PACTO POR MÉXICO, CUESTIONADO

Un proyecto de gobernabilidad democrática que se circunscriba al acuerdo entre los tres partidos nacionales más votados es insuficiente. El Pacto por México, si bien representa un piso de acuerdos básicos para gobernar al país, empieza a ser cuestionado conforme avanzan los proyectos de reformas constitucionales que impulsa el Ejecutivo federal. A pesar del esfuerzo realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto por encontrar puntos de consenso entre los partidos políticos, y de tratar de conciliar esos acuerdos con sus promesas de campaña; una vez que cada uno de los actores concernidos por las reformas plantean sus condiciones y defienden sus intereses, empiezan a brotar los desacuerdos y se desatan contradicciones y diferencias entre cada grupo de poder y los órganos de gobierno que participan de los intentos reformadores. ¿Qué factores políticos erosionan la capacidad de pacto para gobernar? En primer lugar, la primacía de los partidos políticos y su incapacidad para organizar una narrativa convincente sobre su disposición para llegar a acuerdos firmes y duraderos. Por una parte, el PRI está obsesionado en su configuración como partido casi único, para lo cual busca verticalizar su cadena de mando al entregar al Presidente de la República, que ya es simultáneamente Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, la dirección del partido. Así, se reconstituye el presidencialismo por la vía partidaria, mediante lo cual se rebasa el acotamiento de los poderes metaconstitucionales que bien que mal lograron los gobiernos panistas de la alternancia federal. Tal concentración de poder, permite disciplinar internamente las diversas corrientes políticas y alinear la heterogénea constelación de grupos de poder que se anidan en el partidote. Pero el control férreo de esos grupos, esconde la falta de compromiso unitario con las reformas emprendidas por el Ejecutivo federal. Tanto el PAN como el PRD, atraviesan por fricciones internas que los debilitan, lo cual les impide también apropiarse y elaborar esa narrativa convincente implícita en firmar y sostener un pacto de gobierno. Aunque los panistas sufren una crisis de militancia más aguda, la dirección perredista enfrenta las críticas demoledoras de corrientes internas proclives al movimiento lopezobradorista y las presiones que este ejerce al descalificar cualquier acercamiento o pacto con el gobierno del PRI. Ni Acción Nacional, ni el PRD, tienen condiciones propicias para consultar a sus bases sobre el devenir del Pacto por México, ante lo cual cada partido está sometido a las directrices que imprimen los grupos dominantes de poder internos. Como resultado, se amplía la brecha entre militantes y directivas partidarias, lo cual debilita la capacidad de interlocución de cada partido para concretizar hasta dónde y en qué términos participan con el gobierno. En segundo lugar, el Pacto por México no prevé consultas ciudadanas a quienes no están o no se sienten representados por los partidos políticos firmantes. Se privilegia la intermediación política que realizan los institutos políticos, sin dar espacio al creciente y demandante mundo de las organizaciones sociales. El Pacto tampoco contempla una interlocución organizada con las regiones que conforman la nación. Se va por una pista definida por reformas sectoriales, sin haber diseñado los mecanismos políticos institucionales que le dieran orden y jerarquía a las reformas emprendidas, dentro de un espacio y de un territorio heterogéneo y desigual. Por lo que el llamado proyecto de nación, aparece como una directriz dada de antemano desde el centro del país y desde los grupos hegemónicos del partido gobernante. Ninguno de los gobiernos estatales priístas refuerza la convocatoria del Pacto por México, ni tampoco promueven pactos por el estado que gobiernan, que vayan en la tesitura del consenso.