DEMOS PURO, SIN CRATOS PERVERSO

Sociedad sin Estado y superación de la democracia, debido a su inclinación perversa a cosificar al poder, son centrales en las críticas radicales implícitas en las rebeliones contemporáneas de los indignados. Desde las posiciones más visibles en esos movimientos, es un error pensar que el poder redime. La soberanía moderna reside en el pueblo, pero las mediaciones e intermediaciones que impone la organización de un poder público se revierten contra la sociedad. El Estado, máxima expresión de ese poder, es un instrumento de dominación que combina de forma utilitaria el consenso, o el consentimiento de la ciudadanía, con la dominación para ejercer la coerción necesaria para reproducir al capitalismo. Se necesita, de acuerdo con algunos indignados, una reconstrucción social del demos, de manera que cratos, el poder, no sea el que rija la vida en sociedad.
Si la polis antigua generó un modelo de convivencia social para dirimir deliberadamente los conflictos producidos por vivir juntos, su transformación en la Ciudad-Estado revirtió el ejercicio de las libertadas cotidianas y vulneró la libertad para conciliar proyecto de vida individual y colectivo. Así, la civitas como conciencia de ciudadanía libre, se sometió a la polis al crear al Estado como un ente externo cimentado sobre el poder de pocos. A lo largo de la historia, rebeliones, revueltas o revoluciones han dejado sin cumplir la creación y promoción sostenida de formatos autogestionarios fundados en la asamblea y la democracia directa. Un ideal equilibrio entre libertades individuales y colectivas, que sólo se ha producido en momentos conflictivos donde la iniciativa social derrumba al Estado: la Comuna de Paris, la hegemonía de los soviets o momentos críticos en la historia reciente, como los Caracoles zapatistas, las rebeliones árabes o lo que anuncia la rebelión de los indignados en España.
Asistimos sin duda a una revalorización de los principios anarquistas; su fuerza es seductora por su lucha antiinstitucional contra toda forma de poder opresor, y por el reconocimiento del destino irremediable del Estado a convertirse en un ente ingobernable por encima de la voluntad de todos-as. Gobierno tras gobierno ha crecido un poder externo a la sociedad frente a la cual el Estado cumple su rol instrumental del poder dominante y se muestra cada vez más incapaz de obtener el consentimiento social para el gobierno de pocos; el desencanto con las elecciones, cada vez menos creíbles por la abstención mayoritaria en la inmensa mayoría de países y localidades, el descrédito del sistema de partidos y las secuelas excluyentes de las políticas públicas que implementan, desembocan en impunidad y corrupción. La dramática brecha que separa a representantes y representados no es más que la expresión corrupta de la lucha por el poder estatal.
No obstante la pertinencia de los motivos antiestatales, cabe preguntarse si el espíritu libertario de la crítica anarquista que acompaña a estas rebeliones ofrece una salida radical frente a los conflictos que emergen. Enfrentar los problemas sistémicos de nuestras complejas sociedades, requiere de un antipoder con una estrategia para desmantelar al Estado opresor desde un enfoque anticapitalista, pero hacen falta puentes entre las experiencias microsociales de la asamblea, que puede vivir sin Estado desde formatos de democracia directa, y la organización de un poder público en el que podrían coexistir la delegación propia de la democracia representativa, el impulso de la participación ciudadana en todos los asuntos públicos, incluida la gestión del modelo económico y de desarrollo y la recreación de la democracia comunitaria de los pueblos originarios. Los poderes fácticos, el regreso del Estado fuerte regulador dominan nuestras vidas. Democracia real ¡ya!, exigen los españoles indignados. El demos puro necesita de estrategias antipoder para lograrla.

LA REVOLUCIÓN DE LOS INDIGNADOS

El desencanto con la política, los partidos y el gobierno está dando sorpresas que nos invitan a reflexionar sobre la indignación que vivimos en México. Se trata ahora de jóvenes españoles, de los que acá llamamos ninis, pero que han creado todo un abanico de protestas sociales para denunciar la ineficacia del supuesto régimen democrático para atender las demandas sociales, en primer lugar contra una clase política que no representa a la mayoría y particularmente a los afectados por la crisis económica, contra la banca como causante de la mercantilización de la vida misma, contra la corrupción de una buena parte de la gestión pública. Un movimiento iniciado por jóvenes, pero también desocupados, jubilados y población de todas las edades, que también están “hasta el culo”, para decir a la española el hasta la madre mexicano.
El campamento montado por los manifestantes en la céntrica y emblemática Puerta del Sol en Madrid, pero también extendido por las ciudades ibéricas más grandes, se radicaliza a unos días de las elecciones municipales y regionales españolas. Dicen los indignados que la especulación financiera que beneficia a los bancos cuenta con el beneplácito de la clase gobernante, mientras que un asunto central vital para la democracia es combatir la desigualdad, pues el desempleo en ese país alcanza la peor cifra de su historia reciente: el desempleo abarca al 21.3% de la población, con más de 4.9 millones de desocupados. Entre los jóvenes se calcula que hay 40 por ciento de ellos desocupados, la mayoría sin beneficios de pago por paro. Además, la inseguridad abarca cada vez más espacios de la vida del español medio, pues el recorte de la política social aunado a la precariedad laboral crea incertidumbre y angustia en la vida cotidiana.
De acuerdo con una nota de El Universal, de México (18-05-2011), este movimiento erige: “Una plataforma apolítica llamada Democracia Real ¡Ya! [que] consiguió sacar a la calle a miles de personas, sobre todo jóvenes, en todo el país sin más ideario que hacer oír su voz en contra del desempleo, la precariedad, los recortes sociales, los bancos y la clase política en general.”. Los indignados aún no tienen un conjunto de demandas articuladas que plantear. Pero más de cien mil personas debaten intensamente lo que toca hacer en las redes sociales. Sobre todo, el campamento madrileño se convirtió en una ágora donde se reúnen pequeños grupos, donde se circulan manifiestos diversos y se discuten ideas sobre el quehacer frente a cartelones pegados a la pared. La indignación es contra una democracia expropiada por representantes separados del ciudadano, contra la voracidad de los bancos, contra los partidos opositores y del gobierno.
Que difícil resulta encauzar la indignación en México. Cuantos obstáculos hay que brincar para poder hacer reformas incluyentes, consultadas de cara a la ciudadanía, que sean pertinentes y oportunas. El secuestro de la representación ciudadana por la partidocracia impide que tengamos una reforma político-electoral que empiece a operar antes de las elecciones de 2012. Tendremos que esperar seis años más para restar poder a esa partidocracia que impide incluso que los tres consejeros electorales del IFE que faltan para completar al Consejo General sean nombrados. Una larga espera para que podamos siquiera tener candidaturas independientes que rompan el monopolio de la representación. Los legisladores tendrán que discutir al vapor la Ley de Seguridad Nacional, sin que hayan sido suficientemente oídas las demandas emanadas de marchas y agrupaciones en contra de la actual estrategia contra el crimen organizado. Entre la Democracia Real ¡Ya! Y la revolución de los indignados que crece en el mundo, estamos rezagados en el México apático.

DEL SILENCIO A LA DELIBERACIÓN POLÍTICA

Las varias marchas por la paz con justicia que se dieron en distintas ciudades del país y significativamente en algunas zonas indígenas, particularmente las zapatistas, expresaron el hartazgo contra la violencia implicada en la estrategia gubernamental para combatir al crimen organizado, interpelaron a los criminales al relacionarlos con el no más sangre, ya basta, estamos hasta la madre también de su violencia, y propiciaron una nueva narrativa pública del conflicto: ni odio ni venganza pueden fundamentar una solución de fondo a la violencia; necesitamos reinventar el amor por el y la otra, en la copasión, la autoestima y la exigencia inaplazable de justicia como valor civilizatorio; la impunidad y la corrupción se combaten también de abajo hacia arriba; el silencio marca el principio de la escucha, el paso de la reflexión contenida a la expresión de una voz crítica, hasta el grito de dolor.

Como todo movimiento social fundador de esperanzas compartidas por darle otro manejo al conflicto, esta fase de lucha contra la violencia abre un caudal de preguntas, para muchas de las cuales no vislumbramos respuestas estructuradas. ¿Cómo darle alcance nacional al movimiento por paz con justicia? El discurso de Javier Sicilia ha calado en buena medida porque da rostro al dolor obligado a permanecer en el anonimato. Necesitamos reconstruir la antropología de la muerte desde la vida, una que atraiga a las madres dolidas por sus familiares asesinados, a los hijos-as que perdieron a sus padres, a quienes desconsolados por la muerte cercana aún no encuentran la paz y desconfían de esa ley de ojo por ojo y diente por diente, que nos puede dejar ciegos y chimuelos a todos, como dice Sicilia. Necesitamos documentar, ubicar, localizar en todo el país el rostro de la injusticia para preparar la manera de superarla.

¿Es prometedor el pacto nacional de Ciudad Juárez que se anuncia? Fue impresionantemente positiva la convergencia lograda por la convocatoria alrededor de Javier Sicilia. Una amplia gama de organismos ciudadanos se aglutinan en torno de la demanda de paz con justicia. Así se constató en las marchas que hubo el fin de semana pasado, donde convergieron organizaciones ya conformadas contra la escalada de violencia vivida en el país durante los cinco años recientes, con organismos pacifistas, por la defensa de derechos humanos, movimientos vecinales y personas sin organización pero con esperanzas y preocupaciones compartidas. Sin llegar a constituir un movimiento antisistémico, también unió el desencanto frente al sistema político y de partidos y la autoconfianza ciudadana. Pero, la coyuntura política a un año de las elecciones presidenciales hace pensar en el resurgimiento de fortalezas cívicas sociales necesitadas, sin embargo, de una deliberación política ávida de soluciones de fondo.

¿Se puede ganar poder ciudadano en el marco de las limitadas reformas político-electoral y a la Ley de Seguridad que debate el Congreso de la Unión? No fue casual que en todas las marchas surgiera ésta pregunta. Si no se aclaran las diferencias entre seguridad nacional, que está a cargo del Ejército y seguridad pública, que está a cargo de un sistema policíaco vigilado y controlado bajo formatos de consejos que incluyan ciudadanos, no se pondrán las condiciones que propicien un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado fundado sobre la militarización de la seguridad. Si no se procesa un concepto de seguridad integral, a la vez humana, democrática y ciudadana, no se podrán poner las bases institucionales para cambiar de estrategia. Aún con las limitaciones de una reforma político-electoral que no es de Estado, también se necesita cambiar la interlocución entre ciudadanos y poderes constituidos. El compás de silencio da paso a la deliberación política.

VOCES CONTRA REFORMAS FALLIDAS

Ante el entrampamiento de las reformas política y de la Ley de Seguridad, causado por un diseño obsoleto del sistema político y por prácticas patrimonialistas y clientelares que sustentan a la partidocracia, se alzan voces que demandan urgentemente retomar un sentido de transformación estructural del Estado. Son voces críticas del atorón legislativo, que emanan de un cada vez más amplio tejido de organizaciones sociales, muchas de ellas emergidas al calor de la violencia e inseguridad que nos agobia. También hay voces críticas en el Congreso de la Unión, que son sensibles a los reclamos de reformas profundas en materia de política y seguridad. Esas voces revalorizan la política como eje de actuación colectiva razonada frente al conflicto y como medio para ganar calidad democrática: apego al Estado de derecho; rendición de cuentas; exigencia de responsabilidades del poder público. Corrupción e impunidad torpedean cualquier intento reformador.

Aunque abortaron las maniobras políticas de una fracción del PRI por reformar la Ley de Seguridad aprobada en 2005, ese proyecto de reforma expresa varios contenidos esperados por un electorado ávido de reforzar un Estado autoritario que comparta, entre un presidencialismo reforzado y las Fuerzas Armadas, las llaves de solución contra violencia e inseguridad. La militarización del combate al crimen organizado, sin una estrategia integral para enfrentarlo, daría argumentos para mantener al Ejército en las calles, minimizar el impacto sobre derechos humanos, someter las garantías individuales a los imperativos de escenarios de guerra, o a criminalizar los movimientos sociales al endilgarles ser fuente de violencia y de alteración del orden establecido. Además, la doctrina de seguridad que subyacía en ese proyecto de reforma, se sometía al diseño norteamericano de estrategias militarizadas nacionales conducidas desde Estados Unidos contra el terrorismo y el crimen organizado, de acuerdo con la Patriotic Act, decretada después del 11 de septiembre de 2001.

Un amplio conjunto de manifestaciones públicas asociadas con la marcha convocada por el escritor Javier Sicilia, levantarán voces que articulan el malestar con la propuesta de sentidos civilizatorios nuevos, que reclaman transformaciones estructurales del Estado: una estrategia integrada y coherente de combate a la delincuencia organizada; hacernos visibles como víctimas con rostro tanto de los desaciertos de la política gubernamental como de los criminales; exigir comunicación entre representantes y representados para lograr paz y justicia con derechos humanos garantizados y calidad democrática. Gracias a las gestiones del Diputado Javier Corral, Presidente de la Comisión de Gobernación, habrá un plazo de 90 días para realizar consultas en torno a la Ley de Seguridad. Para que haya un trabajo coordinado entre todas las comisiones del Congreso de la Unión involucradas con esta reforma, se necesitará también receptividad en todos los poderes frente a las demandas planteadas por la movilización nacional que toma nuevos bríos.

En torno de la torpedeada reforma política, hay voces ciudadanas que insisten en retomar públicamente esta discusión. Ciertamente, el Senado aprobó varias medidas que contribuyen a un mejor desempeño del sistema político y de partidos, como las candidaturas independientes, la reelección de Diputados y Senadores, la iniciativa ciudadana para presentar proyectos de ley, la preferencia de iniciativas legislativas presidenciales, sin embargo se dejaron de lado medidas que proponían una transformación profunda del sistema político, como el mandato revocatorio, la integración de formas de consulta participativa o la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Frente a la congeladora priista, hay voces que proponen ampliar el periodo de discusión de la Cámara baja. Para lograrlo, se hacen llegar estas voces mediante Twiter a todos los diputados federales, presión personalizada a esos diputados en cada entidad del país, así como a los Congresos locales. Son voces nacionales portadoras de reformas estructurales.