DICHAS Y DESDICHAS DEL INTERREGNO

Entre que acaba un reinado y empieza otro, hay una recomposición de las estructuras de poder y simultáneamente, descomposición de quienes perdieron el gobierno. En la escena pública hay reacomodos entre las fuerzas que buscaron el poder sin conseguirlo, y los ganadores reclaman empezar a ejercer su programa sin todavía tener el gobierno. Ese interregno trae desdichas para quienes dejan sus puestos, quienes fueron electos para ocuparlos, pero sobre todo para los equipos de funcionarios que los acompañan. La falta de una legislación que asegure la carrera de servicio civil, ha sobrepolitizado una gama demasiado amplia de la función pública. Si bien hay mandos medios que deben de ser adscritos al personal de confianza del Poder Ejecutivo o del Legislativo, la administración pública se ha convertido en un verdadero botín para comprar respaldos e incondicionalidades. En un sistema político clientelista, se impone la discontinuidad de programas, políticas públicas y proyectos de acción gubernamental, pues cada orden de gobierno entrante tiene compromisos con diversos grupos de poder y a la vez necesita imprimir un sello particular que reditúe crecimiento de la imagen pública de los funcionarios electos. Esto, que se presenta en todos los regímenes democráticos con competencia partidista, es una desdicha para el caso mexicano. Sin calidad democrática no tenemos mecanismos para obligar a gobiernos ni a legisladores que rindan cuentas claras del manejo de los recursos públicos, ni hay transparencia en las cuentas personales, pues aún existen mecanismos discrecionales que permiten ocultar recursos. Lo grave es que si bien hubo avances en materia de transparencia de la información pública, tenemos enormes rezagos en lo que toca al deslinde de responsabilidades, a las consecuencias administrativas o penales del mal manejo de las finanzas públicas. Cada cambio de gobierno trae consigo retrocesos en materia de transparencia, rendición de cuentas e impartición de justicia. Se deteriora la capacidad de supervisión que toca ejercer a los contrapesos institucionales públicos, a través del Congreso de la Unión, los Congresos locales y, muy especialmente, los organismos públicos autónomos cada vez son más cooptados por el sistema político y de partidos. El manejo irresponsable del endeudamiento del Ejecutivo jalisciense no se puede achacar únicamente al gobernador, sino al sistema de alianzas y complicidades con el Poder Legislativo, que en su momento aprobó las iniciativas del Ejecutivo, o que omitió la exigencia de cuentas transparentes. Otra desdicha es que en lo federal, el IFAI está siendo erosionado, tanto en sus alcances como en su estructura de conducción, pues su presidencia ha sido copada por el nuevo gobierno federal. Asimismo, el IFE, no ha mostrado la imparcialidad que le corresponde, como lo muestra el caso MONEX y el sesgo en las penas impuestas a la coalición que sostuvo a López Obrador. En lo que hace al papel supervisor de la sociedad civil, hay dichas y desdichas. O bien hay una desmedida esperanza en que la acción gubernamental sea la que resuelva problemas y dificultades derivadas de nuestra convivencia o, desde la antípoda, hay un desprecio por el poder que rige en el Estado y su gobierno. Desde esa perspectiva, hay una desconfianza y abandono del Estado de Derecho, que hace entrar en complicidad a los sectores poderosos con el gobierno. Pero el interregno también muestra oportunidades para que la capacidad de supervisión o el poder de impedimento de acciones públicas adversas, redefina el perfil de poder de las organizaciones sociales, sin que estas dependan de alianzas circunstanciales con funcionarios electos. Así, se fortalece el tejido de los movimientos sociales, su capacidad crítica y juiciosa, su resistencia antes y después de cada reinado.