FRIALDAD DEL GOBIERNO MEXICANO ANTE LA CELAC

Costa Rica acogió la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el pasado 28 y 29 de enero, procurando avanzar en la integración regional, bajo el lema “unidad en la diversidad”. Nacida bajo el impulso de una integración autónoma latinoamericana y caribeña, la CELAC, recoge principios de política exterior que, en algún momento, impulsó el gobierno mexicano: oposición a la injerencia extranjera en asuntos internos; por el derecho de los pueblos a la soberanía y la autodeterminación; por la solución de controversias con base en el diálogo y la negociación pacífica; por la cooperación internacional sin condicionamientos ideológicos; así como una política de desarme nuclear inspirada en el Tratado de Tlatelolco, que actualmente constituye el área desnuclearizada más grande del planeta, y de oposición a la guerra. Y a todo tipo de conflictos armados, de violencia y de intolerancia. Cobra vigencia la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, que promueve el desarme nuclear y la solución pacífica de las controversias, adoptada en la Cumbre de La Habana (2014).

Hay nuevos temas en las cumbres de la CELAC, en los que la diplomacia mexicana se ha mantenido fría y en ocasiones distante: la defensa irrestricta de los derechos humanos, dados los flancos abiertos por los sucesos protagonizados por la connivencia entre gobierno y crimen organizado; la redefinición de la arquitectura financiera internacional que regule la especulación y fomente políticas industriales, la lucha contra el calentamiento global y por la agenda sustentable apoyada sobre compromisos susceptibles de evaluación y seguimiento. A pesar de su débil institucionalización y de las limitaciones implicadas en la toma de decisiones únicamente por consenso y no por mayoría de sus miembros, la corta vida de esta comunidad muestra logros importantes: se ha ganado el respeto de Estados Unidos, la Unión Europea y de países y foros del Pacífico asiático. Ni la OEA, ni las Cumbres de las Américas que impulsa Estados Unidos pueden prescindir de esta Comunidad con vocación multilateralista.

La CELAC se ha convertido en interlocutor válido frente a la Unión Europea, cuyas cumbres eurolatinoamericanas se conciertan con esa nueva instancia comunitaria; así como se reconoce su interlocución con foros intergubernamentales con China y el grupo BRICS. Dentro de ese marco de cooperación sur-sur, la CELAC participa activamente en iniciativas como la del Banco del Sur. Asimismo, el G-77, que en realidad lo forman 133 países que comparten la herencia del Movimiento de Países No Alineados, que luchan contra toda forma de colonialismo y por la descolonización del mundo, reconoce la interlocución de la CELAC. Políticas prácticamente abandonadas por el gobierno mexicano, cuya frialdad frente al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos también es manifiesta.

No obstante su carácter intergubernamental, la CELAC a su vez reconoce como interlocutores a diversos movimientos sociales, algunos de alcance continental, subregional o de carácter étnico, como el llamado Movimiento Social de Afrodescendientes, que reclama la inclusión del “Decenio de Afrodescendientes”, dentro de la agenda discutida por la CELAC. Restan, sin embargo, desafíos cruciales para el logro de la integración autónoma nuestro-americana. Persisten desencuentros entre las políticas públicas que impulsan gobiernos de origen popular de centro izquierda y movimientos sociales afectados por el neoextractivismo y la obtención de una renta, en declive por los precios bajos de las commodities, petróleo, gas y biocombustibles, así como por la creación de infraestructuras eléctricas y de comunicación que privatizan bienes públicos. Ello dificulta la “unidad en la diversidad”  latinoamericana, pero la frialdad mexicana termina por agrietar las luchas contra la exclusión y la desigualdad social potenciadas por la CELAC.

VOTAR, BOICOTEAR, CONSTITUIR

Razones para votar, muy pocas. Existen polos competitivos que podrían contribuir a resignificar el papel del Poder Legislativo: el caso de Morena en la Asamblea Legislativa del DF, o de algunos distritos relativamente aislados donde ese nuevo partido, o algunos otros como el PRD, o Acción Nacional, tienen candidaturas cercanas a la gente, a pesar de disputas y de crisis internas que golpean particularmente al PRD, a raíz de los conflictos en Guerrero. Elecciones municipales, unas pocas, ahí donde se competirá contra la mayoría priísta instaurada en las elecciones locales de 2012. Destaca Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara, algunas ciudades y distritos en los que compite Movimiento Ciudadano, con buen pronóstico en las encuestas. Estas elecciones intermedias abrirán oportunidades para el voto de castigo, ese pequeño espacio de poder con el que cuenta el votante. A nivel de las diputaciones federales, se podría evitar la persistencia de una mayoría priísta al servicio incondicional del Presidente Peña Nieto, para así contrapesar el deterioro de la autoridad presidencial y ocupar un nuevo espacio político para redefinir rumbos y alcances de las “reformas estructurales”. Tanto como para castigar también aquellos gobiernos locales o diputaciones que le fallaron al electorado.

Hay muchas tentaciones para boicotear, abstenerse o votar en blanco. Difícilmente podrían ser más adversas las condiciones económicas, políticas y sociales, como para legitimar a un sistema político y de partidos preso por su falta de democracia interna en la elección-designación de sus candidatos. Una presidencia de la nación con los peores niveles de aceptación, que se muestra distante, incapaz, para enfrentar racionalmente violencia e inseguridad. Motivos de preocupación que, en distintos grados de exacerbación, se presentan en todo el país. De los 9 gobernadores que se elegirán este 7 de junio, en Michoacán, Guerrero y Sonora, hay denuncias y evidencias sobre la penetración del crimen organizado. Probablemente, en esas entidades habrá grupos que boicoteen las elecciones. Además, se incrementa la desconfianza hacia la institución presidencial y su partido por casos de corrupción y por la terquedad inaudita por continuar con el mismo modelo económico, a pesar del entorno internacional adverso: petróleo y gas cuyos precios están por los suelos, devaluación sostenida del peso, falta de inversión extranjera directa, debido a la violencia incontrolable en varias regiones del país, y escasa o nula transparencia en la licitación de los concursos.

Recientes encuestas de intención del voto, calculan en un 9 por ciento las boletas en blanco, pero hay un 43 por ciento que no define aún su voto porque no lo convence partido alguno. Boicot, voto blanco, o abstención, favorecen el voto duro, producto del clientelismo, particularmente del PRI, lo cual abarata el triunfo del corporativismo partidista. Está por verse si el boicot electoral logra una base de respaldo suficiente para deslegitimar en su conjunto, o en regiones específicas, al proceso electoral. Ante la ineficacia de tales estrategias, quienes están por una constituyente pacífica apuestan por una transformación política radical, cimentada en pactos locales-regionales que fundamenten un pacto social nacional. Mediante la elección abierta, libre, de diputados constituyentes, en cada uno de los 300 distritos del país, se recogen los planteamientos desde abajo para redactar una nueva Constitución. Se busca superar todo aquello que impiden o que son incapaces de impulsar los partidos políticos: el combate a la desigualdad en todas sus manifestaciones, de ingreso, de género, por edades o por pertenencia étnica. Seguridad y justicia. La democracia participativa y comunitaria propicia un nuevo tejido gubernamental que mejora la calidad de la representación. No hay encuestas que tomen el pulso sobre la simpatía o convicción que la constituyente genere, pero la utopía imagina y con-mueve. Estemos atentos.

YIHAD, CHARLIE, AYOTZINAPA Y NARCOPOLÍTICA

El islamismo radical y la narcopolítica comparten métodos violentos terroristas, creencias fundamentalistas como poseedores de vida y muerte de ellos y todos; ambos se inspiran en la supresión del contrario, que no acepte su supremacía: sean los infieles u otras corrientes islamistas adversas, sean quienes se oponen a ser subyugados por sus armas y por su dinero. Entre la Yihad como guerra santa y los imaginarios de poder mesiánico de los caballeros templarios, la familia o los viagras –expresión de la potencia fálica violatoria, dominadora-, tampoco hay diferencias sustantivas. Como tampoco las hay en sus concepciones sobre un Estado a su servicio, sobre una base social territorial de apoyo que (re)construye un poder público potente y desafiante del Estado nacional y de las instituciones occidentales inspiradoras de los derechos universales. Teocracia o autocracia, se encuentran en los integrismos religiosos y en los fundamentalismos valorativos o del mercado.

La agenda global de unos y otros: el Estado Islámico o el Narcoestado, hace que fines y medios sean indistintos en sus estrategias de poder. No hay más ética que su interpretación del Corán, ni moral pública capaz de resistir ante la corrupción y el chantaje. Su crueldad no tiene límites en sus expresiones simbólicas descarnadas, desalmadas, que incluso arrastran a niños como verdugos implacables y despóticos. Pequeños muyahidines, guerreros santos, que asesinan a espías o a periodistas, o que suprimen cualquier forma de inteligencia que se les oponga. O niños narcos que desollan, torturan, aniquilan por un módico pago, pero cuya mayor retribución es la aceptación y admiración en la sociedad de muerte a la que se adscriben. Publicitados y mediatizados, presentes en las redes sociales, crímenes y crueldades invaden una narrativa integrista que explosiona cualquier interpretación que apele a la razón como ordenadora de la vida.

Yihad y narcopolítica, quisieran imponer el terror desde una mediatización nutrida en la necrofilia de sus mensajes; por ello, su blanco de ataque preferido son los periodistas libertarios –cuyos crímenes se presentan como ajusticiamiento de los “libertinos”, mentirosos o amenazantes-, o quienes luchan por derechos y libertades opuestos a sus creencias y al reconocimiento de su monopolio del poder sobre la vida. En Francia, el semanario Charlie, empujó hasta la burla, la insolencia, el pitorreo, los límites de la libertad de expresión; en México, donde se tiene el record latinoamericano de periodistas asesinados, el Estado es incapaz de protegerlos frente a un narcoestado que avanza y que penetra en los distintos gobiernos, órdenes, poderes y regiones. Si en Afganistán, país donde se produce el 90 por ciento de opiáceos que consume Europa, los talibán impusieron su poderío, en Iguala, cuya región produce el 90 por ciento de la amapola de México, el narcoestado global capturó al gobierno para eliminar obstáculos a su dominación.

Ni la Yihad ni la narcopolítica se combaten, paradójicamente, con la guerra. Aunque ambas manifestaciones de poder tienen estructuras militares, teocracia y autocracia se confunden entre la población que les apoya y entre quienes no tienen más remedio que coexistir con ellos. Confunden. La Yihad y el Estado Islámico se entreveran dentro de la compleja geopolítica del Medio Oriente, en su proyección hacia Europa y el mundo, mientras que la agenda del narcoestado también constituye una amenaza global, no sólo para Occidente, sino para todo el espacio mundial del mercado. Paradigmas como el “choque de civilizaciones” han fallado, pues el desafío es distinguir al islamismo radical de los muchos islamismos que están por un diálogo entre civilizaciones. El narcoestado global se combate con equidad, justicia, dignidad por la vida. Los componentes militar y policial inteligentes son necesarios, no así una cruzada fundamentalista de Occidente contra el Islam, sin distinguir la Yihad.