EL SILENCIO DE LOS INOCENTES

Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Eduardo Galeano Hemos banalizado a tal grado las palabras y las conmemoraciones, que a la inocencia se le confunde con la ingenuidad insana, con quienes caen en la trampa del engaño. La inocente palomita que todos los 28 de diciembre se deja engañar, es una expresión naif que celebra la habilidad para dar gato por liebre, la pericia del prestidigitador que hace aparecer una cosa por otra. Lejos del engaño, este viernes se rememora la matanza de inocentes emprendida por el rey Herodes para deshacerse del recién nacido Jesús de Nazareth. Una expresión de abuso del poderoso sobre quien no tiene malicia ni capacidad para defenderse, ni siquiera registros que le pongan en guardia sobre una amenaza. Si bien no hay certeza con esta fecha, como tampoco la hay respecto de la Navidad, y en este caso ni siquiera de que haya habido la misma feroz persecución que se hiciera contra el nacimiento del Profeta Moisés, esta conmemoración es ambigua pues al mismo tiempo que denuncia el abuso, busca preservar al ser sin culpa, al inocente, de castigos inmerecidos. Una frase de la película cuyo nombre encabeza esta columna, nos recuerda que para quien reclama su inocencia "La memoria es lo que [se tiene] en lugar de la vista." El registro de la experiencia nos quita la inocencia, en el sentido de ingenuidad frente al bien y el mal, pero rememorar puede comprobar inocencia y dolerse de su transgresión. Las víctimas de la matanza de Acteal el 21 de diciembre de 1997, fueron inocentes; no había culpa que perseguir, pero también eran inocentes en cuanto a la ingenuidad o espontaneidad con la que trabajaban o gozaban de un proyecto comunitario liberador. Así como se silenciaron inocentes entonces, a 15 años de la masacre, este 21 de diciembre salieron a la calle de varias poblaciones chiapanecas las bases de apoyo zapatistas a mostrar que la memoria puede más que la vista. O que las palabras o las consignas. Más de 50 mil zapatistas, provenientes de zonas bajo su control territorial en los llamados Caracoles y sus Juntas de Buen Gobierno, marcharon en silencio y desfilaron uno por uno, una por una, a través de templetes improvisados en alto, donde en marchas convencionales participan los oradores designados para trasmitir pliegos o consignas. Puño en alto, el silencio significó memoria contra el abuso y la impunidad. Aunque escueto, el comunicado de la dirigencia zapatista, a través del Sup Marcos, planteó la fuerza del simbolismo atado al silencio de las manifestaciones con el sentido poético del pensamiento maya, de hacer evidente la memoria milenaria, no como objeto arqueológico, sino como memoria viva desde el presente. El contraste entre un mundo –de los otros- que se derrumba, y otro mundo que resurge –el del zapatismo. La oposición entre los tiempos cósmicos, el día y la noche y su trasmutación mediante un cambio de época, que es también el de la esperanza en el día que sea día, porque el paso por la noche lo hace posible. No hubo consignas gritadas, tampoco sesudos análisis sobre el estado que guarda el proceso judicial que aplaza la justicia y hace reinar la impunidad. El silencio zapatista apeló a la voz de la memoria, a su inocencia esperanzadora. Si, escuchamos.

CONTINUIDADES SIN CAMBIOS SUSTANTIVOS

2012, año de cambios políticos que repercutirán en un 2013 marcado por continuidades y ensayos de transformaciones que, sin embargo, no estarán a la altura de las necesidades manifiestas del país democrático que quisiéramos. Si este viernes no se acaba el mundo, al menos esperemos que ganen las interpretaciones de un cambio espiritual de época radical, como algunos estudiosos de la cultura maya lo proponen. En lo que podemos constatar y manejar dentro de la incertidumbre creciente que nos agobia, lo que acontezca en el futuro próximo es fruto del pasado inmediato. La política económica representa la columna vertebral de la continuidad. Crece una coalición entre tecnócratas, políticos y empresarios, la cual se refleja en la conformación de los gobiernos priístas, donde cuadros proempresariales ocupan los cargos prominentes en los gabinetes económicos respectivos. El modelo orientado a la exportación apuesta por profundizar el TLC de Norteamérica y por encauzar inversiones hacia el Acuerdo Transpacífico, para enfrentar a China. Internamente, tanto el gobierno federal como los gobiernos locales, buscan nuevas alianzas que superan la tradicional subordinación frente a los poderes fácticos, invitando a poderes económicos emergentes al mundo de los negocios. El caso mexicano es emblemático de una inserción incondicional a la economía mundial, hoy caracterizada por la revalorización de las materias primas y de los energéticos, que sostiene un modelo neoextractivista altamente depredador y que basa su dinámica sobre la desposesión de tierras y recursos de los más débiles. De ahí que las reformas energética, fiscal y laboral sean marcadas por la triada privatización-liberalización-desregulación. El rol estratégico de PEMEX se debatirá entre aportar renta petrolera, o dilapidar el patrimonio nacional en aras de su privatización; la reforma laboral herencia de Calderón, no se modificará y la reforma fiscal se acotará al aumento del IVA, para que los ricos no paguen impuestos. El regreso del régimen de partido predominante refuerza la partidocracia, debilita el potencial de los organismos públicos autónomos, como las instancias electorales, de defensa de los derechos humanos, o de transparencia, en la medida que se privilegian operaciones políticas verticales y cupulares que no abren cauces a la participación democrática. Como es el caso del Pacto por México, cuyos acuerdos recogen demandas justas e incluyentes que, empero, su viabilidad descansa sobre la partidocracia. En Jalisco, el Diálogo Ciudadano con el Congreso local ofrece vías participativas dignas de emular en las regiones del país. El modelo de gobernabilidad ofrecido por los gobiernos del PRI, plantea un regreso a la política, como forma de mediación para el manejo del conflicto causado por nuestra convivencia cotidiana. Sin embargo, puede salir ganando la impolítica, es decir la suplantación de los políticos profesionales en los arreglos entre instituciones que dejan fuera de las decisiones a la sociedad, ya que la brecha entre representantes y representados significa mayor desafección de la sociedad por los asuntos públicos. Por más que regresen perfiles políticos al gobierno, mientras no haya capacidad de supervisión y vigilancia ciudadana sobre la acción pública, se frenan potencialidades democráticas participativas. En 2013 persistirán movimientos sociales contestatarios y críticos frente al modelo neoextractivista, volcado a la exportación. Continuarán demandas colectivas frente a políticas públicas que ni crean empleos ni mejoran la calidad de vida, a pesar de nuevas políticas sociales tímidamente redistributivas, y las críticas antisistémicas de #YoSoy132, o las experiencias de innovación comunitaria, como las policías comunitarias en Guerrero, o la autonomía de Cherán en Michoacán, intentan ser criminalizadas por atentar contra el país homogeneizado por la fuerza del mercado. Continuará el divorcio entre movimiento social y participación electoral, sin que se avizore un proyecto de país, una organización capaz de procesarlo.

LA CUESTIÓN PRESIDENCIAL QUE AGITA A LA REPÚBLICA

Hacer el balance del sexenio de Felipe Calderón, implica discutir un concepto básico en la ciencia política: el de gobierno. Así lo plantea María Eugenia Valdés, en su Introducción al libro que coordina: Los problemas nacionales durante el gobierno de Felipe Calderón, (Miguel Ángel Porrúa-UAM Iztapalapa, 2012). Sinónimo de dirigir, pilotar, conducir, controlar, el ámbito de gobierno se relaciona con la idea de timonel o de condottieri en el pensamiento político de diversas épocas. Conocimientos y técnicas para conservar el control, la dirección, el sentido del gobierno; una comprensión de Estado, su pasado, su situación actual y, si existe, su proyecto de futuro. Esta obra colectiva propone una detallada evaluación de dos grandes tareas del gobierno: las normativas, que apelan a la legalidad, al predominio de las reglas de conducta observables por todos; y la legitimidad , como autoridad moral e intelectual reconocida, para mantener la cohesión social. Una enorme responsabilidad que, en casos como el del Presidencialismo mexicano, recae en una persona. Heredero de esa manera de ejercer el poder, Calderón es producto de los resabios autoritarios que siguen nutriendo al Poder Ejecutivo, pero también un hombre cuestionado en las bases de su legitimidad electoral, frente a lo cual quiso responder con su trayectoria partidaria, como el ‘primer verdadero panista’ que llega a la presidencia y simultáneamente, como un gobernante audaz, arriesgado hasta la impunidad que favorece el que el Presidente sea el único funcionario que no puede someterse a juicio político. En palabras de Jesús Silva-Herzog Márquez (Tribuna, 26/11/2012): “[Calderón] Fue un gobernante sobrio, de infrecuentes desplantes. Pero esa conciencia de Estado, ese aprecio de las reglas, ese esmero por defender las instituciones como patrimonio común, encalló en aquella política de la que se imaginó fundador.” Así, convirtió la ambigua lucha-guerra contra el crimen organizado, en su obsesión sexenal. A pesar de atribuciones presidenciales reducidas, al final de su gobierno, Calderón hizo tímidas incursiones en la reforma del presidencialismo, institución centralizada y falta de contrapesos institucionales. Una reforma política que pretendía dar mayor agilidad a los vínculos entre Ejecutivo y Legislativo, mediante la Iniciativa Preferente para proyectos legislativos considerados como estratégicos por el Presidente, sirvió para impulsar una de las reformas “estructurales”, la laboral, que no quiso dejar como pendiente del próximo gobierno federal. Además, dejó pasar la oportunidad para debatir nacionalmente la transformación del sistema presidencialista en formatos más cercanos al Parlamentarismo, como el semi-presidencialismo o el Presidencialismo de Coalición; reforma constitucional de gran calado que propicia la competitividad y pluralismo partidista, reforzada por demandas de ciudadanización de los vínculos entre representantes y representados. Si bien las relaciones entre Legislativo y Ejecutivo fueron menos ríspidas que anteriormente, Calderón no dejó de aprovechar el poder presidencialista para el nombramiento de funcionarios de primer nivel en el gobierno federal, además del Procurador General de la República, la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una relativamente tersa relación con el Senado, y para asumir, obsesivamente, la obligación de preservar la seguridad nacional desde la militarización. Ser simultáneamente Jefe de Estado y de Gobierno, posibilita la conducción unipersonal de la política exterior, lo que significó el apego a los imperativos de reformas de mercado provenientes de la esfera institucional internacional, la profundización de nexos asimétricos con América del Norte, la insistente proyección transpacífica del país mediante tratados comerciales, con la divisa de estabilidad macroeconómica financiera a toda costa. Ciertos destellos en su acercamiento al sur bajo el impulso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, no impidieron que el ‘Presidente del empleo’ fincara sus principales logros sobre un sistema decadente.

POLÍTICA INTEGRAL CONTRA CRIMEN ORGANIZADO

Un grupo de ocho expertos que compartieron su diagnóstico con El Universal (21-11-2012), reconoce “la decisión del mandatario de enfrentar a los hegemónicos cárteles heredados del pasado, pero advierten fallas en una estrategia de seguridad que apostó más a la fuerza y a la caída de los líderes, pero carente de una política integral. Los esfuerzos por sanear y fortalecer las instituciones existieron, pero la corrupción y la infiltración del narcotráfico fueron un bache difícil de sortear.” Fallas y aciertos a los que se necesita añadir la ausencia de una política de salud para encuadrar la prevención y tratamiento de las adicciones a drogas peligrosas y particularmente, el análisis de las estrategias de base territorial que siguen los cárteles, en las cuales privan nuevas formas de hacer política frente a la sociedad, pero también frente al Estado; entidad cuestionada por los poderes fácticos de origen criminal. Los desafíos para hacer políticas de Estado en esta materia, enfrentan un campo de actuación extremamente complejo, que está minado bajo criterios que son aparentemente caóticos, en los que se mezcla la incertidumbre producida por la arbitrariedad que caracteriza a los poderes fácticos, con escenarios de guerra que parten de concepciones diametralmente opuestas: la del aparato de seguridad gubernamental, “educado” para una guerra convencional, y la de un aparato militar disciplinado y con una organización flexible en cuanto a patrones de movilización militar no convencionales. Además de un manejo presupuestal que no escatima en adquirir equipos de seguridad y armamentos, con los que ocasionalmente supera la capacidad de fuego de las unidades policiales, e incluso de los destacamentos militares que los enfrentan, el crimen organizado sofistica, perversamente, los contenidos simbólicos de la violencia que emplea y añade un componente de carácter político-militar, que no se ha valorado suficientemente. Si se analizan los nombres con que se auto-identifican los cárteles creados a raíz de las divisiones internas entre los narcotraficantes, podemos percibir una cierta identidad que es simultáneamente mística y mítica, pero también ideológica, cuasi religiosa, que está preñada de (contra)valores identitarios altamente cohesionados: La Familia; Nueva Generación; Los Templarios… Caldo de cultivo de antihéroes, estas nuevas organizaciones criminales, combinan acciones que son eminentemente político-militares, que destruyen, bloquean, pero que circunstancialmente no asesinan, con denuncias sobre acciones sesgadas en su contra de la policía o del mismo Ejército. Sin abandonar acciones terroristas de la máxima crueldad que los ponen a la par de los “viejos” cárteles que se definen por su zona geográfica de influencia: Golfo, Tijuana, Sinaloa, o con los Zetas, nombre inspirado en códigos de comunicación policial, o si acaso, autoflagelación por ser los últimos de la lista. Una concepción legítima sobre el uso de la fuerza, debe de ir acompasada del fortalecimiento de las instituciones de Justicia, de la autonomía del Ministerio Público frente al gobierno; de la profesionalización del aparato público de seguridad coordinado con un equipo de inteligencia de amplia concepción, que entienda las fibras que mueven los criminales cuando se acercan a las familias, hacen compadres, las protegen frente a los riesgos cuya cobertura viene abandonando el Estado, o cuando los cárteles pagan una bicoca cualquiera a jóvenes sin esperanza alguna, dispuestos a matar y arriesgar su vida. Una política integral para combatir eficazmente al crimen organizado, necesita dar un vuelco en lo que hace a los derechos humanos, a fortalecerlos para hacer crecer una cultura de paz con justicia y dignidad. A erradicar el odio y el revanchismo violentos, por ser falsas salidas. No olvidemos que la integralidad reposa sobre políticas estructurales que combatan frontalmente la desigualdad y toda forma de discriminación.

RIESGO Y VULNERABILIDADES DEL ESTADO

En un reciente artículo: “Las expectativas que crean los estados: ¿cómo la capacidad del Estado da forma al ámbito de la política?” Hillel Soifer de la Universidad de Temple, se pregunta sobre el manejo estatal de los riesgos y desastres causados por tres eventos naturales: El Niño, Perú, 1989); las tormentas en Vargas, Venezuela, 1998; y el sismo que afectó al sur de Chile en 2008. Dice que “En contextos estatales fuertes, la gente espera que el Estado asuma un papel de liderazgo en la provisión y gestión de la crisis, y exige responsabilidades en su normatividad.” En cambio, “cuando el Estado es débil, aún si la gente reconoce el mal desempeño de los gobiernos, no espera más de la arena política, y en lugar de presionar por una mayor intervención estatal, opta por la auto-ayuda y la organización de la sociedad civil. Sin demandas elaboradas y sin presión política el Estado no se compromete; los estados débiles siguen siendo débiles.” ¿Qué tanto los desastres pueden conducir a los actores de la sociedad al deseo de la intervención creciente del Estado?. El huracán Sandy produjo dos consecuencias políticas en el manejo del desastre: los estados fuertes y ricos como Estados Unidos y Canadá, sron interpelados por los habitantes afectados, mientras que los países del Caribe con estados débiles y pobres aumentaron su desafección por la política y poco interpelan al Estado. Cuba, un Estado fuerte pero pobre, es la excepción, pues la organización de su red de protección civil le permite minimizar sus pérdidas humanas, aunque sufre para disminuir los daños materiales. Se ha prestado poca atención en los medios y en el ámbito de la cooperación internacional, a los países caribeños, aunque las muertes y los daños sean lamentables en cualquier caso. El drama es que mientras que en Estados Unidos y Canadá se cuenta con recursos financieros, en los países del Caribe cuesta más la recuperación; quedan los lastres dejados por desastres previos que han incrementado la intervención extranjera por motivos geopolíticos, la reconstrucción que financia la cooperación internacional se convierte en rentables negocios para diversas trasnacionales, y las sociedades han sido impedidas de reconstruir y sanar sus tejidos sociales. La BBC de Londres (01.11.12) hace un recuento de los daños en esa parte olvidada por los medios: Haití, el país más pobre del hemisferio occidental: 54 muertos y 21 desaparecidos. “Las inundaciones en ese país podrían incluso empeorar la situación de salud, es decir aumentar los casos de cólera, a la vez que los daños a más del 70% de las cosechas en el sur del país -incluidos bananas, plátanos y maíz- son noticias terribles para el tercer país con más hambre del mundo.” Con 7 mil 61 familias afectadas, 15.000 viviendas que sufrieron daños o destrucción y 6.790 personas que permanecen en albergues, ese país que rechaza la presencia de tropas estadounidenses en su territorio, tanto como la de tropas de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, enfrenta tal fragmentación sociopolítica que la acumulación de desastres pospone las soluciones. En Cuba, 11 personas perecieron, convirtiendo a Sandy en una de las tormentas más mortales de los últimos años en el país. 75.000 personas resultaron damnificadas, 15.323 casas fueron destruidas y 132.733 afectadas. El bloqueo estadounidense hace muy difícil remontar las pérdidas materiales. En total, según la BBC, la cifra de muertos hasta el momento, incluyendo a EE.UU., Canadá y el Caribe, es de 123. Si en los estados fuertes el gobierno responde a la tragedia o pierde apoyo político, en los estados débiles la sociedad se fragmenta y pierde esperanzas.

LEGADOS QUE SUPERAN LAS PARTIDAS

A la memoria de Don Efraín González Morfín y de Guadalupe de la Peña Topete, pitita La partida de dos personajes unidos por su compromiso con la justicia social desde una perspectiva católica, deja grandes huecos en la sociedad jalisciense y nacional. Extrañamos desde ya el quehacer de Don Efraín en la democratización del sistema político y partidario, en el campo de las ideas humanistas libertarias, en el reconocimiento de las desigualdades como fuente de los conflictos y como desafío a la ética y la moral públicas y privadas. Extrañamos también a pitita, mujer con vocación educativa, que decidió distanciarse del rol religioso que personalmente sintió limitante y que, en sintonía con los cambios implicados en el Concilio Vaticano II, que también conmovieron a don Efra, optó por dejar la vida del monasterio y la educación de las hijas de la elite tapatía, para dedicarse a los pobres, desposeídos y excluidos, desde la inspiración aportada por la Teología de la Liberación. No obstante su profunda convicción católica, ambos reconocieron que la política no podía ser enfrentada por la iglesia como corporación de intereses materiales, sino que mediante un espíritu de vocación laica, se podrían generar mejores formas de convivencia. El joven Efraín escogió la vida religiosa; estuvo 13 años con los jesuitas y luego optó por una muy activa vida política que lo llevaría a refrendar y ampliar las ideas fundadoras de su padre, Don Efraín González Luna, ideólogo del Partido Acción Nacional. Pitita se distinguió como pedagoga dentro del Colegio Guadalajara, institución educativa donde innovó los métodos educativos en el plano de la pertinencia social. Sin romper con la orden del Sagrado Corazón de Jesús, ella se planteó llevar su capacidad hacia un campo de la sociedad más amplio, donde sentía que más la necesitaban y que más podía aportar. Guadalupe fue influida por los cuestionamientos de la generación del 68. Acompañó decisiones difíciles que tomaron algunos jesuitas al cerrar el Colegio Patria, en la Ciudad de México, versión masculina del Colegio Guadalajara. Se involucró en los movimientos eclesiales de base. En torno suyo otras religiosas se arriesgaron a dejar los hábitos para irse a vivir con la gente pobre. Trataban de entender la desigualdad, la discriminación y las diversas formas de exclusión, contra las que crecían distintos procesos sociales. Medellín, Colombia, fue un hito importante en su vida. Como continuadora de postulados liberadores, ella participó de los debates que se plantearon católicos y cristianos en torno de la revolución y la transformación radical que nuestras injustas sociedades necesitan. Dialogó con quienes optaron por la vía armada para instaurar el cambio social, pero ella se dedicó a concientizar, palabra que para su época fue lazo de compromiso social con transformaciones pacíficas. Reconocido como un humanista pluralista y como un intelectual católico a toda prueba, Alonso Lujambio, recientemente fallecido, recogió los puntos de vista de Don Efra en una entrevista que le hizo en 2008: “... la justicia social se realiza mediante el ejercicio y la defensa de los derechos... la justicia social tiene por objeto... promover el acceso de los hombres... a los bienes materiales y espirituales suficientes para que la comunidad viva de la manera más justa, equitativa y equilibrada que sea posible, con respeto para la libertad personal y para la dignidad humana”. Valores que compartía con un amplio espectro de la clase política que marcó el devenir de Acción Nacional, pero que también hoy se extrañan ante el pragmatismo y el deterioro por ejercer el poder sin la constante supervisión ética del partido. Dos legados que por distintas vías de acción social, nos seguirán interpelando vivamente.

ALTERNANCIA ¿REGRESIÓN AUTORITARIA?

A Felipe Vicencio QEPD Apelando al respaldo internacional que ha recibido Enrique Peña Nieto como ‘Presidente electo de México’, su equipo de transición aprovecha el ámbito de las relaciones internacionales para difundir lo que será su gobierno. Como lo aconsejaba el Cardenal Richelieu, la política exterior tiene que apoyar antes que nada la resolución de los conflictos internos. Afuera del país se pueden ganar batallas que internamente aún muestran adversidades. Por ello, a escaso mes y medio de su investidura presidencial, Peña Nieto escogió los países donde mejor podía expresar los asuntos que nutrieran su agenda política interna, particularmente en aquellos temas que son polémicos para su futuro gobierno. Simultáneamente, delinea su política exterior y precisa su oferta hacia los países escogidos para su visita. En el frente interno, lo que buscan afanosamente giras y negociaciones de su equipo de transición es mostrar que la alternancia no representa una regresión autoritaria. Ocupar el centro político, sin polarizar, parece ser la prioridad que han establecido el PRI, Peña Nieto y su equipo de trabajo. Durante este periodo de transición de gobierno, discursos y posicionamientos políticos dentro y fuera del país, insisten en eliminar todo residuo de impactos excluyentes que pudieran tener las llamadas reformas estructurales. Brasil, fue el aparador para publicitar que la reforma energética se acercará al ejemplo de Petrobras, con la preeminencia estatal en la inversión, pero con aperturas al capital privado. Chile, fue el escaparate desde donde se legitimó un nuevo programa que retome logros de Oportunidades, pero incorporando las experiencias de Chile Solidario y la de Bolsa Familia, brasileña, mediante la ampliación de transferencias monetarias condicionadas para combatir la pobreza. España, fue el escenario donde se quiso legitimar la reforma laboral, como alternativa para impulsar crecimiento y competitividad de la economía mexicana. Que no está sujeta a una crisis tan aguda como la española. Alemania e Inglaterra, ofrecieron una vitrina privilegiada para posicionar los alcances de la reforma fiscal, cuyos contenidos anuncian “respetar la autonomía del Banco de México, un manejo responsable de las finanzas públicas, fomentar y alentar la competencia, y combatir prácticas monopólicas [en lo que coincidieron, recordemos, todos los candidatos presidenciales], así como impulsar al país como potencia energética [donde se niega la privatización a ultranza, pero se ofrece apertura, digamos a la British Petroleum, sin que se precisen los ámbitos de propiedad nacional sobre PEMEX].” Además, en esos países europeos, donde se golpea la seguridad social, Peña Nieto anunció, nuevamente en el marco de ambigüedades que caracteriza su gira, que reforma fiscal y seguridad social para el bienestar de los mexicanos, tanto como para el combate a la pobreza, son indisociables. Si bien en Francia Le Monde publica un artículo de Peña Nieto con vagas alusiones a la violencia y la corrupción, la falta de precisiones sobre su agenda específica de gobierno imperó en sus discursos. Nada concreto sobre políticas contra la desigualdad; nada particular sobre estrategias diferentes para el combate al crimen organizado; ausencia total de políticas de diálogo y consulta sobre los graves problemas nacionales. La única política que se publicita empeñosamente es hacia los empresarios como interlocutores privilegiados, con los que se ha reunido invariablemente en los países visitados. Cierto, su equipo de transición ha tendido puentes con el gobierno actual en los temas álgidos, como la seguridad pública, pero más evidente es la orientación de la coalición política que se propone entre el “nuevo PRI”, que no es otra cosa que el Grupo Atlacomulco recargado, y una tecnocracia que no tiene más horizonte que el de la tozuda continuidad con las políticas de estabilidad macroeconómica reducida al ámbito financiero, factores proclives al autoritarismo.

FLEXIGURIDAD APLAZADA

Hay muchos mitos en torno del modelo económico orientado a la exportación que, sin embargo, han tenido efectos reales devastadores. Uno de ellos es que abaratar la fuerza de trabajo y debilitar la fuerza organizada de los trabajadores, ayuda a un mejor modelo de gobernanza en la empresa y de gobernabilidad en el régimen económico y político. Por el lado de la racionalidad económica se argumenta que gracias a una “mano de obra barata”, llega más Inversión Extranjera Directa y que la baja de costos relativos al trabajo propicia mayor competitividad en las industrias y servicios. El caso chino ilustra las falacias económicas planteadas. Si bien ese país tiene los más bajos costos del planeta en lo que se refiere al pago del trabajador, el hecho de que sea desde hace unos tres años el mayor receptor de inversión extranjera es gracias a que la economía china cuenta con una política industrial que ha convertido a ese país en una fabrica unificada, mediante encadenamientos productivos cuya combinación configura una fuerza productiva colosal, capaz de atraer empresas que pueden disminuir sus costos de producción, por la complementación ofrecida por otras empresas. Asimismo, el modelo maquilador por el que apuestan gobierno y empresas poderosas en México, muestra su fragilidad por su dependencia de empresas que mueven sus capitales en función de esa lógica de complementariedad industrial. China, fue la principal responsable de que se perdieran más de 250 mil empleos entre 2002 y 2003 en México, pues para aquella economía le era más rentable regresar esas firmas a su país y desde allá exportar a Estados Unidos y Latinoamérica, ya que el costo del transporte se podía justificar por los ahorros que aporta un país fábrica que ofrece conglomerados productivos. La llamada flexibilidad laboral, concibe a los trabajadores como un simple medio de acumulación pero a su organización sindical como un obstáculo para el crecimiento y la competitividad. El caso de los países nórdicos y especialmente el danés, reconoció a los trabajadores como interlocutores válidos para llegar a un acuerdo con los empresarios en el que se acepta la necesaria flexibilización laboral, pero en el que se negociaron reciprocidades, que obligarían al sector patronal a no abandonar la seguridad social al mercado, a asumir inversiones responsables en educación y capacitación para el trabajo y a contribuir al financiamiento de investigación en ciencia y tecnología. Un modelo de flexiseguridad como el descrito, se tendrá que aplazar en el caso mexicano. A falta de negociaciones y pactos con base en reciprocidades, se impuso una versión que quiere actualizar la legislación laboral bajo el sesgo de la competitividad para la exportación, sin tomar en cuenta que la economía informal representa más de la mitad de la actividad “productiva”, de servicios y sobre todo de empleos. Sin considerar los respaldos fiscales para fondear medidas anunciadas en la campaña electoral, como el seguro contra el desempleo, o la inversión en innovación científica y tecnológica. Un pronunciamiento reciente de legisladores estadounidenses, que comunica las preocupaciones relativas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a Hilary Clinton, Secretaria del Departamento de Estado, reconoce el carácter antilaboral de la reforma propuesta en la Iniciativa Preferente enviada por Felipe Calderón, que aprobarán los diputados: “En vez de abordar las debilidades de la ley laboral mexicana existentes, la legislación propuesta debilitaría aún más la situación de los trabajadores. La propuesta ampliaría el sistema de contratos de protección firmados entre los empleadores y los sindicatos dominados por los empleadores, crearía impedimentos adicionales al ejercicio del derecho a huelga, debilitaría las protecciones laborales, promovería el trabajo precario y violaría la autonomía sindical.”

PODER Y REGIÓN A MÚLTIPLES VELOCIDADES

El PRI, maquinaria electoral al servicio de los poderes fácticos. En la perniciosa combinación de votos obtenidos mediante sofisticados y costosos sistemas de compra y coacción del voto, de la reorganización del voto duro a través de medios corporativizados y la generación de una base social cohesionada por una ideología cada vez más inspirada en el pragmatismo, se anidan resabios autoritarios que llevarán la batuta en el ejercicio de gobierno y en la factura de políticas públicas. El PRI, es primera fuerza en el Congreso de la Unión, gobierna en 20 entidades federadas, en 24 capitales estatales y es el partido mayoritario en 25 congresos locales. Además, gobierna en mil 510 de los dos mil 440 municipios del país. Desde las reformas constitucionales hasta las reformas por mayoría simple, dependerán de los arreglos políticos que impulse el tricolor. Acción Nacional, se desdibuja como gobierno; la autocrítica en debate. Aunque el PAN está en vías de asumir las derrotas electorales sufridas en julio pasado, se pueden constatar las brechas que abrió su desgaste como gobierno por el retiro del voto en Jalisco y Morelos en 2012, y en Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, después de 2006. Asimismo, perdió la mayoría de capitales estatales que antes gobernaba y, como en el caso de Jalisco, los municipios urbanos más poblados. El blanquiazul gobernará 4 entidades a finales de 2012 y seguirá participando en tres gobiernos de coalición con el PRD. Esos siete estados reafirman la influencia regional panista en el noreste, el Bajío y el centro sur de país. Gobernará en cinco capitales estatales, de las cuales sólo Hermosillo y Puebla coinciden con estados que gobierna. Entre la dispersión regional de sus gobiernos y la división entre partido y gobierno federal, Acción Nacional batallará por reconstruirse como opción nacional de poder. El Movimiento Progresista representa disyuntivas estratégicas para el futuro de la izquierda mexicana. El anuncio dado por Andrés Manuel López Obrador sobre la transformación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cimbró a todas las estructuras partidarias que se aliaron en esa candidatura presidencial. Si bien AMLO tiene estructuras de Morena en todos los municipios del país y cuenta con la mayoría de sus simpatizantes en el Distrito Federal, Tabasco y la mayoría de estados del sureste mexicano, el reto será avanzar simultáneamente en la construcción organizativa partidaria, la resistencia mediante acciones de desobediencia civil, rehacer los vínculos con los gobiernos de los cuatro estados en manos del PRD y contrapuntear las acciones del gobierno federal y de los gobiernos locales. En 2013, habrá elecciones en catorce entidades, incluidas las tres que ganó la coalición PRD-PAN. ¿Podrán lograr influencia nacional paralelamente Morena, refractaria a las alianzas, y el PRD? Regiones y nación representan un desafío para construir un poder horizontal que contrapese a una federación históricamente centralizadora, desde una legitimidad por proximidad donde el locus de la violencia, de los problemas derivados de la convivencia cotidiana, de la geografía material sobre la que reposa la nación, pintan la política como experiencia local de lo vivido. En la escala local se cimientan poderes oligárquicos, tanto como contrapoderes demandantes de formatos democráticos directos, participativos, que repercuten en la nación. Más allá de las elecciones locales y del enraizamiento de los partidos, operan múltiples velocidades en las que el poder se erige y se ejerce. Las siempre precoces candidaturas presidenciales ya despuntan: ser Secretario del gobierno federal, o gobernante de alguno de los estados más poblados del país, no bastarán para ofrecer un proyecto de país. Combinar pretensiones electorales con experiencias y deseos democráticos vividos localmente, es una clave mayor para hacer la nación.

REFORMAS; DILEMAS Y DESENCUENTROS

A diferencia de 2006, la existencia del recurso para anular las elecciones si estas no se apegaban al espíritu constitucional que establece la equidad y la libertad de sufragar, prometía acercar legalidad y legitimidad del proceso electoral. No fue así. El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), mostró que la posibilidad de cuantificar las violaciones es virtualmente imposible; las hizo recaer sobre la parte acusatoria. Desde una concepción cuantitativa atomizada de cada irregularidad, resulta muy difícil documentar un criterio jurídico que dé cuenta de la irregularidad que sólo se ve dentro del conjunto. Falta sincronizar leyes y reformas, el TEPJF validó la elección presidencial sin contar con la información concluyente sobre los reportes de campañas, que serán entregados hasta octubre, y sin contar con el ejercicio de fiscalización del IFE que concluirá en enero del 2013. Las reformas legislativas en general no se preocupan de una coherencia constitucional que asegure concatenaciones que debe de haber entre las leyes para que se relacionen entre sí. Esta es una parte del drama político actual. La otra parte, es la desconfianza creada por la incapacidad de las reformas para potenciar la vida democrática y para generar una mejor convivencia mediante soluciones políticas y constitucionales de fondo para resolver nuestros conflictos. Aquí es donde se repiten los dilemas y desencuentros de 2006: la ilegitimidad de la elección presidencial, que cuestiona al conjunto de leyes y autoridades ligadas con el proceso electoral y, simultáneamente, la necesidad de reconocer que hay una fuerza progresista actuante en gobiernos locales y en el Congreso de la Unión, que están obligadas a cumplir con el mandato legítimo del electorado. Entre la desobediencia civil convocada por López Obrador y las reformas a debatir, hay un desgarre político aparentemente irreconciliable. Para superar ese dilema, se necesitan acuerdos políticos entre los partidos del Movimiento Progresista y el conjunto de cargos electos, en el sentido de reforzar posiciones comunes sobre las reformas a emprender, los contenidos adversos a resistir y el acercamiento con los movimientos y organismos sociales que son portadores de propuestas de solución frente a distintos órdenes de la crisis sistémica actual: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, muestra la indisociable lucha contra la violencia en Estados Unidos y en México, países donde se requieren sendos debates nacionales sobre la integralidad de la lucha contra el crimen organizado; #yosoy132, convoca también a una movilización nacional en torno de una Asamblea Constituyente pacífica, que necesariamente cuestionará las reformas que discuta la legislatura recientemente instalada; y en el movimiento por la Regeneración Nacional, convergen luchas locales y demandas globales sobre el campo de los derechos humanos. Las reformas son amenazantes. No se pueden dejar a la deriva las reformas discutidas en el Congreso de la Unión. Hay que oponerse y construir consensos en torno de las contrarreformas que están por venir; las reformas estructurales ya asoman ambiciones que perjudicarán a la mayoría. La partidocracia sacará al vapor la reforma laboral, a fines de septiembre, mediante un texto que facilita despidos, restringe el derecho de huelga, impone contratos de prueba, pagos por hora y medidas que flexibilizan a favor de patrones la sumisión de los trabajadores. La contrarreforma energética ya se prefigura en el equipo anunciado por Peña Nieto. Luis Videgaray, su Coordinador General, fue asesor del Secretario de Energía, y son conocidas sus estrategias privatizadoras en ese ámbito. No hay visos de una reforma política que reestructure las demandas democratizadoras desde una visión de Estado. El desencuentro que hubo en 2006 entre la Presidencia Legítima y los cargos electos fue pernicioso; repetirlo debilitaría el potencial progresista que ambos representan.

LA TERCERA URNA

Ahora que se instale el Congreso de la Unión emergido de las recientes elecciones, se reproducirán los vicios y perversiones que conspiran contra la democratización mexicana. Fragmentación de los esfuerzos reformadores debida a la incapacidad para definir una agenda legislativa coherente con la época de crisis multidimensional civilizatoria, sin estrategias de seguridad integrales; sin un proyecto consistente para alcanzar la paz con justicia y dignidad; sin un proyecto nacional centrado en el combate a la desigualdad y toda forma de discriminación; sin estrategias para desmantelar la influencia inconmensurable de los poderes fácticos económicos-mediáticos, religiosos y del crimen organizado; sin alternativas frente al modelo económico excluyente que reproduce la ortodoxia neoliberal. No es aventurado predecir que habrá inconexión entre las reformas supuestamente estructurales y la reforma política y de Estado; tampoco es arriesgado vaticinar que la partidocracia no se hará hara-kiri. Hay un déficit crónico de aprendizaje sobre las enseñanzas dejadas por las contiendas electorales. La era de la desconfianza se alimenta de la simulación y las mentiras bendecidas por los ritos periódicos que anidan en una democracia elitista de pocos para pocos. Crecerá la brecha entre representantes y representados, mientras no se haga una reforma constitucional de amplio calado, que sea capaz de expresar un pacto social renovado para regenerar la nación y entonces la República. Mientras la actividad legislativa busque legitimar pactos cupulares entre intereses particulares ajenos al bien general y no tengamos herramientas para construir sólidamente una democracia de calidad, con transparencia, rendición de cuentas y consecuencias legales contundentes para quienes roben o engañen. Necesitamos un nuevo régimen político y de gobierno que asegure formatos participativos que complementen y a la vez sirvan de contrapeso a la rigidez y subordinación frente a los poderes dominantes hacia la que tienden las instituciones públicas. Frente a la perversión de los poderes republicanos, no sólo del Legislativo, los cambios sustantivos no pueden venir de ellos mismos. El juicio político, las cuentas públicas, son letras de cambio en el mercado de chantajes partidistas. La corrupción del Ministerio Público, instancia además subordinada al gobierno, llega hasta los juzgados y el régimen presidencialista camufla el aumento, cada vez que intenta reformarse, de su poder unipersonal metaconstitucional. El punto de quiebre solo puede originarse desde consultas que empoderen al ciudadano-a bajo formatos democráticos participativos. Ahí está la palanca para empezar esa gran transformación: la instalación de una tercera urna en las elecciones intermedias de 2015, en la que además de los diputados y senadores, elijamos un número similar de personas sin partido para que acuerden junto con el Congreso de la Unión las consultas, proceso y metodología a seguir para lograr una Asamblea Constituyente. Puede sonar ingenuo o voluntarista, pero si no rompemos el círculo perverso seguiremos atizando el fuego del temido estallido social, no tan evaluado en sus consecuencias catastróficas. Desde ya se pueden sentar las bases para una nueva constitucionalidad, si se empiezan a articular entre sí las distintas reformas que necesitamos: reformas estructurales con un Estado regulador del mercado, con una política industrial producto de consensos sociales; con una reforma energética y fiscal donde prime el interés general, una reforma laboral sin predominio corporativo. Discutir el cambio de régimen político y de gobierno, con un tránsito ordenado del presidencialismo de coalición al semi-presidencialismo hasta el parlamentarismo, iluminador de la integración de las cámaras de representantes. Instauración del Referéndum, Iniciativa Popular, Plebiscito, junto con revocación de mandato. Elaborar creativamente un nuevo modelo de comunicación política que esté soportado en un nuevo Derecho de Información. Desde luego, ligar las distintas esferas de la seguridad: pública, nacional, ciudadana, alrededor de una política social integral. Vaya desafíos.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

"No es un asunto de reformas. No se necesitan más parches para una sociedad descompuesta. Lo que necesitamos es una nueva Constitución, escrita por todos los mexicanos, para todos los mexicanos". Así presenta #yosoy132 la necesidad de cambios verdaderamente estructurales para que nuestro país pueda superar la crisis política y civilizatoria que enfrentamos. Si la Constitución es un pacto social, ahora su renovación implica definir tanto los contenidos del nuevo pacto social, como los procesos o las metodologías que aseguren evitar la brecha entre representantes y representados; una gran construcción desde abajo que ponga en jaque la visión elitista de la democracia de pocos y para pocos; una refundación del régimen político y de gobierno, de todo el edificio jurídico-político, de manera que llegue la justicia, se propicie la participación ciudadana, se dé coherencia a valores de convivencia, cooperación, equidad, paz y justicia, en nuevos ordenamientos legales, directos, eficaces. Se trata de superar el desastre producido por más de 500 cambios constitucionales que hacen un adefesio de nuestra Carta Magna, en la que conviven maltrechos los grandes logros sociales de la Revolución Mexicana, como la propiedad social, no estatal, de la tierra, los recursos estratégicos, la educación, el trabajo y la seguridad social, las relaciones entre Estado e iglesias, o logros más recientes como los relativos a los Derechos Humanos, la transparencia, o incluso logros parciales en el Derecho a la Información. Logros que entran, sin embargo, en contradicción con diversas reformas practicadas, sobre todo durante los últimos 30 años, que han significado graves retrocesos para regular nuestra convivencia. La actual Constitución, ya no aguanta reformas parciales, como se puede apreciar en la legislación electoral que ha sido incapaz de retomar y profundizar sus aciertos y corregir sus limitaciones. Partidocracia y poderes fácticos cercenan los alcances democráticos de la Constitución. La historia latinoamericana reciente deja ver que hay caminos diversos para construir o regenerar el pacto social. Dos países, emprendieron reformas constitucionales de largo alcance. Colombia, vivió una discusión nacional entre 1986 y 1991, que desembocó en un nuevo ordenamiento legal, institucional, que cristalizó los valores de convivencia que urgían para negociar el conflicto armado interno e incorporar nuevos criterios propios de una ciudadanía social. Brasil, cuenta desde 1988 con una Constitución que alberga los principios de convivencia democrática que se han enriquecido desde entonces. Ambos países, hicieron sus reformas apoyadas por el sistema de partidos, pero mediante la realización de consultas nacionales y formatos refrendarios. Bolivia, Ecuador y Venezuela, acompañaron su democratización con la realización de Asambleas Constituyentes que, por medios pacíficos, están sincronizando legalidad y legitimidad, aunque no sin dificultades para lograr la eficacia requerida por el acortamiento de las desigualdades y la supresión de los viejos privilegios. No se puede aducir que la Constitución es una tarea de especialistas en Derecho. Se pierde de vista que el procesamiento de los pactos sociales ha transitado por Asambleas Constituyentes que sofistican sus mecanismos para la consulta y elaboración de las Cartas Magnas y, a pesar de que la mayoría de los asambleístas eran iletrados, lograron conjuntar textos pertinentes para su época, con una visión de futuro. Fueron 57 los constituyentes en Estados Unidos; en 4 mil 400 palabras expresaron su pacto social, el cual ha sufrido 17 enmiendas, que actualmente expresan unas trece cuartillas. Islandia, pequeño pero audaz país, cuenta con 25 delegados para redactar una amplísima consulta incluso en redes sociales, por lo que en octubre próximo aprobarán la “Wiki” Constitución. En México y en Chile, se impulsa actualmente una Asamblea Constituyente. En ambos casos, se tendrá que aprender a hacer de la Constitución, la gran reforma estructural de época.

DE ELECCIONES Y CAMBIO SOCIAL

¿Cómo trascender la frustración que deja el proceso electoral? Necesitamos entender cuáles son los límites del sistema político y de la legislación electoral, en el marco del poder del dinero, del modelo económico que se quiere asegurar, con tintes de legitimidad, para que los poderes fácticos sigan ejerciendo su dominación. Es evidente que las elecciones en todo el mundo las está ganando el poder del dinero; su impacto lo sufrimos en cada elección: mercantilización ad nauseam de las campañas electorales y de todos los medios de propaganda, incluyendo encuestas; opacidad del gasto público y privado en manos de los partidos, con un sistema político que hace imposible la rendición de cuentas integral y oportuna, capaz de fincar responsabilidades. Aplazar la justicia es negar su esencia. Las demandas por uso indebido de recursos durante las campañas, no se sancionan a tiempo. Tampoco se puede castigar la compra y coacción del voto oportunamente, a pesar de que su magnitud y extensión deforme la voluntad y libre ejercicio del voto, lo cual es una causal constitucional para anular las elecciones por la más elemental falta de equidad en el proceso. Contradictoriamente, no se puede proceder legalmente contra el uso indebido de dinero, pues el “regalo” de tarjetas comerciales, aparatos electrodomésticos, material de construcción o el uso de taxis para acarrear votantes per se no se pueden sancionar si no se investiga de dónde procede ese dinero y se demuestran las intenciones manipuladoras de la persona física o moral que está entregando ese recurso. Si bien hay investigaciones sociales, como las de Alianza Cívica, que demuestran puntualmente la compra y coacción del voto, no hay suficiente organización social, partido político, o instancia judicial responsable y capaz de documentar jurídicamente esas bases de inequidad que podrían descalificar al conjunto del proceso electoral. El descontento con estas perversiones no terminará con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que seguramente, como en 2006, aceptará que las elecciones muestran “rasgos de inequidad”, pero sin decretar que ello sea motivo de inconstitucionalidad, por la falta de elementos que comprueben la invalidez del conjunto. No bastará el recuento voto por voto de más de la mitad de las casillas; por más errores de procedimiento que se detecten, las Actas de casilla no pueden evidenciar que son producto de irregularidades previas. Por lo tanto, el conflicto postelectoral es inseparable de un conflicto social que cuestiona la falta de libertad para el ejercicio del voto, sus consecuencias inequitativas, las fallas de un régimen político que niega sistemáticamente reformas que aseguren calidad democrática en la votación y menos aún que propicie vínculos creativos entre representación política y participación social. El dilema ahora es si seguimos entrampados en participar en elecciones inequitativas cooptadas por el poder del dinero, incluido el protagonismo de medios electrónicos, o si impulsamos el cambio social que ponga un alto a la República, para que ya no haya elecciones así, mientras no se llegue a un pacto social renovado que lleve a una reforma constitucional de amplio calado, más allá de lo político-electoral, con la que podamos asegurar el fin de la corrupción y la impunidad, la rendición de cuentas oportunas, con consecuencias legales que finquen responsabilidades. Empoderar el voto ciudadano requiere paradójicamente, el fin de la partidocracia y su perverso sistema de repartición de cuotas de poder para que haya elecciones libres. Necesitamos devolver el sentido ciudadano a los Organismos Públicos Autónomos y profundizar los mecanismos existentes de democracia participativa. El cambio social que está implícito en los movimientos sociales y particularmente de los jóvenes, requiere un cambio electoral radical.

ENTRE EL G20 Y EL #YOSOY132

Dos acontecimientos que se conectan en la coyuntura preelectoral y postelectoral de varios países. La reunión de los 20 mandatarios, que “representan” más del 90 por ciento de la población y de la economía del planeta, configura el hecho mundial geoeconómico más relevante del siglo XXI: la batalla de los países del Norte por subordinar al Sur Global en el pago de la crisis mundial. Ello pone al día la pregunta sobre quién gobierna y manda sobre la población mundial y sobre cuáles son las bases de legitimidad sobre las que reposa la democracia representativa, complementaria aunque diferente a la democracia auténtica ya, que demandan movimientos como #YOSOY132 en la coyuntura electoral mexicana y un conjunto de organizaciones sociales que se reunieron de forma paralela a la Cumbre del G20, recientemente clausurada, bajo la presidencia mexicana, en los Cabos, Baja California. Una democracia auténtica ya, que no puede aplazarse ni renunciar a nuevos formatos para gobernar al mercado bajo exigencias democráticas por la justicia y la equidad. En las discusiones del G20, quedó manifiesta la necesidad de actualizar la relación entre democracia y mercado. Es insostenible continuar con estrategias de estabilidad macroeconómica estrictamente financiera, a toda costa, haciendo pagar los costos de la crisis al 99 por ciento de la humanidad. México es un buen ejemplo sobre la perversidad causada por privilegiar al capital especulativo sobre el productivo. Tampoco soluciona la crisis el impulso de tratados comerciales que reniegan de negociaciones con base en la reciprocidad y la cooperación incluyente. Revalorizar precios de materias primas per se, o plantear la economía verde como panacea sustentable, pretensiones del G20, sólo profundizan el modelo extractivista depredador y una reprimarización que agota las fuentes energéticas y convierte a los países del Sur en exportadores de materias primas sin procesar e importadores de alimentos. Las políticas de desarrollo en debate: la austeridad de muchos, impuesta por el bienestar de pocos, tienen un trasfondo electoral en el que se disputan decisiones excluyentes de los poderes legítimamente constituidos con respaldo ciudadano. En Francia, los socialistas triunfaron doblemente: François Hollande, ganó la Presidencia y su partido obtuvo, recientemente, mayoría absoluta en las elecciones por la Asamblea Nacional. Desde la legitimidad interna conquistada, el gobierno francés cuestiona la hegemonía alemana impostora de la austeridad en la Eurozona. En Grecia, se elige una mayoría conservadora que abraza el programa euro-alemán, de Ángela Merkel, aunque la pluralidad del espectro político fuerza a formar gobierno con amplia participación. Obama hizo campaña para su reelección presidencial en la reunión del G20, en defensa del plan de austeridad; pero, acercarse a los Republicanos desdibuja su oferta por una política social de combate a la desigualdad. También Felipe Calderón hizo campaña en la cumbre del G20, aunque reivindicó la herencia estabilizadora que permite al país crecer en un 4 por ciento en lo que va del año, escondió que pobreza y desigualdad aumentan. Francia, en contraste con Grecia, Alemania, Estados Unidos y México, muestra la potencialidad electoral para transformar el modelo económico. Pero, uno y otros enfrentan el desafío de una democracia auténtica ya. Así, lo dejó ver el debate entre candidatos presidenciales convocado por #YOSOY132, cuyas conclusiones relacionan el voto razonado con la permanencia del movimiento después del 1 de julio; se trata de cuestionar al mercado, vigilar y fiscalizar al gobierno que resulte electo. La participación ciudadana ejerce una mediación clave entre gobierno y sociedad nacionales. Igualmente, las organizaciones sociales reunidas paralelamente al G20, demandaron nuevas formas de participación ciudadana en la negociación-intermediación entre la gobernabilidad global y la local, bajo mecanismos democráticos participativos.

CUATRO POSTALES PREELECTORALES

A dieciséis días de la jornada electoral, destacan cuatro campos conflictivos, pero a la vez potenciadores, del voto razonado, informado. 1) Las encuestas, sometidas a presiones partidistas propias de nuevas campañas, abrieron cauces para el dinero que no se pudo invertir en propaganda mediática. Un conglomerado de empresas de comunicación asesora y prácticamente dirige las campañas de casi todos los candidatos, en función de los recursos que logre comprometer cada aspirante. Pero las fortalezas pueden ser también el Talón de Aquiles, como lo muestra la demanda que enfrenta Enrique Peña Nieto, de una compañía estadounidense por incumplimiento de pago, con recursos que presumiblemente saldrían del erario del Estado de México. Además de la corrupción empujada por los altos costos que demandan las empresas mediáticas de comunicación política, hay un debate técnico-político sobre el uso de las encuestas. El IFE tendrá que superar el rol de ventanilla de registro de esos instrumentos, mediante la conformación de un equipo técnico que asegure la calidad de encuestas y sondeos de opinión. La prensa escrita y electrónica tendrá también que demostrar la solidez teórica y metodológica de los instrumentos que utilice. La academia ya entró también a este debate, aportando nuevos elementos que relativizan el uso político de las encuestas. Varias instituciones educativas prestigiosas del centro del país encargaron un estudio a Berumen y Asociados, cuya interpretación corrobora que la competencia está viva, pues la encuesta nacional a viviendas, no telefónica, realizada con más del doble de casos que los manejados por la mayoría de las casas encuestadoras y con una tasa de rechazo a responder mucho más baja que el resto, plantea un empate técnico donde el segundo lugar podría remontar las diferencias y eventualmente superar al candidato establemente puntero. 2) Los spots. Mientras Peña Nieto y López Obrador orientan su propaganda en esta última fase electoral hacia el ganar la confianza del votante. Josefina Vázquez Mota optó por spots de contraste, principalmente dirigidos hacia AMLO. Una estrategia parecida a la de 2006, encaminada al voto del miedo: la quiebra del país por la tentación “populista” de recurrir al endeudamiento, el peligro para México que representa un personaje rijoso que no respeta las instituciones… Spots que incluso fueron censurados y retirados por el IFE. Sin embargo, el Presidente Calderón se sube al ring y con motivo de la propuesta de AMLO en torno de obtener 300 mil millones de pesos para su programa económico, a partir de la reducción del gasto público, defiende la estabilidad macroeconómica lograda, ignorando la racionalidad de las cifras difundidas por el equipo de campaña del Peje. 3) Los debates televisivos. Después del debate del 10 de junio pasado, las tendencias del voto no parecen modificarse sensiblemente. Desde antes, la intención del voto por AMLO crece, la de Peña Nieto tiene altibajos y Vázquez Mota se estanca en el tercer lugar. Los ataques previos al debate, aunados a un trabajo sistemático en las redes sociales, unos con fundamentos, otros hechos desde el hígado, acrecientan temores pero también refuerzan al atacado, pues crecen las dudas sobre el origen y las intenciones perversas de los atacantes. 4) #YOSOY132, focaliza su actuación contra el autoritarismo mediático, pero su heterogéneo crecimiento puede diluir su carácter antiautoritario, antisistémico. En torno suyo no han convergido otros movimientos sociales de corte antiautoritario, como sucedió en la Primavera Árabe, ni ha atraído la alianza estudiantil-popular que representó la conciencia crítica del 68. Sin embargo, no se puede menospreciar el debate al que lograron convocar a tres de los cinco candidatos presidenciales. Alerta, trascender la política-espectáculo lleva a pactos, alianzas, regeneraciones y reconciliaciones postelectorales, que urge prever.

¿QUÉ CARAJOS HACEMOS?

¿Perdimos la capacidad de conmovernos frente a la violencia?. El miedo nos paraliza, nos invade una sensación de impotencia y nos ahoga un mar de confusión ante lo que se necesita hacer para detener la muerte. Nos cuesta aceptar que nos desgarra la crueldad del crimen organizado y la falta de una estrategia gubernamental que afronte exitosamente chantajes y amenazas del crimen organizado internacionalmente. Sobre todo urge ganar confianza en nuestra capacidad individual y colectiva para enfrentar eficazmente la violencia. El terrorismo del crimen organizado lleva a su terreno de muerte, destrucción y crueldad las batallas políticas, e inevitablemente militares, que deberíamos de dar conjuntamente Estado y sociedad. Asoman amenazantes las tentaciones autoritarias de la militarización, la mano dura, la esa si guerra sucia que vaticinara Javier Sicilia de tuertos, chimuelos, tortura y muerte fatal. Se agotó la mascarada presidencial que quiso ocultar lo enredado de la madeja en que anida la violencia. Ni todo se trata de enfrentamientos entre los cárteles del narco, ni las víctimas civiles inocentes son daños colaterales implicados en una guerra desde cuyos sótanos se programan estrategias también terroristas. A pesar del fracaso de la militarización del combate contra el crimen organizado, como sustento del Estado Policial armado autoritario; esa visión se inscribe irresponsablemente en la inmensa mayoría de propuestas de las campañas electorales. Se aleja así el ideal de una política integral en contra del narcoterrorismo. Distancia que dramatiza el periodo electoral presidencial, donde ya es tarde para recomponer los errores del actuar gubernamental y prematuro pensar en una política de Estado, pues hasta que entre el nuevo gobierno se intentará cumplir con las ofertas de campaña del ganador. En el interregno es desolador el escenario de la impotencia. Integrantes de la comunidad multinacional de Ajijic, municipio de Chapala, constatan con dolor que 100 policías para mantener la seguridad de 70 mil habitantes que habitan en el municipio ribereño son insuficientes. De la reunión entre ellos-as y autoridades locales en plaza pública, el miércoles pasado, salen decepcionados por la falta de una acción pública coordinada entre todos los poderes y órdenes de gobierno. Escépticos de la militarización de la seguridad, continúan con su rabia ante los asesinatos recientemente cometidos, la falta de atención de familiares de las víctimas, la negación de justicia y reproducen sus fundados temores sobre la seguridad cotidiana de sus vidas. Los narcos se disputan 13 estados del país, gobiernan en los hechos en unos 200 municipios, crean zozobra en 9 mil zonas que el IFE ha detectado de alto riesgo para las elecciones del 1 de julio. ¿Qué carajos hacemos? Nos hemos unido en la esperanza expresada en palabras fuertes: No + Sangre; Estamos hasta la madre; Ya Basta… Desde la sociedad civil nos oponemos al derrumbe de expectativas por contar con lo más elemental para vivir: paz, seguridad, justicia, dignidad. Ideas que sustentan al movimiento fundado por Javier Sicilia y otros incansables defensores de derechos humanos. Otros movimientos, inspirados por familiares de víctimas asesinadas por la sinrazón y el odio, también se plantean soluciones frente a la violencia asesina. Aunque hubo diálogos entre integrantes de esas organizaciones y el Presidente Calderón, aún no vemos que se atribuya, conceda, reconozca, un rol a la ciudadanía dentro de la estrategia de seguridad gubernamental. Necesitamos politizar al máximo la seguridad, involucrarnos en las exigencias para detener la verdadera guerra que ensucia al Estado y que impone el narcoterrorismo. Urge un diálogo-compromiso nacional por la paz con justicia y dignidad entre gobierno, movimientos de la sociedad civil y todos los candidatos a puestos de elección popular.

FORMATO PARA DEBATIR

Durante las campañas electorales, los candidatos tratan de ganar el voto de los indecisos y, se supone que también, buscan motivar al abstencionista para que opte por votar. Las maquinarias electorales que detonan principalmente los partidos políticos, junto con agrupaciones sociales cada vez más fuertes que operan voluntades políticas organizadas, aseguran lo que llamamos el voto duro, el de militantes que con distinta intensidad en su entrega, promueven a sus respectivos candidatos pero sin poner en duda su lealtad. Entonces, las franjas del electorado a conquistar a lo largo de las campañas, a diferencia de las precampañas, se ubican en el centro político; el secreto para ganárselos reside en profundizar un discurso incluyente en el que se vean y se sientan representados los electores, más allá de las ideologías políticas y sobre todo de las estructuras partidarias. Entre candidato y partido, hay una combinación de expectativas cuyas tensiones terminan por resolverse a favor de la persona, su carisma, inteligencia, capacidad de liderazgo, sus recursos para convencer y como buen polemista hacer aceptar sus argumentos como válidos. Las maquinarias partidistas aportan el andamiaje que sostiene el papel y vocación dirigente mostrados por el candidato. De ahí que entre los recursos utilizados para convencer a indecisos, abstencionistas y eventualmente a los swingers –quienes esperan un momento espectacular para reorientar su voto-, se privilegie el debate televisivo entre los aspirantes a ocupar un puesto de elección popular. Los spots y la selección cuidadosa de encuestas y sondeos favorables convergen con ese propósito: ganar nuevos electores firmes y estables. La llave del éxito para lograrlo es la confianza en el líder, aunada al sentimiento de inclusión, dentro de un clima de cambio frente a la evidente insatisfacción, pero con estabilidad, la mayor armonía posible, sin sobresaltos. Una cosa es informar y otra debatir; los candidatos pueden intercambiar información mediante el diálogo, pero sus debates aunque tengan propuestas similares de gobierno, compiten por ganar la confianza en su liderazgo y buscan hacer dudar sobre las capacidades del contrincante para cumplir sus promesas. Por ello, en el reciente debate sobresalió valorizar la experiencia previa de gobierno de los contendientes a dirigir el destino de Jalisco y no tanto la coherencia del proyecto político que cada candidato enarbola. En función de esa experiencia de gobierno, blanco de los temas a polemizar, se destacó el potencial dirigente personal. Sin embargo, el candidato puntero en las encuestas, lejos de responder a los cuestionamientos, elude la polémica, descalifica a sus adversarios como mentirosos, por utilizar la “guerra sucia”, por crispar y violentar, “malintencionadamente”, el deseado pacifismo del debate. Un formato para debatir necesita previamente reforzar e inducir la validez del derecho a la crítica y la obligación a la réplica, como parte de una cultura democrática; requiere desmontar la falsa creencia de que cualquier cuestionamiento significa usar medios ilegítimos para debatir. Empoderar al voto como premio y como castigo. Se necesita también un formato menos rígido, en el que cada candidato elija cómo utilizar mejor ese tiempo equitativo que dispone. Quizá fue acertado que para el primer debate hubiera temas comunes a desarrollar, para informar globalmente al votante, pero el próximo debate estará más cerca de la jornada electoral y por ello los candidatos deben definir agendas propias para debatir. A las autoridades electorales les tocará garantizar la amplitud de la cobertura mediática de los debates, mediante estrategias creativas a negociar con los propietarios del duopolio televisivo, que permitan difundirlos en sus cadenas comerciales aprovechando el tiempo del Estado para fines de interés general. Se podría cambiar tiempo de spots por tiempo para debatir. A todos nos beneficiaría algo así.

LA PRIMAVERA, CREAR 1, 2, 3 CONTRAFUEGOS

Un par de libros del sociólogo francés Pierre Bourdieu, alrededor de las resistencias que ensayan los movimientos sociales para detener los desastres generados por el capitalismo especulativo en el mundo, se intitulan Contrafuegos. Esas barreras puestas contra los incendios destructores y devoradores de todo para que no pase y acabe extinguiéndose a sí mismo. La tragedia que representan miles de hectáreas de bosque devastadas dentro de la zona protegida de La Primavera, tiene graves repercusiones ambientales pero, sobre todo, expresan la crisis del modelo de civilización que nos agobia. Además de los contrafuegos que heroicamente se construyen en la zona directa del macro incendio devastador, necesitamos crear los contrafuegos necesarios para detener la depredación miserable de nuestras condiciones generales de vida. Contrafuegos contra la antipolítica ambiental. Zona de protección pionera en el país, al Bosque de la Primavera se le dio un estatuto que preveía su conservación con fines culturales, en el plan de preservar la biodiversidad, concepto que representa un campo de armonía y conciliación entre la sociedad y la naturaleza por excelencia. Sabernos parte de cadenas vitales y hermanarnos con materiales y formas de vida de las que somos parte, nos obliga a integrarnos humildemente con ese entorno, lo cual es contrario a la soberbia colonizadora que impone con cada vez más fuerza el mercado. Además de esos fines socioculturales, la condición protegida del bosque, pretendía finalidades prácticas, como la de preservar el pulmón más robusto productor de oxígeno para la metrópoli que crece incansablemente. Al paso de gobiernos locales y federales de distinto signo, no se crearon sin embargo las instituciones ni las políticas ambientales que acompañaran las intenciones proteccionistas del singular bosque por la diversidad de su flora y fauna. Contrafuegos contra la antipolítica urbana. No obstante que la legislación federal y estatal fueron afinando sus conceptos, acompañadas de movimientos ambientalistas internacionales y locales, atentos a mitigar los impactos ambientales negativos y generar reservas de biodiversidad, al Bosque de La Primavera se le regatearon los recursos, pues si acaso el Ayuntamiento de Zapopan destinó tímidos recursos para la protección de esa zona, en ocasiones recibiendo magros recursos estatales y federales. Gobiernos de distintos órdenes confundieron la zona protegida con una bolsa de recursos sometida a proyectos de expansión utilitaristas pero no sustentables, como fue el caso del fallido proyecto geotérmico de la Comisión Federal de Electricidad, el cual fue pacientemente desmantelado por razones técnicas y ambientales que sostuvieron el Laboratorio Bosque de la Primavera, de la Universidad de Guadalajara, fundado por el Dr. Arturo Curiel, y grupos ambientalistas informados. Contrafuegos contra el antimodelo de desarrollo. Por estudios profundos sobre las dimensiones ambientales, socioculturales, socioeconómicas y urbanísticas, no padece La Primavera. Por planes parciales de ordenación territorial tampoco. Por lo que padece esta sensible zona es por la corrupción encarnada en los fraccionamientos y transformaciones diversas de los usos del suelo tanto del bosque protegido como sobre su zona de amortiguamiento. En el extremo, incendios provocados facilitaron el camino a fraccionadores voraces, pero también el incumplimiento de los planes de manejo de ambas áreas, bosque y área de amortiguamiento. Se han querido hacer pasar como racionales y necesarios algunos proyectos de “desarrollo urbano”, como las Villas Panamericanas, o la megaurbanización del Bajío. El macrolibramiento, es otra muestra de soberbia colonizadora. Proteger no significa dejar intocado al bosque; frente al abandono gubernamental, que mantenía impago desde hacía tres semanas al personal encargado de la protección, y la falta de recursos públicos para atender a brigadistas, aunque para subsanarlo interviene la sociedad, urgen contrafuegos que paren el incendio de la irracionalidad especulativa, la corrupción y el desentendimiento público.

CRUCIAL, DESAFIAR LA LEGITIMIDAD

Se nos viene encima la spotización de la política, debido a un modelo de comunicación social que, aparte de las buenas intenciones desmercantilizadoras de la reforma, no ha logrado ser aceptado ni por los destinatarios de los mensajes ni por los poderes mediáticos que ven disminuidos sus negocios. Desencuentro que es la punta del iceberg del maltrecho sistema político que tenemos. Es diferente difundir y comunicar, pero lamentablemente, la política se concibe como operación para implantar una verdad que se impone-difunde de arriba hacia abajo, que impide una comunicación de ida y vuelta. Es empobrecedor quedarnos tan sólo con la libertad del off, del apágale si no te gusta el mensaje.

Un modelo de comunicación política inspirado en el apechuga y vota, está cerrado a consultas, es impermeable frente a una participación ciudadana esperanzada en dar a conocer sus sensibilidades, emociones, temores fundados, lógicas originales de razonamiento individuales y colectivas que si acaso registra la mercadotecnia electoral con fines utilitaristas. Hoy que arrancan las campañas, tenemos enfrente otras demandas de participación comunicativa; se construyen argumentos, formas de razonar, sobre todo preguntas que quisieran una interlocución inteligente entre las figuras públicas a elegir y la ciudadanía. Es el caso de los intelectuales preguntones, quienes en un desplegado recientemente publicado llaman a una comunicación razonada en torno a posibles respuestas que merecen las inquietudes más relevantes y trascendentes que se agitan en la nación.

Desde la izquierda social se interpela al mundo político-electoral bajo otras premisas comunicativas. Se escoge una categoría de población abierta como pueblo o ciudadanía, como interlocutor privilegiado. Argumentos y razones se perfilan como transformadoras de instituciones y desigualdades cuya solución depende de cambios estructurales mayores que desafortunadamente no ofrecen las elecciones. Otro grupo de intelectuales, organizaciones de la sociedad civil, sacerdotes y cristianos por la teología de la liberación, lanzaron una Proclama por el Rescate de la Nación, cuyo diagnóstico muestra la urgencia de medidas que sean sobre todo producto de acuerdos entre distintas fuerzas que apuesten, principalmente, por fortalecer capacidades y potencialidades ya existentes en la diversidad de movimientos sociales. Se Proclama que: “El tejido social se fractura. La convivencia social se anula. Se amedrenta e inhibe la participación ciudadana y los medios de comunicación alimentan el miedo.”

Aunque no se niega que hay un proceso electoral que demanda una posición crítica, la Proclama quiere revalorizar la palabra y su fuerza comunicativa: “queremos alzar la voz y denunciar, en medio del proceso electoral, lo que aflige a la Patria. Ser voz de los que no son escuchados, o son silenciados por demandar justicia. Darle a la palabra su verdadero valor y significado frente a los discursos de políticos que sin escrúpulo alguno, mienten y ocultan sus verdaderas intenciones y los compromisos que han adquirido en su lucha por el poder.” En suma, se concibe la política como medio de transformación que no se somete al momento electoral: “buscamos ser parte de los procesos políticos desde la sociedad civil y exigir todo cuanto sea necesario para terminar con los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, las injusticias, y sobre todo, con la guerra en territorio nacional.” Se respeta la decisión personal de votar, pero se alerta que independientemente de cuál sea el resultado electoral, la participación de la sociedad civil será necesaria: “si gana la opción de cambio serán importantes la organización y la movilización para demandar y apoyar los cambios de estrategia y de política de los gobiernos precedentes.” La Proclama llama, en cualquier caso, a un gran movimiento de resistencia civil y pacífica que empuje el cambio de rumbo.

CAMPAÑAS, PREGUNTAS Y PROCLAMA

Se nos viene encima la spotización de la política, debido a un modelo de comunicación social que, aparte de las buenas intenciones desmercantilizadoras de la reforma, no ha logrado ser aceptado ni por los destinatarios de los mensajes ni por los poderes mediáticos que ven disminuidos sus negocios. Desencuentro que es la punta del iceberg del maltrecho sistema político que tenemos. Es diferente difundir y comunicar, pero lamentablemente, la política se concibe como operación para implantar una verdad que se impone-difunde de arriba hacia abajo, que impide una comunicación de ida y vuelta. Es empobrecedor quedarnos tan sólo con la libertad del off, del apágale si no te gusta el mensaje.

Un modelo de comunicación política inspirado en el apechuga y vota, está cerrado a consultas, es impermeable frente a una participación ciudadana esperanzada en dar a conocer sus sensibilidades, emociones, temores fundados, lógicas originales de razonamiento individuales y colectivas que si acaso registra la mercadotecnia electoral con fines utilitaristas. Hoy que arrancan las campañas, tenemos enfrente otras demandas de participación comunicativa; se construyen argumentos, formas de razonar, sobre todo preguntas que quisieran una interlocución inteligente entre las figuras públicas a elegir y la ciudadanía. Es el caso de los intelectuales preguntones, quienes en un desplegado recientemente publicado llaman a una comunicación razonada en torno a posibles respuestas que merecen las inquietudes más relevantes y trascendentes que se agitan en la nación.

Desde la izquierda social se interpela al mundo político-electoral bajo otras premisas comunicativas. Se escoge una categoría de población abierta como pueblo o ciudadanía, como interlocutor privilegiado. Argumentos y razones se perfilan como transformadoras de instituciones y desigualdades cuya solución depende de cambios estructurales mayores que desafortunadamente no ofrecen las elecciones. Otro grupo de intelectuales, organizaciones de la sociedad civil, sacerdotes y cristianos por la teología de la liberación, lanzaron una Proclama por el Rescate de la Nación, cuyo diagnóstico muestra la urgencia de medidas que sean sobre todo producto de acuerdos entre distintas fuerzas que apuesten, principalmente, por fortalecer capacidades y potencialidades ya existentes en la diversidad de movimientos sociales. Se Proclama que: “El tejido social se fractura. La convivencia social se anula. Se amedrenta e inhibe la participación ciudadana y los medios de comunicación alimentan el miedo.”

Aunque no se niega que hay un proceso electoral que demanda una posición crítica, la Proclama quiere revalorizar la palabra y su fuerza comunicativa: “queremos alzar la voz y denunciar, en medio del proceso electoral, lo que aflige a la Patria. Ser voz de los que no son escuchados, o son silenciados por demandar justicia. Darle a la palabra su verdadero valor y significado frente a los discursos de políticos que sin escrúpulo alguno, mienten y ocultan sus verdaderas intenciones y los compromisos que han adquirido en su lucha por el poder.” En suma, se concibe la política como medio de transformación que no se somete al momento electoral: “buscamos ser parte de los procesos políticos desde la sociedad civil y exigir todo cuanto sea necesario para terminar con los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, las injusticias, y sobre todo, con la guerra en territorio nacional.” Se respeta la decisión personal de votar, pero se alerta que independientemente de cuál sea el resultado electoral, la participación de la sociedad civil será necesaria: “si gana la opción de cambio serán importantes la organización y la movilización para demandar y apoyar los cambios de estrategia y de política de los gobiernos precedentes.” La Proclama llama, en cualquier caso, a un gran movimiento de resistencia civil y pacífica que empuje el cambio de rumbo.

SALDOS ROJOS DEL PROCESO ELECTORAL

A Alfonso Alfaro Barreto, Doctor Honoris Causa del Sistema Universitario Jesuita

A escasas dos semanas que finalice la veda electoral, se impone un balance sobre aportes y retrocesos en la democratización mexicana. En el entendido que si las elecciones son libres, equitativas y justas ganamos todos en la construcción pública de la democracia. Me decía un amigo: Si así está la veda ¿cómo estará la cacería? Tiene razón, el periodo de intercampañas anuncia el derrotero preocupante de la contienda electoral. No se avizoran mejoras en la comunicación entre partidos y sociedad, pues hay variados motivos que incrementan el desencanto; son escasos los planteamientos electorales con visión de Estado a la altura de la crisis civilizatoria que padecemos y el ideario ciudadano de paz con justicia y equidad no logra implantarse en una arena pública en la que se compartan valores transformadores.

En la apertura de los partidos a la sociedad, más allá de su militancia, hubo aciertos: encuestas orientadoras para seleccionar precandidatos; votaciones abiertas para elegirles; cierta libertad y tiempo suficiente para debatir propuestas y para organizar los respaldos. Sin embargo, se reprodujeron prácticas clientelares que incidieron en la spotización de la política, compra y coacción del voto, acarreos, ratones locos, prácticas supuestamente desterradas en partidos que se reclaman democráticos. Además, imperó la verticalidad de poderes en cascada; los de más arriba se eligieron buscando cierta pulcritud, pero los puestos “inferiores” a elegir, fueron secuestrados por el reparto de cuotas entre precandidatos y grupos internos de poder. Aunque Acción Nacional llevó precandidaturas “menores” a elecciones partidarias, ni ese partido ni la coalición de izquierdas se abrieron al voto ciudadano ni a encuestas “orientadoras” que permitieran compartir la decisión para seleccionar a los precandidatos respectivos. En lugar de consultas ciudadanas, los puestos “inferiores” se negociaron bajo opacas tradiciones partidocráticas.

Partidos y coaliciones terminarán la veda con descalabros de distinta magnitud. Los mecanismos “eleccionarios” internos del Revolucionario Institucional, fundados sobre el control vertical del grupo de su candidato presidencial, imperaron en toda la estructura-maquinaria electoral. Así, se produjeron disidencias y trasvases de inconformes y sus grupos principalmente hacia el PRD. Acción Nacional, muestra heridas causadas por la reproducción de prácticas clientelares y corporativistas, antes denunciadas como patrimonio exclusivo del priismo y corrientes neopopulistas también presentes en la izquierda. Descalabros que llevaron a cuestionar capacidades y legitimidades de las comisiones electorales panistas en algunos estados. En Chihuahua, hay pronunciamientos públicos críticos, y en el proceso electoral jalisciense, Alfonso Petersen documentó irregularidades. La coalición de izquierdas jalisciense fracasó, pues la lucha por posiciones a elegir confrontó al precandidato a gobernador con el PRD y lejos de abrir las decisiones a consultas ciudadanas, ambas partes recurrieron a prácticas que critican: el madruguete, el poder corporativo, la descalificación mutua.

La reforma política de 2007 evitó la mercantilización mediática de campañas, pero evadió el debate, lo que propició campañas mediocres, ambiguas, falsamente pulcras. Los poderes fácticos torpedean el privilegio al uso del tiempo público estatal en sus medios y seguirá insistiendo en homologar libertad de expresión y mercado publicitario. Bien por la integración de distinguidas personalidades en el IFE para completar su Consejo General, pero mal por la falta de una reforma política de fondo como parte de negociaciones propicias durante el periodo electoral. La muestra más perversa de ese déficit lo representan las candidaturas plurinominales, cuyas listas y prioridades definen exclusivamente los partidos. Eso fortalece la partidocracia y es la principal responsable de las fisuras partidarias, pues impera la codicia sobre puestos casi seguros para los que no se trabaja ni comprometen a reciprocidad alguna con el electorado.

DEMOCRATIZACIÓN CUESTIONADA

Hacer elecciones libres y justas es tan solo uno de los indicadores que se usan para medir el grado de democratización de un país. Aunque la metodología de medición está inspirada en la evolución de regímenes y gobiernos occidentales con un enfoque anglo-euro-céntrico, actualmente se cuestionan las categorías originales y se introducen nuevas variables antes no contempladas. Robert Dahl acuñó el concepto de Poliarquía, como un “tipo moderno de gobierno democrático de gran escala”, el cual sirvió de base para definir los rasgos democratizadores relativos a los arreglos institucionales que, aún como aproximación imperfecta al ideal democrático, permiten medir comparativamente, la democratización de cada país. Dos instituciones destacan por sus mediciones: Freedom House Index (FHI), y Polity; ambas se vinculan con la visión y financiamiento del gobierno estadounidense sobre derechos humanos, manejo de los conflictos, negociaciones de paz e inestabilidad política en el mundo.

En el número correspondiente a enero de 2012, la Revista Internacional de Ciencia Política, incluye dos artículos que se preguntan sobre la vigencia y desafíos que presentan las mediciones sobre la democratización. Amy Alexander, Christian Welzel y Ronald Inglehart, director de la Encuesta Mundial de Valores, defienden el Índice de Democracia Efectiva, porque éste enfatiza las cualidades que condicionan la democracia, más que los meros indicadores que la expresan. Manipular las cualidades que condicionan la democracia, como la ley, el sistema educativo, la capacidad de comunicar valores, muestra aquellas deficiencias que aparecen incluso en regímenes electorales abiertos. En otro artículo, Thomas Denk (Finlandia) y Daniel Silander (Suecia), constatan que el “paraíso” democrático necesita profundizar su democratización, pues la mayoría de países, muestran déficits a llenar, particularmente, en las funciones de gobierno, el imperio de la ley, autonomía personal y derechos individuales.

Además, hay nuevos desafíos asociados con las tecnologías de la información y la comunicación, globalizadas e internacionalizadas, para armonizar los ideales democráticos. Denk y Silander, citan variadas innovaciones del sistema democrático dentro del proceso electoral mismo, consultas, deliberaciones públicas (encuestas “deliberativas”, que complementan plebiscitos o referéndums), cogobierno, democracia directa participativa, formatos de consejos o jurados ciudadanos, entre otras. Aunque recientemente proliferan estudios sobre calidad de la democracia, todavía no existen mediciones adecuadas para esas innovaciones. No obstante, los autores incluyen el Índice de Democratización del Freedom House en 91 países, el cual incorpora siete variables relacionadas con los derechos políticos y las libertades civiles. Aún sin incluir variables relativas a la calidad democrática y sin tomar en cuenta otras aproximaciones más adecuadas a la realidad latinoamericana y de los países del llamado Sur Global, como los derechos culturales y la “democracia comunitaria”, es lamentable constatar que el caso mexicano representa el sexto país más alejado del ideal democrático occidental.

Entre Perú, quinto lugar y El Salvador, séptimo lugar, México muestra índices preocupantes en lo que hace al imperio de la ley, pues junto con Indonesia registra el peor indicador de los 91 países estudiados. Se cuestiona la independencia del Poder Judicial, la prevalencia de la ley en materia civil y criminal, el control civil de la policía. Falla la protección contra el terror policial, contra la prisión injustificada, el exilio y la tortura. Persiste la guerra y no toda la población es tratada equitativamente frente a la ley. Otros aspectos que distancian a México del ideal democrático occidental se refieren a la autonomía personal y los derechos individuales, en lo tocante a la influencia de fuerzas de seguridad y crimen organizado, así como la inequidad de género y la falta de oportunidades equitativas. Derechos asociativos y organizacionales limitados; corrupción y falta de rendición de cuentas, coronan el cuestionamiento a la democratización mexicana.

ENCUESTAS, GOBIERNO Y ELECCIONES

Protagonistas de elecciones “primarias”, pues por un lado los partidos se muestran incapaces para contar con un padrón propio confiable y por otro lado la necesidad de superar su autismo y tradicional desapego de la sociedad que dicen representar, las encuestas son ya reconocidas como un elemento fundamental de consulta para la toma de decisiones partidarias y como apoyo para acercar las políticas públicas a las demandas y necesidades de la gente. Los riesgos son que se crea en ellas a pie juntillas, o que sustituyan transformaciones políticas asociadas con la democracia participativa, la cual significa mucho más que una consulta al azar. Sondeos, encuestas y estudios de opinión también muestran límites si se hace una lectura vertical y sesgada de sus resultados, por el uso instrumental que de ellos puedan hacer quienes las encargan.

Proliferan casas encuestadoras y asesores para quienes estos instrumentos son la punta de lanza de la mercantilización política, pues cualquier (pre)candidato o funcionario gubernamental con capacidad de pago puede mandar hacerse un traje a la medida y forzar los resultados buscados. Sin desconocer su valía, estos instrumentos de investigación tienen sus limites. Cada elección constatamos su imprecisión, pues son raras las encuestas con capacidad certera de predicción de resultados. Encuestar no da certidumbre respecto del voto, pues entre la intención manifiesta y el compromiso para ir a votar, aguantar largas colas o perderse alguna evasión-diversión que se atraviese en el camino, hay una amplia brecha; hubo varias sorpresas de candidatos que no iban en primer lugar y sin embargo ganaron la contienda. Ello demostró que importa más la maquinaria electoral y sus operadores políticos, que la intención de voto. Así, las encuestas pueden engañar a los punteros y también acicatear a quienes no encabezan las preferencias electorales.

Como bien mostraron las encuestas encargadas por Marcelo Ebrard y por AMLO, para definir la precandidatura de las izquierdas, más que una pregunta referida a la intención del voto, se necesita contrastar dicha intención con elementos que midan la consistencia de la opinión para convertirse en decisión. De las cinco preguntas incluidas en esas encuestas, AMLO ganó en tres de ellas: preferencia electoral general; el voto entre seis aspirantes y el voto entre Ebrard y él. Marcelo, ganó la opinión positiva mayoritaria y fue el candidato con menos rechazo. Al menos en el discurso, estas cinco preguntas facilitaron la decisión para elegir al candidato con mejores posibilidades y ofrecieron pistas de respuesta para avanzar en la unidad entre los contendientes. Otro ejemplo lo tenemos en la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica de Milenio, que incluyó unas ocho preguntas en el sondeo para medir intención del voto en las elecciones jaliscienses: por quién nunca votaría; si estaría dispuesto a obtener su credencial del IFE para votar por su candidato, o si aportaría dinero para la campaña de su favorito; si le importa más el candidato, la coalición o el partido político.

En el reciente foro “Laboratorio Político 2012”, organizado por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI), se celebró que encuestas, sondeos y estudios de opinión en torno del voto y de las políticas gubernamentales, estén marcando las agendas respectivas. Cada precandidato presidencial alabó esos instrumentos y los hizo parte indisociable de sus campañas y de sus futuras acciones de gobierno en caso de ganar. Se reconocieron los aciertos del IFE en materia de regulación de encuestas y su evaluación metodológica. Tales sondeos serán parte de nuestra vida cotidiana hasta antes de las elecciones, cuando la legislación lo permita. Habrá que estar atentos frente a mercantilismos y guerras de encuestas.

VEDA NO ES SILENCIO

Es momento de preguntarnos por el papel jugado por la política en nuestras vidas cotidianas, tanto como por la relación que guardan esos acontecimientos con un sentido del futuro. Se trata de ganar elementos positivos para nuestra convivencia, pues la política es arte y técnica para lograr vivir mejor juntos. Con mucha facilidad se pierde de vista este objetivo, y la causa principal del desprecio por lo político, está en los sondeos de opinión, son los políticos profesionales y los partidos que encauzan sus carreras públicas. Es un fenómeno mundial pero acentuado en México y América Latina, que diputados, partidos y congresos locales o nacionales y, en menor medida los integrantes del poder Ejecutivo, están desde hace varios años en el sótano del aprecio ciudadano. Deterioro político significa también pérdida de esperanza respecto de la democracia y desconfianza frente al supuesto principal que la garantiza: el voto.

Paradójicamente, el momento estelar de la política es la jornada electoral y lo que ésta trae consigo: precampañas, campañas y disputas por los puestos a elegir. Momentos que son copados por variados instrumentos destinados a la mercadotecnia electoral; una cadena de productos y servicios informativos y de propaganda que no tienen empacho en reducir el sentido de lo político a una pretendida libertad de selección, como si se tratara de aumentar la oferta de productos en el gran supermercado de la democracia. Esas aberraciones llevan a homologar democracia y dinero, lo cual refuerza sustancialmente el carácter ritual y formalista de las elecciones, pues esa democracia procedimental de la que renegamos, sigue apostando a delegar la soberanía popular en representantes que una vez votados se despegan del electorado, no le rinden cuentas ni le convocan a participar cotidianamente de los asuntos públicos.

Este periodo de veda en torno al llamado al voto, las manifestaciones públicas de respaldo a (pre)candidatos y el impedimento de difundir las plataformas partidarias registradas ante el IFE, algunos lo interpretan como una imposición de silencio político desde argumentos falaces que conciben reducidamente la democracia a votos y candidatos. Sin embargo, partidos, equipos de campaña y candidatos han caído en la trampa pues la obsesión de todos ellos es aumentar sus preferencias en las encuestas, sin preguntarse algo elemental, que tiene relación con las fibras y valores que mueven al electorado. Se sigue pensando en los votantes swingers que podrían cambiar su voto, en ganar las franjas indecisas del electorado y hasta en aumentar el número de votantes porque renuncian frente al abstencionismo. Toda la carne va a un asador que está alumbrado por figuras carismáticas que incluso saben servirse del desprestigiado sistema de partidos para posicionarse. La esencia de lo político desaparece.

¿Y dónde queda entonces la y lo político en este periodo de veda electoral? Pues en todo aquello que la democracia representativa, procedimental, delegada, nos escatima gracias al ritualismo electoral. Mientras tanto, a casi la totalidad de los personajes electos se les deshace el país entre las manos, pues ni llega la lucha integral contra el crimen organizado de manera que el Ejército regrese a sus cuarteles, ni se tiene una respuesta plausible frente a la crisis financiera internacional, ni contamos con dispositivos que combatan eficazmente la corrupción, como lo mostró, sin querer, la Auditoria Superior de la Federación, ni se concretizan pasos para alcanzar reformas de Estado en materia electoral, laboral, o energética. Ahí hay un silencio que romper; sin invitarnos explícitamente al voto por tal o cual candidato, las maquinarias electorales bien podrían afinar su comunicación, pensando en la democracia y el gobierno que nos ofrecen para reestablecer el potencial transformador de la y lo político.

ESCUCHAR, PROGRAMAR, DENUNCIAR

Mi solidaridad con los familiares de los 377 presos hondureños,
muertos por el fuego y la crueldad del sistema carcelario

Algunos piensan que el periodo en el que se prohíbe hacer campañas electorales, que durará hasta el primero de abril, implica un silencio heroico que por supuesto ningún partido ni sus candidatos respetará. La reforma política de 2007 concibe destinar estas fechas a la solución de controversias en candidaturas, la formulación de las plataformas partidistas, la consolidación de los equipos de campaña y no precisa, pero tampoco limita, los mecanismos de consulta que se den los institutos políticos y sus candidatos a puestos de elección popular. Fue acertado impedir el abuso de los tiempos de difusión concedidos al Estado en los medios electrónicos y el evitar que el dinero invadiera cualquier medio publicitario, de manera que no se garantizara la equidad del proceso electoral.

Aunque se agradece que las campañas duren 90 días, entre abril y junio, menos que antes, el periodo de “silencio” representa una buena oportunidad para que los partidos y sus fracciones pierdan el autismo al que los lleva su lucha interna por las candidaturas. Podrían ser tiempos para escuchar a la sociedad que quieren representar y para poner a prueba lo que hasta ahora han recogido como un programa viable a ejecutar o a legislar, de obtener el triunfo electoral. Si bien cada precandidato recorrió la circunscripción para la cual se pretende elegir, esa fase electoral acentuó una comunicación vertical que difundió lo que cada uno de ellos-as ofrece como atractivo para conquistar el voto; no es exagerado decir para colonizar el voto. Ahora se podría invertir esa verticalidad de la relación (pre)candidato-elector, por un diálogo en que se enfatiza la escucha. Se necesita humildad y sensibilidad para reconocer la voz del electorado y rectificar la plataforma que se propone.

El protagonismo cobrado por las campañas electorales, oscureció las funciones capitales del sistema político: legitimar las acciones en curso del partido en el gobierno y, en otro caso, denunciar en buena lid errores y limitaciones del gobierno desde la oposición. En un escenario nacional y local de gobiernos divididos, este periodo de silencio en las campañas podría propiciar que, partidos y candidatos, comuniquen sus diferencias con las acciones de gobierno y simultáneamente, formulen claramente lo que aportaría su programa electoral para una mejor gobernabilidad. A pesar del culto al poder unipersonal, que se deposita en las figuras a elegir, los partidos y sobre todo las coaliciones que ahora dominan en la escena electoral, están obligados a convencer de que puede haber sinergias creativas entre el candidato y la estructura partidaria que soporta la maquinaria electoral.

Enjuiciar gobiernos y legisladores actuales, o convencer mostrando logros gubernamentales, puede ser parte de una campaña contra la autocensura que erróneamente se interpreta como objetivo de la reforma política de 2007. En los hechos, este periodo está ayudando a que se comprendan mejor las potencialidades encerradas en cada candidato, como su capacidad para formar equipo y disposición a delegar responsabilidades entre sus actuales y futuros colaboradores. El elector así se hace con nuevos elementos para razonar su voto. Lo que falta es que partidos y candidatos procesen sus fallas, que ausculten las expectativas y críticas que tiene el electorado, a partir de la realidad política que se vive cotidianamente. Si queremos calidad democrática, con exigencia del imperio de la ley, rendición de cuentas y responsabilidad frente a la gestión pública, se requiere capacidad de escucha en candidatos y estructuras electorales. El desencanto y la indiferencia de cara al proceso electoral, cuya responsabilidad reside en ellos, son sus principales enemigos.

PRECAMPAÑAS, DÉFICIT DEMOCRÁTICO

Queda una sensación de que algo falta a nuestra cultura electoral para empujar la democratización de la vida pública y de las instituciones que la sustentan. Las precandidaturas siguieron tres caminos diferentes: el de la unanimidad artificial, se fundó sobre la disciplina partidaria, el borrón autoritario de las diferencias y el del incremento del voto corporativo, que instala el autismo partidista frente a un electorado que cifra sus esperanzas pasivamente en el retorno al pasado; otro camino fue el de apegarse a las encuestas como medio de definición de precandidatos, el cual depositó las expectativas de eficacia en la intención del voto que encierra en su intimidad la población abierta y no solo los militantes y simpatizantes del partido. El camino seguido por Acción Nacional fue el más heterodoxo, pues acudió tanto a la estructura partidista como a la población abierta.

La vía seguida por el PRI, deja una sensación ambigua. Aparentemente, da certidumbre a un electorado deseoso de estabilidad y confianza en la maquinaria electoral, pues ella viene mostrando su contundencia en las elecciones recientes por haber logrado un escenario de partido predominante que se encamina naturalmente hacia el regreso a los Pinos; con la mayoría de gobernadores, congresos locales, presidencias municipales, no podría ser de otra manera. En contraste, el electorado queda sometido al mero ejercicio del voto, la delegación del poder y la pasividad del día después de la jornada electoral. Cada votante, se espera sea arrastrado por el voto duro, organizado, pues aunque la población abierta no sea consultada para la toma de decisiones partidarias, de alguna manera muestra su respaldo y hasta simpatía por el estilo disciplinado bajo el que se configuran todas y cada una de las candidaturas.

Optar por las encuestas como “ayuda” para la selección de candidatos, deja la sensación de que hay una consulta que llama a la participación ciudadana, pero sólo deja una sensación participativa y no necesariamente se puede constatar hasta qué grado la intención del voto significa un compromiso que pueda estar sustentado en cierta reciprocidad entre el electorado y la estructura partidaria. No obstante, el PRD tiene a su favor que tanto López Obrador como Marcelo Ebrard, construyeron su campaña mediante un proyecto articulador de una base social de apoyo, la cual ha sido permanentemente convocada a su participación en la toma de decisiones, en lo concerniente a los ritmos y actividades vinculadas con la campaña electoral, como también en la formulación del programa de gobierno. Otro acierto en la definición del precandidato de las izquierdas fue el diseño de la encuesta, en la que se incluyeron 5 temas que implicaron un razonamiento del elector sobre el significado democrático del proceso electoral mismo.

Aunque Acción Nacional fue el partido que más se acercó a lo que podrían ser unas elecciones primarias, los métodos de consulta se ciñeron exclusivamente al momento de la emisión del voto el domingo 5 de febrero, jornada a la que se convocó a población abierta y no únicamente a la militancia. Sin embargo, la sensación posterior a esa jornada deja un mal sabor de boca, pues la capacidad para organizar la votación fue cuestionada por los hechos, ya que el PAN no tiene experiencia organizativa en ese terreno, lo que dejó a muchas personas interesadas sin participar. Asimismo, este proceso dejó en claro que la maquinaria electoral y los operadores políticos que la alimentan, son quienes protagonizan los resultados de una consulta sin duda bien intencionada, pero en los hechos cooptada por viejas prácticas de clientelismo e inducción del voto. Tres caminos que dejan en conjunto interrogantes y sensaciones deficitarias sobre la democracia que quisiéramos.