legitimidad, pues el fraude perpetuado en 1988 fue documentado y se generó una pérdida de credibilidad en los procesos electorales, las instituciones encargadas de organizar los comicios, en el gobierno emanado de la imposición y en el conjunto del sistema político y de partidos, que fueron incapaces de reconocer y respetar la voluntad popular. Todavía cargamos con los estigmas del desencanto frente esas instituciones y sigue aumentando la abstención y una corriente que anula concientemente su voto.

No obstante esa doble limitación, la genialidad política del ex Presidente Salinas –cuya perversidad confirmamos día con día- le permitió recomponer esa doble crisis a su favor durante sus dos primeros años de gobierno. Considerado como un político pragmático capaz de transformar la adversidad, sin poner reparo alguno en los medios para obtener sus fines, Carlos Salinas apostó por un proyecto de país ortodoxamente apegado al Consenso de Washington, nacido en 1989, cuyos puntos fundamentales aplicó religiosamente a lo largo y ancho de su mandato presidencial. Él mismo, formado en las doctrinas liberales ofrecidas por universidades estadounidenses, fue un discípulo destacado de la llamada Reaganomics y de las políticas neoliberales aplicadas por Margaret Thatcher, la Dama de Hierro de la Gran Bretaña.

La operación de ese su proyecto estuvo a cargo de una coalición política que reunió a ambiciosos tecnócratas que se erigieron en una clase política con vocación para gobernar durante 25 años –como lo afirmara en esa época Ángel Gurría, actualmente Secretario General de la OCDE. Una coalición política que hizo alianzas con los poderes fácticos de la empresa, los medios de comunicación, que negoció espacios de poder con el narcotráfico y las iglesias. Además, esa coalición buscó alianzas con sectores populares que necesitaba el PRI para renovar su base social y así emprender la (contra) reforma agraria y superar la propia herencia corporativa del sindicalismo real y potencial opositor a las reformas emprendidas. Finalmente, el Programa Nacional de Solidaridad fue el instrumento más eficaz para ganar una base social en disputa, particularmente por una izquierda sensible a las demandas de los afectados por el salinismo.

Bajo el manto de una nueva doctrina, el Liberalismo Social, se profundizó la influencia de esa coalición política encabezada por Salinas, al grado que persisten continuidades con las transformaciones neoliberales que se siguen operando en el país, independientemente del partido u orden de gobierno que se trate: privatización, liberalización a ultranza, apertura total e indiscriminada con el impulso del libre comercio (el TLCAN, que representó el cabildeo más caro que haya emprendido gobierno alguno en Estados Unidos) La estabilidad macroeconómica reducida al sector financiero que supedita al trabajo. Son todas ellas iniciativas que inició, depuró o sofisticó el salinismo. Inclusive, actualmente vemos otras continuidades, como el fraude electoral de 2006, que implicó alianzas con la Mtra. Gordillo que operó Salinas con la complicidad del Grupo Atlacomulco. Así se explica que el ex Presidente Salinas haya equiparado alternancia y democratización en 2012, en su intervención durante la celebración de los 20 años del IFE. Se comprende que el llamado PRI-AN no garantiza una fiel continuidad con el proyecto que sigue encabezando Carlos Salinas y su coalición política que está más viva que nunca. ¿La alternancia priista sabrá recomponer legalidad y legitimidad en el contexto de la profunda crisis actual?

10 TESIS SOBRE MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

Noam Chomsky, destacado lingüista del Massachusets Institute of Technology, plantea 10 tesis sobre la manipulación mediática de la opinión en las sociedades contemporáneas. Los intentos manipuladores del gobierno jalisciense del conflicto en torno al presupuesto de la Universidad de Guadalajara, pueden ilustrarlas.

1- La estrategia de la distracción. El montaje teatral de la entrega personal de los cheques por funcionarios del Ejecutivo estatal, que corresponden por derecho al presupuesto universitario, pretendió distraer la atención del público hacia la idea de que el gobierno si cumple, pero es la U de G la que no destina la inversión a la creación de una mayor oferta educativa, sino al barril sin fondo que representa el Centro Cultural Universitario. Sin embargo, ese montaje creo confusión pública, pues los cheques tienen un destino etiquetado y no se pueden destinar a construir preparatorias o a reponer el mobiliario.

2- Crear problemas, después ofrecer soluciones. El gobernador jalisciense se esmera en presentar una solución falaz: “mientras la U de G, no destituya a su ‘jefe político’ y lo obligue a rendir cuentas, no merece disponer de su presupuesto, pues no se sabe a dónde van tantos millones de pesos…” Más allá de reconocer el derecho universitario a contar con un presupuesto digno, el gobierno estatal crea problemas de carácter político que son ilegales y que no toman en cuenta el autogobierno universitario y sus avances en materia de transparencia.

3- La estrategia de la gradualidad. Poner dificultades de manera gradual y creciente a la gestión del presupuesto universitario, por parte de Emilio González, busca debilitar la educación pública, laica y gratuita, al desconocer que sin una estrategia educativa sostenida no hay progreso posible para el estado y la nación, ni un pensamiento crítico frente a la exclusión y la injusticia.

4- La estrategia de diferir. El gobierno de Emilio impulsa una medida “dolorosa pero necesaria”, al castigar a toda la comunidad universitaria por su complicidad con el despilfarro cultural. No obstante, diferir la solución del conflicto de fondo entre la autonomía universitaria y los poderes públicos, para garantizar la educación pública, tiene consecuencias negativas que se esconden sistemáticamente.

5- Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La incapacidad gubernamental para impulsar un debate público razonado sobre el conflicto, muestra que se opta por infantilizar al ciudadano. Pesa más el argumento de autoridad que la convicción con base en el pensamiento reflexivo antidogmático.

6- Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Los recursos histriónicos de Emilio, transformaron el regalo de las calaveras en amenaza de muerte hacia él y su familia, causando un corto circuito en el análisis racional, y finalmente del sentido crítico de los individuos. Sigo a Chomsky: ello abre “la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…”

7- Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Las afinidades entre los Emilios: González y Ascárraga, por la (in)cultura del entretenimiento, hacen creer que deja más beneficios invertir en telenovelas o banalidades que invertir en educación.

8- Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. La renuencia del gobernador jalisciense al diálogo respetuoso lo hace incapaz de reconocer interlocutores con capacidad de raciocinio y de cuestionamiento. Prefiere gastar 15 millones de dólares en espectáculos mediocres a impulsar la educacion.

9- Reforzar la autoculpabilidad. El individuo es culpable de su propia desgracia; su educación, preferentemente privada, soluciona sus culpas.

10- Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. La manipulación neurobiológica del individuo y la psicología aplicada sin ética humana, instrumentalizan al conocimiento en función del poder desafecto del control público.