La reforma constitucional para incorporar la figura de Gobierno de Coalición, propuesta por Manlio Fabio Beltrones y asumida también por panistas y perredistas, aporta elementos para dimensionar la reforma de Estado que seguimos necesitando. Hace falta sin duda acotar al presidencialismo, un poder que se viene deteriorando desde que en 1997 se presentó el primer gobierno “dividido”, en el que el Ejecutivo federal no contó con una mayoría en la Cámara de Diputados. Desde entonces, la relación entre Legislativo y Ejecutivo, no ha logrado establecer una interlocución suficientemente constructiva como para hacer avanzar las políticas públicas que propone el Presidente de la República, ni para llevar a cabo la legislación implicada en las reformas estructurales que pretende impulsar cada gobierno, sobre todo después del año 2000, cuando se registra la alternancia en el gobierno federal.
Falta una cultura parlamentaria respaldada en el diseño institucional republicano mexicano, pues el presidencialismo se inspiró en fortalecer el poder unipersonal del Ejecutivo, primero gracias al partido casi único que imperó en el país de 1929 a 2000 y luego frente a partidos políticos acostumbrados a negociar cuotas de poder partidista, apoyados sobre el monopolio de la representación de intereses, que evacuaron el interés general supuesta finalidad de los institutos políticos. El parlamentarismo, situado en el extremo contrario del Presidente fuerte, no ha logrado influir la cultura política gubernamental y del sistema político y de partidos, pues la elaboración responsable de consensos no caracteriza al desempeño partidario ni de los cargos públicos sometidos al debate para la toma de decisiones. Por ello, la propuesta de Beltrones obliga a pensar en la figura intermedia que representa el semipresidencialismo, la cual distingue en dos personas las atribuciones del Jefe de Estado y del Jefe de Gobierno; el primero electo por voto directo universal y el segundo mediante acuerdo entre Legislativo y Ejecutivo.
Aunque teóricamente positiva la figura de gobierno de coalición hay, sin embargo, algunos factores que obstaculizan su operación política: su falta de concatenación con la reforma política que el propio Senado aprobó en una minuta correspondiente, en la cual había propuestas del Ejecutivo para agilizar y flexibilizar su relación con el Legislativo, pues la propuesta para formar un gobierno coaligado sólo retoma la necesidad de contar con mayorías parlamentarias para hacer eficientes la políticas públicas del gobierno, para tener un Gabinete presidencial ratificado por el Senado y la posibilidad de que el Presidente pueda ser llamado a las Cámaras cuando alguna de ellas lo convoquen. Pero no se contemplan ni el veto presidencial, ni las medidas de control del Legislativo sobre el Ejecutivo, como la moción de confianza-censura, o formas de referéndum y plebiscito que puedan ampliar la participación ciudadana sobre los poderes republicanos.
Se siguen pensando las reformas constitucionales en términos de gobernanza, como eficiencia institucional de “buen gobierno”, pero no como proceso de gobernabilidad que incluya tradiciones parlamentarias, sin brechas entre representantes y representados, a la par de crear pesos y contrapesos al poder unipersonal del Ejecutivo. Además, se deja al criterio del gobernante electo si opta por promover un gobierno de coalición, a pesar de que las evidencias apuntan hacia elecciones altamente competitivas que no permitirán que el Presidente electo cuente con mayoría parlamentaria a favor de su partido. No obstante que la reforma beltronista apunta a la construcción de una mayoría plural con objetivos comunes, la formación de un Gabinete presidencial de calidad consensuada, la coalición que lo sustenta es netamente partidista. Fuerzas políticas no incluidas en partidos, incluidos poderes fácticos necesitados de controles parlamentarios, no participan en la coalición gubernamental. Alerta de peligro: la partidocracia puede cooptar al gobierno coaligado.
viernes, 23 de septiembre de 2011
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