Otro nombre de la crisis es la incapacidad del capitalismo en sus distintas versiones para generar trabajo; incluso en el campo que se reclama socialista se puede constatar creación de empleos, pero aún en experiencias relativamente exitosas como la china no se ha creado una sociedad con derecho al trabajo. La idea prevaleciente sobre desarrollo pretende lograr la estabilidad macroeconómica financiera, como base de sustentación del mercado. No hemos superado esa centralidad de los indicadores mercantiles que confunde crecimiento con desarrollo, o competitividad con productividad sin que definamos como sociedad el sentido de la producción; tampoco hemos superado el atavismo económico que cifra su sobrevivencia en la exportación al mercado mundial, sin cuidar la transferencia del valor que proviene del trabajo hacia otra parte, antes de dirigir ese valor hacia donde se necesita internamente. Además, la economía financiera especulativa premia al capital y castiga al trabajo.
Las políticas económicas y sociales que previamente se habían reservado para los países “en desarrollo”, ahora se impulsan en prácticamente todo el mundo. Los llamados ajustes estructurales, destinados a la reestructuración productiva orientada a la exportación, la desregulación de los mercados por la vía de la liberalización comercial y el incremento de la privatización, se acompañaron de formas para subordinar al trabajo mediante un concepto sesgado de flexibilidad laboral, que favorece a los empleadores y que cada vez más deja al garete a quienes buscan empleo. Contratos por hora o por tareas específicas, en periodos restringidos que no causen derechos laborales, tienden a precarizar el empleo, hacen descansar sobre los individuos los riesgos derivados del desempleo y de la inseguridad social. Problemas de los que se desentiende un Estado que está abandonando su responsabilidad social, en aras de garantizar la estabilidad macroeconómica en función de los intereses que representa la organización financiera.
Se calcula que el tamaño de la economía financiera es cien veces mayor que el de la economía real, que está respaldada en la producción de bienes y servicios. La crisis financiera actual aumenta esta brecha hasta niveles que son insostenibles. Pero las políticas para enfrentar estas graves limitaciones se siguen mostrando ineficaces, particularmente en lo que hace al trabajo. A éste se le ubica como el principal factor con potencial inflacionario y el que representa el mayor costo si se reconocen íntegramente sus derechos laborales, pues el derecho al trabajo abarca todo el periodo de vida de una persona. El trabajo es el gran perdedor de la actual crisis civilizatoria. Lo que en la jerga económica se conoce como programas procíclicos, que buscan “crecer” gracias al mayor control de las variables macroeconómicas financieras, o de programas anticíclicos que pretenden reanimar la actividad económica mediante el fomento y la regulación estatal reforzada, ninguno favorece al trabajo.
El mayor índice de desempleo en la historia reciente de Estados Unidos, que roza el 10 por ciento, no ha podido descender significativamente, a pesar de la inversión pública inusitada, principalmente en el sector de la construcción. Los países europeos más golpeados por la crisis financiera, como España y Grecia, no abaten tampoco su alto desempleo a pesar de que también implementan políticas anticíclicas. Y, México, campeón de políticas procíclicas, enfrenta un panorama que bien puede caracterizarse como típico de una sociedad del no trabajo. Ni se generan empleos suficientes, ni aún menos se crean trabajos como derechos básicos de ciudadanía. La sociedad de los ninis, no solo se refiere a los 7 millones de jóvenes sin perspectiva de futuro, sino parece ser consustancial al modelo económico por el que se ha optado, que niega y excluye el derecho básico al trabajo como fundamento principal de ciudadanía.
viernes, 19 de noviembre de 2010
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