PARADOJAS DEL RACISMO

No solo en el gobierno mexicano levantó ampollas el discurso de Alejandro González Iñárritu, sino también entre personas representativas del establishment  blanco, anglo sajón y protestante estadounidense. Las punzantes palabras del cineasta llegaron por igual a quienes se sintieron cuestionados porque no representan el gobierno que nos merecemos, y a aquellos que no quieren aceptar cambios profundos en las relaciones entre México y Estados Unidos, particularmente en restañar la herida que deja una frontera que es desigual en el trato que se da a mexicanos y latinos en su paso hacia el otro lado, y el envío de armas y presiones militares y de seguridad nacional desde el lado estadounidense. De este lado, el Presidente Peña Nieto quiso zafarse de las críticas del laureado director de cine; del otro lado, las reacciones de los conservadores que temen la creciente influencia mexicana y latina al otro lado del río Bravo.

El poderoso empresario Donald Trump (ver “el perfil”, Milenio 25-02-2015), lanzó fuertes críticas al triunfo espectacular de Iñárritu, diciendo que los Óscares que le fueron dados son una muestra más de lo mucho que México le roba al país del norte, que un país con tanta corrupción no merece ganar, que estos triunfos son una triste broma, igual que sucede con el Presidente Obama, que la película American sniper de Clint Eastwood, es superior pues habla de un héroe americano. Y luego el castigo: no inviertan en México. Un discurso clasista y racista que comparten varios think tanks y líderes políticos republicanos, particularmente del Tea Party, pero también algunos de los demócratas que presionan en contra del reconocimiento de los migrantes –actuales, pobres, no europeos- en una legislación más incluyente y equitativa.

El número más reciente de la revista Foreign Affairs, dedicado al “Problema con la Raza”, es una buena muestra de discusiones y preocupaciones, auténticas y paranoicas, del complejo conceptual que presenta el racismo en la Unión Americana. Tema ad-hoc respecto de la crítica de Iñárritu a un país que atrajo, premió, se enriqueció con la inmigración europea, pero que es incapaz de apreciar virtudes similares cuando se trata de una raza considerada inferior. La revista hace una revisión radical de la subida y caída de la raza como concepto desde el siglo XIX, aunque otros análisis críticos de la colonialidad del poder, no incluidos en este Número, como lo plantea Aníbal Quijano, muestran otra idea: que las razas fueron determinadas socialmente y no biológicamente y que políticamente fueron significativas desde el siglo XVI. Modernidad y colonialidad vienen y permanecen juntas desde entonces. Pero, el siglo XX tratará de echar abajo al racismo, pues la raza es un concepto socialmente construido más que algo innato. Lo cual hace más compleja su interpretación.

La revista explora la paradoja de un Estados Unidos en el que las desigualdades raciales rígidas persisten; pero con instituciones o personas donde el racismo ha disminuido drásticamente: “Un país que podría ser post-racista es marcadamente post-racial.” Lo influyen legados históricos del racismo que aún no se destierran de prácticas añejas y de cotidianeidades. También se analizan las “desastrosas” experiencias de Europa con el multiculturalismo, del respeto de las diferencias étnicas y culturales que han, paradójicamente, estimulado las mismas tensiones que fueron diseñadas para calmar. ¿A pesar de profundas divisiones entre las razas se debilita la democracia del país? A mayor interacción cultural, los programas de acción afirmativa, para mejorar la suerte de las comunidades excluidas son insuficientes. Las discusiones sobre temas raciales a menudo asumen que las distinciones y actitudes locales son universales e inmutables y no particulares y contingentes. ¿Aceptan allá, aceptamos acá al otro-a al diferente?

FALTAN CONVERGENCIAS POLÍTICAS

Las próximas elecciones intermedias abren dos pistas de actuación, en lo que se refiere a la convergencia política alrededor de demandas de amplia inclusión e impacto social: la pista político-electoral que se debate entre los partidos, particularmente de izquierda, y sus vínculos –o la falta de ellos- con la insurgencia social que recorre el país en innumerables conflictos asociados con la violencia, la crisis económica o problemas socioambientales diversos. La muy polémica y crispada relación entre partidos, gobierno y movimientos sociales, nutre el desencanto frente al sistema político y de partidos. La otra pista, es la que corresponde a la dinámica interna de la insurgencia social, que tiene la virtud de su autonomía y descentralización de múltiples organismos que adaptan sus luchas, su actuación pública, a las particularidades locales o regionales, pero que cuentan con un déficit de coordinación entre sus demandas a escala nacional.

Para que esas dos pistas converjan en un proyecto de transformación social significativo, hace falta una consideración selectiva del voto que permita aprovechar aquellas candidaturas dispuestas a establecer vínculos con demandas y movimientos sociales. El académico y activista chihuahuense, Víctor Quintana, subraya la oportunidad abierta por el descenso en la intención del voto priista, lo que impedirá a ese partido contar con la mayoría en la Cámara de Diputados federales. Frente a lo cual convendría impulsar una legislatura de coalición opositora que comunique “la arena de las luchas sociales y la arena política partidaria”. Acercar las demandas unificadoras de la insurgencia social con iniciativas de ley y políticas públicas acordes con tales demandas, es lo que puede resignificar unas elecciones intermedias faltas de interés y en cierta medida ajenas de cara al drama nacional. Que no se valga elegir como si Ayotzinapa no existiera.

Propiciar tal convergencia entre procesos electorales y la insurgencia social aportaría nuevas experiencias de participación ciudadana, siempre y cuando haya diálogos y compromisos previos entre partidos, candidatos-as y organizaciones sociales en los que ambas partes estén dispuestas a perseguir una agenda legislativa o un programa de gobierno, en aquellos diversos cargos de elección popular en juego este 2015. Lo cual no implica desconocer que habrá distritos federales o locales, o gubernaturas o municipios, donde algunas personas u organizaciones sociales opten por anular el voto, abstenerse o incluso por impedir que las elecciones se lleven a cabo, porque las condiciones de violencia o el deterioro de las autoridades representen obstáculos mayores.

La legislatura de coalición opositora es la convergencia que reúne mayores posibilidades para ofrecer resultados donde los movimientos sociales vean reflejados sus intereses. Víctor Quintana, identifica una plataforma con cuatro ejes básicos para esa legislatura: derechos humanos –yo añadiría, sistema de justicia-, lucha contra la corrupción y la impunidad, aumento salarial de emergencia y austeridad de la clase política. Para construir una mayoría legislativa comprometida con esos cuatro ejes, es necesaria una convergencia de la insurgencia social con otros actores que compartan esa agenda legislativa, aquellos que manifiestan activamente su preocupación por la persistente violación de derechos humanos, tanto en el ámbito de los presos políticos, víctimas de la criminalización de la protesta pública, como en torno de la falta de medidas sustantivas por la desaparición forzada de personas. Asimismo, esa convergencia debe de atraer toda la inconformidad contra la impunidad, la corrupción y la falta de rendición de cuentas, que se expresa desde diversos ámbitos como la jerarquía católica, sus movimientos eclesiales de base, o sectores empresariales. Igualmente, acompasar la crisis económica con un salario de emergencia y con la austeridad republicana de la clase política, es un sentimiento de indignación que tiene amplia convocatoria, más allá de la propia insurgencia social

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

Habría que preguntarse por qué el periodismo de investigación va mucho más adelante que la justicia. Responder a ello, implica varias dimensiones de la vida pública que felizmente se conjuntan para darnos a conocer lo que los actores del poder callan, omiten o, lo peor, quieren esconder. La muy difusa opinión pública plantea exigencias cada vez mayores sobre las raíces de los acontecimientos que se informan; hay una búsqueda de verdad y un sacudimiento de las conciencias en esas labores periodísticas bien documentadas, que acompañan y a la vez condicionan eso que llamamos calidad de la democracia: ¿es vigente el imperio de la ley, el Estado de derecho? ¿a quién beneficia y a quien perjudica el que haya transparencia y acceso a información pública? ¿qué impide que se rindan cuentas por parte de los servidores y cargos públicos ante la ciudadanía y, en su caso, ante las instituciones de la justicia?

Mientras que proliferan investigaciones acuciosas sobre casos de corrupción, impunidad, déficit o sesgo de los aparatos de justicia, tanto en medios locales, nacionales e internacionales, más crece nuestra frustración al constatar el desfase entre lo que conocemos, lo que suponemos debería de contribuir a la solución de los graves problemas dados a conocer y la inoperancia de las instituciones gubernamentales para asumir las consecuencias derivadas del conocimiento público de hechos, cifras, relaciones de complicidad, identificación de responsabilidades y presuntos culpables, que dimensionen el problema detectado y su impacto en nuestras vidas y sus cotidianeidades. Las emociones, sentimientos y modos de razonar que detonan esas investigaciones, transforman nuestra percepción del mundo y redefinen nuestras expectativas sobre lo posible y lo deseable. Pero ¿qué hacemos con la información que tenemos, si no depende de nosotros el manejo de las consecuencias legales, penales o administrativas?

Esas soluciones no le tocan al periodismo de investigación, pero si le compete el dar cuenta y seguimiento de los efectos que su propia acción informativa produce. El equipo periodístico de Carmen Aristegui, por poner un caso afortunado de investigación sobre el conflicto de intereses alrededor de la Casa Blanca del Presidente Peña y su esposa, nos dio elementos juiciosos, críticos, sobre el perverso círculo entre impunidad y corrupción que acompaña no solo al Ejecutivo federal, sino a su entorno más inmediato, lo cual ha repercutido en una mayor observación de todos los cargos públicos actuales y del pasado. La presidencia de la República ha intentado diversas medidas para recomponer la confianza en la figura presidencial, pero la superficialidad de los cambios emprendidos, al negar la independencia debida de las investigaciones encargadas al amigo-empleado, en la Secretaría de la Función Pública, ha incrementado la desconfianza sobre los alcances del combate a la corrupción y la desesperanza sobre el fin de la impunidad.

Se aplazan cambios importantes como la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General y todavía no aparece en el horizonte de la creación de instituciones, la independencia ciudadana para la fiscalización, al estilo de un Tribunal de Cuentas, que se apropie del conocimiento y llevarlo a la denuncia fundada y a los debidos procesos civiles, penales, administrativos que frenen corrupción e impunidad. Que bueno que investigaciones periodísticas visibilicen demandas de justicia; buenas y malas noticias, que sepamos que José Murat, ex gobernador de Oaxaca, tiene propiedades carísimas en Nueva York, o que los familiares del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se corrompieron al calor de su administración, pues mientras que la corrupción esté inmersa en los aparatos de justicia no hay esperanza de que termine la impunidad. El periodismo de investigación empuja el sentido de justicia, pero frustra nuestros deseos de una justa realidad.