Dos pruebas a la democracia

Optimismo intuitivo es lo que siento frente a dos pruebas a las que se somete la democratización mexicana. Un desafío es profundizar los aspectos positivos que hicieron posible la caída de la llamada licitación 21, que entregaba una fracción importante del espectro radioeléctrico al consorcio coyuntural entre Televisa y Nextel, al cual le fue entregada esa franja en una cantidad casi treinta veces menor que lo pagado en otra licitación por una franja equivalente, por la empresa Telcel-Telmex. Se trata de concesiones de espacios radioeléctricos públicos, que son estratégicos para la trasmisión de datos, televisión digital y telefonía, ramas de actividad empresarial de punta en la constitución de todo el campo de la informática, del cual depende la puesta al día del país en lo tocante a la sociedad de la información.

La otra prueba que enfrenta la democracia mexicana es el relevo de tres Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), cuyo proceso de selección promete ser más adecuado que en anteriores ocasiones, en que la partidocracia se distribuía por cuotas de poder –basadas supuestamente sobre la fuerza electoral- tantos consejeros electorales como fuera posible negociar entre el PRI y Acción Nacional. Está en juego la calidad democrática que requiere el país, en hacer avanzar las discusiones pendientes sobre la reforma política y electoral, que en mucho pueden incidir en la estructuración de la autoridad electoral, el IFE, en su relación con el poder Judicial, con los poderes Ejecutivos federal y de los Estados federados, así como con los poderes mediáticos que no dejan de estar en el centro del interés por reformar las campañas electorales y por su potencial para hacer exigible el derecho a la información en materia electoral. Tres consejeros electorales que participarán en dos elecciones presidenciales nacionales: 2012 y 2018.

Ambas pruebas cuentan con activos positivos en las voces y demandas, que se han levantado desde la sociedad civil, las cuales se han coordinado con algunos representantes electos y con asociaciones profesionales especializadas en el campo de la información y la comunicación. Mi intuición optimista se fundamenta en el trabajo que hace la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), en la documentación del complejo entramado técnico, social, político y cultural vinculado con los derechos que están en juego en torno a la comunicación, la informática, el papel regulador del Estado en asuntos de interés público, la transparencia en las licitaciones y la exigencia de cuentas al gobierno, que es responsable de administrar y otorgar las concesiones del espacio radioeléctrico. Una vez rota la alianza Televisa-Nextel, la AMEDI seguirá responsablemente el proceso de licitación que se reponga para otorgar la nueva concesión.

Merece un reconocimiento especial el papel de bisagra jugado por el Diputado de la Nación –subrayo su carácter nacional, porque supera su pertenencia partidaria- Javier Corral, quien fue el Presidente fundador de la AMEDI, asociación hoy presidida por el destacado investigador Raúl Trejo Delarbre, y hoy preside la Comisión de gobernación que será la encargada del proceso de selección de los tres nuevos consejeros del IFE. En este proceso, Javier Corral prometió encabezar los esfuerzos por hacer de esta selección de consejeros una muestra de calidad democrática. En ello coinciden varias organizaciones sociales entre las que destacan el Comité Conciudadano y el Colectivo por la Transparencia, quienes plantean 10 puntos concretos que se necesitan para que, habiendo perfiles de personas que podrían cumplir con el papel de árbitros electorales independientes, sensibles a las demandas democratizadoras del país, la Comisión de Gobernación y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, realice un proceso transparente, incluyente y abierto a la sociedad.