TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y REFORMA POLÍTICA

Alternancia en los gobiernos y transición democrática, no son sinónimos. Tampoco la democracia electoral equivale al paso de un régimen con resabios autoritarios a uno en el que la democracia sea el fundamento del Estado de derecho y de nuevas sinergias entre el Estado y la sociedad; la actual reforma, más electoral que política, no garantiza una vía de tránsito hacia una democracia sustantiva. De hecho, las modificaciones realizadas sobre la dimensión electoral desde los años setenta, propiciaron un cambio controlado desde las elites del poder del sistema de partidos y posteriormente, de los cambios en las relaciones entre esos institutos y el régimen político, una vez que irrumpe el gobierno dividido entre Legislativo y Ejecutivo en 1997. Época en la que nace el primer intento serio por construir una autoridad electoral legítima, que rendirá sus frutos con la alternancia presidencial del año 2000.

Entre reformas políticas de arriba hacia abajo y la insuficiencia de medidas eficaces para destrabar la herencia autoritaria del régimen de partido hegemónico, nuestros debates sobre la reforma que se necesita y los acuerdos y proyectos que enarbola el Pacto por México, se cuestionan sobre la vigencia y expectativas de la llamada transición democrática. ¿Cómo sentar los fundamentos de tal proyecto transformador? Las condiciones irrenunciables de esa transición, se refieren a un pacto social renovado, capaz de articular consensos que refuercen la soberanía popular. Por lo tanto fortalezcan una reconfiguración de la categoría pueblo y de los resortes políticos de carácter incluyente que puedan enunciar y hacer valer el interés general como núcleo orientador del sistema de partidos, del régimen político, del gobierno y del Estado. De ahí que sea irrenunciable apostar por una reforma política de Estado, como paso inicial del resto del paquete de reformas “estructurales”.

Otra condición irrenunciable de tal transición, es el poner fin a la impunidad, en sus manifestaciones públicas y privadas. Que impere la ley como fundamento del Estado de derecho. Aquí es donde reside la parte más difícil de alcanzar, pues se trata de juzgar los crímenes del pasado reciente, al menos de 1968 para acá, de manera que legalidad y legitimidad se acerquen y garanticen la demanda elemental de certidumbre jurídica y justicia eficaz y expedita, lo cual ya plantean movimientos sociales que defienden y promueven una amplia gama de derechos humanos, cuya expresión más visible, pero no la única, es el movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad. Si bien la Ley de Víctimas, publicada en enero de 2013, presenta avances innegables en tal sentido, la memoria colectiva registra masacres y asesinatos de Estado que no se han esclarecido: Acteal, las más de 100 mil muertes durante el gobierno de Calderón…

Una transición democrática auténtica no puede renunciar a la construcción de una nación generosa, nutrida en y desde la interculturalidad de los pueblos y naciones que conforman este país. La democracia de la modernidad liberal, que está en los orígenes del régimen político que tenemos, tiene una deuda social histórica frente a los mundos de vida excluidos. Mientras persistan racismo, discriminación por motivos de género, edad, religión, o estatus económico, no podrá haber un piso de confianza pavimentado por la democracia. Están pendientes los Acuerdos de San Andrés, que pusieran sobre el tapete los zapatistas. Falta pensar en las autonomías regionales, como instancias de reconocimiento de los pueblos originarios. Falta enjuiciar la dimensión económica del modelo orientado a la exportación, productor de pobreza y desigualdad social. Son otros los caminos reformistas para poder alcanzar la transición democrática. Dudo que las actuales reformas apunten hacia ella.

PELIGRAN EL PACTO Y LAS REFORMAS

Se están mostrando los límites del Pacto por México, pues en su origen reside su falta de viabilidad como instrumento para establecer consensos practicables, creíbles y con mecanismos de seguimiento y evaluación de los acuerdos alcanzados. No podía ser de otra manera, pues la concepción política que le dio nacimiento apostó por un acuerdo entre las elites partidistas y el Ejecutivo federal, cuya representatividad y vínculos con el abigarrado mosaico nacional que es México son de dudosa calidad. Si bien el regreso del PRI al gobierno federal ayuda y es ayudado por el refuerzo del presidencialismo, donde se centraliza la dirección de partido y gobierno, la expresión de los poderes regionales en los gobernadores estatales no dejan de manifestarse en los cabildeos que se hacen en torno de los detalles de las reformas.

Las contradicciones internas del Pacto por México se encuentran en diversos órdenes y escalas del ejercicio democrático. No es un pacto nacional; la sociedad, la idea de ciudadanía está sólo en el discurso retórico. Además, ni el gobierno federal, ni su partido, consultan a los gobernados ni a sus militantes afiliados; tampoco lo hacen Acción Nacional, ni el PRD. Por ello, el Pacto se circunscribe a la narrativa que son capaces de articular las cúpulas partidistas en consonancia con las propuestas del Presidente Peña Nieto. Afloran cada vez con mayor fuerza las divisiones entre Senadores y Diputados federales de los dos partidos de oposición, quienes convocan a salirse lo más pronto posible del Pacto. Se están agotando las negociaciones de cuotas de poder entre los partidos alrededor de lo que se ofrece a cambio de apoyar tal o cual reforma, y actualmente peligran la reforma electoral y la reforma energética.

Paradójicamente, en la partidocracia está el origen de los males que empantanan al Pacto. Entre los 95 acuerdos que lo conforman, el relativo al Instituto Nacional Electoral ilustra la dificultad para consensuar una reforma siquiera electoral y no digamos política. Mientras que el Presidente de la República y los tres partidos firmantes del Pacto acordaron la creación del INE, algunos de los legisladores, encabezados por Ernesto Cordero del PAN y Manuel Camacho del PRD, lo desecharon (15-05-2013) y en cambio propusieron 40 modificaciones de carácter político-electoral, que no  están del todo contenidas en el Pacto por México. Fue una sublevación contra sus respectivas dirigencias partidarias y un reclamo de autonomía para sus legisladores, porque el Pacto los considera simples escribanos de los acuerdos cupulares que toma. Sin embargo, ni partidos ni legisladores consultaron a sus bases o a sus representados, para modelar su propuesta. Con Pacto o sin él, las reformas se conciben como cotos de poder partidocrático.

Recientemente, hay otros actores que cobran fuerza y reclaman participar en la orientación de las reformas: los gobernadores estatales. Primero el del Estado de México, Eruviel Ávila, luego el del DF, Miguel Ángel Mancera, después el de Jalisco, Aristóteles Sandoval, han “endurecido el cabildeo para aplicar ajustes al modelo del Instituto Nacional Electoral, el cual ya no suprimirá los órganos locales en la materia, aunque sí los renovará y designará a sus relevos, además de apoyar la fiscalización de los procesos comiciales. [Así] Los líderes partidistas en el Senado parecen haber encontrado la cuadratura al círculo para sacar adelante el tema.” (El Universal, 07-11-2013) Es muy probable que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se reúna la próxima semana para reforzar su cabildeo. No obstante, si las reformas permanecen como letras de cambio entre la partidocracia, queda la pregunta si estos cabildeos incluyen concesiones frente a la reforma energética. 

MOVERSE, CONSULTAR, PARTICIPAR

A Jorge Manzano, por su legado amoroso por la vida

Alrededor de las reformas “estructurales” nacionales, se desnudan problemas radicales para democratizar las relaciones entre Estado y sociedad, tanto como se abren potencialidades para transformarlas. Moverse para mostrar el descontento frente a las propuestas gubernamentales significa, a pesar de los inconvenientes implicados por marchas y plantones, demandar que se incorporen racionalidades diversas hasta ahora no incluidas en el espacio público. Consultar, puede traducirse como interpelación al orden dominante que impone la racionalidad tecnocrática y descalifica los sentimientos populares como ignorantes. Participar, puede ser consecuencia de consultar, siempre y cuando haya poder de vinculación entre consultas, o más amplio aún, entre deliberaciones públicas legítimas, y los ordenamientos legales. Sin embargo, en los hechos moverse significa delinquir; consultar, representa un ejercicio retórico útil para aplazar conflictos y, participar, expresa un buen deseo, sin fundamentos legales.

Los movimientos pacíficos desafían la libertad: escuchar a la calle es imperativo, pero también necesitamos ampliar las consultas juiciosas y críticas, pues escuchar es el mejor antídoto contra la expresión pública del descontento. Siempre y cuando se dé estatuto a la participación ciudadana. Pero la legislación en esa materia es insuficiente porque no incorpora mecanismos democráticos semidirectos participativos con poder vinculante, como el plebiscito, el referéndum o iniciativas populares. Tardíamente, la reforma político-electoral que se propone completar el ciclo de reformas estructurales, no previó que las reformas mismas fueran producto de consultas y deliberaciones públicas. Al final del tren reformista, está lo que debió ser la locomotora que condujera el sentido de las transformaciones estructurales que necesita un país enmarcado por crisis múltiples. Y se debió empezar por enfrentar la crisis política, pues ahí está la palanca para restablecer confianzas y legitimidades que sustenten un proyecto de país, de gobierno, de políticas públicas. 

Consultar y participar no se acotan al conflicto, sino que también potencian mejor calidad de vida desde lo cotidiano. No obstante, el desafío está en sincronizar decisiones trascendentales sobre el modelo económico, la hacienda pública, la educación o la seguridad social, hasta el manejo de los riesgos humanos por desastres, y por otra parte, hacer que las decisiones sobre la vida local cotidiana refuercen la legitimidad política por la proximidad de la experiencia diaria entre gobernantes y  gobernados. En otras palabras, los grandes problemas nacionales requieren de formatos de consulta y participación ciudadana que, en esencia no son distintos de lo que significa participar en la vida local, pero que necesitan de un doble esfuerzo: conciliar intereses locales y nacionales y, simultáneamente, confiar en que la participación ciudadana puede acortar la brecha entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados. 

Dos muestras sobre el potencial transformador de escuchar y decidir desde los intereses ciudadanos. La consulta sobre la reforma energética convocada por Andrés Manuel López Obrador, que pretende llenar el hueco dejado por el Pacto por México referente a escucha y consulta. Y la Ley de Participación Ciudadana, que promueve Movimiento Ciudadano en Jalisco, empeñada en mejorar la calidad democrática, no solo de sus exitosas experiencias de gobierno, sino que también apuesta sobre la institucionalidad de esos procesos de manera que todo ejercicio gubernamental se obligue a vincular capacidades para decidir y responsabilidad ciudadana en la vida pública. En el primer caso, la consulta hecha por el PRD bajo la supervisión ciudadana de Alianza Cívica, deja ver sentimientos mayoritarios de la nación por un proyecto incluyente de país. En el caso de Jalisco, pionero en legislar instrumentos participativos, tenemos la oportunidad de avanzar tanto en nuevas prácticas gubernamentales cercanas a nuestra vida cotidiana, como de borrar la brecha entre partidocracia y ciudadanía. 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD DEL RIESGO

El riesgo no es sinónimo de catástrofe, pues aquel anticipa el desastre, la destrucción que traen consigo diversos eventos cuyo origen en la naturaleza es cada vez más social que una simple concatenación de variables físicas o químicas. El riesgo es una percepción anticipada frente a distintas catástrofes y un conocimiento que gira en torno de la previsión que mide posibles futuras ocurrencias e impactos. Prever o adelantarse a lo que pueden implicar amenazas que ocurrirán en el futuro, es uno de los grandes logros del conocimiento humano. Aquí se conjuntan ciencia, tecnología, economía y ecología política. Pero no de una manera neutra, pues la apropiación de esos conocimientos se da diferenciadamente entre clases o grupos sociales, entre empresas, países e incluso entre las Fuerzas Armadas, por su papel clave en el manejo de los riesgos y asistencia frente a las catástrofes.

“La semántica del riesgo se refiere a la tematización presente de las amenazas futuras que a menudo son un producto del éxito de la civilización”, dice Ulrich Beck, sociólogo alemán cuyas obras sobre la sociedad y el mundo en riesgo son claves para encontrar el sentido social, que se da a la percepción cultural del riesgo en nuestra sociedad contemporánea. Confrontar lo desconocido, las incertidumbres, los obstáculos frente a un futuro que no gobernamos es angustiante, pero es también una oportunidad para sentirnos todos interpelados por el riesgo sobre todo ahora que este toma proporciones globales. Razonar el riesgo no evita sentirnos vulnerables y vulnerados: ¿Qué tan lejos estamos, sin embargo de temores religiosos o de visiones apocalípticas del triunfo del mal sobre el bien frente a las fuerzas superiores ingobernables de la naturaleza? Entre la movilización social para enfrentar las catástrofes y la administración política del riesgo está la explicación.

Cada vez más impredecibles, los fenómenos naturales están asociados con los riesgos globales, como el cambio climático, que hacen inmanejables los cálculos de los riesgos que enfrentamos. Ante el incremento de los riesgos de catástrofes de origen “natural” (huracanes más destructivos), como ante los riesgos de origen industrial (explosiones, como la del 22 de abril), o como ante los riesgos de origen criminal (no solo del terrorismo, sino de la violencia incierta del crimen organizado), aumenta dramáticamente nuestra vulnerabilidad. Sentimos impotencia para modificar las amenazas globales, pero omitimos impunemente las previsiones posibles frente a riesgos que se pueden calcular. Algo aprendemos. Señales de alerta temprana de los sismos o de los tsunamis, sistemas de supervisión sobre actividades riesgosas o elaboración de atlas de riesgos que ubican en espacio y tiempo aquellas eventualidades potencialmente catastróficas.

Sin embargo, las políticas para prevenir riesgos fallan sistemáticamente. Como gobierno, no actuamos sobre las raíces que determinan nuestra vulnerabilidad. El sismo de 1985 en el DF destruyó aquellas viviendas o edificios cuyas estructuras no fueron calculadas debidamente, o donde se usaron materiales constructivos de baja calidad. La actual tragedia causada por Ingrid y Manuel, dejó al descubierto irregularidades “humanas” que debieron preverse: colonias edificadas sobre áreas inundables, puentes carreteros sin refuerzos estructurales suficientes para resistir corrientes de agua; la autopista del Sol, del DF a Acapulco, concesionada a tres consorcios de la construcción bajo el gobierno de Carlos Salinas, presenta tramos de muy baja calidad en la construcción carretera y con debilidad estructural en los túneles. Viviendas construidas en los cauces de ríos que no debieron autorizarse. Negocios fraudulentos usufructuados por funcionarios públicos corrompidos cuyos corruptores tampoco pagarán el impacto de esos desastres. No obstante tantas adversidades, la solidaridad social crece e incluso las exigencias sobre funcionarios públicos llevan a la innovación gubernamental.

GOBIERNO, SIN GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Más que gobernar, el Presidente Peña Nieto administra deficientemente la crisis política nacional y sin proyecto para enfrentar los impactos de las diversas crisis globales contemporáneas. Ni el Pacto por México, ni el conjunto de reformas supuestamente estructurales, le están aportando los elementos necesarios para llevar adelante la gobernabilidad democrática que prometió. Su gestión enfrenta la imposibilidad de construir un espacio público nacional-regional de diálogo y compromisos sostenidos en un pacto social incluyente. De continuar las tendencias, el Pacto Por México desaparecerá y con ello, su primera apuesta política para manejar el conflicto y obtener consensos para gobernar. Tanto Acción Nacional como el PRD, muestran fisuras entre sus bases, las cuales se expresan también entre sus dirigentes, respecto al papel que toca a los legisladores de oposición ente una coyuntura de aristas críticas.

La división es ya manifiesta entre grupos de diputados y senadores del PAN, que no quieren disciplinarse a lo que acuerdan sus representantes ante el Pacto, pues algunos reclaman autonomía propia del Poder Legislativo para cumplir con su función. Igualmente, el PRD está dividido sobre la capacidad de su dirigencia nacional para colaborar con el gobierno federal en reformas que son contrarias a su programa de acción, en lo que resalta la Reforma Energética. Tal Pacto nacional tiene pies de barro, por la incapacidad de la oposición para agregar intereses de sus afiliados, que puedan ser a la vez intereses sociales, y si a ello se añade la brecha que separa bases y dirigentes partidarios, nos percatamos que el Pacto por México representa arreglos cupulares entre las elites partidistas y las elites del poder real, que intenta conciliar el Presidente de la República en su formato de gobernabilidad, no necesariamente democrático.

El gobierno parece satisfecho con un pacto entre cúpulas, pues está decidido a no escuchar a críticos ni detractores. Sin embargo, se acrecienta el descontento a la par que crecen las convergencias entre movimientos sociales diversos que se identifican en sus cuestionamientos al régimen de gobierno, su sistema de partidos elitistas clientelares y su incapacidad de escucha frente a las demandas sociales. Profesores, jóvenes estudiantes, sectores sociales diversos que se oponen a la reforma energética, y quienes desconfían de una reforma fiscal de pronóstico concentrador del ingreso, afectados y víctimas de la violencia, además de afectados por el desempleo y la crisis económica, energética, alimentaria, no son interlocutores válidos dentro del esquema de gobernabilidad pragmático y excluyente, que puede resultar en una mezcla explosiva. Todavía menos son considerados como interlocutores del gobierno, las comunidades étnicas desposeídas y golpeadas por el anti-modelo de desarrollo, sobre todo aquellas que ensayan caminos propios autónomos, como los caracoles zapatistas, o como las policías comunitarias.

Frente al país real, el gobierno presenta iniciativas de reformas que fragmentan y desarticulan aún más los tejidos sociales: esa inmensa mayoría que reclama una reforma social de amplio calado, la cual no se ve reflejada en aquello que se propone transformar el gobierno de la República. Conforme se discuten las iniciativas presidenciales de reforma, más se aleja la posible participación ciudadana para darle un sentido social incluyente al rumbo del país. Contra ello conspira la (in)cultura parlamentaria acostumbrada a la negociación de cuotas de poder y la cada vez mayor separación entre representantes y representados, pues éstos se encargan de sepultar la sed reformista bajo el manto de las leyes secundarias y pareciera que, intencionadamente, bajo los escombros de leyes pertinentes, como la Ley de Víctimas, la de Telecomunicaciones o la de Transparencia, que el propio gobierno dinamita al boicotear el potencial democratizador de interlocutores críticos. 

CRIMINALIZAR EXACERBA CONFLICTOS

Nos quejamos de la despolitización por la falta de atención a los asuntos públicos, como igual nos inquieta la sobre politización en tanto ella enmascara los reales intereses que están en juego. Sin embargo, nuestra capacidad de lectura y de raciocinio frente a los conflictos sociales nacionales que llaman nuestra atención, cotidianamente, se ve deteriorada tanto por la pasividad social mayoritaria que deja en manos de políticos, no siempre tan profesionales en su oficio, el manejo del conflicto; como por el desinterés que causa la falta de comprensión alrededor de los intereses que están en pugna. Apatía y desinterés desembocan, por su indolencia, en el rechazo automático de los actores que cuestionan al gobierno, sólo por el hecho de manifestar su inconformidad. Entre temor y desconfianza, condimentados con flojera omisa, crece la criminalización de toda forma de disidencia.

Esa indiferencia frente a problemas causados por distintas maneras de entender y actuar en torno de nuestra convivencia, empobrece la comunicación pública y deja el camino a la impunidad de quienes toman las decisiones y de quienes no las acatan. Por su parte, la sobre politización termina también por despolitizar pues, la desconfianza en las artes de la política para resolver nuestras diferencias mediante argumentaciones y razonamientos convincentes, nos lleva a encerrarnos en la comodidad del no le muevan, del resígnense a aceptar lo que viene de los técnicos y de los que supuestamente saben lo que se necesita hacer. Y, aunque esa mayoría pasiva no esté convencida y permanezca en la duda, se acoge a la certidumbre que le da imaginar que quienes se inconforman en las calles son delincuentes comunes. A ese expediente irresponsable recurren quienes sin miramiento alguno piden mano dura, cierre de diálogo, fin de la capacidad de escucha.

Criminalizar exacerba el conflicto porque se impide llegar a la raíz de los problemas, porque se degradan los derechos a disentir, lo cual exacerba los ánimos sociales, aplaza y desplaza potenciales campos de entendimiento. Despolitización y sobre politización, llevan a uno de los problemas contemporáneos más candentes: el reino de lo impolítico, como lo entiende Pierre Rosanvallon, politólogo francés: como la falta de aprehensión-comprensión global de los problemas ligados con la organización de un mundo común; como la disolución de las expresiones relacionadas con la pertenencia común. Lo impolítico es la negación de visibilidad de opositores y disidentes; entre los medios y los discursos del PRI y de Acción Nacional, se les opaca, se les descalifica y se les condena, hasta con el decreto de su ilegalidad. No hay lectura de otras razones ni escucha posible para quienes supuestamente transgreden la ley e impiden las reformas.

Memoria y coherencia son antídotos contra lo impolítico. Encarrilar los movimientos hacia la represión, ha sido la ruleta rusa que juegan políticos aferrados al poder por los medios que sean. ¿Quién cree en la coherencia del PRI para impulsar la reforma energética o la educativa cuando el corporativismo sindical representa serios obstáculos para ellas? Aunque Elba Esther permanezca encarcelada, la estructura del SNTE, fiel apoyo para la reforma educativa, sigue intocada. La corrupción del sindicato petrolero tampoco abona coherencia a la reforma energética. Acción Nacional, dentro de cuyas filas hay voces que criminalizan a maestros opositores, encumbró a Elba Esther y se sirvió de sus prácticas corporativas, para jamás hacer una reforma de calidad educativa, lo mismo que ordeñó la renta petrolera dejando a PEMEX con el mayor déficit de su historia. ¿Quién cree que ambos partidos impulsarán una reforma fiscal sin privilegios que asegure la viabilidad de tales reformas? Criminalizar al disidente exacerba lo impolítico, destruye nuestra confianza en políticas comunes.