En el marco de la renovación de la mitad del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), María Emma Valadez Cruz, Alberto Bayardo Pérez Arce y Francisco Javier Pérez Chagollán, Consejeros activos, renunciaron a su consejería, e Imelda Orozco Mares y Paola Lazo Corvera, consejeras salientes, apoyaron esa decisión, pues consideran que la CEDHJ no cumple con su rol de Organismo Público Autónomo, debido a:
- La pérdida de fuerza y legitimidad de la Institución, pues la elección de su actual titular en junio del 2007, fue cuestionada por falta de transparencia; se hizo a puerta cerrada, sin consulta ciudadana previa y sin perfil claramente definido del Ombudsman. Además se agredió entonces a la ciudadanía que pretendía atestiguar el proceso.
- Como Organismo Público Autónomo para la protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos, la CEDHJ confunde su función con la de intermediación silenciosa y la gestión de indemnizaciones, como si fuera un área de conciliación, sin contribuir a la función pública sistemática que impida la reiterada violación de los derechos humanos.
- la CEDHJ y parte de su Consejo cerraron toda posibilidad de discusión de asuntos polémicos, vinculados con los derechos sexuales: la interrupción legal del embarazo, o el reconocimiento legal a las uniones conyugales entre personas del mismo sexo, que en una sociedad democrática demandarían una discusión abierta, plural e incluyente, que impediría modificaciones al Art. 4to de la Constitución del Estado y el artículo 228 del Código Penal para el Estado de Jalisco.
- La restricción del acceso a la información respecto del trabajo interno de la Comisión, tanto para Consejeros como para la ciudadanía en general, ya que se dejó de presentar un informe detallado por parte del presidente de la CEDHJ sobre asuntos de relevancia. Y se limitó la participación del Consejo en resoluciones o recomendaciones emitidas por la Comisión; los consejeros se enteraban a través de los medios de comunicación de las posturas y resoluciones de la CEDHJ.
- La suplencia irregular de una consejera, mediante elección realizada sin haber obtenido previamente la aceptación de su renuncia por el Congreso local y en medio de presiones directas a Consejeros para obtener sus votos a favor; la Consejera Paola Lazo no pudo tomar el puesto vacante, aunque había sido nombrada suplente por el Congreso de Jalisco, lo cual además hacía valer la equidad de genero en la integración del Consejo ciudadano establecida en la Ley de la CEDHJ, hasta que interpuso un amparo, que ganó.
- El abuso del principio democrático para la toma de decisiones en las sesiones del Consejo, en donde la regla de la mayoría permitió y hasta justificó formas de exclusión y discriminación, evitando discusiones abiertas y con base en argumentos, como se puede constatar en las actas de las sesiones del Consejo.
Los consejeros afirman que “el presidente de la CEDHJ ha maniobrado de tal manera que el Consejo dejó de serlo en los hechos, pues él Ombudsman reconoció en la sesión ordinaria 274 del Consejo Ciudadano, que se reúne con integrantes del mismo que le son afines, en espacios ajenos al propio Consejo; así, ya no existe la posibilidad de una verdadera y sana discusión democrática.” Privan colaboraciones con algunas organizaciones de la sociedad civil y no con otras, sin que se den a conocer los criterios seguidos por la presidencia de la Comisión. Además, la influencia desmedida de los poderes fácticos de la jerarquía católica sobre la CEDHJ impide la discusión plena y abierta sobre derechos humanos. Se estrecha el espacio para constituir organismos públicos auténticamente autónomos.
viernes, 26 de noviembre de 2010
viernes, 19 de noviembre de 2010
LA SOCIEDAD DEL NO TRABAJO
Otro nombre de la crisis es la incapacidad del capitalismo en sus distintas versiones para generar trabajo; incluso en el campo que se reclama socialista se puede constatar creación de empleos, pero aún en experiencias relativamente exitosas como la china no se ha creado una sociedad con derecho al trabajo. La idea prevaleciente sobre desarrollo pretende lograr la estabilidad macroeconómica financiera, como base de sustentación del mercado. No hemos superado esa centralidad de los indicadores mercantiles que confunde crecimiento con desarrollo, o competitividad con productividad sin que definamos como sociedad el sentido de la producción; tampoco hemos superado el atavismo económico que cifra su sobrevivencia en la exportación al mercado mundial, sin cuidar la transferencia del valor que proviene del trabajo hacia otra parte, antes de dirigir ese valor hacia donde se necesita internamente. Además, la economía financiera especulativa premia al capital y castiga al trabajo.
Las políticas económicas y sociales que previamente se habían reservado para los países “en desarrollo”, ahora se impulsan en prácticamente todo el mundo. Los llamados ajustes estructurales, destinados a la reestructuración productiva orientada a la exportación, la desregulación de los mercados por la vía de la liberalización comercial y el incremento de la privatización, se acompañaron de formas para subordinar al trabajo mediante un concepto sesgado de flexibilidad laboral, que favorece a los empleadores y que cada vez más deja al garete a quienes buscan empleo. Contratos por hora o por tareas específicas, en periodos restringidos que no causen derechos laborales, tienden a precarizar el empleo, hacen descansar sobre los individuos los riesgos derivados del desempleo y de la inseguridad social. Problemas de los que se desentiende un Estado que está abandonando su responsabilidad social, en aras de garantizar la estabilidad macroeconómica en función de los intereses que representa la organización financiera.
Se calcula que el tamaño de la economía financiera es cien veces mayor que el de la economía real, que está respaldada en la producción de bienes y servicios. La crisis financiera actual aumenta esta brecha hasta niveles que son insostenibles. Pero las políticas para enfrentar estas graves limitaciones se siguen mostrando ineficaces, particularmente en lo que hace al trabajo. A éste se le ubica como el principal factor con potencial inflacionario y el que representa el mayor costo si se reconocen íntegramente sus derechos laborales, pues el derecho al trabajo abarca todo el periodo de vida de una persona. El trabajo es el gran perdedor de la actual crisis civilizatoria. Lo que en la jerga económica se conoce como programas procíclicos, que buscan “crecer” gracias al mayor control de las variables macroeconómicas financieras, o de programas anticíclicos que pretenden reanimar la actividad económica mediante el fomento y la regulación estatal reforzada, ninguno favorece al trabajo.
El mayor índice de desempleo en la historia reciente de Estados Unidos, que roza el 10 por ciento, no ha podido descender significativamente, a pesar de la inversión pública inusitada, principalmente en el sector de la construcción. Los países europeos más golpeados por la crisis financiera, como España y Grecia, no abaten tampoco su alto desempleo a pesar de que también implementan políticas anticíclicas. Y, México, campeón de políticas procíclicas, enfrenta un panorama que bien puede caracterizarse como típico de una sociedad del no trabajo. Ni se generan empleos suficientes, ni aún menos se crean trabajos como derechos básicos de ciudadanía. La sociedad de los ninis, no solo se refiere a los 7 millones de jóvenes sin perspectiva de futuro, sino parece ser consustancial al modelo económico por el que se ha optado, que niega y excluye el derecho básico al trabajo como fundamento principal de ciudadanía.
Las políticas económicas y sociales que previamente se habían reservado para los países “en desarrollo”, ahora se impulsan en prácticamente todo el mundo. Los llamados ajustes estructurales, destinados a la reestructuración productiva orientada a la exportación, la desregulación de los mercados por la vía de la liberalización comercial y el incremento de la privatización, se acompañaron de formas para subordinar al trabajo mediante un concepto sesgado de flexibilidad laboral, que favorece a los empleadores y que cada vez más deja al garete a quienes buscan empleo. Contratos por hora o por tareas específicas, en periodos restringidos que no causen derechos laborales, tienden a precarizar el empleo, hacen descansar sobre los individuos los riesgos derivados del desempleo y de la inseguridad social. Problemas de los que se desentiende un Estado que está abandonando su responsabilidad social, en aras de garantizar la estabilidad macroeconómica en función de los intereses que representa la organización financiera.
Se calcula que el tamaño de la economía financiera es cien veces mayor que el de la economía real, que está respaldada en la producción de bienes y servicios. La crisis financiera actual aumenta esta brecha hasta niveles que son insostenibles. Pero las políticas para enfrentar estas graves limitaciones se siguen mostrando ineficaces, particularmente en lo que hace al trabajo. A éste se le ubica como el principal factor con potencial inflacionario y el que representa el mayor costo si se reconocen íntegramente sus derechos laborales, pues el derecho al trabajo abarca todo el periodo de vida de una persona. El trabajo es el gran perdedor de la actual crisis civilizatoria. Lo que en la jerga económica se conoce como programas procíclicos, que buscan “crecer” gracias al mayor control de las variables macroeconómicas financieras, o de programas anticíclicos que pretenden reanimar la actividad económica mediante el fomento y la regulación estatal reforzada, ninguno favorece al trabajo.
El mayor índice de desempleo en la historia reciente de Estados Unidos, que roza el 10 por ciento, no ha podido descender significativamente, a pesar de la inversión pública inusitada, principalmente en el sector de la construcción. Los países europeos más golpeados por la crisis financiera, como España y Grecia, no abaten tampoco su alto desempleo a pesar de que también implementan políticas anticíclicas. Y, México, campeón de políticas procíclicas, enfrenta un panorama que bien puede caracterizarse como típico de una sociedad del no trabajo. Ni se generan empleos suficientes, ni aún menos se crean trabajos como derechos básicos de ciudadanía. La sociedad de los ninis, no solo se refiere a los 7 millones de jóvenes sin perspectiva de futuro, sino parece ser consustancial al modelo económico por el que se ha optado, que niega y excluye el derecho básico al trabajo como fundamento principal de ciudadanía.
viernes, 12 de noviembre de 2010
REVOLUCIÓN SOCIAL PACÍFICA
La revolución, palabra cargada de ambigüedad en la historia y en su significado presente. Para unos fue la oportunidad transformadora radical de injusticias opresoras, para otros la oportunidad de encumbramiento de un grupo generalmente producto de una coalición política formada por intereses heterogéneos, algunos de ellos incluso contrapuestos al origen del movimiento revolucionario. La socióloga Theda Skocpol ofrece una de las reflexiones más elaboradas sobre este concepto en su libro Las revoluciones sociales en el mundo moderno (1994), donde argumenta que esos acontecimientos únicos provienen de transformaciones fundamentales rápidas del Estado y la estructura social de clases que se hace desde abajo. Cambio político, transformación socioeconómica estructural y participación de masas, caracterizan a una veintena de revoluciones sociales que se han producido ¡en los últimos trescientos años!.
El caso mexicano es una de esas veinte revoluciones en el mundo moderno, la primera del siglo XX, pero su fuerza y originalidad tienen aristas inexploradas, a pesar de los ríos de tinta que han corrido para interpretarla. Aristas que no han sido abordadas suficientemente este año de celebraciones centenarias, que además no convirtieron en conmemoración nacional el suceso fundador de nuestra vida social contemporánea. Una historiografía cargada hacia los regímenes nacionalistas revolucionarios, construyó una versión que metió juntos ángeles y demonios con la finalidad expresa de instrumentar la herencia revolucionaria al servició del régimen de partido, el cual perversamente la institucionalizó. Otra interpretación, la hacen tecnócratas y conservadores quienes confinaron la revolución de carácter social exclusivamente a su dimensión político-electoral, enterrando en el olvido la radicalidad de las transformaciones exigidas por el cambio revolucionario. Otros, partidarios de la modernización, ven al pasado como lastre, digamos los salinistas, y los que se quedan con Francisco Madero, desechan a Villa y Zapata, digamos los panistas.
Estigmatizada por la violencia que conlleva, descalificada por la deformación de sus propósitos originales, la revolución social tiende actualmente al desprestigio. Sin embargo, las condiciones que la generan siguen vigentes: el incremento dramático de la desigualdad que trae consigo la globalización capitalista; la polarización política que revive autoritarismos que violan derechos y excluyen mayorías del desarrollo; el fracaso relativo de revoluciones (auto) limitadas al ámbito político electoral, como la mayoría de las revoluciones políticas de la esfera ex soviética, y de transiciones democráticas acotadas al sistema político, que aplazan indefinidamente los cambios estructurales que demandan justicia social; un balance de fuerzas internacionales en tiempos de crisis, que es propicio para la organización del descontento traducido en demandas de transformaciones mundiales radicales, que apelan incluso al viejo paradigma de revolución mundial. Pero, la revolución social despierta temores, la mayor parte de ellos por el carácter político militar que las sustentaba.
El carácter pacífico que toman las revoluciones sociales al final del siglo pasado combate esos temores. Nuevamente, la originalidad del caso mexicano representado en lo que algunos llamaron la primera revolución postcomunista del Siglo XXI, por el movimiento neozapatista, despertó ciertas esperanzas. Este movimiento se alejó del proyecto de la toma del poder por la vía armada, y hasta se deslindó del paradigma revolucionario, pues adoptaron la rebeldía y la lucha por la dignidad como programa de acción local-nacional y constituye una referencia global. Empero, la idea revolucionaria que inicia por el asalto armado al poder estatal persiste. El Centro de Estudios de los Movimientos Armados, detectó 43 movimientos guerrilleros en los últimos 13 años en México y la tentación por vincular narco y guerrilla se presenta ocasionalmente. Latinoamérica en su conjunto ofrece una perspectiva de revolución pacífica que opera en torno a elecciones; lamentablemente, el ideal de revolución democrática-pacífica que constituiría otro paradigma original en México, está por ahora bloqueado.
El caso mexicano es una de esas veinte revoluciones en el mundo moderno, la primera del siglo XX, pero su fuerza y originalidad tienen aristas inexploradas, a pesar de los ríos de tinta que han corrido para interpretarla. Aristas que no han sido abordadas suficientemente este año de celebraciones centenarias, que además no convirtieron en conmemoración nacional el suceso fundador de nuestra vida social contemporánea. Una historiografía cargada hacia los regímenes nacionalistas revolucionarios, construyó una versión que metió juntos ángeles y demonios con la finalidad expresa de instrumentar la herencia revolucionaria al servició del régimen de partido, el cual perversamente la institucionalizó. Otra interpretación, la hacen tecnócratas y conservadores quienes confinaron la revolución de carácter social exclusivamente a su dimensión político-electoral, enterrando en el olvido la radicalidad de las transformaciones exigidas por el cambio revolucionario. Otros, partidarios de la modernización, ven al pasado como lastre, digamos los salinistas, y los que se quedan con Francisco Madero, desechan a Villa y Zapata, digamos los panistas.
Estigmatizada por la violencia que conlleva, descalificada por la deformación de sus propósitos originales, la revolución social tiende actualmente al desprestigio. Sin embargo, las condiciones que la generan siguen vigentes: el incremento dramático de la desigualdad que trae consigo la globalización capitalista; la polarización política que revive autoritarismos que violan derechos y excluyen mayorías del desarrollo; el fracaso relativo de revoluciones (auto) limitadas al ámbito político electoral, como la mayoría de las revoluciones políticas de la esfera ex soviética, y de transiciones democráticas acotadas al sistema político, que aplazan indefinidamente los cambios estructurales que demandan justicia social; un balance de fuerzas internacionales en tiempos de crisis, que es propicio para la organización del descontento traducido en demandas de transformaciones mundiales radicales, que apelan incluso al viejo paradigma de revolución mundial. Pero, la revolución social despierta temores, la mayor parte de ellos por el carácter político militar que las sustentaba.
El carácter pacífico que toman las revoluciones sociales al final del siglo pasado combate esos temores. Nuevamente, la originalidad del caso mexicano representado en lo que algunos llamaron la primera revolución postcomunista del Siglo XXI, por el movimiento neozapatista, despertó ciertas esperanzas. Este movimiento se alejó del proyecto de la toma del poder por la vía armada, y hasta se deslindó del paradigma revolucionario, pues adoptaron la rebeldía y la lucha por la dignidad como programa de acción local-nacional y constituye una referencia global. Empero, la idea revolucionaria que inicia por el asalto armado al poder estatal persiste. El Centro de Estudios de los Movimientos Armados, detectó 43 movimientos guerrilleros en los últimos 13 años en México y la tentación por vincular narco y guerrilla se presenta ocasionalmente. Latinoamérica en su conjunto ofrece una perspectiva de revolución pacífica que opera en torno a elecciones; lamentablemente, el ideal de revolución democrática-pacífica que constituiría otro paradigma original en México, está por ahora bloqueado.
viernes, 5 de noviembre de 2010
CRECE LA DERECHA ESTADOUNIDENSE
Las elecciones intermedias en Estados Unidos interesan fundamentalmente a su ciudadanía, pero tienen impactos internacionales y particularmente en México donde llaman nuestra atención. Internamente, representan una suerte de Plebiscito sobre la gestión demócrata del Presidente Obama, además, prefiguran fuerzas y programas políticos que se debatirán durante los dos próximos años cuando sean las elecciones presidenciales. La incertidumbre invade la posible reelección del primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Al mundo le inquieta el peso que tendrá la agenda doméstica, de cara a los asuntos internacionales en los que Estados Unidos participa como potencia global, pues la beligerancia electoral mostrada por su nueva-vieja derecha, mantendrá ocupada a la Casa Blanca en la negociación de su proyecto de gobierno. Desde México, nos interesa la eternamente inconclusa reforma migratoria, pero también la cultura político-electoral triunfante: la empresarialización de la política, el Estado regulador desdibujado, el conservadurismo de base religiosa.
Obama y los Demócratas sufrieron una doble derrota en estas elecciones intermedias. El programa de recuperación económica no ha mostrado resultados sensibles y el coletazo de la crisis financiera creada por el gobierno anterior está golpeando a la administración actual; un desempleo que casi alcanza el 10 por ciento, aunado al tiempo que tarda el fomento de inversión pública promotora del empleo en mostrar sus resultados, frustró al electorado deseoso de pruebas de recuperación inmediatas. A esa frustración se unió un voto de castigo, liderado por la derecha republicana, contra la reforma de cuidados de salud que convenció a empresas aseguradoras y a trabajadores sindicalizados, pero que incomodó a clases medias vinculadas con jugosos negocios alrededor de la salud, además del argumento falaz pero convincente de los temerosos del migrante, al argumentar que esa reforma lo beneficia aunque no pague impuestos. Está documentado que ni los indocumentados escapan al fisco.
Derrota en la Cámara de Representantes, donde los Demócratas bajan de 255 a 185 integrantes; derrota en los gobiernos estatales, donde los Republicanos ganan 24 de los 37 gobernadores electos recientemente. Triunfo pírrico en el Senado, donde los Demócratas apenas mantienen una frágil mayoría. Un ganador: el Tea Party, la derecha republicana recalcitrante que toma su nombre del Motín del Té, un movimiento que se oponía al aumento de impuestos en la víspera de la Independencia de la Unión Americana, gana un amplio porcentaje de Representantes y obtiene triunfos en estados clave para el sistema de los grandes electores que definirán la elección presidencial de 2012. Aunque el Tea Party no cuenta con un liderazgo carismático capaz de contender contra la reelección de Obama, ya prefigura un programa político: abolir al Estado regulador; recorte de impuestos, porque aumentan el déficit; conservadurismo religioso como base identitaria.
El discurso anti-inmigrante y racista, parte nodal de ese movimiento, dividió al voto latino y de minorías nacionales, pues ganó al inmigrante que sufre el síndrome de la puerta cerrada; el que una vez integrado se opone a la obtención de ciudadanía por otros: Susana Martínez, primera mujer de origen hispano se reafirma como gobernadora en Nuevo México; Brian Sandoval, primer gobernante hispano en Nevada; Jan Brewer, gobernadora de Arizona, se convierte en paradigma anti-inmigrante con su Ley SB1070; Nikki Haley, de origen asiático es electa gobernadora en Carolina del Sur; Marco Rubio, cubano americano, es electo Senador por Florida. En Oklahoma, los republicanos ganan que el inglés sea lengua oficial, que se prohíba la Ley Islámica de la Sharia. Así, la Reforma Migratoria queda fuera de la agenda legislativa; Latinoamérica pierde interés y la política exterior queda apresada por la descarnada batalla de la agenda doméstica estadounidense. Lo peor, la derecha conservadora gana terreno electoral para 2012… ¿cómo en México?
Obama y los Demócratas sufrieron una doble derrota en estas elecciones intermedias. El programa de recuperación económica no ha mostrado resultados sensibles y el coletazo de la crisis financiera creada por el gobierno anterior está golpeando a la administración actual; un desempleo que casi alcanza el 10 por ciento, aunado al tiempo que tarda el fomento de inversión pública promotora del empleo en mostrar sus resultados, frustró al electorado deseoso de pruebas de recuperación inmediatas. A esa frustración se unió un voto de castigo, liderado por la derecha republicana, contra la reforma de cuidados de salud que convenció a empresas aseguradoras y a trabajadores sindicalizados, pero que incomodó a clases medias vinculadas con jugosos negocios alrededor de la salud, además del argumento falaz pero convincente de los temerosos del migrante, al argumentar que esa reforma lo beneficia aunque no pague impuestos. Está documentado que ni los indocumentados escapan al fisco.
Derrota en la Cámara de Representantes, donde los Demócratas bajan de 255 a 185 integrantes; derrota en los gobiernos estatales, donde los Republicanos ganan 24 de los 37 gobernadores electos recientemente. Triunfo pírrico en el Senado, donde los Demócratas apenas mantienen una frágil mayoría. Un ganador: el Tea Party, la derecha republicana recalcitrante que toma su nombre del Motín del Té, un movimiento que se oponía al aumento de impuestos en la víspera de la Independencia de la Unión Americana, gana un amplio porcentaje de Representantes y obtiene triunfos en estados clave para el sistema de los grandes electores que definirán la elección presidencial de 2012. Aunque el Tea Party no cuenta con un liderazgo carismático capaz de contender contra la reelección de Obama, ya prefigura un programa político: abolir al Estado regulador; recorte de impuestos, porque aumentan el déficit; conservadurismo religioso como base identitaria.
El discurso anti-inmigrante y racista, parte nodal de ese movimiento, dividió al voto latino y de minorías nacionales, pues ganó al inmigrante que sufre el síndrome de la puerta cerrada; el que una vez integrado se opone a la obtención de ciudadanía por otros: Susana Martínez, primera mujer de origen hispano se reafirma como gobernadora en Nuevo México; Brian Sandoval, primer gobernante hispano en Nevada; Jan Brewer, gobernadora de Arizona, se convierte en paradigma anti-inmigrante con su Ley SB1070; Nikki Haley, de origen asiático es electa gobernadora en Carolina del Sur; Marco Rubio, cubano americano, es electo Senador por Florida. En Oklahoma, los republicanos ganan que el inglés sea lengua oficial, que se prohíba la Ley Islámica de la Sharia. Así, la Reforma Migratoria queda fuera de la agenda legislativa; Latinoamérica pierde interés y la política exterior queda apresada por la descarnada batalla de la agenda doméstica estadounidense. Lo peor, la derecha conservadora gana terreno electoral para 2012… ¿cómo en México?
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