GOBIERNO, SIN GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Más que gobernar, el Presidente Peña Nieto administra deficientemente la crisis política nacional y sin proyecto para enfrentar los impactos de las diversas crisis globales contemporáneas. Ni el Pacto por México, ni el conjunto de reformas supuestamente estructurales, le están aportando los elementos necesarios para llevar adelante la gobernabilidad democrática que prometió. Su gestión enfrenta la imposibilidad de construir un espacio público nacional-regional de diálogo y compromisos sostenidos en un pacto social incluyente. De continuar las tendencias, el Pacto Por México desaparecerá y con ello, su primera apuesta política para manejar el conflicto y obtener consensos para gobernar. Tanto Acción Nacional como el PRD, muestran fisuras entre sus bases, las cuales se expresan también entre sus dirigentes, respecto al papel que toca a los legisladores de oposición ente una coyuntura de aristas críticas.

La división es ya manifiesta entre grupos de diputados y senadores del PAN, que no quieren disciplinarse a lo que acuerdan sus representantes ante el Pacto, pues algunos reclaman autonomía propia del Poder Legislativo para cumplir con su función. Igualmente, el PRD está dividido sobre la capacidad de su dirigencia nacional para colaborar con el gobierno federal en reformas que son contrarias a su programa de acción, en lo que resalta la Reforma Energética. Tal Pacto nacional tiene pies de barro, por la incapacidad de la oposición para agregar intereses de sus afiliados, que puedan ser a la vez intereses sociales, y si a ello se añade la brecha que separa bases y dirigentes partidarios, nos percatamos que el Pacto por México representa arreglos cupulares entre las elites partidistas y las elites del poder real, que intenta conciliar el Presidente de la República en su formato de gobernabilidad, no necesariamente democrático.

El gobierno parece satisfecho con un pacto entre cúpulas, pues está decidido a no escuchar a críticos ni detractores. Sin embargo, se acrecienta el descontento a la par que crecen las convergencias entre movimientos sociales diversos que se identifican en sus cuestionamientos al régimen de gobierno, su sistema de partidos elitistas clientelares y su incapacidad de escucha frente a las demandas sociales. Profesores, jóvenes estudiantes, sectores sociales diversos que se oponen a la reforma energética, y quienes desconfían de una reforma fiscal de pronóstico concentrador del ingreso, afectados y víctimas de la violencia, además de afectados por el desempleo y la crisis económica, energética, alimentaria, no son interlocutores válidos dentro del esquema de gobernabilidad pragmático y excluyente, que puede resultar en una mezcla explosiva. Todavía menos son considerados como interlocutores del gobierno, las comunidades étnicas desposeídas y golpeadas por el anti-modelo de desarrollo, sobre todo aquellas que ensayan caminos propios autónomos, como los caracoles zapatistas, o como las policías comunitarias.

Frente al país real, el gobierno presenta iniciativas de reformas que fragmentan y desarticulan aún más los tejidos sociales: esa inmensa mayoría que reclama una reforma social de amplio calado, la cual no se ve reflejada en aquello que se propone transformar el gobierno de la República. Conforme se discuten las iniciativas presidenciales de reforma, más se aleja la posible participación ciudadana para darle un sentido social incluyente al rumbo del país. Contra ello conspira la (in)cultura parlamentaria acostumbrada a la negociación de cuotas de poder y la cada vez mayor separación entre representantes y representados, pues éstos se encargan de sepultar la sed reformista bajo el manto de las leyes secundarias y pareciera que, intencionadamente, bajo los escombros de leyes pertinentes, como la Ley de Víctimas, la de Telecomunicaciones o la de Transparencia, que el propio gobierno dinamita al boicotear el potencial democratizador de interlocutores críticos.