Razones para
votar, muy pocas. Existen polos competitivos que podrían contribuir a
resignificar el papel del Poder Legislativo: el caso de Morena en la Asamblea
Legislativa del DF, o de algunos distritos relativamente aislados donde ese
nuevo partido, o algunos otros como el PRD, o Acción Nacional, tienen
candidaturas cercanas a la gente, a pesar de disputas y de crisis internas que
golpean particularmente al PRD, a raíz de los conflictos en Guerrero. Elecciones
municipales, unas pocas, ahí donde se competirá contra la mayoría priísta
instaurada en las elecciones locales de 2012. Destaca Jalisco, la zona
metropolitana de Guadalajara, algunas ciudades y distritos en los que compite
Movimiento Ciudadano, con buen pronóstico en las encuestas. Estas elecciones
intermedias abrirán oportunidades para el voto de castigo, ese pequeño espacio
de poder con el que cuenta el votante. A nivel de las diputaciones federales,
se podría evitar la persistencia de una mayoría priísta al servicio
incondicional del Presidente Peña Nieto, para así contrapesar el deterioro de
la autoridad presidencial y ocupar un nuevo espacio político para redefinir
rumbos y alcances de las “reformas estructurales”. Tanto como para castigar también
aquellos gobiernos locales o diputaciones que le fallaron al electorado.
Hay muchas
tentaciones para boicotear, abstenerse o votar en blanco. Difícilmente podrían
ser más adversas las condiciones económicas, políticas y sociales, como para
legitimar a un sistema político y de partidos preso por su falta de democracia
interna en la elección-designación de sus candidatos. Una presidencia de la
nación con los peores niveles de aceptación, que se muestra distante, incapaz,
para enfrentar racionalmente violencia e inseguridad. Motivos de preocupación
que, en distintos grados de exacerbación, se presentan en todo el país. De los
9 gobernadores que se elegirán este 7 de junio, en Michoacán, Guerrero y
Sonora, hay denuncias y evidencias sobre la penetración del crimen organizado.
Probablemente, en esas entidades habrá grupos que boicoteen las elecciones.
Además, se incrementa la desconfianza hacia la institución presidencial y su
partido por casos de corrupción y por la terquedad inaudita por continuar con
el mismo modelo económico, a pesar del entorno internacional adverso: petróleo
y gas cuyos precios están por los suelos, devaluación sostenida del peso, falta
de inversión extranjera directa, debido a la violencia incontrolable en varias
regiones del país, y escasa o nula transparencia en la licitación de los
concursos.
Recientes
encuestas de intención del voto, calculan en un 9 por ciento las boletas en
blanco, pero hay un 43 por ciento que no define aún su voto porque no lo
convence partido alguno. Boicot, voto blanco, o abstención, favorecen el voto
duro, producto del clientelismo, particularmente del PRI, lo cual abarata el
triunfo del corporativismo partidista. Está por verse si el boicot electoral
logra una base de respaldo suficiente para deslegitimar en su conjunto, o en
regiones específicas, al proceso electoral. Ante la ineficacia de tales
estrategias, quienes están por una constituyente pacífica apuestan por una
transformación política radical, cimentada en pactos locales-regionales que
fundamenten un pacto social nacional. Mediante la elección abierta, libre, de
diputados constituyentes, en cada uno de los 300 distritos del país, se recogen
los planteamientos desde abajo para redactar una nueva Constitución. Se busca
superar todo aquello que impiden o que son incapaces de impulsar los partidos
políticos: el combate a la desigualdad en todas sus manifestaciones, de
ingreso, de género, por edades o por pertenencia étnica. Seguridad y justicia.
La democracia participativa y comunitaria propicia un nuevo tejido
gubernamental que mejora la calidad de la representación. No hay encuestas que
tomen el pulso sobre la simpatía o convicción que la constituyente genere, pero
la utopía imagina y con-mueve. Estemos atentos.
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