Es un lugar común decir que el combate al crimen organizado requiere de un enfoque integral; todos podríamos aceptar este señalamiento que hace José Narro, Rector de la UNAM, al referirse al fracaso de la sociedad, no exclusivamente del gobierno, que representan los casi 34 mil 500 ejecutados en lo que va del sexenio calderonista. No obstante, en su argumentación contra el fracaso de la perversa guerra que convoca el gobierno, o contra la inadecuada política contra el narco que encabezan Estados Unidos y la ONU, se encierra una conclusión que en el fondo reclama una estrategia integral de desarrollo, además de una estrategia particular contra el crimen organizado. Un enfoque multidimensional que significa toda una reestructuración social, capaz de ofrecer empleo, salario digno, educación a los jóvenes, formación de valores laicos, cívicos, como la solidaridad, la lealtad, la defensa de la libertad, de la tierra, de todos los seres vivos.
Si la guerra anticrimen encabezada por Washington y Naciones Unidas fracasó, particularmente su versión mexicana, lo que toca hacer ahora es encuadrar en qué consiste tal integralidad del desarrollo, en tanto condicionante de un enfoque integral contra el crimen organizado. Esta semana empezaron los trabajos de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, integrada por tres ex presidentes latinoamericanos: Fernando Cardoso, de Brasil; Cesar Gaviria, de Colombia y Ernesto Zedillo de México y numerosas personalidades de otras partes del mundo, entre los que destacan los escritores Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. Esta nueva Comisión tiene el riesgo de aislar una vez más la lucha anticrimen de los problemas del desarrollo, los cuales deberían de incluir la dimensión sociopolítica como palanca transformadora para enfrentar la crisis civilizatoria que subyace a la crisis de valores humanistas que invade a nuestras sociedades.
Los ex Presidentes de Brasil, Colombia y México muestran sobradamente que la consigna que animó a sus gobiernos: “más de lo mismo”, es la determinante del fracaso en los términos del desarrollo, pues bajo sus mandatos se incrementó la desigualdad social, aumentó la pobreza más que antes, se concentró el ingreso a niveles escandalosos (que se reprodujo bajo el gobierno de Lula), y con la excepción de Brasil que cuenta con una política exterior autónoma, en Colombia se impuso un plan militarista y policíaco conducido por Estados Unidos, que luego se reproduciría en México dentro de la Iniciativa Mérida. Al grado que el gobierno mexicano se apegó con toda ortodoxia a la táctica de guerra, desde el arribo al poder de Felipe Calderón, pues con todas las fisuras que abrió su falta de legitimidad el Ejército se convirtió en el salvavidas del régimen y la guerra en su fuente de combate contra la inseguridad.
Entre diálogos nacionales sin escuchas, desmoronamientos de instituciones por falta de acuerdos políticos básicos para recuperarlas y reformarlas, en medio de una crisis de gobernabilidad causada por la impunidad de los poderes fácticos, tanto del crimen organizado, como del poder empresarial, al que ni siquiera se regula en el ámbito fiscal –pues las grandes empresas eluden pagar impuestos, lo que equivale a un 20 por ciento del PIB- lo que falta es una estrategia integral del desarrollo. Mauricio de María y Campos, resalta las dificultades para revitalizar al mercado interno: “En México nuestra imaginación política-empresarial-laboral parece estar entrampada. Realizamos ajustes anuales por inflación a un salario mínimo inaplicable, temerosos por los efectos inflacionarios de llegar a 58 pesos diarios, cuando debiera ser de 220.6 para satisfacer las necesidades materiales de una familia promedio de 4 y de 280 para cumplir con las constitucionales”. Un salario remunerador digno sería el mejor cañonazo contra la reproducción del sicariato entre los jóvenes.
viernes, 28 de enero de 2011
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