VIOLENCIA Y MANEJO DEL CONFLICTO

Fue sorprendente que a dos horas de aparecida la noticia sobre la violencia desatada por los narcos en Guadalajara, el martes pasado, en la página Web de Público-Milenio había unos 230 comentarios de los lectores sobre los lamentables sucesos. Opiniones, interpretaciones, llamados a la acción, exigencia de responsabilidades y toda una mezcla de sentimientos sumamente heterogéneos sobre la inseguridad, los riesgos, los cambios para mal, lo que perdimos frente a un pasado no tan peor, temores que asoman con esos conflictos. Las redes sociales, desde una perspectiva que rebasa a los medios de comunicación escritos o electrónicos, ya incluían en esos momentos una convocatoria para movilizarse al día siguiente con la consigna: “¡Más allá del miedo!, ¡No Más Sangre en Guadalajara!” Los gobiernos de los municipios metropolitanos, junto con el gobierno estatal, también trataron de responder con posiciones unificadas que llevaron a aceptar rápidamente el Mando Unificado de fuerzas policíacas.

La campaña No Más Sangre, iniciada por Rius, tiene el mérito de enarbolar una demanda legítima de paz y seguridad ciudadana. Pero quedan ambigüedades en cuanto a las conclusiones que podemos desprender para una actuación ciudadana que marque o influya las políticas gubernamentales frente al crimen organizado. Sin demérito de la ética pública que sustenta esta campaña, es válido preguntar sobre lo que ella ayuda en la definición de los roles a cumplir por la sociedad civil, el gobierno y la responsabilidad del narco en el derramamiento de sangre. A quién le habla esta campaña ¿al Presidente Calderón, los poderes ejecutivos locales y al Ejército, para que paren la guerra como estrategia equivocada? ¿Le habla esta campaña a los narcos para que ya no se maten entre ellos? La clave de lectura es que interpela al ciudadano común para que identifique una aspiración compartida y asuma activamente su parte.

Como sociedad y como Estado enfrentamos, empero, desafíos diferentes pero que no deben de estar contrapuestos. Se trata de revalorar la política como palanca de acción pública razonada para manejar el conflicto y la comprensión integral de las raíces que generan la violencia. Narcobloqueos y violencia desatada en Guadalajara envían señales políticas que orientan sus acciones criminales: se ejecutan el día del informe gubernamental, en obras emblemáticas de su administración, en instalaciones policíacas, en negocios privados, en nodos viales importantes; no hay asesinatos sino advertencias sobre la inconformidad causada por la colusión de cuadros policíacos con algún cártel. Juegos Panamericanos, candidatura presidencial del gobernador jalisciense, imposibilidad manifiesta para identificar y detener a los criminales, tentación para que se saque al Ejército a las calles, prolongación de la guerra calderonista. Todo se cimbra y entre la clase política están los perdedores.

La iniciativa pasa del lado de la sociedad civil, pues no podemos esperar del Estado, de la política fallida, que recomponga sus equívocos, que nos imponga como necesaria la cuota de los daños colaterales que implica esta guerra. Pero frente al chantaje narcoterrorista, no se pueden contraponer impunidad, corrupción, deshumanización, en el manejo del conflicto; menos aún podemos conceder valor pedagógico alguno a una política de premio y castigo, con legislaciones endurecidas contra el crimen organizado. Actuar ya y en todos los frentes conflictivos es la demanda ciudadana, pero necesita del Estado legítimo para ser eficiente y eficaz: terminar con la orientación exclusivamente policial y militar; apostar por una estrategia de inteligencia político-militar con fuerzas especiales, legítimo ejercicio de la violencia estatal, depuración del aparato judicial, independencia del Ministerio Público. Empezar ya con los cambios estructurales que combatan la violencia estructural. Someter el diagnóstico y las acciones emprendidas al escrutinio de un diálogo nacional, con rendición de cuentas: No Más Sangre