Un balance preliminar sobre las elecciones en 15 entidades el
pasado 7 de julio, detona señales de alerta sobre el país que ellas
(re)dibujaron, respecto al descontento con el sistema político y de partidos,
cuya baja convocatoria expresa un serio deterioro de la confianza en los
formatos de representación y de agregación de intereses que ofrecen las
instituciones políticas. Cada una de las regiones donde hubo elecciones
confirma, además, que el mapa político del país cada vez está más desgarrado
por valores antidemocráticos; la corrupción registrada en las campañas
electorales, la persistencia del uso electoral de recursos públicos, la
violencia de gobernantes, dirigentes partidistas contra sus opositores, aunada
a las amenazas, chantaje y muerte que sembró el crimen organizado en varias
entidades del país. Así, las elecciones más violentas de la historia reciente,
auguran conflictos políticos que impiden la democratización.
Asesinatos, secuestros, ‘levantamientos’, ‘terrorismo electoral’ y
hasta presuntas violaciones, mancharon varias campañas electorales. Crímenes y
escándalos que reflejaron la incapacidad gubernamental para garantizar el
Estado de derecho, lo cual generó miedo e incertidumbre. Antivalores que
opacaron las propuestas de los partidos políticos. Cálculos preliminares,
señalan que al menos 20 candidatos fueron asesinados, secuestrados o amenazados
durante las campañas. El alto abstencionismo constata que el miedo, junto con
la desconfianza hacia los partidos desmotivaron al elector. Si bien en 4 de las
15 entidades participaron más de la mitad de los votantes potenciales, en las
once entidades restantes el abstencionismo alcanzó un rango que va del 52 por
ciento en Aguascalientes, al casi 69 por ciento, en Quintana Roo. En algunos
municipios el abstencionismo alcanzó hasta 73 de cada 100 electores. Se
refuerza además la conclusión de que el abstencionismo favorece al partido con
mayor capacidad de manipulación del voto.
Las irregularidades documentadas durante la jornada electoral
pasada, plagaron el carácter antidemocrático que pervive en las prácticas
partidistas y en la perversión de las autoridades electorales, que se mostraron
incapaces para asegurar la imparcialidad y que no lograron obtener confianza al
contar los votos. Robo de urnas, incendio intencionado de casillas
estratégicas, en las que los resultados no favorecieron al PRI, represión
contra candidatos triunfadores que no militan en ese partido. Un conjunto de
signos que no fueron suficientes para invalidar el conjunto de las elecciones,
pero que expresan síntomas de descomposición política que pueden estar
asociados con el regreso de la presencia abrumadora del tricolor Aunque no
regresamos al esquema del partido prácticamente único, pues a pesar de las
limitaciones del sistema político y de partidos, hubo competencia en varias
entidades y triunfos incontestables de otros partidos, hasta alcanzar la
mayoría de municipios o de algunos congresos locales.
El mapa electoral se viste de contrastes: el PRI, por si mismo,
pero sobre todo mediante coaliciones electorales, ganó 9 de las 14 capitales
estatales en disputa; obtuvo mayoría en 10 de los 14 congresos locales y en
conjunto ganó la mayoría de alcaldías. La coalición entre Acción Nacional y el
PRD, además de alianzas con otras formaciones políticas cambiantes, ganó la
mayoría en cuatro congresos, así como la mayor parte de las alcaldías en
Veracruz, Puebla y Oaxaca. En estas elecciones, la coalición electoral se
confirma como medio irrenunciable para competir de aquí en adelante. Una
novedad, que también marcará el futuro electoral, es la emergencia del Partido
Movimiento Ciudadano como aliado estratégico, pues sus votaciones en los 10
estados donde participó con candidaturas, oscilaron entre el casi 8 por ciento
en Baja California, el 5 por ciento en Puebla y el 4 por ciento en tres
estados. Pluralismo partidista; pero, antidemocracia que subyuga procesos
electorales.
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