viernes, 25 de enero de 2013

MÉXICO: GEOPOLÍTICA DE DOBLE RASERO

El Presidente Enrique Peña Nieto participará por primera vez en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-Unión Europea (CELAC-UE), así como en la I Cumbre de la CELAC. También asistirá a la VI Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la que se reunirá con sus homólogos de Chile, Colombia y Perú, así como a la IV Cumbre Empresarial CELAC-UE. Entre el 26 y el 28 de enero, Peña Nieto tendrá una intensa agenda de trabajo que también incluye una reunión en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en sus oficinas centrales en Santiago de Chile, ciudad sede de las cumbres políticas y empresariales. La visión de México se pondrá a prueba con el tema central del evento que es la "Alianza para un Desarrollo Sustentable: Promoviendo Inversiones de Calidad Social y Ambiental" La CELAC reúne desde 2010 a todos los mandatarios de los países latinoamericanos y caribeños, sin la tutela de potencia exterior alguna. Por primera vez en su historia, todo el sur del continente americano logra constituirse en un interlocutor válido frente a las cumbres internacionales que se vinculan con esta región: la Iberoamericana, que se da anualmente; la de Las Américas, que tiene lugar cada dos años bajo la convocatoria estadounidense; y con la Unión Europea, también cada dos años. En la próxima Cumbre de Santiago, por primera ocasión aparece la CELAC como contraparte de la Unión Europea. Cierto, la política exterior mexicana ha propiciado la unión latinoamericana, pues la decisión de crear la CELAC se tomó a inicios de 2010 en Cancún. Guadalajara vio nacer la Cumbre Iberoamericana en 1991 y luego fue sede en 2004, de la reunión latinoamericana con la Unión Europea. Sin embargo, la política exterior mexicana frente a la geopolítica latinoamericana se mide en bajo un doble rasero. En la relación con Estados Unidos, México no goza de la misma autonomía que han alcanzado la mayoría de países suramericanos, pues el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), significa mayor subordinación de la economía mexicana, y el diseño de nuestra política económica responde a reformas orientadas hacia la “sociedad de mercado”, que impulsan las instituciones internacionales en sintonía con las estrategias del Consenso de Washington, un conjunto de principios ordenadores del (anti)modelo de desarrollo. El tema del desarrollo sustentable, las inversiones de calidad social y ambiental, que se abordará en Santiago, se presta para dizque legitimar esas reformas de mercado, aunque la mediocre evolución mexicana, que crece por debajo del promedio latinoamericano, muestre que por esa vía no hay resultados positivos. Además, la proyección geopolítica mexicana, enfatiza sus alianzas estratégicas con la visión estadounidense. Lo que promete la VI Cumbre de la Alianza del Pacífico, es que Peña Nieto tendrá que comprometerse con el Tratado Transpacífico, que impulsa Washington, para contrapesar al creciente poderío de China en el espacio de Asia-Pacífico. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que suma a China, Japón y Corea del Sur (ASEAN+3), acrecienta su autonomía frente a la Unión Europea y Estados Unidos. Ante lo cual, la ortodoxia neoliberal del modelo mexicano obliga al apego incondicional respecto de la geopolítica estadounidense de competencia y contención frente al Pacífico asiático. México sigue en la retórica latinoamericana, pero no disfruta de autonomía frente a Estados Unidos ni la Unión Europea; mientras la desigualdad social aumenta en nuestro país, ni se adopta una política industrial, ni se adoptan esquemas de seguridad y soberanía alimentaria ni energética, como si lo hacen varios países suramericanos, se exacerba la esquizofrénica geopolítica mexicana.

viernes, 18 de enero de 2013

BASES PARTIDISTAS EN CRISIS

Si bien la desafiliación es más visible en Acción Nacional, todos los partidos, salvo el PRI, pasan por esa crisis generada por la pérdida de militantes, después de las elecciones presidenciales del 1 de julio pasado. Tanto el PRD como el PT y Convergencia Ciudadana, están sufriendo porque la transformación como partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), atrae personas y grupos afines a la propuesta que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Manuel Espino, anteriormente Presidente del PAN, se propone también la formación de una nueva Agrupación Política que buscará convertirse en partido político, lo que restará sin duda también militantes al blanquiazul. Con el regreso del PRI como partido predominante en la escena electoral y gubernamental local y nacional, se registra también una crisis de bases partidistas, aunque de naturaleza distinta debido al crecimiento que atraen los partidos en el gobierno. En el sistema partidocrático mexicano, esos institutos son franquicias usadas para obtener puestos gubernamentales, en la función pública y en las propias estructuras partidarias, dado el jugoso financiamiento que reciben los partidos registrados al nivel federal o local. Lo particular de la desafiliación que sufren ahora, es que el cuestionamiento sobre la eficacia electoral afecta desde la figura presidencial, en el caso de Vicente Fox respecto del PAN, hasta los gobernadores que cayeron en alianzas con rivales del candidato de su propio partido, como fue el caso de Emilio González en Jalisco. En los municipios, la movilidad de una franquicia a otra no deja de aumentar y ello arrastra a líderes locales que de diversas maneras encabezan formatos corporativistas que aseguran lealtades a esos dirigentes. Aunque la actual crisis de bases partidistas se percibe principalmente por la caída del padrón de militantes, la figura del adherente acompaña decisivamente tal deterioro. Desde las campañas recientes, todos los partidos, otra vez con la excepción del PRI, apelaron al electorado no militante ni adherente para decidir sus candidaturas presidenciales. Ello significó la aceptación tácita de que la ciudadanía expresa su respaldo a programas partidistas de gobierno y sobre todo al carisma del candidato, a través de otros alicientes que no pasan por la intermediación de los partidos. ¿Qué significa actualmente el número de empadronados y el potencial de adherentes que ellos pueden atraer? En primer lugar, está el dilema entre partidos de cuadros y partido de masas nacionales. Mientras el PAN siguió el patrón de la afiliación individual, cuya configuración depende de la consolidación de cuadros dirigentes que simbolizan al ciudadano ideal, los partidos de izquierda trataron de combinar cuadros dirigentes de organismos sociales, con afiliación de masas que no siempre superaron los resabios corporativistas, que han calado lo más profundo del sistema político mexicano. En segundo lugar, el padrón partidario está sujeto a la lucha entre grupos que han tomado características facciosas. En Acción Nacional, doctrinarios y pragmáticos, Calderón y funcionarios electos, marcaron las líneas divisorias, pero ambos convergieron en inflar el padrón para ganar las elecciones internas. El resultado de estas pugnas fragilizó la estructura partidista, pues la volatilidad del voto aumenta la fragmentación del electorado adherente, lo cual determina el poder de sus cuadros dirigentes a partir del número de votos que “arrastran”, por la capacidad operativa que brindan las personas electas. Una dinámica muy similar fue la seguida en el PRD y sus partidos aliados, dentro de los cuales, sin embargo, la lucha facciosa es más extrema (las tribus), aunque la capacidad para resolver sus diferencias internas acompañó a esa tradición partidaria hasta las pasadas elecciones. Doctrina, ideología, instrumentalismo, pugnas por ocupar el centro político, acompañan esta crisis de bases partidistas.

viernes, 11 de enero de 2013

PACTO POR MÉXICO; PACTO POR LA PAZ

Sin negar los avances que representa el Pacto por México, en materia de discusión pública de los grandes problemas nacionales, y de la búsqueda por revalorizar la política como medio para alcanzar consensos que se puedan traducir en programas y políticas públicas gubernamentales, se expresan inquietudes diversas sobre alcances y limitaciones de las reformas asociadas con el proceso de pacificación en nuestro país. Fue muy positiva la aprobación y publicación de la Ley General de Víctimas, uno de los puntos tratados en los Diálogos por la Paz, sostenidos el 28 de mayo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec con los entonces candidatos y candidata a la Presidencia de la República, que asumió el ahora Presidente Enrique Peña Nieto. Así lo reconoció Javier Sicilia en su discurso ante el Ejecutivo federal, los legisladores concernidos con esa ley e integrantes de organismos sociales defensores de derechos humanos (9-01-2013). El Pacto por México recoge un conjunto de demandas y compromisos de campaña de Peña Nieto en su parte relativa a: “Defender los derechos humanos como política de Estado”, en particular lo referente al Compromiso 27. Un resultado plausible que, sin embargo, detona varias preocupaciones sobre el andamiaje jurídico e institucional que es necesario crear para hacer vigente un ordenamiento legal que potencialmente contribuye a una paz con justicia. Javier Sicilia se refiere a las medidas necesarias de implementar, a la par de la nueva ley: 1) “un Sistema Nacional de Atención a las Víctimas, un sistema honesto, dotado de los suficientes recursos y del suficiente personal para atender la enorme dimensión de la crisis humanitaria que enfrenta la nación, un sistema que requiere, además, de la unidad de todos.” 2) Crear “los protocolos necesarios para que la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas tenga peso y realidad.”, pues esas organizaciones son fuentes vivas que documentan las diversas violaciones a derechos humanos y hay que protegerlas de abusos e impunidades. Además, México es un país en donde no se protege suficientemente la vida y las condiciones laborales de los periodistas que informan sobre violencia y conflictos 3) Adoptar la declaratoria para crear el “Memorial de las Víctimas de la Violencia en México en el centro mismo de lo que hoy es ese monumento mal llamado Estela de Luz”. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que preside Javier Sicilia, quiere calar en la memoria colectiva que hay víctimas a las que no se ha hecho justicia. 4) Retomando la idea de Gandhi: “la paz es el camino”, Sicilia empuja el horizonte de reformas hacia una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana “que ponga énfasis en los derechos humanos, en un cambio de estrategia en el combate al crimen, en una limpieza real de los delincuentes que hay en todos los órdenes del gobierno, y en la necesaria construcción de un México donde quepan muchos Méxicos.” Un punto adicional de preocupación en torno a la coherencia y la eficacia de la legislación que contribuya para la paz, es el relativo a la reforma al Artículo 1º Constitucional, que pretende hacer la diputación federal priísta. El abogado John Ackerman, previene sobre esta regresión, que contradice el espíritu que debe de animar las reformas legales en materia de paz, pues aunque la iniciativa del PRI alega que hay contradicción en la fracción reformada en 2011, al aceptar tratados internacionales que podrían desconocer la supremacía de la Constitución, el texto actual reafirma nuestros derechos, ya que los tratados internacionales expanden el principio pro persona lo cual amplía derechos sin violar normas y así enriquece la propia Constitución.