PARTIDOCRACIA, PELIGRO PARA MÉXICO

Se identifica el regreso del PRI a Los Pinos como un peligro para México; sin embargo, el problema no reside únicamente en ese partido, sino en el sistema político que cobija una sórdida lucha entre la mayoría de los institutos políticos por el poder interno y público: la “Ley de hierro de la oligarquía” que propusiera el politólogo Robert Michels, en 1911, ilustró tendencias contradictorias respecto de la democracia, principio inspirador de las prácticas y funciones de los partidos políticos, como la burocratización profesional de los dirigentes, especialización requerida por la toma de decisiones más rápidas y complejas; por las exigencias de una eficiencia electoral que menosprecia la democratización interna de los partidos, en aras de distribuir el poder entre los grupos que mejor posicionan la influencia partidaria; por la fuerza de la democracia elitista, que confía en la racionalidad de los líderes e infantiliza a sus militantes.

Entre los riesgos de regresión autoritaria que representa el sistema de partidos como oligarquía de hierro, es cierto que el PRI reúne varios de ellos. Pero no es el único. Al tricolor se le achaca que sus cargos públicos no rinden cuentas, como destaca el caso de Humberto Moreira en el gobierno de Coahuila, donde están en juego más de 32 mil millones de pesos, cuyo manejo y destino no es transparente. ¿No se podría decir lo mismo sobre el caso de Acción Nacional? En despecho de su expulsión de ese partido, Manuel Espino recordó algunos casos de corrupción entre funcionarios federales y municipales: Cesar Nava y Germán Martínez, dos ex presidentes nacionales del PAN, son casos de corrupción documentados en los libros de Ana Lilia Pérez, Camisas Azules, manos negras y el de Anabel Hernández, Los cómplices del presidente, que revelan pistas esclarecedoras que documentan la corrupción de varios panistas.

Las prácticas de mayoriteo y uso corporativo del voto, han sido típicamente priístas, pero son abrazadas con activa pasión por los blanquiazules. La Sra. Elba Esther Gordillo, no obstante su militancia priista fue factor estratégico para que ganaran tanto Vicente Fox como Felipe Calderón en sus respectivas elecciones presidenciales. Así como se criticó el acarreo para la unción-designación del candidato del PRI a la presidencia de la República, se podría criticar el pacto que hizo Ernesto Cordero con una de las centrales supuestamente priista pero que entra a la subasta de votos por posiciones de poder, como es el caso de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), que ofreció cerca de un millón de votos al panista que representa la continuidad con el gobierno de Felipe Calderón.

Los temores mayores sobre el regreso del autoritarismo, camuflado bajo el manto de institucionalidad democrática, residen en los vínculos implícitos o explícitos entre los poderes fácticos: mediáticos, de las jerarquías eclesiásticas y crimen organizado, con el sistema político. Señaladamente se evidencia que la candidatura de Enrique Peña Nieto es producto de estrategias de poder diseñadas desde el duopolio televisivo, a través de lo cual el PRI ha cooptado y subordinado una buena parte de organismos electorales, particularmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y varios Árbitros electorales locales, como se mostró en el caso del Estado de México. Además, la supuesta connivencia priista con el crimen organizado en las elecciones michoacanas, jaquea preocupantemente la democratización del país. Sin embargo, aparte de honrosas excepciones, como la de Javier Corral, Acción Nacional ha coincidido con la telebancada Verde-priista en retrocesos respecto del Derecho de Información. Igualmente, eso que llamamos PRIAN, ha impulsado legislaciones conservadoras de defensa de la vida, en 18 entidades del país. Esa partidocracia si amenaza la democracia.

CANDIDATURAS Y PROYECTOS POLÍTICOS

No cabe duda, fue un acierto definir una candidatura de unidad desde la izquierda. Usando un método poco ortodoxo, como las encuestas, para resolver las diferencias entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, esta candidatura se posicionó adelante respecto de los procesos de elección-selección que están llevando a cabo los otros partidos. Así lo deja ver la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a seguir intentando obtener la candidatura del tricolor. En un amplio desplegado que publicó recientemente el Senador del PRI, deja ver que ante la dura competencia electoral de 2012 hay que preservar la “unidad” a toda costa del partido. Claramente se refiere al acicate que representa AMLO como candidato de unidad para la izquierda, pero también en su escrito se puede leer entre líneas que la disciplina partidaria requiere dejar a un lado la competencia por la candidatura, si ello representa confrontación y desgaste entre los contendientes.

Para Beltrones, “la política sólo vale la pena cuando es la vía para transformar las ideas en propuestas y las propuestas en acciones. Primero el programa y luego el candidato.” Sus tres propuestas que ya son ejes fundamentales de un “Programa para México”, que podría retomar el Revolucionario Institucional, son: La reforma del régimen político, un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo pacto social. En ellas, el Senador priista empeñó sus esfuerzos: una reforma política que tuviera como pivote la conformación de un gobierno de coalición; un proyecto económico que sin renunciar a la globalización introdujera medidas correctivas de la desigualdad y un pacto social renovado que abriera al PRI frente al empuje de la sociedad civil. Se trata de un proyecto político que quería sintonizar a su partido con las grandes líneas de discusión que hoy tienen en su centro la seguridad, la paz y la lucha contra la violencia.

Si Ebrard le aportó elementos de la izquierda “progresista” al proyecto político de AMLO y le acercó al centro para recuperar una franja del electorado a la que no llegaba el Movimiento de Renovación Nacional (morena), en el caso de Beltrones no es claro cuál será su legado para el proyecto político de Enrique Peña Nieto. Manlio Fabio no se integra tampoco en el equipo de campaña del que con seguridad será el candidato único de “unidad” del priismo, sino que se dedicará desde otras trincheras a promover las tres propuestas que configuró durante este periodo de aspiraciones por la candidatura presidencial. La unanimidad a toda costa huele mal; el tufo que deja es el del partido maniobrero de la disciplina vertical, de las componendas internas y de las dificultades para renovarse a partir de la diversidad de sus tendencias y proyectos políticos.

El PRI mostró el cobre con la convocatoria para elegir su candidato presidencial, la cual entregó al IFE media hora antes de que venciera el plazo fijado por el árbitro electoral. De esa manera se evitó que las diferencias se ventilaran públicamente. Ahora falta saber lo que pasará con las diferencias internas de Acción Nacional, si serán capaces de llegar a la unidad sin heridas ni rupturas, si sabrán incorporar lo positivo de los proyectos políticos de los contendientes. Quizá la soberbia del creciente poderío tricolor en el mapa nacional encegueció a ese partido, al creer que el carro completo implica una suerte de pensamiento único, como garantía de la unidad. Cualquier proyecto político necesita actualmente integrar la diversidad en sus procesos unitarios, pues tanto las tendencias regionales se expresan de manera heterogénea, como las discusiones políticas requieren de pluralidad y de aceptación de distintos caminos para construir un proyecto político verdaderamente nacional.

CONVERGENCIA Y GOBIERNO DE COALICIÓN

Por los caminos más variados, pero todos los partidos buscan en primer lugar la convergencia entre las distintas tendencias que los conforman, en torno de una candidatura presidencial. Ya lo que suceda con candidaturas para las diputaciones y senadurías que se elijan, será cuestión de negociar cuotas de poder al seno de cada partido y entre ellos y los poderes a los que apelen. Nótese que las convergencias marchan por un camino para la elección de candidatos a la Presidencia y que, para el resto de candidaturas, operan mecanismos más bien subordinados a lo que marque la selección del candidato presidencial, donde ya no rige la búsqueda de convergencias en un programa de gobierno, sino los acomodos entre las tendencias partidarias internas, las cuales se disputan el resto del pastel a elegir. Los métodos aquí utilizados frecuentemente se alejan de los principios democráticos más elementales.

Convergencia significa apuntar en una misma dirección, y eso lo han entendido los partidos que pretenden postular candidato-a a la elección presidencial. El PRI aprendió bien la lección en 2006 y ha evitado mostrar fisuras en su proceso eleccionario. Acción Nacional, busca resistir los embates que encierra su condición de partido en el gobierno, causados por la influencia del Ejecutivo Federal en la nominación de su candidato a la Presidencia del país, a través de una contienda abierta a los medios, aunque cerrada en la exigencia de fidelidades internas incondicionales de los militantes dentro de cada corriente panista. El PRD y la coalición que quizá lo acompañe en la elección presidencial, buscan una candidatura convergente de izquierda mediante las encuestas a población abierta. Hay grandes expectativas sobre los resultados, pero tanto Andrés Manuel López Obrador, como Marcelo Ebrard han manifestado que aceptarán los resultados, luego de consultar cada uno su casa encuestadora contratada.

Con sus altibajos, la convergencia va, pero cada partido tendrá que restañar las heridas que deje su contienda interna. En la hipótesis de que todos los precandidatos se someten a los acuerdos eleccionarios pactados, la selección de candidatos divide inevitablemente a ganadores y perdedores. Aquí es donde entra el toma y daca entre las distintas tendencias, alrededor de los diferentes puestos de elección popular: diputaciones y senadurías. Donde varían las presiones derivadas del pago de lealtades a quienes respaldaron al candidato nominado y, sobre todo, donde varían las tradiciones de negociación entre las tendencias internas de cada partido o de las coaliciones partidarias. Mientras el PRI ha logrado amplios márgenes de negociación basados en su disciplina, ahora anclada en la mayoría de gobiernos estatales, municipales y en el Congreso de la Unión, en el PAN se acentúa la competencia por la menor disponibilidad de huesos a repartir.

Mención aparte merecen el PRD y los partidos coaligados en la candidatura presidencial de izquierda. En la medida que disminuye la población gobernada por estos partidos en las regiones del país, y el gobierno del DF se convierte en la joya de la corona, se exacerban los pleitos entre sus diversas corrientes internas. Ante lo cual será más difícil restañar las heridas dejadas por la “elección interna” de su candidato presidencial. Tiene razón Marcelo Ebrard en señalar que gane quien gane la presidencia de la República, urge que desde ahora se acuerde formar un gobierno de coalición, pues de triunfar el candidato de la izquierda, éste necesitará de acuerdos firmes para garantizar gobernabilidad democrática. Pero aún con el elevado abtencionismo que se espera, la elección será muy competida y todos los partidos necesitarán también coaligarse para poder gobernar. Máxime que el Congreso de la Unión será un mosaico de fortalezas y debilidades partidarias regionales.

CONVERGENCIA Y GOBIERNO DE COALICIÓN

Por los caminos más variados, pero todos los partidos buscan en primer lugar la convergencia entre las distintas tendencias que los conforman, en torno de una candidatura presidencial. Ya lo que suceda con candidaturas para las diputaciones y senadurías que se elijan, será cuestión de negociar cuotas de poder al seno de cada partido y entre ellos y los poderes a los que apelen. Nótese que las convergencias marchan por un camino para la elección de candidatos a la Presidencia y que, para el resto de candidaturas, operan mecanismos más bien subordinados a lo que marque la selección del candidato presidencial, donde ya no rige la búsqueda de convergencias en un programa de gobierno, sino los acomodos entre las tendencias partidarias internas, las cuales se disputan el resto del pastel a elegir. Los métodos aquí utilizados frecuentemente se alejan de los principios democráticos más elementales.

Convergencia significa apuntar en una misma dirección, y eso lo han entendido los partidos que pretenden postular candidato-a a la elección presidencial. El PRI aprendió bien la lección en 2006 y ha evitado mostrar fisuras en su proceso eleccionario. Acción Nacional, busca resistir los embates que encierra su condición de partido en el gobierno, causados por la influencia del Ejecutivo Federal en la nominación de su candidato a la Presidencia del país, a través de una contienda abierta a los medios, aunque cerrada en la exigencia de fidelidades internas incondicionales de los militantes dentro de cada corriente panista. El PRD y la coalición que quizá lo acompañe en la elección presidencial, buscan una candidatura convergente de izquierda mediante las encuestas a población abierta. Hay grandes expectativas sobre los resultados, pero tanto Andrés Manuel López Obrador, como Marcelo Ebrard han manifestado que aceptarán los resultados, luego de consultar cada uno su casa encuestadora contratada.

Con sus altibajos, la convergencia va, pero cada partido tendrá que restañar las heridas que deje su contienda interna. En la hipótesis de que todos los precandidatos se someten a los acuerdos eleccionarios pactados, la selección de candidatos divide inevitablemente a ganadores y perdedores. Aquí es donde entra el toma y daca entre las distintas tendencias, alrededor de los diferentes puestos de elección popular: diputaciones y senadurías. Donde varían las presiones derivadas del pago de lealtades a quienes respaldaron al candidato nominado y, sobre todo, donde varían las tradiciones de negociación entre las tendencias internas de cada partido o de las coaliciones partidarias. Mientras el PRI ha logrado amplios márgenes de negociación basados en su disciplina, ahora anclada en la mayoría de gobiernos estatales, municipales y en el Congreso de la Unión, en el PAN se acentúa la competencia por la menor disponibilidad de huesos a repartir.

Mención aparte merecen el PRD y los partidos coaligados en la candidatura presidencial de izquierda. En la medida que disminuye la población gobernada por estos partidos en las regiones del país, y el gobierno del DF se convierte en la joya de la corona, se exacerban los pleitos entre sus diversas corrientes internas. Ante lo cual será más difícil restañar las heridas dejadas por la “elección interna” de su candidato presidencial. Tiene razón Marcelo Ebrard en señalar que gane quien gane la presidencia de la República, urge que desde ahora se acuerde formar un gobierno de coalición, pues de triunfar el candidato de la izquierda, éste necesitará de acuerdos firmes para garantizar gobernabilidad democrática. Pero aún con el elevado abtencionismo que se espera, la elección será muy competida y todos los partidos necesitarán también coaligarse para poder gobernar. Máxime que el Congreso de la Unión será un mosaico de fortalezas y debilidades partidarias regionales.

REFORMA POLÍTICA: INCONEXA Y MALTRECHA

Se sigue concibiendo la reforma política, como un asunto predominantemente electoral y de arreglos partidistas a modo. No hay un diseño institucional acorde con una intención democratizadora y apenas se avizoran tímidas medidas que propicien la participación ciudadana. Los reformadores, quienes llevan la batuta en el Congreso de la Unión, cuidan el rancho partidocrático, a pesar de propuestas democráticas consistentes que enarbolan, en algunos contados casos, diputados y senadores de los partidos representados en ambas cámaras. La minuta de reformas aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que el pleno tendrá que retomar para su debate y aprobación, seguirá la trayectoria de los otros intentos reformistas: el mercadeo impuesto por el sesgo partidista que entiende a su manera la coyuntura política para favorecer su desempeño electoral, pero sin tomar en cuenta las consecuencias políticas sobre el interés general.

Todas las reformas han buscado un destinatario que las legitime. Durante el gobierno de Luis Echeverría, se impulsó un sistema de partidos un poco más abierto, que incorporara a ciertos opositores en el gobierno y las tareas legislativas. En 1979, se reforma el Poder Legislativo dándole una representación mixta al Congreso de la Unión (mayoría y proporcional). Los destinatarios fueron los partidos, quienes monopolizaron las listas de Diputados y Senadores, “electos” de manera proporcional. En 1981, se reforma el gobierno municipal y el conjunto de sus atribuciones, con lo cual se buscó responder a la creciente influencia, particularmente de Acción Nacional, sobre los gobiernos locales, lo cual empezaba a modificar el mosaico político-electoral nacional.

Durante los gobiernos de Salinas y Zedillo, las reformas se pintaron de una participación más visible de la sociedad civil: ciudadanizar y profundizar el papel de los Organismos Públicos Autónomos, particularmente del IFE. Diversos proyectos de reforma política buscaron, aunque infructuosamente, impulsar políticas de Estado que superaran los temas electorales, de manera que los cambios constitucionales incluyeran también nuevos diseños del sistema político, de partidos y del gobierno. En diciembre de 2010, Felipe Calderón envío al Senado una propuesta de reforma político-electoral que previamente discutió con algunos intelectuales y organizaciones sociales. Su propuesta incluía empoderar el voto, ampliar formatos de democracia participativa y redefinir los límites del presidencialismo. Las elecciones de 2009, confirmaron el malestar y desencanto del electorado frente a la partidocracia reinante, frente a los poderes fácticos que nadie eligió pero que imponen sus reglas, así como frente a la impunidad y corrupción pública y privada.

La ruta seguida por las reformas político-electorales desde arriba se reiteró: arreglos partidistas a modo de fortalecer sus maquinarias electorales; profundización del monopolio de la representación; reactividad frente a formatos democráticos participativos; inconexión entre la reforma electoral y la propuesta de Gobierno de Coalición. Varias pistas corren por caminos separados. La Comisión de Puntos Constitucionales planteará al pleno de los Diputados: candidaturas independientes (2015), consulta popular, e iniciativa ciudadana. Un nuevo mecanismo para sustituir al Presidente de la República, por el Secretario de Gobernación. El Ejecutivo federal podrá rendir protesta ante el Presidente de la Suprema Corte. Se propone Iniciativa Preferente: mandatario en turno podrá presentar dos proyectos, para ser votados en plazo máximo de 30 días. Ratificación titulares de Cofetel, y de Comisión Reguladora de Energía por el Congreso de la Unión; aumento de 30 a 40% de la votación para hacer valer cláusula de gobernabilidad en asamblea legislativa del DF. La reelección de legisladores y alcaldes, se irá a consulta pública; falta de acuerdo sobre revocación de mandato, no se disminuye el número de diputados ni de senadores. Los poderes mediáticos torpedearon avances e impulsaron la mercantilización de la política hasta el hartazgo.

DEMOCRACIA PARCA

Dan ganas de hacerle su calavera a la democracia. Son muchos los motivos. Llegaremos a las elecciones de 2012 en medio de la violencia, el abuso del poder, la corrupción galopante del Estado y la sociedad que impulsa el mercantilismo; no tendremos una reforma política a la altura de las circunstancias tan apremiantes que exigen una revalorización del voto ciudadano, ni habrá mejoras cualitativas en la rendición de cuentas, ni avanzará el compromiso con la responsabilidad de los funcionarios sobre su desempeño público. Tampoco nos pondremos en sintonía con los formatos exigentes de democracia participativa que rigen ya en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, ni retomaremos las discusiones sobre la democracia comunitaria relacionada con los indígenas, sus autonomías regionales y la creación de un país enriquecido por diálogos interculturales.

La clase política nos propondrá aplazar respuestas contundentes a la crisis civilizatoria que enfrentamos; los empresarios monopolistas y transnacionalizados, seguirán alejando al mercado de la democracia con sus manotazos extralegales que les aseguran mantenerse como poderes fácticos. Nuestra parca democracia se desgrana mientras el país se desangra: “Los criminales ignoran el sufrimiento –han perdido cualquier sentido de lo humano y por eso asesinan con tanto horror y desprecio–. Pero también la política lo ignora. No está en su vocabulario, no tiene cabida en sus estadísticas que, a semejanza de los asesinatos de los criminales, borran el nombre de los muertos para volverlos números.” Palabras de Javier Sicilia el 1º de noviembre bajo el Ángel de la Independencia, del DF. Se dimensiona, no obstante el desánimo, de mejor manera el desafío que enfrentamos los y las mexicanas. La demanda por la paz con justicia y dignidad, junto con un movimiento social que no ceja en sus luchas, sitúan el tema ético en primer plano.

El cambio de valores y actitudes es la palanca que nos permitirá transformar la política, como servicio para la mejor convivencia y para el manejo públicamente razonado de nuestros conflictos. Aspiración democrática que, sin embargo, no encuentra el espacio social de convergencia entre quienes luchan por ella. En pleno despegue de la campaña electoral de 2012, ciertamente se decantan las propuestas derivadas de una agenda de izquierda frente a dos opciones que son más de lo mismo; aunque haya matices entre la continuidad panista y el regreso del tricolor a los Pinos, sus diferencias son secundarias. Pero hay riesgos: si no se alcanza la convergencia entre el programa de izquierda que representan Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard; si los candidatos del Pri y de Acción Nacional se obstinan en convencer que pueden ganar la guerra antinarco y mantener la misma estrategia económica.

Parca democracia en cuanto a su precaria institucionalización, pues a quienes corresponde sostenerla muestran innumerables limitaciones. Aunque la reforma constitucional sobre Derechos Humanos es la joya de la corona legislativa, el Congreso de la Unión no se caracteriza por su arrojo democrático: ni reforma política sustantiva, ni legislación sobre seguridad nacional que marque un nuevo derrotero para enfrentar atinadamente la violencia sin vulnerar los derechos de ciudadanía. Ni siquiera ha podido regularizar la situación del IFE la actual Legislatura, pues la Cámara de Diputados no ha elegido a los tres consejeros que falta reponer dentro del órgano electoral. A ello se suma que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, falló negativamente contra la solicitud presentada por 30 ciudadanos, quienes ven vulnerado su derecho a votar libremente dada la parcialidad de un Consejo General del IFE incompleto. A esta democracia, institucional, se la cargó la parca.

ANTIDEMOCRACIA PARTIDARIA

La democracia empieza en casa pero los partidos políticos son los primeros en quebrantar este principio. Cada uno a su manera enfrenta duras luchas fraccionales -frecuentemente facciosas-, por el poder que concentran los institutos políticos, en donde la democracia interna se cuestiona. No atinan un método democrático para elegir-seleccionar-designar sus candidatos a puestos de elección popular, debido a la mercantilización de la política que convierte al gobierno y a los partidos mismos en un modus vivendi vinculado con el dinero. Un botín en disputa es el presupuesto público del que gozan, cada vez más cuantioso pero cada vez menos transparente. “El financiamiento público que de 2000 a 2010 han recibido los tres principales partidos políticos en el país -PRI, PAN y PRD- asciende a más de 22 mil 760 millones de pesos […] dicha cifra supera el presupuesto destinado este 2011 para carreteras” (Eleccionpresidencialmexico2012.com)

El manejo financiero interno de los partidos es un misterio, no se sabe cuántos empleados tienen ni que sueldo se les fija, ni siquiera se sabe si ellos tienen las prestaciones laborales de ley. Al inicio de esta semana, los siete partidos “nacionales” que reciben financiamiento público, se opusieron a brindar información al respecto, ante una petición del diario El Universal. Consideran que su información es confidencial y aunque los partidos son de interés público, no son sujetos obligados para dar información por la Ley de Transparencia. Sospechosamente, no siguen en casa lo que demandan de las instituciones públicas. El presupuesto que nutre sus maquinarias electorales, destinado a la operación de los organismos políticos en 2012, pasará de dos mil 568 millones, recibidos en 2006 a 3 mil 370 millones que tendrán disponibles en 2012. Partidos S.A. representa una franquicia que conspira contra la democracia.

Esa mercantilización torpedea su democracia interna también en lo que hace al método para elegir a sus candidatos. Es cuestionable que si el objetivo de cualquier partido es la construcción y preservación de la democracia que pregonan, aquella que funda el ciudadano con su voto, no rija esa condición básica para la toma de decisiones. El caso del candidato presidencial muestra cómo se exacerban conductas autoritarias y luchas facciosas por el poder. Cada vez más alejados del pueblo al que apelan para obtener su voto, ni empoderan esa figura elemental en su vida interna, ni someten los métodos de selección seguidos a la fiscalización del órgano electoral. Desconfían de sus propios padrones electorales, pues sus bases sociales son volátiles y la militancia decrece una vez que pasan las elecciones en turno. La figura del adherente es insuficiente y los mecanismos para delegar el voto de sus agremiados en convenciones no convence internamente.

Paradójicamente, los partidos tienen en la ciudadanización un desafío. Entre las elecciones abiertas a la ciudadanía para elegir el candidato, las convenciones con delegados mandatados por los órganos partidarios internos y en esta coyuntura especialmente las encuestas como las propone el PRD, se procura tomar el pulso de la sensibilidad ciudadana, pero ésta suerte de elecciones primarias causan descontento. En todos los casos, los partidos están obligados a dar certidumbre sobre el carácter democrático del momento preelectoral que viven, a través de un padrón interno confiable, del aseguramiento de condiciones equitativas en sus contiendas y de la definición de reglas comúnmente aceptadas entre todas las fracciones que legítimamente aspiren a obtener candidaturas. El cochinero que se adjudica al PRD en estos procesos, no es muy distinto de las dificultades atravesadas por el PAN para reconocer su militancia y la adopción del dedazo para designar sus candidatos, o de las dificultades priistas para dar cabida a todos los aspirantes.

CAMBIO GLOBAL DE VALORES

Antes que nada, la indignación mostrada este 15 de octubre en casi un millar de ciudades de todos los continentes, sacude los valores más caros al capitalismo: el poder del dinero; la impunidad frente a sus efectos depredadores sobre toda forma de vida; la cosificación de las personas sin importar su destino; la subordinación de lo público y sus instituciones a los intereses de ese 1% de la oligarquía mundial, lo cual se simboliza en la ocupación de Wall Street. No es casual que desde ahí se detonó un movimiento global novedoso en sus alcances, aunque inspirado en un contexto mundial de heterogéneas inconformidades: el zapatismo, sus bases locales y sus Encuentros Intergalácticos por la Humanidad y contra el Neoliberalismo; los altermundistas que persiguen las reuniones ejecutivas de los ricos: el G-8, el G-20, la OMC, el FMI o el Banco Mundial. Una década de intentos anuales de 10 Foros Sociales Mundiales por vincular pensamiento y acción global-local; las rebeliones norafricanas, los indignados españoles y movimientos similares al sur de Europa, pasando por Israel. Valores colectivos por su osadía; construcción de valores distintos.

De la novedad pasamos al asombro por los logros fundadores de un movimiento que ya es imparable, aunque no esté exento de incertidumbres respecto de su horizonte de acción. Vandana Shiva, activista hindú, planteó sintéticamente el desafío asumido: “necesitamos transformar el G-8 en el G-7,000’000,000”, es decir en el grupo de la humanidad toda. Lo que el 1% oligárquico no puede hacer es soñar con un proyecto civilizatorio así de incluyente. Y, los millones de microacciones directas que inspiran los indignados llaman a crear esos valores globales de convivencia para poder exigirlos. Entre esa dimensión humana y los motivos locales-nacionales-mundiales que dan pie a cada movimiento, están cuestionados todos los valores de la modernidad que nunca se cumplieron: la libertad, la igualdad, la solidaridad.

En Nueva York, está prohibido el uso de megáfonos en manifestaciones; oradores del movimiento e intelectuales reconocidos internacionalmente amplifican sus palabras a través de los que les escuchan y repiten sincronizadamente cada frase de sus discursos. Cientos de voces unificadas posibilitan la escucha de todos los participantes. Una manifestante porta un cartel: “me importas”, que expresa un valor cementante de solidaridades que niega el capitalismo. “Mis sueños no caben en sus urnas”, decía otro cartel en Xalapa, Veracruz. Se cuartean los valores democráticos liberales y los procesos electorales que sustentan la separación entre ejecutantes y decisores.

Indignados y rebeldes jaquean democracias, gobiernos y corrupciones en las coyunturas en que nacen. Desde Tunez hasta Estados Unidos, se cuestiona la democracia realmente existente. Los indignados legitiman asambleas participativas, educadoras, y se fijan al lugar que ocupan. Luchan simultáneamente por posiciones simbólicas ocupadas y movimientos que se expanden. Wall Street, la plaza Sintagma en Atenas, o la Puerta del Sol madrileña son focos desde donde se expanden las asambleas a los barrios, a la vida cotidiana. “Democracia real ya”, significa batallar por nuevas legitimidades que se erigen sobre la negación de lo inaceptable: que no se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias, a costa del desempleo, la pérdida de seguridad social, o del fin de las pensiones. Que el Estado no prolongue y normalice la exclusión del 99% de la humanidad, ni que los rituales seudo democráticos sustituyan las voces plurales de todos-as. Sin programa ni modelo preconstituido, estos movimientos inventan el día a día fundando valores globales. Unir la diversidad, localizar o aterrizar los valores globales en valores locales, instituir nuevas prácticas individuales y públicas de regulación social sin perder la fuerza inventiva utópica; valores que abren el universo de lo potencial.

REFORMA POLÍTICA: INCONEXA Y MALTRECHA

Se sigue concibiendo la reforma política, como un asunto predominantemente electoral y de arreglos partidistas a modo. No hay un diseño institucional acorde con una intención democratizadora y apenas se avizoran tímidas medidas que propicien la participación ciudadana. Los reformadores, quienes llevan la batuta en el Congreso de la Unión, cuidan el rancho partidocrático, a pesar de propuestas democráticas consistentes que enarbolan, en algunos contados casos, diputados y senadores de los partidos representados en ambas cámaras. La minuta de reformas aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que el pleno tendrá que retomar para su debate y aprobación, seguirá la trayectoria de los otros intentos reformistas: el mercadeo impuesto por el sesgo partidista que entiende a su manera la coyuntura política para favorecer su desempeño electoral, pero sin tomar en cuenta las consecuencias políticas sobre el interés general.
Todas las reformas han buscado un destinatario que las legitime. Durante el gobierno de Luis Echeverría, se impulsó un sistema de partidos un poco más abierto, que incorporara a ciertos opositores en el gobierno y las tareas legislativas. En 1979, se reforma el Poder Legislativo dándole una representación mixta al Congreso de la Unión (mayoría y proporcional). Los destinatarios fueron los partidos, quienes monopolizaron las listas de Diputados y Senadores, “electos” de manera proporcional. En 1981, se reforma el gobierno municipal y el conjunto de sus atribuciones, con lo cual se buscó responder a la creciente influencia, particularmente de Acción Nacional, sobre los gobiernos locales, lo cual empezaba a modificar el mosaico político-electoral nacional. Durante los gobiernos de Salinas y Zedillo, las reformas se pintaron de una participación más visible de la sociedad civil: ciudadanizar y profundizar el papel de los Organismos Públicos Autónomos, particularmente del IFE. Diversos proyectos de reforma política buscaron, aunque infructuosamente, impulsar políticas de Estado que superaran los temas electorales, de manera que los cambios constitucionales incluyeran también nuevos diseños del sistema político, de partidos y del gobierno. En diciembre de 2010, Felipe Calderón envío al Senado una propuesta de reforma político-electoral que previamente discutió con algunos intelectuales y organizaciones sociales. Su propuesta incluía empoderar el voto, ampliar formatos de democracia participativa y redefinir los límites del presidencialismo. Las elecciones de 2009, confirmaron el malestar y desencanto del electorado frente a la partidocracia reinante, frente a los poderes fácticos que nadie eligió pero que imponen sus reglas, así como frente a la impunidad y corrupción pública y privada.
La ruta seguida por las reformas político-electorales desde arriba se reiteró: arreglos partidistas a modo de fortalecer sus maquinarias electorales; profundización del monopolio de la representación; reactividad frente a formatos democráticos participativos; inconexión entre la reforma electoral y la propuesta de Gobierno de Coalición. Varias pistas corren por caminos separados. La Comisión de Puntos Constitucionales planteará al pleno de los Diputados: candidaturas independientes (2015), consulta popular, e iniciativa ciudadana. Un nuevo mecanismo para sustituir al Presidente de la República, por el Secretario de Gobernación. El Ejecutivo federal podrá rendir protesta ante el Presidente de la Suprema Corte. Se propone Iniciativa Preferente: mandatario en turno podrá presentar dos proyectos, para ser votados en plazo máximo de 30 días. Ratificación titulares de Cofetel, y de Comisión Reguladora de Energía por el Congreso de la Unión; aumento de 30 a 40% de la votación para hacer valer cláusula de gobernabilidad en asamblea legislativa del DF. La reelección de legisladores y alcaldes, se irá a consulta pública; falta de acuerdo sobre revocación de mandato, no se disminuye el número de diputados ni de senadores. Los poderes mediáticos torpedearon avances e impulsaron la mercantilización de la política hasta el hartazgo.

PRESIDENCIALISMO DE COALICIÓN

Frente al dilema que se plantean las ciencias políticas entre presidencialismo y parlamentarismo, el caso mexicano ofrece un amplio desafío. El poder unipersonal que concentra la figura presidencial en la historia reciente, ha impedido que surja una cultura de compromisos y cooperación por parte de un sistema de partidos que no ha podido desprenderse del todo, de una triple combinación que ha resultado perversa, pues el Presidente de la República es al mismo tiempo, Jefe de Estado, Jefe de gobierno y por si fuera poco es también en los hechos Jefe de Partido. Se ha impuesto así en México un parlamentarismo débil cuyo Poder Legislativo compite, hasta el torpedeo, con el Ejecutivo federal. No es que haya parálisis legislativa sistemática pero si impedimento para llevar a cabo reformas de profundidad en los campos que requiere particularmente una situación de crisis, la cual demanda cambios estructurales firmes.
Estamos frente a una buena oportunidad de sentar las bases para avanzar en un diseño político institucional, sincronizado con la democratización de un régimen puramente presidencialista que puede transitar hacia el fortalecimiento de prácticas parlamentarias y paralelamente al acotamiento de los resabios autoritarios que aún guarda el presidencialismo. La iniciativa para crear un gobierno de coalición, en todos los órdenes de los poderes ejecutivos del país, presentada en el Senado con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, ahora es retomada en la Cámara de Diputados. Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), en coordinación con diputados de otros partidos presentes en la Cámara baja, particularmente con Javier Corral (PAN), presentaron una iniciativa que enriquece el trabajo iniciado por los senadores: la construcción de mayorías plurales de gobierno con base en coaliciones gubernamentales y legislativas que le den soporte al Ejecutivo, como opción a tomar en circunstancias específicas. Destacando la propuesta para elegir a un Jefe de Gobierno. Además, como parte de un trabajo legislativo que podría enriquecerse mediante consultas ciudadanas, el Congreso de la Unión enfrenta el desafío de profundizar estas propuestas en dos pistas simultáneas: la reforma político-electoral y el posible tránsito hacia un régimen semipresidencialista en México, que separe definitivamente las figuras de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe de Partido.
Una magna tarea que quizá no pueda entrar en operación a partir de las elecciones presidenciales de 2012, pero que necesita prever los pasos a dar para lograr la doble reforma, de régimen y político- electoral. Algunos politólogos se preguntan sí es posible que un sistema multipartidista fortalezca la gobernabilidad democrática bajo un régimen presidencialista, cuando elites y burocracias partidarias han constituido un sistema partidocrático que amplía la brecha entre representantes y representados, no rinden cuentas, se oponen al empoderamiento del voto ciudadano y subordinan su quehacer al programa de los poderes fácticos. Tarea central es democratizar simultáneamente al Ejecutivo, los partidos políticos, la cultura parlamentaria y fortalecer los formatos democráticos participativos en los distintos órdenes de gobierno, de manera que sea la sociedad la que modele al Estado e incida activamente en la regulación del mercado y el sometimiento de los poderes fácticos, incluidos los del dinero, los del poder mediático, del poder eclesiástico y los del crimen organizado, al imperio de la ley. La experiencia brasileña del Presidencialismo de Coalición, ofrece pistas interesantes con su doble reforma, la afinación de mecanismos de representación política, que fortalecen el papel del multipartidismo en la Asamblea Nacional y la apuesta por una rendición de cuentas horizontal, emprendida por Comités Parlamentarios de Investigación que evalúan y dan seguimiento a los planes para enfrentar y eventualmente superar la crisis multidimensional del país, la cual atraviesa sistemas e instituciones políticas y de gobierno, como en todo el mundo.

GOBIERNO DE COALICIÓN PARTIDISTA

La reforma constitucional para incorporar la figura de Gobierno de Coalición, propuesta por Manlio Fabio Beltrones y asumida también por panistas y perredistas, aporta elementos para dimensionar la reforma de Estado que seguimos necesitando. Hace falta sin duda acotar al presidencialismo, un poder que se viene deteriorando desde que en 1997 se presentó el primer gobierno “dividido”, en el que el Ejecutivo federal no contó con una mayoría en la Cámara de Diputados. Desde entonces, la relación entre Legislativo y Ejecutivo, no ha logrado establecer una interlocución suficientemente constructiva como para hacer avanzar las políticas públicas que propone el Presidente de la República, ni para llevar a cabo la legislación implicada en las reformas estructurales que pretende impulsar cada gobierno, sobre todo después del año 2000, cuando se registra la alternancia en el gobierno federal.

Falta una cultura parlamentaria respaldada en el diseño institucional republicano mexicano, pues el presidencialismo se inspiró en fortalecer el poder unipersonal del Ejecutivo, primero gracias al partido casi único que imperó en el país de 1929 a 2000 y luego frente a partidos políticos acostumbrados a negociar cuotas de poder partidista, apoyados sobre el monopolio de la representación de intereses, que evacuaron el interés general supuesta finalidad de los institutos políticos. El parlamentarismo, situado en el extremo contrario del Presidente fuerte, no ha logrado influir la cultura política gubernamental y del sistema político y de partidos, pues la elaboración responsable de consensos no caracteriza al desempeño partidario ni de los cargos públicos sometidos al debate para la toma de decisiones. Por ello, la propuesta de Beltrones obliga a pensar en la figura intermedia que representa el semipresidencialismo, la cual distingue en dos personas las atribuciones del Jefe de Estado y del Jefe de Gobierno; el primero electo por voto directo universal y el segundo mediante acuerdo entre Legislativo y Ejecutivo.

Aunque teóricamente positiva la figura de gobierno de coalición hay, sin embargo, algunos factores que obstaculizan su operación política: su falta de concatenación con la reforma política que el propio Senado aprobó en una minuta correspondiente, en la cual había propuestas del Ejecutivo para agilizar y flexibilizar su relación con el Legislativo, pues la propuesta para formar un gobierno coaligado sólo retoma la necesidad de contar con mayorías parlamentarias para hacer eficientes la políticas públicas del gobierno, para tener un Gabinete presidencial ratificado por el Senado y la posibilidad de que el Presidente pueda ser llamado a las Cámaras cuando alguna de ellas lo convoquen. Pero no se contemplan ni el veto presidencial, ni las medidas de control del Legislativo sobre el Ejecutivo, como la moción de confianza-censura, o formas de referéndum y plebiscito que puedan ampliar la participación ciudadana sobre los poderes republicanos.

Se siguen pensando las reformas constitucionales en términos de gobernanza, como eficiencia institucional de “buen gobierno”, pero no como proceso de gobernabilidad que incluya tradiciones parlamentarias, sin brechas entre representantes y representados, a la par de crear pesos y contrapesos al poder unipersonal del Ejecutivo. Además, se deja al criterio del gobernante electo si opta por promover un gobierno de coalición, a pesar de que las evidencias apuntan hacia elecciones altamente competitivas que no permitirán que el Presidente electo cuente con mayoría parlamentaria a favor de su partido. No obstante que la reforma beltronista apunta a la construcción de una mayoría plural con objetivos comunes, la formación de un Gabinete presidencial de calidad consensuada, la coalición que lo sustenta es netamente partidista. Fuerzas políticas no incluidas en partidos, incluidos poderes fácticos necesitados de controles parlamentarios, no participan en la coalición gubernamental. Alerta de peligro: la partidocracia puede cooptar al gobierno coaligado.

El luto es la manifestación inmediata de la pena infligida por la muerte. El duelo es el proceso de asimilación del dolor que nos deja la negación de

El luto es la manifestación inmediata de la pena infligida por la muerte. El duelo es el proceso de asimilación del dolor que nos deja la negación de la vida. Uno incluye al otro, pero sólo el duelo nos puede liberar al permitirnos sacar conclusiones que reafirmen nuestra biofilia, nuestro amor por la vida, nuestros deseo por defenderla, preservarla, cultivarla. Mientras el luto lo interiorizamos hasta el silencio y lo explicitamos mediante símbolos que expresan pérdida, separación, dolor dejado por la ausencia de vida, el duelo supone una combinación entre esa interiorización de la pena individual y la verbalización dirigida a un espacio colectivo: la familia, la comunidad local, el país, el mundo, con fines de procesar todos los significados que trae consigo la destrucción de la vida. El duelo ayuda a comprender racionalmente, en sincronización con los sentimientos o emociones que nos deja la muerte.

Después de la conmoción -que es también conmiseración con el sufrimiento humano causado por la muerte violenta-, por las 57 vidas segadas en el Casino Royale de Monterrey, sin duda nos conmovió el llamado presidencial a guardar tres días de luto nacional por esas víctimas. Nos une la pena y el luto supone también una tregua; antes de explicarnos o de procesar lo que está causando ese dolor, sentimos que han asesinado una parte del nosotros como un todo. Lo que sigue ahora es procesar el duelo hasta poder trascender el dolor. Frente a las ataduras impuestas por la violencia destructora de vida, urge crear y recrear los símbolos en defensa de nuestro derecho más elemental a vivir, así como urge dar espacio público y privado en nuestras vidas a ese duelo liberador, una vez pasada la tregua que impone el luto.

Comprender razones, explicitar sentimientos y emociones, manejarlos con sentido biofílico, implica encontrar orígenes, fuentes desde donde emana la violencia destructora, descubrir y deslindar responsabilidades. El crimen masivo de inspiración terrorista es consecuencia de estrategias de guerra, seguidas por encima de compromisos razonados con la procuración de justicia, prevención del delito y entendimiento de las causas estructurales que originan violencia. El narcoterrorismo, coexiste, conlleva, al terrorismo de Estado, al ojo por ojo, vida por vida. Pero el terrorismo no debe opacar las muertes causadas por la corrupción, la impunidad, la banalización de la vida. El gobierno nunca convocó a duelo nacional por la muerte de 46 niños en la Guardería ABC, o por más de cien muertos en la mina Pasta de Conchos, o por las narcofosas, en ocasión de cada macabro descubrimiento, como el de 72 migrantes asesinados en Tamaulipas. ¿Cuánta crueldad y “valor simbólico” se necesita para guardar luto por las muertes?

Un proceso nacional de duelo implica un esfuerzo colectivo por recuperar la memoria de todas esas muertes que nos han lastimado, llegar a las fuentes de la violencia mortífera. Recuperar las biografías canceladas, dimensionar el drama de las víctimas visibles, tanto como el drama de las víctimas opacadas. Asumir los “daños colaterales”, las víctimas que no se cuentan, de las que no se persiguen a sus victimarios, a las que se les niega justicia. Duelo nacional por la incapacidad para prevenir el crimen y por la falta de inteligencia policíaca; duelo por la impericia legislativa que aprobó 198 casinos de un jalón, a iniciativa de Santiago Creel y que hoy son miles en todo el país, sin que se hayan valorado los efectos mafiosos ligados con la ludopatía. Duelo por la politización instrumental del dolor ante gobiernos divididos en Nuevo León y ante la impavidez del gobierno estadounidense frente a la narco-economía casino que le beneficia.

Academia y políticas de Estado

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, presentó ante los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el documento: "Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia". Se trata de un acercamiento estratégico entre la academia y actores del poder gubernamental en las complejas y abigarradas regiones de México. Además del carácter multidimensional de la violencia causada por el crimen, organizado o no, y del papel clave de la justicia para prevenir y castigar el delito, la complejidad del territorio mexicano obliga a pensar en políticas diferenciadas para cada región, cuya aptitud y pertinencia puede ser enriquecida por la academia, no solo del centro del país sino también de las universidades públicas de los estados, así como por las asociaciones civiles que producen información y diagnósticos relevantes.
El estudio: Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves, ofrecido por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, aporta información detallada sobre el país y cada uno de sus estados: en el sexenio actual, el promedio mensual de delitos del fuero federal se ha incrementado en 74.7 por ciento con respecto al del sexenio anterior. Delitos del fuero común en el sexenio del Presidente Fox: 119 mil 715; durante la administración actual: 136 mil 499. Un aumento del 14 por ciento. Entre el sexenio de Fox y lo que va del actual, hubo un aumento de 25.4 por ciento en el número de homicidios al mes. Durante este sexenio, el promedio mensual de secuestros creció un 132.6 por ciento. Entre Zedillo y Calderón, el promedio mensual de denuncias de extorsión se incrementó 208.6 por ciento.
La cifra negra opaca el número de víctimas visibles, pues del conjunto de delitos apenas 2 de cada 10 delitos se denuncian. Según México Evalúa, además las víctimas invisibles, relacionadas con las víctimas directas del delito, no se cuantifican en casi la totalidad de países del mundo, por lo que su estudio trata de dimensionar este preocupante fenómeno, del que da un ejemplo dramático: Entre 1990 y 2009, en 9 de cada 10 casos la víctima era un hombre casado en edad productiva, es decir, casi 90 mil mujeres se convirtieron en viudas y más de 180 mil niños y jóvenes se quedaron sin padre. Urge dimensionar el número de víctimas invisibles que dejan los más de 50 mil muertos por la guerra contra el crimen organizado.
La geografía de los delitos graves se concentra en cuatro zonas del país: el triángulo dorado: Chihuahua, Durango y Sinaloa, entidades que forman parte de los 5 estados más violentos del país durante lo que va de la presente administración. El segundo grupo: Michoacán, Guerrero, Morelos y Distrito Federal, reúne entidades que se ubicaron por encima del promedio nacional del Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI), tanto en 2010 como en 2011. El tercer grupo, formado por Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, estuvo por debajo de la media nacional en 2010 y por encima de ella en 2011. Un cuarto grupo: Baja California, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo, son cuatro entidades ubicadas por encima del promedio nacional, pero que no comparten fronteras con otras entidades que registren índices altos. Las entidades que cuentan con litoral y las que se ubican en las fronteras del país, anidan altos índices de víctimas. Construir una política pública de Estado requiere de una cuantificación de las cifras negras del delito y de una minuciosa cuantificación de las víctimas invisibles, para poder lograr una coordinación eficaz entre los tres órdenes de gobierno y la investigación académica.

PROGRESO Y BIENESTAR, MITOS FUNDACIONALES

Una de las bondades del estudio del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, es el resituar el rol activo que juegan las percepciones ciudadanas sobre lo que está mejor y peor en nuestras vidas cotidianas. Ellas no se pueden disociar de los ideales surgidos en torno del progreso, o del muy amplio y debatido concepto del desarrollo, ni del concepto de calidad de vida. Otro estudio, encargado por el Foro Consultivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): La medición del progreso y del bienestar. Propuestas desde América Latina, complementa la información necesaria para poder dimensionar el desafío que enfrentamos, cuando hablamos de la tensión que acompaña nuestra condición humana, entre el mejorar nuestra calidad de vida y bienestar, y la realización de nuestros ideales personales, colectivos, comunitarios. La manera como acoplamos realidad material y sentimientos, emociones, percepciones de felicidad.
Siempre presente, esa tensión ha querido solucionarse mediante diversos modos bajo los que opera nuestra organización socioeconómica y política, y la jerarquía que concede a los valores que estructuran su cultura. Ahí es donde está el drama de la supremacía del mercado en nuestra época, que vale mucho más la libertad de especular en la bolsa de valores que la muerte por hambre impuesta a millones de seres humanos. Hay miles de indicadores que pueden mostrar este drama, pero las discusiones suscitadas en la actualidad, gracias a estudios que revalorizan la agencia humana, la capacidad de individuos y colectividades para modificar su entorno, están mostrando que los deseos y las opciones buscadas para satisfacerlos cuentan. Que no bastan ofrecimientos de futuro progreso, siempre postergados, sino que la realidad existencial del aquí y ahora, manifestada en el deseo de bienestar material y subjetivo, se convierte en la prueba de fuego de la organización socioeconómica que domina nuestras vidas, y del sistema sociopolítico que la sustenta y la pretende legitimar.
Estamos hasta la madre también porque el Producto Interno Bruto se convierta en la medida del progreso, pues la economía de mercado no significa bienestar para todos-as. Quedamos igualmente hartos de las promesas no cumplidas por los regímenes socialistas burocráticos. Pero, Latinoamérica está mostrando vitalidad y otros sentidos de futuro que animan a repensar ese par conflictivo entre progreso y bienestar. Ya no nos contentamos con evaluaciones de indicadores sociales que terminaron sometidos por el mercado al apostar por la posesión y acceso a bienes y servicios, tantas teles, tantos coches, tanto dinero, tan buena vivienda, tan buena educación… Tampoco nos satisface el enfoque por competencias y funcionalidades que propone adaptaciones paulatinas del capital humano al capitalismo, donde el ascenso social depende de adquirir capacidades y destrezas en la medida que las premie el mercado.
Medir el progreso y el bienestar pasa actualmente por dos consideraciones mayores antes no tomadas en cuenta: la sustentabilidad ambiental del desarrollo y el bienestar subjetivo: la satisfacción con la calidad de vida, el mundo afectivo satisfecho, la aceptación del otro y de la otra; aquello que no es medido en términos de crecimiento económico pero que genera, como en algunos países latinoamericanos, el Estado del Buen Vivir, sin discriminaciones, sin exclusiones legitimadas por el sistema social vigente. Medir y pensar de otra manera el progreso y el bienestar tiene consecuencias positivas: cuestiona el modelo dominante y potencia la imaginación de un mundo mejor, aprende de prácticas sociales innovadoras que adaptan desde lo local al conocimiento global, orienta nuevas políticas públicas y cambios en actitudes hacia una cultura de derechos ciudadanos. Bienestar, equidad y progreso, condicionan el valor que emerge con mayor fuerza: la felicidad, esa rara ave azul hoy asesinada por la violencia y el mercantilismo capitalista.

PARCHES POSPONEN REFORMAS

Con los resultados de las elecciones locales en cuatro entidades del país el pasado domingo, que reinstauraron el exitoso carro completo a favor del PRI, se pavimenta el camino para el regreso de un régimen de partido predominante en México. Más allá de la evaluación de las estrategias electorales que favorecieron ampliamente al Revolucionario Institucional, hay que incluir conflictos y contradicciones que aporta en general el sistema de partidos, la vinculación del gobierno federal y local con los organismos encargados del proceso electoral, incluido el Poder Judicial y muy particularmente, la mercantilización de la cultura política entre el electorado a través de los medios electrónicos de comunicación que se han convertido en el gran elector. Malos presagios, pues un partido predominante profundiza la democracia elitista, el gobierno de las minorías activas y su subordinación a los intereses de los poderes fácticos, incluido el crimen organizado.

El incremento del abstencionismo es un mal presagio. Ni el PRI ni el conjunto de partidos acusaron recibo del desencanto representado frente a la partidocracia por la ausencia mayoritaria del electorado en los comicios de 2009, y por la emergencia de un movimiento por anular concientemente el voto como demanda para empoderar al elector. Lejos de registrar los sentimientos de desconfianza e incredulidad en las elecciones, el régimen de partido predominante que está en vías de restituirse ahondará la brecha entre representantes y representados. Máxime que tampoco creció el movimiento anulista en las elecciones locales recientes. En el Estado de México, el voto nulo apenas creció tres décimas porcentuales y en Coahuila, sólo quedó el testimonio del Obispo Raúl Vera, quien llamó a votar razonadamente, incluyendo la posibilidad de anular el voto si ninguna de las opciones convencía al elector.

Otro mal presagio es la contundente falta de equidad del proceso electoral mostrada antes, durante y en los conflictos postelectorales detonados en los comicios recientes, pues la reforma política urgente necesaria antes de las elecciones presidenciales sigue secuestrada por el PRI. Partido que torpedeó la iniciativa presidencial de reforma política, posteriormente enriquecida con propuestas partidarias y de organismos ciudadanos. Aunque la dirigencia de ese partido mostró disposición para rediscutir las reformas estructurales pendientes, principalmente la política, luego de sentirse el triunfador en las cuatro elecciones locales recientes, sus propuestas apuntan justamente al fortalecimiento del régimen de partido predominante, con el respectivo fortalecimiento de su hegemonía dentro de la partidocracia reinante. Seguirá la complicidad interpartidaria para el uso sesgado de recursos públicos con fines electorales, la subordinación del Poder Judicial Federal en materia electoral a las alianzas entre partidos gobernantes, autoridades electorales locales y medios electrónicos.

Con el PRI como partido predominante en el Congreso de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, se bloqueará todo lo que signifique empoderar al electorado. No habrá contrapesos a la democracia elitista con gobierno de minorías activas, lo cual limita la calidad democrática que sustentan formatos participativos ciudadanos. Se cancelan así posibilidades de candidaturas independientes, de impulso a plebiscitos, referéndum o revocación de mandato en los poderes ejecutivos. Seguirá el financiamiento desproporcionado a partidos políticos sin que haya reelección consecutiva una vez para algunos puestos de elección popular; no se reducirá el tamaño de las Cámaras, ni se definirán mecanismos para la definición técnica salarial de los mandos públicos. Mientras que Acción Nacional y el PRD no resuelvan la falsa disyuntiva que plantea una alianza que sólo se propone derrotar al PRI y no aparezca la necesidad de un programa electoral para un gobierno de amplia participación, la coalición político-partidaria que encabeza el PRI avanzará sobre alfombra roja hacia el régimen de partido predominante que tan bien sabe usufructuar.

2012, MALOS PRESAGIOS

Con los resultados de las elecciones locales en cuatro entidades del país el pasado domingo, que reinstauraron el exitoso carro completo a favor del PRI, se pavimenta el camino para el regreso de un régimen de partido predominante en México. Más allá de la evaluación de las estrategias electorales que favorecieron ampliamente al Revolucionario Institucional, hay que incluir conflictos y contradicciones que aporta en general el sistema de partidos, la vinculación del gobierno federal y local con los organismos encargados del proceso electoral, incluido el Poder Judicial y muy particularmente, la mercantilización de la cultura política entre el electorado a través de los medios electrónicos de comunicación que se han convertido en el gran elector. Malos presagios, pues un partido predominante profundiza la democracia elitista, el gobierno de las minorías activas y su subordinación a los intereses de los poderes fácticos, incluido el crimen organizado.

El incremento del abstencionismo es un mal presagio. Ni el PRI ni el conjunto de partidos acusaron recibo del desencanto representado frente a la partidocracia por la ausencia mayoritaria del electorado en los comicios de 2009, y por la emergencia de un movimiento por anular concientemente el voto como demanda para empoderar al elector. Lejos de registrar los sentimientos de desconfianza e incredulidad en las elecciones, el régimen de partido predominante que está en vías de restituirse ahondará la brecha entre representantes y representados. Máxime que tampoco creció el movimiento anulista en las elecciones locales recientes. En el Estado de México, el voto nulo apenas creció tres décimas porcentuales y en Coahuila, sólo quedó el testimonio del Obispo Raúl Vera, quien llamó a votar razonadamente, incluyendo la posibilidad de anular el voto si ninguna de las opciones convencía al elector.

Otro mal presagio es la contundente falta de equidad del proceso electoral mostrada antes, durante y en los conflictos postelectorales detonados en los comicios recientes, pues la reforma política urgente necesaria antes de las elecciones presidenciales sigue secuestrada por el PRI. Partido que torpedeó la iniciativa presidencial de reforma política, posteriormente enriquecida con propuestas partidarias y de organismos ciudadanos. Aunque la dirigencia de ese partido mostró disposición para rediscutir las reformas estructurales pendientes, principalmente la política, luego de sentirse el triunfador en las cuatro elecciones locales recientes, sus propuestas apuntan justamente al fortalecimiento del régimen de partido predominante, con el respectivo fortalecimiento de su hegemonía dentro de la partidocracia reinante. Seguirá la complicidad interpartidaria para el uso sesgado de recursos públicos con fines electorales, la subordinación del Poder Judicial Federal en materia electoral a las alianzas entre partidos gobernantes, autoridades electorales locales y medios electrónicos.

Con el PRI como partido predominante en el Congreso de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, se bloqueará todo lo que signifique empoderar al electorado. No habrá contrapesos a la democracia elitista con gobierno de minorías activas, lo cual limita la calidad democrática que sustentan formatos participativos ciudadanos. Se cancelan así posibilidades de candidaturas independientes, de impulso a plebiscitos, referéndum o revocación de mandato en los poderes ejecutivos. Seguirá el financiamiento desproporcionado a partidos políticos sin que haya reelección consecutiva una vez para algunos puestos de elección popular; no se reducirá el tamaño de las Cámaras, ni se definirán mecanismos para la definición técnica salarial de los mandos públicos. Mientras que Acción Nacional y el PRD no resuelvan la falsa disyuntiva que plantea una alianza que sólo se propone derrotar al PRI y no aparezca la necesidad de un programa electoral para un gobierno de amplia participación, la coalición político-partidaria que encabeza el PRI avanzará sobre alfombra roja hacia el régimen de partido predominante que tan bien sabe usufructuar.

IMPUNIDAD, COMPLICIDAD Y CORRUPCIÓN

Tres jinetes del Apocalipsis político, que sientan malos precedentes frente a la democratización urgente que necesita nuestro país, nuestras regiones, nuestra vida local. Se deterioran las instituciones de justicia por sujetos obligados de respetarlas, a la par que se debilitan los contrapesos creados para vigilar el desempeño de los servidores públicos, debido al intercambio de complicidades para protegerse frente al escrutinio público. Las vísperas electorales nacionales y en algunos estados del país, expresan las limitaciones impuestas a la rendición de cuentas en los gobiernos locales, por la complicidad entre el Poder Judicial y los organismos electorales. Asimismo, la arbitrariedad con la que se auto-adjudican sus salarios y prestaciones la inmensa mayoría de funcionarios públicos, vinculados con la organización del proceso electoral, muestran esta dinámica perversa entre impunidad y corrupción que lleva directo a la corrupción de los valores democráticos.

Desde las precampañas de los precandidatos a la presidencia del país, hasta las campañas en las elecciones locales en Coahuila y el Estado de México, ya se dejan ver las complicidades entre la parte judicial, los candidatos y los poderes fácticos ligados con los medios de difusión. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en lugar de sancionar a Enrique Peña Nieto por pasar spots publicitarios de su informe de gobierno fuera del Estado de México, y a las cadenas televisivas que aceptaron difundirlos, sólo fincó responsabilidades a éstas últimas. El Tribunal Electoral revocó la resolución del IFE del 18 de enero de 2011 que sancionaba a Peña Nieto por violar los artículos 134 de la Constitución y 5 del Cofipe. Tres días antes de las elecciones en ese estado, el TEPJF da a conocer que el candidato de la coalición “Unidos por Ti” realizó actos anticipados de campaña y ordena al Instituto Electoral de la entidad que aplique la sanción correspondiente. En Coahuila, se denuncian malos manejos del anterior gobernador, Humberto Moreira, actualmente Presidente del tricolor, las cuales son solapadas por el gobierno en turno con la ayuda del candidato actual a gobernador, a más señas hermano del Presidente del PRI.
Uno de los casos más agudos de esta trilogía perversa entre impunidad, complicidad y corrupción, es el de Alonso Godoy, Auditor Superior del Estado de Jalisco, quien, paradojas de la política, en un proceso desaseado limpió las cuentas del Congreso local durante 2009. Milenio-Jalisco informó (29-06-2011) que el 30 por ciento de las observaciones a esa cuenta, hechas por una auditoría privada fueron rasuradas por Godoy. El pago por este intercambio de protección criminal es su permanencia en el cargo. Se echan por la borda evidencias de corrupción del Auditor tanto como de varios Diputados de la Legislatura anterior. El Instituto de Transparencia jalisciense se invisibiliza, mientras que la inconformidad ciudadana se desprecia por los legisladores locales.

Otro botón de muestra es la manera como se manejan los aumentos de salarios por los propios funcionarios beneficiados. Ante la inexistencia práctica de la Comisión Técnica de Valoración Salarial y la complicidad del Poder Legislativo, por su incapacidad para generar contrapesos que moderen apetitos salariales desmedidos, crece la impunidad y se debilita la rendición de cuentas. Desde 2008, el Presidente y los Consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, ganan lo mismo que un Magistrado. En junio de este año, esos funcionarios conquistaron un aumento que supera inclusive el monto de impuestos que ahora están obligados a pagar. Sus gastos menores, viáticos y prestaciones, son fijados y sancionados por ellos mismos. Ahí tampoco vemos avances ni en la rendición de cuentas, ni de contrapesos institucionales encargados de evaluar el desempeño público del organismo electoral. Se nutre el triángulo perverso.

sin la autoridad moral internacional para hacer valer su autonomía en la defensa de su seguridad pública y nacional. No hay, en contraste, un solo po

Tachado de ingenuo por políticos profesionales y por intelectuales que se reclaman sabedores de los códigos ocultos de la y lo político, uno de los méritos del poeta Javier Sicilia es evidenciar que el gobierno está desnudo: sin estrategias coherentes eficaces contra el crimen organizado; sin fundamentos éticos que hagan creíble la justicia para acabar con impunidades y corruptelas; sin respaldos auténticos fundados sobre la legitimidad que podría brindar un sistema político democrático inspirado y apoyado en la participación ciudadana; sin la autoridad moral internacional para hacer valer su autonomía en la defensa de su seguridad pública y nacional. No hay, en contraste, un solo político profesional que haya logrado una imagen tan nítida capaz de mostrar que el gobierno, los 3 poderes y órdenes de gobierno, el sistema político y de partidos, van desnudos.

Algunos reclaman que Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dialoguen con un Ejecutivo ilegítimo, porque eso podría manchar la autenticidad de sus demandas. Sin embargo, otra de las cualidades lograda por el movimiento pacifista es que interpela al gobierno, al Estado, a la nación entera, pues no hay autoridad, partido político, jerarquía eclesial o feligresía, o ciudadanos-as comunes que no se sientan concernidos por el conjunto de demandas que se anudan en el Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad, el cual conforma un programa pertinente de acción social para enfrentar el sufrimiento causado por inseguridad y violencia, venga de donde venga. Se incrementan autoconfianza y autoestima, de manera que entre todos podemos lograr esa paz justa y digna, brindarnos consuelo frente a la desgracia, revalorizar el amor y la solidaridad humanos como dones superadores del odio y la mercantilización mortales.

El diálogo entre el movimiento siciliano y Felipe Calderón, tenido en el Castillo de Chapultepec y no en el Museo de Antropología e Historia, como estaba previsto por su valor simbólico civilizatorio, huyo del posible alcance de la protesta pública hacia el símbolo de la posición militar controladora. No obstante, son varios los méritos alcanzados en esa reunión: se visibilizó a las víctimas, situándolas como la condición inicial de una doble exigencia, que se sepa la verdad y se actúe en consecuencia, que urgentemente se haga un plan de resarcimiento del daño a familiares de las víctimas. Además esta reunión genera una agenda política paralela en torno a la discusión de la política pública en materia de seguridad, y los temas relacionados con las urgentes reformas con visión de Estado: el debate sobre la Ley de Seguridad Nacional, la reforma política y los puntales de una reforma económica, al menos en lo tocante al piso material que sostiene al crimen organizado.

Las demandas del Pacto Nacional Ciudadano nos interpelan: verdad y justicia desde las víctimas; fin a la estrategia de guerra, desmilitarización del país; combatir la corrupción e impunidad; política social para los jóvenes y perfeccionamiento de la democracia en el país, con una mayor participación ciudadana; combatir la raíz económica del crimen organizado, debate sobre la militarización, que busca discutir una ley de seguridad nacional, la Iniciativa Mérida, la desmilitarización como un modelo de reconstrucción del tejido social y la criminalización de los jóvenes. El debate incluye discutir sobre el fuero de los legisladores y de los funcionarios, esquemas de prevención para servidores públicos corruptos, apertura de los medios de comunicación, y llama a discutir formas de “enlace y la organicidad del movimiento”, relacionada en las formas de organización y coordinación territorial y la toma de decisiones, que esperemos den continuidad a esta novedosa y espontánea forma política de desnudar al rey.

POLÍTICA DESGARRADA

Si entendemos la política como el arte para vivir juntos mejor, de manera segura, y como un conjunto de capacidades institucionales y grupales para resolver razonadamente los conflictos derivados de nuestra convivencia, podemos concluir que la realidad política mexicana está desgarrada. Pero el desgarre dramático que vivimos en prácticamente todas las esferas de lo público tiene responsables. En cada uno de los poderes republicanos, en cada orden de gobierno, en el sistema político y de partidos, constatamos un marco contrastado entre apego a la legalidad y manipulación de la legitimidad de la acción pública. Sin embargo, no es únicamente un problema de Estado, pues los poderes fácticos comandan el desgarre de la política al concentrar capacidades para decidir por encima de la ley y las instituciones. Desde el crimen organizado, hasta el poder de las jerarquías eclesiales y del dinero, se vulneran las potencialidades incluyentes e integradoras de la política.
Hay, no obstante esas adversidades, quienes actúan en la esfera pública desde una perspectiva contraria al desgarre político. El imaginario que nutre esa actuación, busca rehacer un tejido social de confianza y de reivindicaciones críticas frente al caos, la inseguridad y la injusticia, apuesta por una ética fundada en valores humanistas. Por ello, se revalorizan palabras como dignidad, esperanza, consuelo, a la par de conceptos venidos de la política como diálogo, consenso, estrategia de largo plazo, lazos comunitarios horizontales, o democracia directa real del aquí y ahora. Esta amalgama creativa entre valores humanistas e imaginario político, se encuentra fundamentalmente en los movimientos sociales y en casos raros de personajes públicos insertados en el Estado, en el gobierno y hasta en partidos políticos. Sus fuentes de inspiración provienen de conflictos irresueltos que les competen directamente o frente a los cuales se despiertan fibras sensibles vitales como la solidaridad o la compasión.
El arraigo que encuentran las demandas públicas por revalorizar la política se debe a la defensa de la vida que entrañan. De ahí la importancia y el eco logrado por la Caravana de la Paz encabezada por Javier Sicilia, que está dando rostro a las víctimas por la violencia en las localidades por las que pasa, donde se retoman las exigencias de justicia desde el combate al odio, al revanchismo y al uso electorero del aparato judicial. La Caravana de la Paz repercute en una antropología de la muerte desde la vida, que visibiliza a las víctimas en todo el país y que apela a la memoria colectiva; los niños asesinados por la irresponsabilidad pública en la Guardería ABC, o los muertos en la guerra contra el crimen organizado, junto con las más de 40 mil historias de muertes violentas, son denuncias contra el desgarre político del olvido.
Si la muerte evidencia dramáticamente el desgarramiento público, la desesperanza frente al futuro es igualmente negativa de una vida mejor. Es el caso de la cerrazón al diálogo por parte de autoridades federales y estatales, por la construcción de la represa del Zapotillo, la cual se quiere imponer a toda costa sobre las poblaciones de Temacapulín, Palmarejo y Acasijo. Ahí, bajo el pretexto insostenible del bien mayor que representaría el abasto de agua para uso urbano, se esconde la defensa de un antimodelo de desarrollo extractivista y depredador que lo único que sustenta son las ganancias siderales de ciertas empresas constructoras locales y trasnacionales, asociadas en complicidad con las autoridades interesadas en mostrar que contribuyen al dinamismo económico, aunque sea en detrimento de las poblaciones afectadas. Negarse a evaluar alternativas a la represa y negarse a discutir a fondo todas las complejas aristas que tiene el abastecimiento de agua potable, también contribuye al desgarramiento de la política.

ESCENARIOS PREELECTORALES

Sigue siendo un problema la precocidad del proceso electoral en todos los puestos por los que se compite, pero destacan las elecciones presidenciales por deteriorar nacionalmente el ejercicio democrático de gobierno. Uno de los méritos del redestape de Emilio González, es que evidenció los resortes que actúan sobre el sistema político para el impulso de las aspiraciones personales de los contendientes por la presidencia de la República, donde el protagonismo cobrado por los medios electrónicos del duopolio televisivo es avasallador; desde ahí se certifican candidaturas, se reparten legitimidades fabricadas sobre la existencia que otorga el aparecer en canales televisivos con audiencia nacional, y se da el banderazo para incluir la mercadotecnia como principio rector del proceso electoral. Aunque la reforma política de 2007 prohíbe que partidos y (pre)candidatos compren espacios en los medios electrónicos, prebendas y financiamientos extraídos principalmente del erario, abren los segmentos estelares de cualquier medio electrónico.
La comunicación pública está tan politizada, que los barones de Televisa y de TV Azteca, se aprovechan de esa precocidad nutrida por un sistema político concebido como botín, en el que se gasta bajo una lógica de mercado de futuros para conquistar una candidatura que luego retribuirá con creces lo invertido. Al fin que los señores del poder mediático prenden y apagan el switch que abre contactos entre dinero y política, tanto como entre el televidente consumidor y aquella mercancía electoral que sepa conquistar ya no la voluntad de respaldo individual –difícil de sostener en periodos de incertidumbre y caos-, sino la convicción momentánea para un objetivo inmediato: que el (pre)candidato gane la elección en cuestión porque promete más incluso que cualquier producto milagro. Para ello y por ello el duopolio televisivo se transforma en poder fáctico vestido de gran elector.
Transitar de precandidato a candidato en el contexto mediático, pone en crisis la democracia interna de los partidos, cuyas bases de sustentación se someten a los dictados que les comunican políticos-mercancías. Quien gane su existencia apareciendo en la tele, da pasos decisivos, definitorios, en la competencia electoral. Así, se deterioran los lazos de representación y crecen a la par el desencanto frente al candidato-mercancía, causado por el vacío programático de sus mensajes, y la pasividad a la que condenan medios electrónicos que difunden información, pero cerrados a la réplica y a la participación de sus audiencias. Aparte de López Obrador, quien construye espacios públicos de consulta electoral en todos los municipios del país desde 2006, no hay otros (pre)candidatos que depositen en el electorado su confianza como fuente de legitimación. Aunque la constante que comparten todos los suspirantes, va del divorcio con los movimientos sociales a la falta de una estrategia eficaz para vincularse con ellos.
Tampoco contribuye a la democratización del país el que se hagan elecciones sin reforma política en 2012. Partidos refractarios a perder poder y privilegios tienen en la lona cualquier intento de reforma, máxime cuando se busca empoderar al votante, y tanto el PRI como Acción Nacional, siguen negociando cuotas de poder que encarecen hasta el torpedeo cualquier decisión que disminuya su poderío. El sistema de partidos llegará debilitado en esta era de indignación y desconfianza, contexto que aumentará el abstencionismo y diluirá hasta casi extinguir el voto nulo. Sabedor que ese contexto favorece el voto duro, incondicional, principalmente del PRI, el Presidente Calderón hace intervenir a su gobierno en la contienda electoral. Apoya a sus allegados, luego a su partido, y descalifica a sus adversarios con recursos de Estado. Sobre todo a quienes niegan que México ya no es un país de pobres y a quienes condenan su fallida guerra contra el crimen organizado.

DEMOS PURO, SIN CRATOS PERVERSO

Sociedad sin Estado y superación de la democracia, debido a su inclinación perversa a cosificar al poder, son centrales en las críticas radicales implícitas en las rebeliones contemporáneas de los indignados. Desde las posiciones más visibles en esos movimientos, es un error pensar que el poder redime. La soberanía moderna reside en el pueblo, pero las mediaciones e intermediaciones que impone la organización de un poder público se revierten contra la sociedad. El Estado, máxima expresión de ese poder, es un instrumento de dominación que combina de forma utilitaria el consenso, o el consentimiento de la ciudadanía, con la dominación para ejercer la coerción necesaria para reproducir al capitalismo. Se necesita, de acuerdo con algunos indignados, una reconstrucción social del demos, de manera que cratos, el poder, no sea el que rija la vida en sociedad.
Si la polis antigua generó un modelo de convivencia social para dirimir deliberadamente los conflictos producidos por vivir juntos, su transformación en la Ciudad-Estado revirtió el ejercicio de las libertadas cotidianas y vulneró la libertad para conciliar proyecto de vida individual y colectivo. Así, la civitas como conciencia de ciudadanía libre, se sometió a la polis al crear al Estado como un ente externo cimentado sobre el poder de pocos. A lo largo de la historia, rebeliones, revueltas o revoluciones han dejado sin cumplir la creación y promoción sostenida de formatos autogestionarios fundados en la asamblea y la democracia directa. Un ideal equilibrio entre libertades individuales y colectivas, que sólo se ha producido en momentos conflictivos donde la iniciativa social derrumba al Estado: la Comuna de Paris, la hegemonía de los soviets o momentos críticos en la historia reciente, como los Caracoles zapatistas, las rebeliones árabes o lo que anuncia la rebelión de los indignados en España.
Asistimos sin duda a una revalorización de los principios anarquistas; su fuerza es seductora por su lucha antiinstitucional contra toda forma de poder opresor, y por el reconocimiento del destino irremediable del Estado a convertirse en un ente ingobernable por encima de la voluntad de todos-as. Gobierno tras gobierno ha crecido un poder externo a la sociedad frente a la cual el Estado cumple su rol instrumental del poder dominante y se muestra cada vez más incapaz de obtener el consentimiento social para el gobierno de pocos; el desencanto con las elecciones, cada vez menos creíbles por la abstención mayoritaria en la inmensa mayoría de países y localidades, el descrédito del sistema de partidos y las secuelas excluyentes de las políticas públicas que implementan, desembocan en impunidad y corrupción. La dramática brecha que separa a representantes y representados no es más que la expresión corrupta de la lucha por el poder estatal.
No obstante la pertinencia de los motivos antiestatales, cabe preguntarse si el espíritu libertario de la crítica anarquista que acompaña a estas rebeliones ofrece una salida radical frente a los conflictos que emergen. Enfrentar los problemas sistémicos de nuestras complejas sociedades, requiere de un antipoder con una estrategia para desmantelar al Estado opresor desde un enfoque anticapitalista, pero hacen falta puentes entre las experiencias microsociales de la asamblea, que puede vivir sin Estado desde formatos de democracia directa, y la organización de un poder público en el que podrían coexistir la delegación propia de la democracia representativa, el impulso de la participación ciudadana en todos los asuntos públicos, incluida la gestión del modelo económico y de desarrollo y la recreación de la democracia comunitaria de los pueblos originarios. Los poderes fácticos, el regreso del Estado fuerte regulador dominan nuestras vidas. Democracia real ¡ya!, exigen los españoles indignados. El demos puro necesita de estrategias antipoder para lograrla.

LA REVOLUCIÓN DE LOS INDIGNADOS

El desencanto con la política, los partidos y el gobierno está dando sorpresas que nos invitan a reflexionar sobre la indignación que vivimos en México. Se trata ahora de jóvenes españoles, de los que acá llamamos ninis, pero que han creado todo un abanico de protestas sociales para denunciar la ineficacia del supuesto régimen democrático para atender las demandas sociales, en primer lugar contra una clase política que no representa a la mayoría y particularmente a los afectados por la crisis económica, contra la banca como causante de la mercantilización de la vida misma, contra la corrupción de una buena parte de la gestión pública. Un movimiento iniciado por jóvenes, pero también desocupados, jubilados y población de todas las edades, que también están “hasta el culo”, para decir a la española el hasta la madre mexicano.
El campamento montado por los manifestantes en la céntrica y emblemática Puerta del Sol en Madrid, pero también extendido por las ciudades ibéricas más grandes, se radicaliza a unos días de las elecciones municipales y regionales españolas. Dicen los indignados que la especulación financiera que beneficia a los bancos cuenta con el beneplácito de la clase gobernante, mientras que un asunto central vital para la democracia es combatir la desigualdad, pues el desempleo en ese país alcanza la peor cifra de su historia reciente: el desempleo abarca al 21.3% de la población, con más de 4.9 millones de desocupados. Entre los jóvenes se calcula que hay 40 por ciento de ellos desocupados, la mayoría sin beneficios de pago por paro. Además, la inseguridad abarca cada vez más espacios de la vida del español medio, pues el recorte de la política social aunado a la precariedad laboral crea incertidumbre y angustia en la vida cotidiana.
De acuerdo con una nota de El Universal, de México (18-05-2011), este movimiento erige: “Una plataforma apolítica llamada Democracia Real ¡Ya! [que] consiguió sacar a la calle a miles de personas, sobre todo jóvenes, en todo el país sin más ideario que hacer oír su voz en contra del desempleo, la precariedad, los recortes sociales, los bancos y la clase política en general.”. Los indignados aún no tienen un conjunto de demandas articuladas que plantear. Pero más de cien mil personas debaten intensamente lo que toca hacer en las redes sociales. Sobre todo, el campamento madrileño se convirtió en una ágora donde se reúnen pequeños grupos, donde se circulan manifiestos diversos y se discuten ideas sobre el quehacer frente a cartelones pegados a la pared. La indignación es contra una democracia expropiada por representantes separados del ciudadano, contra la voracidad de los bancos, contra los partidos opositores y del gobierno.
Que difícil resulta encauzar la indignación en México. Cuantos obstáculos hay que brincar para poder hacer reformas incluyentes, consultadas de cara a la ciudadanía, que sean pertinentes y oportunas. El secuestro de la representación ciudadana por la partidocracia impide que tengamos una reforma político-electoral que empiece a operar antes de las elecciones de 2012. Tendremos que esperar seis años más para restar poder a esa partidocracia que impide incluso que los tres consejeros electorales del IFE que faltan para completar al Consejo General sean nombrados. Una larga espera para que podamos siquiera tener candidaturas independientes que rompan el monopolio de la representación. Los legisladores tendrán que discutir al vapor la Ley de Seguridad Nacional, sin que hayan sido suficientemente oídas las demandas emanadas de marchas y agrupaciones en contra de la actual estrategia contra el crimen organizado. Entre la Democracia Real ¡Ya! Y la revolución de los indignados que crece en el mundo, estamos rezagados en el México apático.

DEL SILENCIO A LA DELIBERACIÓN POLÍTICA

Las varias marchas por la paz con justicia que se dieron en distintas ciudades del país y significativamente en algunas zonas indígenas, particularmente las zapatistas, expresaron el hartazgo contra la violencia implicada en la estrategia gubernamental para combatir al crimen organizado, interpelaron a los criminales al relacionarlos con el no más sangre, ya basta, estamos hasta la madre también de su violencia, y propiciaron una nueva narrativa pública del conflicto: ni odio ni venganza pueden fundamentar una solución de fondo a la violencia; necesitamos reinventar el amor por el y la otra, en la copasión, la autoestima y la exigencia inaplazable de justicia como valor civilizatorio; la impunidad y la corrupción se combaten también de abajo hacia arriba; el silencio marca el principio de la escucha, el paso de la reflexión contenida a la expresión de una voz crítica, hasta el grito de dolor.

Como todo movimiento social fundador de esperanzas compartidas por darle otro manejo al conflicto, esta fase de lucha contra la violencia abre un caudal de preguntas, para muchas de las cuales no vislumbramos respuestas estructuradas. ¿Cómo darle alcance nacional al movimiento por paz con justicia? El discurso de Javier Sicilia ha calado en buena medida porque da rostro al dolor obligado a permanecer en el anonimato. Necesitamos reconstruir la antropología de la muerte desde la vida, una que atraiga a las madres dolidas por sus familiares asesinados, a los hijos-as que perdieron a sus padres, a quienes desconsolados por la muerte cercana aún no encuentran la paz y desconfían de esa ley de ojo por ojo y diente por diente, que nos puede dejar ciegos y chimuelos a todos, como dice Sicilia. Necesitamos documentar, ubicar, localizar en todo el país el rostro de la injusticia para preparar la manera de superarla.

¿Es prometedor el pacto nacional de Ciudad Juárez que se anuncia? Fue impresionantemente positiva la convergencia lograda por la convocatoria alrededor de Javier Sicilia. Una amplia gama de organismos ciudadanos se aglutinan en torno de la demanda de paz con justicia. Así se constató en las marchas que hubo el fin de semana pasado, donde convergieron organizaciones ya conformadas contra la escalada de violencia vivida en el país durante los cinco años recientes, con organismos pacifistas, por la defensa de derechos humanos, movimientos vecinales y personas sin organización pero con esperanzas y preocupaciones compartidas. Sin llegar a constituir un movimiento antisistémico, también unió el desencanto frente al sistema político y de partidos y la autoconfianza ciudadana. Pero, la coyuntura política a un año de las elecciones presidenciales hace pensar en el resurgimiento de fortalezas cívicas sociales necesitadas, sin embargo, de una deliberación política ávida de soluciones de fondo.

¿Se puede ganar poder ciudadano en el marco de las limitadas reformas político-electoral y a la Ley de Seguridad que debate el Congreso de la Unión? No fue casual que en todas las marchas surgiera ésta pregunta. Si no se aclaran las diferencias entre seguridad nacional, que está a cargo del Ejército y seguridad pública, que está a cargo de un sistema policíaco vigilado y controlado bajo formatos de consejos que incluyan ciudadanos, no se pondrán las condiciones que propicien un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado fundado sobre la militarización de la seguridad. Si no se procesa un concepto de seguridad integral, a la vez humana, democrática y ciudadana, no se podrán poner las bases institucionales para cambiar de estrategia. Aún con las limitaciones de una reforma político-electoral que no es de Estado, también se necesita cambiar la interlocución entre ciudadanos y poderes constituidos. El compás de silencio da paso a la deliberación política.

VOCES CONTRA REFORMAS FALLIDAS

Ante el entrampamiento de las reformas política y de la Ley de Seguridad, causado por un diseño obsoleto del sistema político y por prácticas patrimonialistas y clientelares que sustentan a la partidocracia, se alzan voces que demandan urgentemente retomar un sentido de transformación estructural del Estado. Son voces críticas del atorón legislativo, que emanan de un cada vez más amplio tejido de organizaciones sociales, muchas de ellas emergidas al calor de la violencia e inseguridad que nos agobia. También hay voces críticas en el Congreso de la Unión, que son sensibles a los reclamos de reformas profundas en materia de política y seguridad. Esas voces revalorizan la política como eje de actuación colectiva razonada frente al conflicto y como medio para ganar calidad democrática: apego al Estado de derecho; rendición de cuentas; exigencia de responsabilidades del poder público. Corrupción e impunidad torpedean cualquier intento reformador.

Aunque abortaron las maniobras políticas de una fracción del PRI por reformar la Ley de Seguridad aprobada en 2005, ese proyecto de reforma expresa varios contenidos esperados por un electorado ávido de reforzar un Estado autoritario que comparta, entre un presidencialismo reforzado y las Fuerzas Armadas, las llaves de solución contra violencia e inseguridad. La militarización del combate al crimen organizado, sin una estrategia integral para enfrentarlo, daría argumentos para mantener al Ejército en las calles, minimizar el impacto sobre derechos humanos, someter las garantías individuales a los imperativos de escenarios de guerra, o a criminalizar los movimientos sociales al endilgarles ser fuente de violencia y de alteración del orden establecido. Además, la doctrina de seguridad que subyacía en ese proyecto de reforma, se sometía al diseño norteamericano de estrategias militarizadas nacionales conducidas desde Estados Unidos contra el terrorismo y el crimen organizado, de acuerdo con la Patriotic Act, decretada después del 11 de septiembre de 2001.

Un amplio conjunto de manifestaciones públicas asociadas con la marcha convocada por el escritor Javier Sicilia, levantarán voces que articulan el malestar con la propuesta de sentidos civilizatorios nuevos, que reclaman transformaciones estructurales del Estado: una estrategia integrada y coherente de combate a la delincuencia organizada; hacernos visibles como víctimas con rostro tanto de los desaciertos de la política gubernamental como de los criminales; exigir comunicación entre representantes y representados para lograr paz y justicia con derechos humanos garantizados y calidad democrática. Gracias a las gestiones del Diputado Javier Corral, Presidente de la Comisión de Gobernación, habrá un plazo de 90 días para realizar consultas en torno a la Ley de Seguridad. Para que haya un trabajo coordinado entre todas las comisiones del Congreso de la Unión involucradas con esta reforma, se necesitará también receptividad en todos los poderes frente a las demandas planteadas por la movilización nacional que toma nuevos bríos.

En torno de la torpedeada reforma política, hay voces ciudadanas que insisten en retomar públicamente esta discusión. Ciertamente, el Senado aprobó varias medidas que contribuyen a un mejor desempeño del sistema político y de partidos, como las candidaturas independientes, la reelección de Diputados y Senadores, la iniciativa ciudadana para presentar proyectos de ley, la preferencia de iniciativas legislativas presidenciales, sin embargo se dejaron de lado medidas que proponían una transformación profunda del sistema político, como el mandato revocatorio, la integración de formas de consulta participativa o la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Frente a la congeladora priista, hay voces que proponen ampliar el periodo de discusión de la Cámara baja. Para lograrlo, se hacen llegar estas voces mediante Twiter a todos los diputados federales, presión personalizada a esos diputados en cada entidad del país, así como a los Congresos locales. Son voces nacionales portadoras de reformas estructurales.

TEMACA NO ESTÁ SOLO

Temacapulín, Acasico y Palmarejo, tres poblaciones afectadas por la construcción de una represa que las inundaría, luchan contra la imposición de un modelo depredador que excluye a los más débiles del sistema de decisiones sobre las políticas públicas que supuestamente son del interés general. Desde el gobierno, se plantea una falsa disyuntiva, o se hace la represa en el lugar escogido por las burocracias federal y estatal, que administran el agua, para resolver las necesidades de agua de núcleos urbanos que sin duda tienen derecho a ser abastecidos, o se reproduce un déficit del vital líquido que terminaría por afectar hasta el agotamiento otros recursos acuíferos de la región, principalmente Chapala. Sin embargo, las decisiones técnicas esconden toda una estrategia de dominio y control que beneficia al sector empresarial vinculado con la industria de la construcción, frente al cual la inmensa mayoría de las poblaciones afectadas ha ido escalonando sus demandas hasta llegar al impedimento de la construcción de la represa.
Lo que está en juego dentro de ese conflicto, es la política gubernamental excluyente de los afectados al no reconocerles capacidad de argumentación técnica para construir la represa en otro lugar, que no implique expulsar población de su hábitat, pero sobre todo la incapacidad para conducir políticas públicas que rompan con el colonialismo interno y externo de las supuestas estrategias de desarrollo. Ninguno de los tres pueblos afectados son los responsables de las dificultades de abasto de agua a los núcleos urbanos, como tampoco son responsables de las ineficiencias de los organismos operadores del servicio de agua en las ciudades, ni de la falta de cultura en el uso del líquido, pues si se evitaran las fugas en las redes, se sanearan las finanzas y se educara en una cultura de sustentabilidad, se podría recuperar hasta un 40 por ciento del volumen disponible de agua en las ciudades; no se necesitarían represas más que para el mediano plazo.
Colonialismo interno, pues la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) han continuado con la obra de la represa pese a que no cuentan con el cambio de uso de suelo; no tienen el permiso del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón para levantar la cortina de 105 metros; además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 35/2009 donde se confirma la violación a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud; asimismo también está el amparo emitido por el Juzgado Primero de Distrito Auxiliar donde exige a CONAGUA, CEA y SEMARNAT la cancelación de la obra.
Colonialismo externo, pues los países del Sur son víctimas de una estrategia mundial que extrae de ellos minerales, energéticos, recursos biodiversos, a la par que los países centrales y sus aliados locales se apropian in situ de recursos naturales renovables y no renovables. El modelo extractivista depredador, se finca sobre el despojo de los más débiles. La lucha de Temaca se enfrenta a ese doble colonialismo desde un proceso social organizado en el que esas poblaciones no están solas. Esa lucha se enmarca en resistencias e impedimentos contra un modelo de complicidades entre dinero y gobiernos que incluso modifica el marco legal, que criminaliza la protesta social. Temaca forma parte de la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua; exige respeto a la integridad de sus derechos y libertades, distender el conflicto mediante el diálogo entre autoridades y afectados, cancelar formatos represivos. No está solo Temaca.

DE GUERRAS PERDIDAS A DEMOCRACIAS FALLIDAS

Los tiempos de guerra que vivimos en México a raíz de la estrategia definida desde la Presidencia de la República, por más que se haya querido suavizar o negar la declaración de guerra que hizo Felipe Calderón al inicio de su mandato, acechan los procesos electorales y la idea misma de la democracia. Aunque éste Régimen cuente con la mayoría de los indicadores reconocidos internacionalmente como un Estado Fallido, el análisis que propone este libro sobre un conjunto de entidades azotadas por la violencia y la inseguridad causadas por el crimen organizado y por las erróneas estrategias seguidas para combatirlo, deja ver las fallas institucionales cuyo impacto resquebraja la escala de los gobiernos locales, del sistema de partidos que los sustentan y de los procesos electorales que sostienen frágiles logros de la alternancia y la democratización del sistema político mexicano. Malos presagios para las elecciones locales que restan antes de la elección presidencial de 2012, particularmente la del Estado de México; mayores indicadores de incertidumbre e inseguridad que enmarcarán la competencia por la presidencia del país.
En sus “Apuntes sobre las guerras”, inicio del intercambio epistolar sobre Ética y Política (12-03-2011), que escribe el Sup Marcos a Luis Villoro, se afirma que: “Esta guerra (que está perdida para el gobierno desde que se concibió, no como una solución a un problema de inseguridad, sino a un problema de legitimidad cuestionada), está destruyendo el último reducto que le queda a una Nación: el tejido social” Lo más grave es que se trata tanto del Estado como de la democracia fallida. Esta guerra no es la prolongación de la política por otros medios, como lo señalara el Barón Von Clausewits, quien quisiera dignificar los conflictos interestatales que llevan al enfrentamiento armado típico de las guerras convencionales; se trata de una guerra instrumental con fines politiqueros, técnicamente equivocada, pues el Ejército mexicano y las policías de distinto orden no luchan contra fuerzas regulares cuya aniquilación puedan lograr tropas y medios convencionales de guerra.

Después de las conflagraciones mundiales, las guerras localizadas “temáticas” son en realidad la prolongación de los negocios por los medios que sean necesarios, sin importar si se trata de daños colaterales, o de reprimir a una minoría ridícula; en todo caso, hay implicaciones dominadas por el poder mundial de las trasnacionales y por nuestra ubicación por el poder estadounidense. La carta a Luis Villoro del Sup, se pregunta: “¿Ganan los Estados Unidos con esta guerra ‘local’? La respuesta es: sí. Dejando de lado las ganancias económicas y la inversión monetaria en armas, parque y equipos (no olvidemos que USA es el principal proveedor de todo esto a los dos bandos contendientes: autoridades y ‘delincuentes’ -la ‘guerra contra la delincuencia organizada’ es un negocio redondo para la industria militar norteamericana-), está, como resultado de esta guerra, una destrucción / despoblamiento y reconstrucción / reordenamiento geopolítico que los favorece”

Esta guerra es además la disputa entre esos complejos intereses geopolíticos estadounidenses y su alianza con el gobierno mexicano, a través de la Iniciativa Mérida, por el control de bases territoriales de apoyo que el crimen organizado viene restando al Estado nacional. Los cárteles tienen estrategias propias para obtener respaldos sociales y cierto éxito en su legitimación. Usan el mismo lenguaje de la violencia: individual, simbólica y “estructural”. Los procesos electorales locales anuncian lo complejo de la coyuntura para elegir Presidente en 2012, pero también alertan sobre la urgencia de no subordinar a esa fecha lo que se puede hacer ya.