Supuestamente pensada para generar mayores condiciones de equidad en la contienda electoral, la reforma política de 2007 no logra cumplir del todo esos objetivos. Su fracaso se debe en parte a la conflictiva coyuntura de 2006 que la inspiró, pues las elecciones presidenciales evidenciaron la inequidad registrada en los medios de comunicación electrónicos principalmente, pero en parte también la falta de pericia comunicativa por parte de los legisladores contribuyó a su fracaso. Aunque algunos legisladores panistas actuales se refieren a esa reforma como “fruto del rencor y el encono”, causado por López Obrador al haber perdido esas elecciones, otros legisladores dicen que a pesar de haber sido hecha sobre las rodillas y con “mala leche” (Porfirio Muñoz Ledo), pero todos concuerdan en que se necesita rehacer la ley electoral que fue modificada a raíz de la reforma de 2007. Lástima que la actual legislatura ya no podrá hacerlo.
Cada reforma político-electoral emprendida tiene un destinatario y se hace persiguiendo una estrategia favorable para el partido o la coalición política en el poder. La de 2007, identificó los problemas desde un diagnóstico acertado, pues la mercantilización de las campañas había corrido a cargo del erario administrado por los partidos políticos. Sin embargo, infringir el tope de gastos en publicidad no pudo ser combatido por una legislación en la que era más barato pagar la multa por esos excesos que atenerse al presupuesto aprobado para esos fines. Desde 2007 se prohíbe contratar publicidad, tanto por terceras personas como por partidos, para la propaganda electoral en radio y televisión, prohibición que desató fuertes polémicas sobre la libertad de expresión. Algunos intelectuales la cuestionaron por cercenar la libertad de mercado y con ello las libertades individuales, mientras que varios organismos apoyaron ampliar las atribuciones regulatorias del Estado sobre la propaganda electoral, además de sugerir una política comunicativa complementaria.
Los principales opositores a que los tiempos que el Estado dispone en los medios electrónicos de comunicación, se destinaran a partidos y candidatos, fueron los dueños de esas empresas. A regañadientes, estaciones de radio y televisión entregaron esos espacios a los partidos, pero dentro de un dulce envenenado, pues impusieron el formato del spot publicitario y mañosamente definieron unilateralmente su horario de difusión; incluso, en momentos estelares que interferían con espectáculos cuya audiencia terminó por reprobar la propaganda partidaria, como era de esperar. La spotización política trajo consigo el hartazgo y fomentó, contrariamente a los objetivos de equidad buscados, el desinterés por escuchar y conocer los mensajes de partidos y candidatos. Así como la repetición de un mensaje a lo largo del día puede incitar al consumidor a obtener un producto, los partidos-candidatos-mercancías machacan a la audiencia con propuestas vagas y reiterativas que ni informan ni convencen.
¿Cómo terminar con la spotización política? Indudablemente que el ahora completo Consejo General del IFE, debatirá este tema y en su momento nutrirá a los legisladores para la reforma que se haga al respecto. En lo inmediato, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, sobre 12 debates temáticos que remplacen los spots es congruente con la superación del mercantilismo; un debate por semana en el que participen todos los candidatos en condiciones de equidad, de abril a junio de este año. Transformar así las campañas traería muchos beneficios a las audiencias de radio y televisión, pues ello ampliaría su capacidad de razonamiento al contrastar propuestas y programas de partidos y candidatos. Además, ese esquema podría reproducirse para todos los candidatos a elección popular. La condición es que el debate incluya audiencias participativas y que éstas tengan el derecho de apagar el aparato si la idiotización prevalece. Cosas que los spots impiden.
viernes, 20 de enero de 2012
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