ANULAR TIENE SENTIDO CRÍTICO

Crece la ola anulista. Entran al debate sobre su legalidad, su legitimidad y su eficacia -términos que politizan el tema-, diversas figuras públicas, periodistas y las opiniones a favor y en contra en los medios que cuentan con espacios para sus receptores. Entre las críticas sesgadas, hay descalificaciones que apuntan a la criminalización, que desorientan y desinforman intencionadamente y hasta presiones extralegales que intentan acallar la opción anuladora del voto. No obstante, cada vez queda más claro que las molestias causadas por el anulismo, reflejan que la crítica buscada está dando en el blanco: la denuncia del actual sistema de partidos, por su incapacidad para cumplir con los criterios mínimos siquiera de una democracia representativa. El secuestro de la participación social en los asuntos públicos por la partidocracia imperante; su incapacidad para reformarse y, entonces, su imposibilidad para reformar al país, y aún más para operar una salida democrática ante la compleja crisis nacional-global que vivimos.

Repasemos a los principales críticos del anulismo. Francisco Ramírez Acuña, tacha de "grupúsculo" a ciudanos/as libres que proponen anular su voto y calificó de cobardía la “campaña contra el sufragio”, cuando se propone justo lo contrario: ir a votar, pero para anular el voto con sentido crítico. Su lamento por este tipo de movimientos; lo lleva a una antidemocrática exigencia: que los medios de comunicación no promuevan a quienes están haciendo una “acción en contra de México”. ¿Será que la tortura, el autoritarismo, la opacidad de su función pública negada a rendir cuentas, favorecen a México? No se vale criminalizar a quien ejerce su derecho al voto anulándolo ¿o está prohibido en alguna legislación anularlo?

El Cardenal Sandoval, contribuye a la desorientación: "Esos (quienes promueven la anulación) no hacen labor de Patria, el abstencionismo va a matar a la democracia, eso no está correcto, hay que votar por el menos peor, pero hay que votar porque es condición de la democracia". El mensaje político explícito que enviamos, quienes anularemos concientemente nuestro voto, es por una mejor patria; esperamos sacudir la actitud política del sistema partidocrático mediante su rechazo y, simultáneamente, restituir el poder ciudadano del voto y del acto de votar. La consecuencia esperada es que, con la fuerza política simbólica de la anulación, la partidocracia se vea obligada a cambiar y que la participación ciudadana se fortalezca más allá del mero proceso electoral: fiscalización permanente y exigencia de rendición de cuentas. Nos equivocamos con aquello del voto útil “por el menos peor”, eso si mata a la democracia.

David Gómez Álvarez, Presidente del Instituto electoral y de participación ciudadana de Jalisco, insiste en la obviedad sobre la falta de efectos políticos jurídicos de la anulación, y se refiere a esta actitud como mero “desahogo social”. Está en su derecho de decirlo, aunque como politólogo estoy seguro entiende que la creciente proporción de abstencionismo ha obligado a reformar “intuitivamente”, en épocas recientes, la legislación electoral con importantes repercusiones sobre el sistema político. Los efectos político-jurídicos que puede tener la anulación no se verán reflejados al día siguiente de la elección, sino que serán producto de la evaluación que haga la partidocracia interpelada y del seguimiento que den los involucrados a los efectos simbólico-políticos que tenga el movimiento (sociopolítico) anulista.

No se vale criminalizar, ilegalizar mañosamente, a quienes optaremos por anular nuestro voto, ni chantajear a persona alguna de manera extralegal, pues hay información preocupante que esto empieza a suceder. Anularlo, es una novena opción, en caso de que no nos convenza ninguno de los ocho partidos y eso es absolutamente legal. Tanto, que la propia autoridad electoral puede incurrir en la ilegalidad si no respeta esa opción.