LIMPIEZA SOCIAL Y COMUNIDADES DE MUERTE

Ante el deterioro de los términos de convivencia, del estado de Derecho, se incrementa la ansiedad social frente al riesgo de sufrir en carne propia la violencia, así como la rabia que genera la impotencia causada por la falta de justicia. Ello abona el terreno extremo de la muerte, como lo enarbolan los partidarios de la pena capital, o el de tomarse la justicia en manos particulares sin ahorrarse medio alguno que lleve a alcanzar los fines. Además de la cuestionable eficacia de la pena de muerte para disminuir la criminalidad y de la emergencia de grupos “civiles”, parapoliciales o paramilitares, que operan al margen de la ley para hacer justicia ahí donde el Estado no puede llegar, hay algunas medidas que incrementan las posibilidades de violencia criminal, aunque se disfracen con mantos de legalidad.

Dos casos recientes muestran este deterioro de nuestra convivencia: las operaciones del escuetamente llamado El Grupo, el cual “Surgió hace 12 años; es financiado por empresarios, comerciantes y profesionistas, y opera con el conocimiento de autoridades federales y estatales. Negocia con delincuentes la liberación de víctimas, pero también los persigue, captura, interroga y decide quién muere.” (Milenio, 18-05-09), agrupación que podemos ubicar como una “comunidad de muerte”, y por otra parte, la propuesta del PRI para reformar el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero mediante medidas administrativas, como multa y cárcel a vagabundos, las cuales no son acompañadas de una infraestructura de atención cuidado y reinserción social de quienes sufren esa penosa situación. Una reforma así, solamente exacerba la miseria, aumenta el resentimiento y termina por criminalizar la pobreza, mediante la paradójicamente llamada “limpieza social”.

El reportaje de Milenio citado antes, incluye una entrevista con el Jefe de El Grupo, quien ante la pregunta si esta organización suple las carencias de la policía, del Estado, responde: “Sí. Esto no puede ser un grupo de poder en manos de un cabrón sin ética que piense en eso: que es un grupo de poder con beneficio político o empresarial para eliminar al contrario. Nosotros no queremos ni puestos ni mandos ni pertenecer a ninguna policía, no queremos que nos reconozcan públicamente… Yo existo porque, con excepciones, tenemos una policía fallida. Una policía que, salvo ciertos grupos, no puede (contra la delincuencia). Tú pagas impuestos para que el gobierno te proteja y el gobierno no lo hace. Así de simple…”. El Jefe, expresa criterios internos de bondad que chocan frontalmente con el estado de Derecho, y muestra que su comunidad tiene valores constitutivos y conducentes al bien común, pero desde un sentido de libertad e igualdad moral contrario a los derechos humanos, que acepta la muerte como «un mal común necesario».

Para Jesús Casquete (Anthropos, 2009) las comunidades de muerte, “no aceptan su coexistencia con otras visiones del mundo y del bien, este tipo de comunidades recurren a la violencia en su batalla contra los «otros», ahora concebidos no ya como objeto de apelaciones persuasivo-discursivas, sino como enemigos a los que doblegar y someter mediante la fuerza. No abrigan ningún pudor en recurrir al peor de los utilitarismos, que consiste en utilizar la vida de otros en aras de la consecución de sus fines propios.”. En otro contexto, más de 60 organizaciones civiles, de derechos humanos y de protección a la niñez rechazaron la iniciativa impulsada por el PRI por pretender hacer una “limpieza social” disfrazada, que legaliza la práctica de abusos y arbitrariedades contra las poblaciones callejeras como la privación ilegal de la libertad, el uso excesivo de la fuerza e incluso la tortura y hasta la desaparición forzada de personas. Más muerte.