PRESIDENCIALISMO DE COALICIÓN

Frente al dilema que se plantean las ciencias políticas entre presidencialismo y parlamentarismo, el caso mexicano ofrece un amplio desafío. El poder unipersonal que concentra la figura presidencial en la historia reciente, ha impedido que surja una cultura de compromisos y cooperación por parte de un sistema de partidos que no ha podido desprenderse del todo, de una triple combinación que ha resultado perversa, pues el Presidente de la República es al mismo tiempo, Jefe de Estado, Jefe de gobierno y por si fuera poco es también en los hechos Jefe de Partido. Se ha impuesto así en México un parlamentarismo débil cuyo Poder Legislativo compite, hasta el torpedeo, con el Ejecutivo federal. No es que haya parálisis legislativa sistemática pero si impedimento para llevar a cabo reformas de profundidad en los campos que requiere particularmente una situación de crisis, la cual demanda cambios estructurales firmes.
Estamos frente a una buena oportunidad de sentar las bases para avanzar en un diseño político institucional, sincronizado con la democratización de un régimen puramente presidencialista que puede transitar hacia el fortalecimiento de prácticas parlamentarias y paralelamente al acotamiento de los resabios autoritarios que aún guarda el presidencialismo. La iniciativa para crear un gobierno de coalición, en todos los órdenes de los poderes ejecutivos del país, presentada en el Senado con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, ahora es retomada en la Cámara de Diputados. Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), en coordinación con diputados de otros partidos presentes en la Cámara baja, particularmente con Javier Corral (PAN), presentaron una iniciativa que enriquece el trabajo iniciado por los senadores: la construcción de mayorías plurales de gobierno con base en coaliciones gubernamentales y legislativas que le den soporte al Ejecutivo, como opción a tomar en circunstancias específicas. Destacando la propuesta para elegir a un Jefe de Gobierno. Además, como parte de un trabajo legislativo que podría enriquecerse mediante consultas ciudadanas, el Congreso de la Unión enfrenta el desafío de profundizar estas propuestas en dos pistas simultáneas: la reforma político-electoral y el posible tránsito hacia un régimen semipresidencialista en México, que separe definitivamente las figuras de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe de Partido.
Una magna tarea que quizá no pueda entrar en operación a partir de las elecciones presidenciales de 2012, pero que necesita prever los pasos a dar para lograr la doble reforma, de régimen y político- electoral. Algunos politólogos se preguntan sí es posible que un sistema multipartidista fortalezca la gobernabilidad democrática bajo un régimen presidencialista, cuando elites y burocracias partidarias han constituido un sistema partidocrático que amplía la brecha entre representantes y representados, no rinden cuentas, se oponen al empoderamiento del voto ciudadano y subordinan su quehacer al programa de los poderes fácticos. Tarea central es democratizar simultáneamente al Ejecutivo, los partidos políticos, la cultura parlamentaria y fortalecer los formatos democráticos participativos en los distintos órdenes de gobierno, de manera que sea la sociedad la que modele al Estado e incida activamente en la regulación del mercado y el sometimiento de los poderes fácticos, incluidos los del dinero, los del poder mediático, del poder eclesiástico y los del crimen organizado, al imperio de la ley. La experiencia brasileña del Presidencialismo de Coalición, ofrece pistas interesantes con su doble reforma, la afinación de mecanismos de representación política, que fortalecen el papel del multipartidismo en la Asamblea Nacional y la apuesta por una rendición de cuentas horizontal, emprendida por Comités Parlamentarios de Investigación que evalúan y dan seguimiento a los planes para enfrentar y eventualmente superar la crisis multidimensional del país, la cual atraviesa sistemas e instituciones políticas y de gobierno, como en todo el mundo.

GOBIERNO DE COALICIÓN PARTIDISTA

La reforma constitucional para incorporar la figura de Gobierno de Coalición, propuesta por Manlio Fabio Beltrones y asumida también por panistas y perredistas, aporta elementos para dimensionar la reforma de Estado que seguimos necesitando. Hace falta sin duda acotar al presidencialismo, un poder que se viene deteriorando desde que en 1997 se presentó el primer gobierno “dividido”, en el que el Ejecutivo federal no contó con una mayoría en la Cámara de Diputados. Desde entonces, la relación entre Legislativo y Ejecutivo, no ha logrado establecer una interlocución suficientemente constructiva como para hacer avanzar las políticas públicas que propone el Presidente de la República, ni para llevar a cabo la legislación implicada en las reformas estructurales que pretende impulsar cada gobierno, sobre todo después del año 2000, cuando se registra la alternancia en el gobierno federal.

Falta una cultura parlamentaria respaldada en el diseño institucional republicano mexicano, pues el presidencialismo se inspiró en fortalecer el poder unipersonal del Ejecutivo, primero gracias al partido casi único que imperó en el país de 1929 a 2000 y luego frente a partidos políticos acostumbrados a negociar cuotas de poder partidista, apoyados sobre el monopolio de la representación de intereses, que evacuaron el interés general supuesta finalidad de los institutos políticos. El parlamentarismo, situado en el extremo contrario del Presidente fuerte, no ha logrado influir la cultura política gubernamental y del sistema político y de partidos, pues la elaboración responsable de consensos no caracteriza al desempeño partidario ni de los cargos públicos sometidos al debate para la toma de decisiones. Por ello, la propuesta de Beltrones obliga a pensar en la figura intermedia que representa el semipresidencialismo, la cual distingue en dos personas las atribuciones del Jefe de Estado y del Jefe de Gobierno; el primero electo por voto directo universal y el segundo mediante acuerdo entre Legislativo y Ejecutivo.

Aunque teóricamente positiva la figura de gobierno de coalición hay, sin embargo, algunos factores que obstaculizan su operación política: su falta de concatenación con la reforma política que el propio Senado aprobó en una minuta correspondiente, en la cual había propuestas del Ejecutivo para agilizar y flexibilizar su relación con el Legislativo, pues la propuesta para formar un gobierno coaligado sólo retoma la necesidad de contar con mayorías parlamentarias para hacer eficientes la políticas públicas del gobierno, para tener un Gabinete presidencial ratificado por el Senado y la posibilidad de que el Presidente pueda ser llamado a las Cámaras cuando alguna de ellas lo convoquen. Pero no se contemplan ni el veto presidencial, ni las medidas de control del Legislativo sobre el Ejecutivo, como la moción de confianza-censura, o formas de referéndum y plebiscito que puedan ampliar la participación ciudadana sobre los poderes republicanos.

Se siguen pensando las reformas constitucionales en términos de gobernanza, como eficiencia institucional de “buen gobierno”, pero no como proceso de gobernabilidad que incluya tradiciones parlamentarias, sin brechas entre representantes y representados, a la par de crear pesos y contrapesos al poder unipersonal del Ejecutivo. Además, se deja al criterio del gobernante electo si opta por promover un gobierno de coalición, a pesar de que las evidencias apuntan hacia elecciones altamente competitivas que no permitirán que el Presidente electo cuente con mayoría parlamentaria a favor de su partido. No obstante que la reforma beltronista apunta a la construcción de una mayoría plural con objetivos comunes, la formación de un Gabinete presidencial de calidad consensuada, la coalición que lo sustenta es netamente partidista. Fuerzas políticas no incluidas en partidos, incluidos poderes fácticos necesitados de controles parlamentarios, no participan en la coalición gubernamental. Alerta de peligro: la partidocracia puede cooptar al gobierno coaligado.

El luto es la manifestación inmediata de la pena infligida por la muerte. El duelo es el proceso de asimilación del dolor que nos deja la negación de

El luto es la manifestación inmediata de la pena infligida por la muerte. El duelo es el proceso de asimilación del dolor que nos deja la negación de la vida. Uno incluye al otro, pero sólo el duelo nos puede liberar al permitirnos sacar conclusiones que reafirmen nuestra biofilia, nuestro amor por la vida, nuestros deseo por defenderla, preservarla, cultivarla. Mientras el luto lo interiorizamos hasta el silencio y lo explicitamos mediante símbolos que expresan pérdida, separación, dolor dejado por la ausencia de vida, el duelo supone una combinación entre esa interiorización de la pena individual y la verbalización dirigida a un espacio colectivo: la familia, la comunidad local, el país, el mundo, con fines de procesar todos los significados que trae consigo la destrucción de la vida. El duelo ayuda a comprender racionalmente, en sincronización con los sentimientos o emociones que nos deja la muerte.

Después de la conmoción -que es también conmiseración con el sufrimiento humano causado por la muerte violenta-, por las 57 vidas segadas en el Casino Royale de Monterrey, sin duda nos conmovió el llamado presidencial a guardar tres días de luto nacional por esas víctimas. Nos une la pena y el luto supone también una tregua; antes de explicarnos o de procesar lo que está causando ese dolor, sentimos que han asesinado una parte del nosotros como un todo. Lo que sigue ahora es procesar el duelo hasta poder trascender el dolor. Frente a las ataduras impuestas por la violencia destructora de vida, urge crear y recrear los símbolos en defensa de nuestro derecho más elemental a vivir, así como urge dar espacio público y privado en nuestras vidas a ese duelo liberador, una vez pasada la tregua que impone el luto.

Comprender razones, explicitar sentimientos y emociones, manejarlos con sentido biofílico, implica encontrar orígenes, fuentes desde donde emana la violencia destructora, descubrir y deslindar responsabilidades. El crimen masivo de inspiración terrorista es consecuencia de estrategias de guerra, seguidas por encima de compromisos razonados con la procuración de justicia, prevención del delito y entendimiento de las causas estructurales que originan violencia. El narcoterrorismo, coexiste, conlleva, al terrorismo de Estado, al ojo por ojo, vida por vida. Pero el terrorismo no debe opacar las muertes causadas por la corrupción, la impunidad, la banalización de la vida. El gobierno nunca convocó a duelo nacional por la muerte de 46 niños en la Guardería ABC, o por más de cien muertos en la mina Pasta de Conchos, o por las narcofosas, en ocasión de cada macabro descubrimiento, como el de 72 migrantes asesinados en Tamaulipas. ¿Cuánta crueldad y “valor simbólico” se necesita para guardar luto por las muertes?

Un proceso nacional de duelo implica un esfuerzo colectivo por recuperar la memoria de todas esas muertes que nos han lastimado, llegar a las fuentes de la violencia mortífera. Recuperar las biografías canceladas, dimensionar el drama de las víctimas visibles, tanto como el drama de las víctimas opacadas. Asumir los “daños colaterales”, las víctimas que no se cuentan, de las que no se persiguen a sus victimarios, a las que se les niega justicia. Duelo nacional por la incapacidad para prevenir el crimen y por la falta de inteligencia policíaca; duelo por la impericia legislativa que aprobó 198 casinos de un jalón, a iniciativa de Santiago Creel y que hoy son miles en todo el país, sin que se hayan valorado los efectos mafiosos ligados con la ludopatía. Duelo por la politización instrumental del dolor ante gobiernos divididos en Nuevo León y ante la impavidez del gobierno estadounidense frente a la narco-economía casino que le beneficia.