FALTAN CONVERGENCIAS POLÍTICAS

Las próximas elecciones intermedias abren dos pistas de actuación, en lo que se refiere a la convergencia política alrededor de demandas de amplia inclusión e impacto social: la pista político-electoral que se debate entre los partidos, particularmente de izquierda, y sus vínculos –o la falta de ellos- con la insurgencia social que recorre el país en innumerables conflictos asociados con la violencia, la crisis económica o problemas socioambientales diversos. La muy polémica y crispada relación entre partidos, gobierno y movimientos sociales, nutre el desencanto frente al sistema político y de partidos. La otra pista, es la que corresponde a la dinámica interna de la insurgencia social, que tiene la virtud de su autonomía y descentralización de múltiples organismos que adaptan sus luchas, su actuación pública, a las particularidades locales o regionales, pero que cuentan con un déficit de coordinación entre sus demandas a escala nacional.

Para que esas dos pistas converjan en un proyecto de transformación social significativo, hace falta una consideración selectiva del voto que permita aprovechar aquellas candidaturas dispuestas a establecer vínculos con demandas y movimientos sociales. El académico y activista chihuahuense, Víctor Quintana, subraya la oportunidad abierta por el descenso en la intención del voto priista, lo que impedirá a ese partido contar con la mayoría en la Cámara de Diputados federales. Frente a lo cual convendría impulsar una legislatura de coalición opositora que comunique “la arena de las luchas sociales y la arena política partidaria”. Acercar las demandas unificadoras de la insurgencia social con iniciativas de ley y políticas públicas acordes con tales demandas, es lo que puede resignificar unas elecciones intermedias faltas de interés y en cierta medida ajenas de cara al drama nacional. Que no se valga elegir como si Ayotzinapa no existiera.

Propiciar tal convergencia entre procesos electorales y la insurgencia social aportaría nuevas experiencias de participación ciudadana, siempre y cuando haya diálogos y compromisos previos entre partidos, candidatos-as y organizaciones sociales en los que ambas partes estén dispuestas a perseguir una agenda legislativa o un programa de gobierno, en aquellos diversos cargos de elección popular en juego este 2015. Lo cual no implica desconocer que habrá distritos federales o locales, o gubernaturas o municipios, donde algunas personas u organizaciones sociales opten por anular el voto, abstenerse o incluso por impedir que las elecciones se lleven a cabo, porque las condiciones de violencia o el deterioro de las autoridades representen obstáculos mayores.

La legislatura de coalición opositora es la convergencia que reúne mayores posibilidades para ofrecer resultados donde los movimientos sociales vean reflejados sus intereses. Víctor Quintana, identifica una plataforma con cuatro ejes básicos para esa legislatura: derechos humanos –yo añadiría, sistema de justicia-, lucha contra la corrupción y la impunidad, aumento salarial de emergencia y austeridad de la clase política. Para construir una mayoría legislativa comprometida con esos cuatro ejes, es necesaria una convergencia de la insurgencia social con otros actores que compartan esa agenda legislativa, aquellos que manifiestan activamente su preocupación por la persistente violación de derechos humanos, tanto en el ámbito de los presos políticos, víctimas de la criminalización de la protesta pública, como en torno de la falta de medidas sustantivas por la desaparición forzada de personas. Asimismo, esa convergencia debe de atraer toda la inconformidad contra la impunidad, la corrupción y la falta de rendición de cuentas, que se expresa desde diversos ámbitos como la jerarquía católica, sus movimientos eclesiales de base, o sectores empresariales. Igualmente, acompasar la crisis económica con un salario de emergencia y con la austeridad republicana de la clase política, es un sentimiento de indignación que tiene amplia convocatoria, más allá de la propia insurgencia social