PEMEX, ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL

Importante, que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, llame a comparecer a los secretarios de Estado, de Gobernación y de Energía, así como a los titulares de la Procuraduría General de la República y de Pemex, pues confirma que la tragedia del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos, merece una detallada información que permita a los legisladores obtener las conclusiones necesarias para asegurar la impartición de justicia oportuna y la correcta administración de la paraestatal, sobre la cual se sustentan los recursos fiscales que hacen viable al Estado mexicano. Conflictos en el funcionamiento del sector público, devienen en tragedias que imponen amargas conclusiones. Lamentablemente, vamos detrás de los acontecimientos pues lejos de reforzar el papel estratégico que tiene la industria petrolera, reinan la negligencia y la falta de previsión. La terrible explosión en el Edificio B2 de la Torre de Pemex, terminó con la vida de 38 personas y dejó a más de un centenar lesionados. Esos hechos desatan apasionadas interpretaciones cuyas conclusiones sin embargo, se sitúan en las antípodas. Para unos, lo que pasó muestra que el Estado es un pésimo administrador y debe por lo tanto dejar el campo a la privatización; si la actual administración no puede alcanzar estándares internacionales de seguridad, ya llegó el momento de que todo lo relacionado con la paraestatal petrolera responda a las reglas y señales del mercado mundial de los hidrocarburos. De ahí que urja la reforma energética, que se ha rezagado respecto de la reforma laboral y la educativa que ya se están implementando. Otras interpretaciones, más profundas y razonadas, apelan al papel estratégico de esa empresa para poder alcanzar la soberanía energética y acentúan descuidos y deterioros imputables al gobierno y al sector público responsable de la operación de Pemex. Además de cuestionar al modelo energético, es necesario tomar en cuenta el contexto mundial de carestía y escasez por el que atraviesa la industria petrolera, que cada vez condena más a los países productores a depender de una renta proveniente de la extracción de hidrocarburos, que se exportan sin procesar. En esa perspectiva, a Pemex se le ha ordeñado como proveedor de recursos fiscales, sin permitirle reinvertir una parte considerable, programada, de sus ganancias para el beneficio del interés general. Un país sin política industrial, incapaz de diversificar la renta petrolera hacia cadenas productivas, principalmente agroindustriales, es víctima del modelo neoextractivista con sus consecuencias depredadoras. Para que ese modelo persista, es necesario desmantelar cualquier medida tendiente a organizar un conglomerado encadenado de empresas que combinen inversión pública y privada, donde el Estado regule la explotación de energéticos y conserve su sentido estratégico para la seguridad nacional. Presumible causa de la explosión, la falta de mantenimiento del equipo de seguridad contra incendios, expresa la negligencia frente a todo aquello que no esté directamente vinculado con la extracción del oro negro, desde criterios inmediatistas. Hacía dos años que no se inspeccionaba el sistema de seguridad y apenas en diciembre de 2012 Pemex había otorgado la licitación para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los 14 sistemas automáticos de extinción de incendio, instalados en los edificios B-1, B-2 y C de la Torre Ejecutiva Pemex; 12 cilindros con gas FM 200 que se utilizan para la extinción de incendios. Tres horas antes de la explosión, Milenio captó un twitter del Director de Operaciones de Pemex que se ufanaba de haber reducido la accidentabilidad. Cinco horas después, inspectores de la Embajada estadounidense, introdujeron dudas sobre un posible atentado. Aguas con la Seguridad Nacional, el fantasma del Estado fallido amenaza.