viernes, 27 de septiembre de 2013

MOVERSE, CONSULTAR, PARTICIPAR




A Jorge Manzano, por su legado amoroso por la vida

Alrededor de las reformas “estructurales” nacionales, se desnudan problemas radicales para democratizar las relaciones entre Estado y sociedad, tanto como se abren potencialidades para transformarlas. Moverse para mostrar el descontento frente a las propuestas gubernamentales significa, a pesar de los inconvenientes implicados por marchas y plantones, demandar que se incorporen racionalidades diversas hasta ahora no incluidas en el espacio público. Consultar, puede traducirse como interpelación al orden dominante que impone la racionalidad tecnocrática y descalifica los sentimientos populares como ignorantes. Participar, puede ser consecuencia de consultar, siempre y cuando haya poder de vinculación entre consultas, o más amplio aún, entre deliberaciones públicas legítimas, y los ordenamientos legales. Sin embargo, en los hechos moverse significa delinquir; consultar, representa un ejercicio retórico útil para aplazar conflictos y, participar, expresa un buen deseo, sin fundamentos legales.

Los movimientos pacíficos desafían la libertad: escuchar a la calle es imperativo, pero también necesitamos ampliar las consultas juiciosas y críticas, pues escuchar es el mejor antídoto contra la expresión pública del descontento. Siempre y cuando se dé estatuto a la participación ciudadana. Pero la legislación en esa materia es insuficiente porque no incorpora mecanismos democráticos semidirectos participativos con poder vinculante, como el plebiscito, el referéndum o iniciativas populares. Tardíamente, la reforma político-electoral que se propone completar el ciclo de reformas estructurales, no previó que las reformas mismas fueran producto de consultas y deliberaciones públicas. Al final del tren reformista, está lo que debió ser la locomotora que condujera el sentido de las transformaciones estructurales que necesita un país enmarcado por crisis múltiples. Y se debió empezar por enfrentar la crisis política, pues ahí está la palanca para restablecer confianzas y legitimidades que sustenten un proyecto de país, de gobierno, de políticas públicas. 

Consultar y participar no se acotan al conflicto, sino que también potencian mejor calidad de vida desde lo cotidiano. No obstante, el desafío está en sincronizar decisiones trascendentales sobre el modelo económico, la hacienda pública, la educación o la seguridad social, hasta el manejo de los riesgos humanos por desastres, y por otra parte, hacer que las decisiones sobre la vida local cotidiana refuercen la legitimidad política por la proximidad de la experiencia diaria entre gobernantes y  gobernados. En otras palabras, los grandes problemas nacionales requieren de formatos de consulta y participación ciudadana que, en esencia no son distintos de lo que significa participar en la vida local, pero que necesitan de un doble esfuerzo: conciliar intereses locales y nacionales y, simultáneamente, confiar en que la participación ciudadana puede acortar la brecha entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados. 

Dos muestras sobre el potencial transformador de escuchar y decidir desde los intereses ciudadanos. La consulta sobre la reforma energética convocada por Andrés Manuel López Obrador, que pretende llenar el hueco dejado por el Pacto por México referente a escucha y consulta. Y la Ley de Participación Ciudadana, que promueve Movimiento Ciudadano en Jalisco, empeñada en mejorar la calidad democrática, no solo de sus exitosas experiencias de gobierno, sino que también apuesta sobre la institucionalidad de esos procesos de manera que todo ejercicio gubernamental se obligue a vincular capacidades para decidir y responsabilidad ciudadana en la vida pública. En el primer caso, la consulta hecha por el PRD bajo la supervisión ciudadana de Alianza Cívica, deja ver sentimientos mayoritarios de la nación por un proyecto incluyente de país. En el caso de Jalisco, pionero en legislar instrumentos participativos, tenemos la oportunidad de avanzar tanto en nuevas prácticas gubernamentales cercanas a nuestra vida cotidiana, como de borrar la brecha entre partidocracia y ciudadanía. 
 

viernes, 20 de septiembre de 2013

POLÍTICA Y SOCIEDAD DEL RIESGO




El riesgo no es sinónimo de catástrofe, pues aquel anticipa el desastre, la destrucción que traen consigo diversos eventos cuyo origen en la naturaleza es cada vez más social que una simple concatenación de variables físicas o químicas. El riesgo es una percepción anticipada frente a distintas catástrofes y un conocimiento que gira en torno de la previsión que mide posibles futuras ocurrencias e impactos. Prever o adelantarse a lo que pueden implicar amenazas que ocurrirán en el futuro, es uno de los grandes logros del conocimiento humano. Aquí se conjuntan ciencia, tecnología, economía y ecología política. Pero no de una manera neutra, pues la apropiación de esos conocimientos se da diferenciadamente entre clases o grupos sociales, entre empresas, países e incluso entre las Fuerzas Armadas, por su papel clave en el manejo de los riesgos y asistencia frente a las catástrofes.

“La semántica del riesgo se refiere a la tematización presente de las amenazas futuras que a menudo son un producto del éxito de la civilización”, dice Ulrich Beck, sociólogo alemán cuyas obras sobre la sociedad y el mundo en riesgo son claves para encontrar el sentido social, que se da a la percepción cultural del riesgo en nuestra sociedad contemporánea. Confrontar lo desconocido, las incertidumbres, los obstáculos frente a un futuro que no gobernamos es angustiante, pero es también una oportunidad para sentirnos todos interpelados por el riesgo sobre todo ahora que este toma proporciones globales. Razonar el riesgo no evita sentirnos vulnerables y vulnerados: ¿Qué tan lejos estamos, sin embargo de temores religiosos o de visiones apocalípticas del triunfo del mal sobre el bien frente a las fuerzas superiores ingobernables de la naturaleza? Entre la movilización social para enfrentar las catástrofes y la administración política del riesgo está la explicación.

Cada vez más impredecibles, los fenómenos naturales están asociados con los riesgos globales, como el cambio climático, que hacen inmanejables los cálculos de los riesgos que enfrentamos. Ante el incremento de los riesgos de catástrofes de origen “natural” (huracanes más destructivos), como ante los riesgos de origen industrial (explosiones, como la del 22 de abril), o como ante los riesgos de origen criminal (no solo del terrorismo, sino de la violencia incierta del crimen organizado), aumenta dramáticamente nuestra vulnerabilidad. Sentimos impotencia para modificar las amenazas globales, pero omitimos impunemente las previsiones posibles frente a riesgos que se pueden calcular. Algo aprendemos. Señales de alerta temprana de los sismos o de los tsunamis, sistemas de supervisión sobre actividades riesgosas o elaboración de atlas de riesgos que ubican en espacio y tiempo aquellas eventualidades potencialmente catastróficas.

Sin embargo, las políticas para prevenir riesgos fallan sistemáticamente. Como gobierno, no actuamos sobre las raíces que determinan nuestra vulnerabilidad. El sismo de 1985 en el DF destruyó aquellas viviendas o edificios cuyas estructuras no fueron calculadas debidamente, o donde se usaron materiales constructivos de baja calidad. La actual tragedia causada por Ingrid y Manuel, dejó al descubierto irregularidades “humanas” que debieron preverse: colonias edificadas sobre áreas inundables, puentes carreteros sin refuerzos estructurales suficientes para resistir corrientes de agua; la autopista del Sol, del DF a Acapulco, concesionada a tres consorcios de la construcción bajo el gobierno de Carlos Salinas, presenta tramos de muy baja calidad en la construcción carretera y con debilidad estructural en los túneles. Viviendas construidas en los cauces de ríos que no debieron autorizarse. Negocios fraudulentos usufructuados por funcionarios públicos corrompidos cuyos corruptores tampoco pagarán el impacto de esos desastres. No obstante tantas adversidades, la solidaridad social crece e incluso las exigencias sobre funcionarios públicos llevan a la innovación gubernamental.

viernes, 6 de septiembre de 2013

GOBIERNO, SIN GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA




Más que gobernar, el Presidente Peña Nieto administra deficientemente la crisis política nacional y sin proyecto para enfrentar los impactos de las diversas crisis globales contemporáneas. Ni el Pacto por México, ni el conjunto de reformas supuestamente estructurales, le están aportando los elementos necesarios para llevar adelante la gobernabilidad democrática que prometió. Su gestión enfrenta la imposibilidad de construir un espacio público nacional-regional de diálogo y compromisos sostenidos en un pacto social incluyente. De continuar las tendencias, el Pacto Por México desaparecerá y con ello, su primera apuesta política para manejar el conflicto y obtener consensos para gobernar. Tanto Acción Nacional como el PRD, muestran fisuras entre sus bases, las cuales se expresan también entre sus dirigentes, respecto al papel que toca a los legisladores de oposición ente una coyuntura de aristas críticas.

La división es ya manifiesta entre grupos de diputados y senadores del PAN, que no quieren disciplinarse a lo que acuerdan sus representantes ante el Pacto, pues algunos reclaman autonomía propia del Poder Legislativo para cumplir con su función. Igualmente, el PRD está dividido sobre la capacidad de su dirigencia nacional para colaborar con el gobierno federal en reformas que son contrarias a su programa de acción, en lo que resalta la Reforma Energética. Tal Pacto nacional tiene pies de barro, por la incapacidad de la oposición para agregar intereses de sus afiliados, que puedan ser a la vez intereses sociales, y si a ello se añade la brecha que separa bases y dirigentes partidarios, nos percatamos que el Pacto por México representa arreglos cupulares entre las elites partidistas y las elites del poder real, que intenta conciliar el Presidente de la República en su formato de gobernabilidad, no necesariamente democrático.

El gobierno parece satisfecho con un pacto entre cúpulas, pues está decidido a no escuchar a críticos ni detractores. Sin embargo, se acrecienta el descontento a la par que crecen las convergencias entre movimientos sociales diversos que se identifican en sus cuestionamientos al régimen de gobierno, su sistema de partidos elitistas clientelares y su incapacidad de escucha frente a las demandas sociales. Profesores, jóvenes estudiantes, sectores sociales diversos que se oponen a la reforma energética, y quienes desconfían de una reforma fiscal de pronóstico concentrador del ingreso, afectados y víctimas de la violencia, además de afectados por el desempleo y la crisis económica, energética, alimentaria, no son interlocutores válidos dentro del esquema de gobernabilidad pragmático y excluyente, que puede resultar en una mezcla explosiva. Todavía menos son considerados como interlocutores del gobierno, las comunidades étnicas desposeídas y golpeadas por el anti-modelo de desarrollo, sobre todo aquellas que ensayan caminos propios autónomos, como los caracoles zapatistas, o como las policías comunitarias.

Frente al país real, el gobierno presenta iniciativas de reformas que fragmentan y desarticulan aún más los tejidos sociales: esa inmensa mayoría que reclama una reforma social de amplio calado, la cual no se ve reflejada en aquello que se propone transformar el gobierno de la República. Conforme se discuten las iniciativas presidenciales de reforma, más se aleja la posible participación ciudadana para darle un sentido social incluyente al rumbo del país. Contra ello conspira la (in)cultura parlamentaria acostumbrada a la negociación de cuotas de poder y la cada vez mayor separación entre representantes y representados, pues éstos se encargan de sepultar la sed reformista bajo el manto de las leyes secundarias y pareciera que, intencionadamente, bajo los escombros de leyes pertinentes, como la Ley de Víctimas, la de Telecomunicaciones o la de Transparencia, que el propio gobierno dinamita al boicotear el potencial democratizador de interlocutores críticos. 

viernes, 30 de agosto de 2013

CRIMINALIZAR EXACERBA CONFLICTOS




Nos quejamos de la despolitización por la falta de atención a los asuntos públicos, como igual nos inquieta la sobre politización en tanto ella enmascara los reales intereses que están en juego. Sin embargo, nuestra capacidad de lectura y de raciocinio frente a los conflictos sociales nacionales que llaman nuestra atención, cotidianamente, se ve deteriorada tanto por la pasividad social mayoritaria que deja en manos de políticos, no siempre tan profesionales en su oficio, el manejo del conflicto; como por el desinterés que causa la falta de comprensión alrededor de los intereses que están en pugna. Apatía y desinterés desembocan, por su indolencia, en el rechazo automático de los actores que cuestionan al gobierno, sólo por el hecho de manifestar su inconformidad. Entre temor y desconfianza, condimentados con flojera omisa, crece la criminalización de toda forma de disidencia.

Esa indiferencia frente a problemas causados por distintas maneras de entender y actuar en torno de nuestra convivencia, empobrece la comunicación pública y deja el camino a la impunidad de quienes toman las decisiones y de quienes no las acatan. Por su parte, la sobre politización termina también por despolitizar pues, la desconfianza en las artes de la política para resolver nuestras diferencias mediante argumentaciones y razonamientos convincentes, nos lleva a encerrarnos en la comodidad del no le muevan, del resígnense a aceptar lo que viene de los técnicos y de los que supuestamente saben lo que se necesita hacer. Y, aunque esa mayoría pasiva no esté convencida y permanezca en la duda, se acoge a la certidumbre que le da imaginar que quienes se inconforman en las calles son delincuentes comunes. A ese expediente irresponsable recurren quienes sin miramiento alguno piden mano dura, cierre de diálogo, fin de la capacidad de escucha.

Criminalizar exacerba el conflicto porque se impide llegar a la raíz de los problemas, porque se degradan los derechos a disentir, lo cual exacerba los ánimos sociales, aplaza y desplaza potenciales campos de entendimiento. Despolitización y sobre politización, llevan a uno de los problemas contemporáneos más candentes: el reino de lo impolítico, como lo entiende Pierre Rosanvallon, politólogo francés: como la falta de aprehensión-comprensión global de los problemas ligados con la organización de un mundo común; como la disolución de las expresiones relacionadas con la pertenencia común. Lo impolítico es la negación de visibilidad de opositores y disidentes; entre los medios y los discursos del PRI y de Acción Nacional, se les opaca, se les descalifica y se les condena, hasta con el decreto de su ilegalidad. No hay lectura de otras razones ni escucha posible para quienes supuestamente transgreden la ley e impiden las reformas.

Memoria y coherencia son antídotos contra lo impolítico. Encarrilar los movimientos hacia la represión, ha sido la ruleta rusa que juegan políticos aferrados al poder por los medios que sean. ¿Quién cree en la coherencia del PRI para impulsar la reforma energética o la educativa cuando el corporativismo sindical representa serios obstáculos para ellas? Aunque Elba Esther permanezca encarcelada, la estructura del SNTE, fiel apoyo para la reforma educativa, sigue intocada. La corrupción del sindicato petrolero tampoco abona coherencia a la reforma energética. Acción Nacional, dentro de cuyas filas hay voces que criminalizan a maestros opositores, encumbró a Elba Esther y se sirvió de sus prácticas corporativas, para jamás hacer una reforma de calidad educativa, lo mismo que ordeñó la renta petrolera dejando a PEMEX con el mayor déficit de su historia. ¿Quién cree que ambos partidos impulsarán una reforma fiscal sin privilegios que asegure la viabilidad de tales reformas? Criminalizar al disidente exacerba lo impolítico, destruye nuestra confianza en políticas comunes.

viernes, 23 de agosto de 2013

REFORMAS FRAGMENTARIAS



Hacienda reduce a 1.8% el pronóstico de crecimiento del PIB en 2013. Dramática noticia que incrementa la decepción de un modelo cuya divisa es exporta, liberaliza, privatiza para crecer y que, sin embargo, se nos sigue presentando como la única vía posible para desarrollarnos. No se trata del triunfo de los argumentos tecnocráticos que se proponen el control de la estabilidad macroeconómica cueste lo que cueste. Si de por si es criticable hacer un parangón entre crecimiento y desarrollo, pues no necesariamente uno significa lo otro, el recetario de más de lo mismo se impone en México. Las fuentes para el descontento social están al orden del día, pues este modelo no genera empleos, salarios estables, seguridad social, sino privilegios desmedidos para la esfera financiera por encima de la productiva, concentración del ingreso en las corporaciones transnacionales, pobreza y hambre que nunca terminan.

A pesar del fracaso del modelo neoliberal, gobierno y poderes dominantes siguen apelando a su doctrina. De una u otra forma, los partidos más votados no se alejan de esos principios económicos, o no encuentran alternativas viables a un modelo que ya lleva 40 años de imposiciones en Latinoamérica. En esta región, algunos países han logrado salirse de las líneas neoliberales dominantes, pero siguen enfrentando los dilemas entre crecimiento y desarrollo. No obstante avances indiscutibles en materia de redistribución del ingreso, por la vía del fortalecimiento de la capacidad adquisitiva del salario, o mediante la generación de bienes públicos que evitan la mercantilización de servicios como la salud o la educación, o mediante dispositivos financieros que privilegian la producción por encima de la especulación con una política industrial, todos esos países enfrentan la voraz demanda de materias primas sin procesar y apuestan por obtener una renta de las minas, del petróleo o del gas.


Aún los críticos del neoliberalismo que impulsaron sendas reformas constitucionales, e incluso Constituyentes pacíficas, como Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela, hoy chocan contra el muro que representa el retorno a economías primarias exportadoras que no añaden valor alguno a los recursos que le son extraídos por antiguas y nuevas potencias emergentes: la exportación petrolera y gasífera mexicana va en poco más del 90% hacia Estados Unidos, vía grandes complejos transnacionales; Canadá posee cerca del 80% de las mineras que explotan recursos en México. Alrededor del 87% del comercio latinoamericano con países del Pacífico asiático, incluida China, consiste en materia prima sin procesar. Neo-extractivismo y renta nacional sobre recursos primarios, siguen dominando la mayor parte de las economías que están más allá del neoliberalismo, no digamos en economías como la mexicana que sigue ortodoxamente todos los principios de ese (contra)modelo de (no)desarrollo.


En el debate sobre reforma energética se incluye la reforma fiscal. Es notoria la apuesta por hacer crecer la renta petrolera y por abrir un espacio de negociación para redistribuir su apropiación por parte de ese conglomerado corporativo que representan las transnacionales. Se abren discusiones estratégicas para pensar en la viabilidad del país; hay puntos clave que pueden hacer avanzar a PEMEX como el pivote del crecimiento y por lo tanto del supuesto desarrollo mexicano, tales como su autonomía fiscal y su inserción en una racionalidad empresarial más exigente, pero la locomotora que jala a la paraestatal no es la del desarrollo social, sino la del productivismo privatizado y la terca idea de que sólo la exportación es el motor del crecimiento. Problemas que no son por cierto únicamente económicos sino esencialmente políticos, pues la seudo democracia mexicana no admite que se vinculen las reformas con un proyecto de país abierto a las alternativas que la política participativa podría propiciar.


Blog de análisis Glocal NICAM - OMPA aquí-allá: http://nicam-ompa.blogspot.com/ japreco@hotmail.com

viernes, 12 de julio de 2013

MAPA ELECTORAL Y ANTIDEMOCRACIA





Un balance preliminar sobre las elecciones en 15 entidades el pasado 7 de julio, detona señales de alerta sobre el país que ellas (re)dibujaron, respecto al descontento con el sistema político y de partidos, cuya baja convocatoria expresa un serio deterioro de la confianza en los formatos de representación y de agregación de intereses que ofrecen las instituciones políticas. Cada una de las regiones donde hubo elecciones confirma, además, que el mapa político del país cada vez está más desgarrado por valores antidemocráticos; la corrupción registrada en las campañas electorales, la persistencia del uso electoral de recursos públicos, la violencia de gobernantes, dirigentes partidistas contra sus opositores, aunada a las amenazas, chantaje y muerte que sembró el crimen organizado en varias entidades del país. Así, las elecciones más violentas de la historia reciente, auguran conflictos políticos que impiden la democratización.

Asesinatos, secuestros, ‘levantamientos’, ‘terrorismo electoral’ y hasta presuntas violaciones, mancharon varias campañas electorales. Crímenes y escándalos que reflejaron la incapacidad gubernamental para garantizar el Estado de derecho, lo cual generó miedo e incertidumbre. Antivalores que opacaron las propuestas de los partidos políticos. Cálculos preliminares, señalan que al menos 20 candidatos fueron asesinados, secuestrados o amenazados durante las campañas. El alto abstencionismo constata que el miedo, junto con la desconfianza hacia los partidos desmotivaron al elector. Si bien en 4 de las 15 entidades participaron más de la mitad de los votantes potenciales, en las once entidades restantes el abstencionismo alcanzó un rango que va del 52 por ciento en Aguascalientes, al casi 69 por ciento, en Quintana Roo. En algunos municipios el abstencionismo alcanzó hasta 73 de cada 100 electores. Se refuerza además la conclusión de que el abstencionismo favorece al partido con mayor capacidad de manipulación del voto.

Las irregularidades documentadas durante la jornada electoral pasada, plagaron el carácter antidemocrático que pervive en las prácticas partidistas y en la perversión de las autoridades electorales, que se mostraron incapaces para asegurar la imparcialidad y que no lograron obtener confianza al contar los votos. Robo de urnas, incendio intencionado de casillas estratégicas, en las que los resultados no favorecieron al PRI, represión contra candidatos triunfadores que no militan en ese partido. Un conjunto de signos que no fueron suficientes para invalidar el conjunto de las elecciones, pero que expresan síntomas de descomposición política que pueden estar asociados con el regreso de la presencia abrumadora del tricolor Aunque no regresamos al esquema del partido prácticamente único, pues a pesar de las limitaciones del sistema político y de partidos, hubo competencia en varias entidades y triunfos incontestables de otros partidos, hasta alcanzar la mayoría de municipios o de algunos congresos locales.

El mapa electoral se viste de contrastes: el PRI, por si mismo, pero sobre todo mediante coaliciones electorales, ganó 9 de las 14 capitales estatales en disputa; obtuvo mayoría en 10 de los 14 congresos locales y en conjunto ganó la mayoría de alcaldías. La coalición entre Acción Nacional y el PRD, además de alianzas con otras formaciones políticas cambiantes, ganó la mayoría en cuatro congresos, así como la mayor parte de las alcaldías en Veracruz, Puebla y Oaxaca. En estas elecciones, la coalición electoral se confirma como medio irrenunciable para competir de aquí en adelante. Una novedad, que también marcará el futuro electoral, es la emergencia del Partido Movimiento Ciudadano como aliado estratégico, pues sus votaciones en los 10 estados donde participó con candidaturas, oscilaron entre el casi 8 por ciento en Baja California, el 5 por ciento en Puebla y el 4 por ciento en tres estados. Pluralismo partidista; pero, antidemocracia que subyuga procesos electorales.