2010, CONSTITUYENTE PACÍFICA

Necesitamos urgentemente rehacer el pacto social en nuestro país, mediante convocatoria amplia, plural, incluyente, para elaborar colectivamente una nueva Constitución que oriente y regule nuestra convivencia nacional, sobre renovadas bases jurídicas y políticas. La Constitución actual, reformada 487 veces desde 1917, muestra los conflictos y resquebrajamientos del pacto social original, alcanzado con el triunfo de la fracción revolucionaria noroccidental que conquistó, para quedarse ahí, el centro del país. Aunque la Carta Magna fue producto de una amplia deliberación entre los grupos políticamente activos de la época, quienes lograron un ordenamiento institucional general de México con orientaciones sociales estratégicas, se ha perdido el sentido original. Los 71 años bajo el régimen de partido de Estado transformaron el proyecto nacionalista revolucionario original en una Constitución dominada por el desarrollismo y luego en una entelequia reproductora del modelo neoliberal.

Tras nueve años de gobiernos panistas no cambia esencialmente el sentido neoliberal de las reformas; liberalismo económico y conservadurismo político combinados, no trajeron consigo más que cambios cosméticos en el régimen político, desvinculados de las profundas transformaciones socioeconómicas, que cada vez son más difíciles de gobernar bajo un régimen democrático. Del pasado sistema político de partido casi único, en estos años pasamos a un sistema partidocrático que amplía la brecha entre representados y representantes, con el consabido deterioro cualitativo de la representación y falta de confianza en el sistema político.

Una Constituyente, es la única solución de fondo para poner fin al secuestro de la representación democrática impuesta por los partidos políticos, en conjunción con los poderes fácticos del país y sus regiones. Es a través de la ciudadanía, en formatos que combinen democracia participativa y representativa, con un sistema de partidos rehechos a su servicio, que se puede lograr un pacto social renovado. El cúmulo de reformas constitucionales realizadas a la medida partidocrática, heredaron un ordenamiento jurídico-político incoherente y contradictorio respecto de las aspiraciones democráticas. Las llamadas reformas constitucionales estructurales: económica, laboral, fiscal y energética, se entrampan por esta falta de acuerdos nacionales que se han visto limitados por cabildeos entre cúpulas partidocráticas y poderes fácticos. Lo mismo sucede con la reforma política y del Estado que, pudiendo ser la palanca para operar de manera racional y negociada una gestión democrática de las multiples crisis, los partidos la redujeron a negociaciones de cuotas de poder entre la burocracia política profesional.

Solamente se puede deshacer el círculo perverso de la partidocracia si se constituye de otra manera el Poder Legislativo; ahí está la clave, y por ello la importancia de anular el voto con la consigna de una Constituyente pacífica en 2010. Solamente una nueva Carta Magna puede transformar pacíficamente el gobierno y terminar con las ambigüedades entre presidencialismo y parlamentarismo, además de someter a los funcionarios electos a contrapesos eficaces, de manera que no sean los mismos partidos los que aseguren su arbitraria reproducción, pues como lo hemos visto recientemente, ellos no están dispuestos a rendir cuentas y abrirse a la transparencia; por ello los regateos de cuotas de poder y los llamados a cabildeos secretos al margen del control público en el caso del Instituto de Transparencia de Jalisco. Los partidos tampoco están dispuestos a reconocer que hay otros interlocutores entre Estado y sociedad que no sean ellos, como lo muestra su resistencia a sacar las manos de los organismo públicos autónomos y también una importante pero muy limitada reforma del Artículo 17 constitucional que, en medio de la alerta sanitaria, pasó desapercibida, pues no se reconoció la acción colectiva como portadora de derechos, sino que se dejó en manos del gobierno su exigibilidad. Más razones para anular el voto y exigir una Constituyente pacífica.


PÚBLICO, Jalisco, 8 de mayo de 2009