SISTEMA DE MEDIOS DEMOCRÁTICO

Aunque el mercado tiende a subyugar la democracia, uno de los signos más esperanzadores de la época actual es el incremento de las capacidades reguladoras del Estado, de su potencia para ampliar la esfera de lo público en lo que compete al interés general, sin negar espacios de legitimidad para el mercado cuando hay competencia y se frenan los monopolios. El tema de los medios es particularmente sensible de cara al debate democrático en todo el mundo, pues poder económico y poder político son condicionados por el poder mediático Recientemente enviado a San Lázaro, el proyecto de reforma al sector de telecomunicaciones, despertó una entusiasta aprobación por los partidos del Pacto por México, así como de la Asociación Mexicana de Derecho de Información (Amedi), que reúne a intelectuales y profesionales comprometidos con una nueva institucionalidad democrática de los medios de comunicación. Sorprende que un proyecto tan avanzado en esa materia, haya emergido de un candidato cuyo “triunfo” fue marcado por la simbiosis entre medios y política. Máxime cuando la profundidad de la reforma fortalece al Estado y acota al Ejecutivo sin debilitarlo, mediante un organismo público autónomo: lo que será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). Instancia que combatirá la concentración monopólica del sector al constituirse como responsable de otorgar las concesiones del espacio radioeléctrico, garantizará el acceso público a las Tecnologías de Información y Comunicación, lo cual le obliga a formular políticas públicas para la inclusión digital universal, a fomentar nuevas cadenas de televisión nacionales y a promover un entorno competitivo dentro del cual ninguna empresa podrá poseer más del 50 por ciento del ramo; pues el Ifetel podrá ordenar la desincorporación de activos de operadores predominantes que concentren más de 50 por ciento del mercado. El nuevo mapa del poder en las telecomunicaciones mexicanas, ha sido aceptado en términos generales por los grupos empresariales que conforman las familias Azcárraga, Salinas Pliego y Slim. Sin embargo, el proyecto de ley impide que haya propiedad cruzada de medios, además que obliga a las firmas a desincorporar activos cuando rebasen el 50 por ciento del mercado. Vendrán tiempos de discusión intensa en el Congreso de la Unión, pues los intereses monopolistas afectados tienen aliados dentro y su poderío político se finca sobre la cobranza de favores a diputados y senadores electos bajo el apoyo mediático que esas empresas brindaron para sus campañas electorales. Frente al poder de operación política de los grupos mediáticos, también se ha incrementado la capacidad de supervisión de la sociedad civil sobre los legisladores, como es el caso de la Amedi y del movimiento #YoSoy132, que hizo visible la centralidad estratégica que representa democratizar los medios. Otros factores polémicos previsibles en los debates parlamentarios, serán los relativos a la integración del Ifetel pues aunque la selección de sus siete integrantes sería mediante convocatoria a concurso abierta a profesionales expertos, la configuración actual del Instituto quiere ser preservada para mantener cuotas de poder entre los partidos. De ser así, se pondría en riesgo el potencial regulador del Ifetel para democratizar el sistema de medios, particularmente en la concesión de carácter público y social de espacios sin fines de lucro, no mercantilizados, como las radios comunitarias e indígenas, o sistemas de comunicación universitarios o estatales. Incluso, la obligación de pagar contraprestaciones cuando se ofrecen “combos” informáticos, o la prohibición de publicidad y propaganda calificada como engañosa, podrían ser corrompidos por la discrecionalidad que todavía priva en el Ifetel. Los gobiernos estatales que deben de aprobar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones estarían tentados a promover un Instituto Estatal de Telecomunicaciones a modo.