CONSTITUYENTE Y CAMBIO DE RÉGIMEN

Audaz, la propuesta de una nueva Constitución y de cambio de régimen en México, del Diputado panista Javier Corral. El agotamiento de la institución presidencial, el débil sistema de partidos y el entrampamiento de relaciones creativas entre los poderes republicanos, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, no corresponden con los avances democráticos mostrados por el país en el ámbito de las elecciones confiables, la consolidación de la alternancia que campea en todos los órdenes de gobierno, desde la Presidencia de la República hasta los municipios, pasando por los gobiernos estatales; una sociedad civil más activa y demandante de nuevos formatos de participación ciudadana, tanto como de un mejor desempeño económico más equitativo, con mejor rendición de cuentas y con acceso responsable a la información y a los medios de comunicación. La Constitución actual no puede resolver esas paradojas.

Corral propone resolver esos entuertos mediante un nuevo ordenamiento constitucional, vía la instauración de un régimen parlamentario capaz de dar cuenta de la pluralidad y diversidad política alcanzada. Una nueva legalidad que siente las bases para saber y poder compartir el poder, por lo que Corral pone especial atención en el gobierno de coalición como fórmula integradora del amplio abanico político existente en México. Su apuesta enfatiza el cambio de régimen político, como primer paso para lograr un cambio de Constitución, pero hacen falta consideraciones sobre lo que representa una Constituyente, como renovación del pacto social en todos los órdenes de la vida institucional, así como de los procesos de consulta y participación ciudadana que la condicionan. El riesgo de confundir una reforma política de amplios alcances y la instauración de una nueva Constitución, puede limitar ese debate tan trascendental a los mismos actores desgastados: los partidos políticos, a pretender hacer desde arriba los cambios, a fortalecer la partidocracia.

Habrá que preguntarse si estamos a tiempo siquiera de emplazar tal debate entre todos los partidos y sus candidatos, pues se trata de una convocatoria a la soberanía popular que podría tener una singular oportunidad de auscultar qué tan aceptada o sentida es la demanda de una nueva Constitución por la población general. Hay demasiados factores que conspiran contra esa renovación y está demasiado lejos de la buena voluntad lo que tendría que ser una convocatoria desde abajo a una Constituyente. El Informe Latinobarómetro 2011, muestra que México es el país menos satisfecho con la democracia, con un 23% frente a un 72% en Uruguay. Entre 2010 y 2011, el apoyo a ese régimen en México bajó de un 49% a un 40%. El 55% de los mexicanos está de acuerdo en que la democracia, aún con problemas, es el mejor sistema de gobierno, penúltimo lugar en la región, apenas por encima de Guatemala (49%)

Los partidos siguen en el sótano de la confianza popular, aunque los congresos o parlamentos mejoran su posición en América Latina. Pero la tentación autoritaria aumenta: en México sólo el 53% en ninguna circunstancia apoyaría un gobierno militar, arriba tan sólo de Paraguay, 52% y Guatemala, 40%. En Costa Rica el 90% no apoyaría un gobierno militar. Estamos en el penúltimo lugar en cuanto a expectativas que el Estado pueda resolver el problema de la delincuencia, con un 39%; Guatemala: 27%. México es uno de los países donde los ciudadanos menos cumplen con la ley; aunque estamos por encima de la media latinoamericana en la exigencia de derechos, somos de los más bajos en reconocer obligaciones y deberes. No tenemos un contexto propicio para crear una nueva Constitución, pero el hecho de que sólo el 22% perciba que se gobierna para el bien de todo el pueblo, acerca la urgencia de alcanzar lo aparentemente imposible.