PRESIDENCIALISMO DE COALICIÓN

Frente al dilema que se plantean las ciencias políticas entre presidencialismo y parlamentarismo, el caso mexicano ofrece un amplio desafío. El poder unipersonal que concentra la figura presidencial en la historia reciente, ha impedido que surja una cultura de compromisos y cooperación por parte de un sistema de partidos que no ha podido desprenderse del todo, de una triple combinación que ha resultado perversa, pues el Presidente de la República es al mismo tiempo, Jefe de Estado, Jefe de gobierno y por si fuera poco es también en los hechos Jefe de Partido. Se ha impuesto así en México un parlamentarismo débil cuyo Poder Legislativo compite, hasta el torpedeo, con el Ejecutivo federal. No es que haya parálisis legislativa sistemática pero si impedimento para llevar a cabo reformas de profundidad en los campos que requiere particularmente una situación de crisis, la cual demanda cambios estructurales firmes.
Estamos frente a una buena oportunidad de sentar las bases para avanzar en un diseño político institucional, sincronizado con la democratización de un régimen puramente presidencialista que puede transitar hacia el fortalecimiento de prácticas parlamentarias y paralelamente al acotamiento de los resabios autoritarios que aún guarda el presidencialismo. La iniciativa para crear un gobierno de coalición, en todos los órdenes de los poderes ejecutivos del país, presentada en el Senado con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, ahora es retomada en la Cámara de Diputados. Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), en coordinación con diputados de otros partidos presentes en la Cámara baja, particularmente con Javier Corral (PAN), presentaron una iniciativa que enriquece el trabajo iniciado por los senadores: la construcción de mayorías plurales de gobierno con base en coaliciones gubernamentales y legislativas que le den soporte al Ejecutivo, como opción a tomar en circunstancias específicas. Destacando la propuesta para elegir a un Jefe de Gobierno. Además, como parte de un trabajo legislativo que podría enriquecerse mediante consultas ciudadanas, el Congreso de la Unión enfrenta el desafío de profundizar estas propuestas en dos pistas simultáneas: la reforma político-electoral y el posible tránsito hacia un régimen semipresidencialista en México, que separe definitivamente las figuras de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe de Partido.
Una magna tarea que quizá no pueda entrar en operación a partir de las elecciones presidenciales de 2012, pero que necesita prever los pasos a dar para lograr la doble reforma, de régimen y político- electoral. Algunos politólogos se preguntan sí es posible que un sistema multipartidista fortalezca la gobernabilidad democrática bajo un régimen presidencialista, cuando elites y burocracias partidarias han constituido un sistema partidocrático que amplía la brecha entre representantes y representados, no rinden cuentas, se oponen al empoderamiento del voto ciudadano y subordinan su quehacer al programa de los poderes fácticos. Tarea central es democratizar simultáneamente al Ejecutivo, los partidos políticos, la cultura parlamentaria y fortalecer los formatos democráticos participativos en los distintos órdenes de gobierno, de manera que sea la sociedad la que modele al Estado e incida activamente en la regulación del mercado y el sometimiento de los poderes fácticos, incluidos los del dinero, los del poder mediático, del poder eclesiástico y los del crimen organizado, al imperio de la ley. La experiencia brasileña del Presidencialismo de Coalición, ofrece pistas interesantes con su doble reforma, la afinación de mecanismos de representación política, que fortalecen el papel del multipartidismo en la Asamblea Nacional y la apuesta por una rendición de cuentas horizontal, emprendida por Comités Parlamentarios de Investigación que evalúan y dan seguimiento a los planes para enfrentar y eventualmente superar la crisis multidimensional del país, la cual atraviesa sistemas e instituciones políticas y de gobierno, como en todo el mundo.