PACTO POR MÉXICO; PACTO POR LA PAZ

Sin negar los avances que representa el Pacto por México, en materia de discusión pública de los grandes problemas nacionales, y de la búsqueda por revalorizar la política como medio para alcanzar consensos que se puedan traducir en programas y políticas públicas gubernamentales, se expresan inquietudes diversas sobre alcances y limitaciones de las reformas asociadas con el proceso de pacificación en nuestro país. Fue muy positiva la aprobación y publicación de la Ley General de Víctimas, uno de los puntos tratados en los Diálogos por la Paz, sostenidos el 28 de mayo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec con los entonces candidatos y candidata a la Presidencia de la República, que asumió el ahora Presidente Enrique Peña Nieto. Así lo reconoció Javier Sicilia en su discurso ante el Ejecutivo federal, los legisladores concernidos con esa ley e integrantes de organismos sociales defensores de derechos humanos (9-01-2013). El Pacto por México recoge un conjunto de demandas y compromisos de campaña de Peña Nieto en su parte relativa a: “Defender los derechos humanos como política de Estado”, en particular lo referente al Compromiso 27. Un resultado plausible que, sin embargo, detona varias preocupaciones sobre el andamiaje jurídico e institucional que es necesario crear para hacer vigente un ordenamiento legal que potencialmente contribuye a una paz con justicia. Javier Sicilia se refiere a las medidas necesarias de implementar, a la par de la nueva ley: 1) “un Sistema Nacional de Atención a las Víctimas, un sistema honesto, dotado de los suficientes recursos y del suficiente personal para atender la enorme dimensión de la crisis humanitaria que enfrenta la nación, un sistema que requiere, además, de la unidad de todos.” 2) Crear “los protocolos necesarios para que la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas tenga peso y realidad.”, pues esas organizaciones son fuentes vivas que documentan las diversas violaciones a derechos humanos y hay que protegerlas de abusos e impunidades. Además, México es un país en donde no se protege suficientemente la vida y las condiciones laborales de los periodistas que informan sobre violencia y conflictos 3) Adoptar la declaratoria para crear el “Memorial de las Víctimas de la Violencia en México en el centro mismo de lo que hoy es ese monumento mal llamado Estela de Luz”. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que preside Javier Sicilia, quiere calar en la memoria colectiva que hay víctimas a las que no se ha hecho justicia. 4) Retomando la idea de Gandhi: “la paz es el camino”, Sicilia empuja el horizonte de reformas hacia una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana “que ponga énfasis en los derechos humanos, en un cambio de estrategia en el combate al crimen, en una limpieza real de los delincuentes que hay en todos los órdenes del gobierno, y en la necesaria construcción de un México donde quepan muchos Méxicos.” Un punto adicional de preocupación en torno a la coherencia y la eficacia de la legislación que contribuya para la paz, es el relativo a la reforma al Artículo 1º Constitucional, que pretende hacer la diputación federal priísta. El abogado John Ackerman, previene sobre esta regresión, que contradice el espíritu que debe de animar las reformas legales en materia de paz, pues aunque la iniciativa del PRI alega que hay contradicción en la fracción reformada en 2011, al aceptar tratados internacionales que podrían desconocer la supremacía de la Constitución, el texto actual reafirma nuestros derechos, ya que los tratados internacionales expanden el principio pro persona lo cual amplía derechos sin violar normas y así enriquece la propia Constitución.